Fundación

El Colegio de Escribanos de la Provincia fue fundado el 7 de abril de 1866 y la idea de su creación se debe al escribano José Victoriano Cabral. Pero más tarde, las circunstancias históricas derivadas de la "Ley de Federalización", por la cual la ciudad de Buenos Aires pasó a ser Capital de la República, hicieron que fuera necesario crear un nuevo colegio provincial.

Esta creación fue concretada por un grupo de escribanos que decidió su fundación, así como la constitución de la primera Comisión Directiva, bajo la presidencia del escribano Arturo Mom, el 18 de febrero de 1889. Esta fecha es conocida también como la de la segunda fundación.

Desde sus orígenes, el Notariado Bonaerense bregó por su permanente jerarquización, tanto profesional como institucional y, apuntó siempre sus esfuerzos a lograr la condición de verdadero Colegio.


Composición y Órganos de gobierno

El Colegio está integrado por la totalidad de los notarios de la provincia de Buenos Aires, tanto los que se encuentran en ejercicio activo de la profesión como los que están jubilados. Los primeros suman 2.165 y los segundos, 548.
Cada dos años se lleva a cabo la votación para elegir a los nuevos integrantes del Consejo Directivo, que hoy cuenta con 31 miembros. En este Consejo se encuentran representadas, proporcionalmente, las 17 delegaciones en que, notarialmente, se divide el territorio provincial.

Las decisiones que el Consejo Directivo adopta, en virtud de las atribuciones que la ley le confiere, son concretadas a través del Comité Ejecutivo integrado por once consejeros, bajo la conducción del Presidente del Colegio.

El máximo órgano de gobierno lo constituye la Asamblea. Esta se compone de todos los notarios -en ejercicio y en retiro- y reviste carácter ordinario para la consideración de la gestión cumplida anualmente por el Consejo Directivo, así como de todo otro asunto contenido en su convocatoria. Es extraordinaria toda vez que sea convocada por iniciativa del Consejo Directivo, o a requerimiento del número de colegiados determinado en la Ley Orgánica.

El sistema exhibe un ajustado funcionamiento y la síntesis equilibrada entre una conducción centralizada en sus decisiones, y una eficaz organización territorial que permite atender las diversificadas modalidades regionales.