CONCLUSIONES<\/p>\n
TEMA 1 – NORMAS GENERALES<\/strong><\/p>\n NULIDADES<\/p>\n 1.- Toda nulidad debe ser sustanciada y requiere sentencia que la constituya. En la medida que la nulidad no haya sido pronunciada por el juez todo acto deber\u00e1 ser reputado v\u00e1lido. Por tanto, al tercero de buena fe no le es oponible la nulidad (excepto que la nulidad provenga de una transmisi\u00f3n a non domino). Sin perjuicio de ello, de surgir el vicio de modo ostensible y manifiesto del propio t\u00edtulo no podr\u00e1 alegar buena fe.<\/p>\n 2.- Consideramos que es admisible el otorgamiento de todo documento notarial cuyo objeto sea la confirmaci\u00f3n, ratificaci\u00f3n, convalidaci\u00f3n o subsanaci\u00f3n del vicio que de origen a la eventual nulidad no sustanciada.<\/p>\n La observabilidad de un acto ante un vicio y su posible nulidad, que podr\u00eda estar sujeto a la conversi\u00f3n en otro acto v\u00e1lido, puede ser subsanada por el otorgante o partes que aclaren su causa y real intenci\u00f3n, y determinar\u00e1n su validez por haberse cumplido los restantes recaudos del art. 384 CCyC.<\/p>\n 3.- Si se trata de un instrumento con actos m\u00faltiples como objeto, ellos ser\u00e1n observables separadamente si el eventual vicio solo puede ser causa de una nulidad parcial, no siendo observables los restantes actos. La misma interpretaci\u00f3n consideramos aplicable a la nulidad formal.<\/p>\n 4.- El art. 392 CCyC primer p\u00e1rrafo mantiene la norma del art. 1051 CC (ley 17.711) de inoponibilidad del acto nulo al tercer subadquirente de buena fe y a t\u00edtulo oneroso. Las adquisiciones \u201ca non domino\u201d constituyen supuestos de justo t\u00edtulo en los t\u00e9rminos del art. 1902 CCyC.<\/p>\n INOPONIBILIDAD<\/p>\n 5.- El acto inoponible es v\u00e1lido y eficaz entre las partes, quienes pueden exigir su cumplimiento, siendo su ineficacia solo alegable por ciertos terceros que indique la ley, y en la medida de su inter\u00e9s.<\/p>\n No siendo atacado el acto por parte de este tercero, o siendo desinteresado y concluida su pretensi\u00f3n, no ser\u00e1 necesario la confirmaci\u00f3n del acto inoponible, pues \u00e9ste nunca dej\u00f3 de ser v\u00e1lido entre las partes y para el resto de la sociedad.<\/p>\n PRESCRIPCI\u00d3N<\/p>\n 6.- La adquisici\u00f3n por mero efecto de la ley de los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe, prevista en la parte final del art. 1894 CCyC, da raz\u00f3n a la subsanaci\u00f3n del acto viciado una vez transcurridos los plazos de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad o de prescripci\u00f3n adquisitiva, y la consecuente limitaci\u00f3n de la extensi\u00f3n m\u00e1xima del estudio de t\u00edtulo a los 20 a\u00f1os o el antecedente inmediato como en la pr\u00e1ctica notarial antes de la vigencia del nuevo c\u00f3digo. La subsanaci\u00f3n del t\u00edtulo por cualquiera de las prescripciones adquisitivas debe valorarse por la posibilidad de ejercerla por v\u00eda de excepci\u00f3n o defensa.<\/p>\n 7.- El art. 1902 3\u00b0 p\u00e1rrafo CCyC impone a los efectos de calificar la buena fe del poseedor con justo t\u00edtulo de cosas registrables, el deber de diligencia de haber realizado el examen de los documentos (t\u00edtulos) y constancias registrales.<\/p>\n Si bien no impone la obligaci\u00f3n de realizar referencia de antecedentes para todo acto de trasmisi\u00f3n de cosas registrables (por ejemplo: inmuebles, automotores, buques, aeronaves) siendo en consecuencia dispensable, le atribuye a esta diligencia una expresa consecuencia legal y de prueba tasada para poder cumplir los requisitos de la adquisici\u00f3n de dominio por prescripci\u00f3n breve. Es un elemento coadyuvante de la buena de fe del adquirente de derechos reales de cosas registrables, a los fines de su adquisici\u00f3n legal. Debe ser especialmente considerado en el asesoramiento notarial y la documentaci\u00f3n de su eventual dispensa.<\/p>\n 8.- El estudio de t\u00edtulos o relaci\u00f3n de antecedentes tiene en el nuevo cuerpo normativo dos referencias incidentales expresas (arts. 1138 y 1902 CCyC). Como en el sistema derogado se trata de una operaci\u00f3n de ejercicio con los mismos fundamentos y alcances, con el cumplimiento de los actos de verificaci\u00f3n pertinente establecidos en el respectivo r\u00e9gimen especial del ejercicio profesional que corresponde a las legislaciones provinciales.<\/p>\n Ratificando lo resuelto en la XXXV Jornada Notarial Bonaerense celebrada en Tandil en 2007, se propicia una futura modificaci\u00f3n de la ley, que incluya como operaci\u00f3n de ejercicio la necesidad de verificar solo la matricidad del \u00faltimo t\u00edtulo y de los poderes invocados.<\/p>\n 9.- El enunciado inicial del art. 2459 CCyC se trata en realidad del cumplimiento del t\u00e9rmino de la condici\u00f3n resolutoria legal; y no un supuesto de prescripci\u00f3n adquisitiva ni liberatoria -o de caducidad- de la acci\u00f3n de reducci\u00f3n que es de 5 a\u00f1os del fallecimiento del causante.<\/p>\n 10.- Las acciones de colaci\u00f3n (igualdad de cuotas entre coherederos) complemento -para la doctrina que las admite en forma aut\u00f3noma-, reducci\u00f3n y preterici\u00f3n en testamento (protecci\u00f3n de la porci\u00f3n leg\u00edtima hereditaria) est\u00e1n sujetas al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n liberatoria de los 5 a\u00f1os desde la muerte del causante (art. 2554 CCyC).<\/p>\n Dado que el r\u00e9gimen derogado ten\u00eda un plazo mayor para su c\u00f3mputo se debe aplicar las reglas del art. 2537 CCyC:<\/p>\n a) La que se encuentra en curso de cumplimiento y con m\u00e1s de 5 a\u00f1os ya transcurrido, se cumplir\u00e1 a los 10 a\u00f1os de iniciada (ley anterior) \u2013 art. 2357 1\u00b0 p\u00e1rrafo.<\/p>\n b) La que se encuentra en curso de cumplimiento y con menos de 5 a\u00f1os ya transcurridos, se cumplir\u00e1 a los 5 a\u00f1os de la entrada en vigencia de la ley nueva (1\/8\/2015) \u2013 art. 2357 2\u00b0 p\u00e1rrafo.<\/p>\n TEMA 2 – ESCRITURAS Y ACTAS<\/strong><\/p>\n 1.- El art. 291 CCyC mantiene la prohibici\u00f3n al funcionario p\u00fablico, incluyendo al escribano p\u00fablico, de autorizar documentos referidos a actos en que est\u00e1 personalmente interesado \u00e9l o su c\u00f3nyuge, conviviente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.<\/p>\n Se mantiene el principio de su intervenci\u00f3n imparcial, al igual que la interpretaci\u00f3n de comprender la actuaci\u00f3n del titular y adscripto rec\u00edprocamente.<\/p>\n El notario, en principio, podr\u00e1 intervenir en negocio celebrado por personas jur\u00eddicas en que sus integrantes est\u00e9n comprendidos en la enumeraci\u00f3n legal. La calificaci\u00f3n de la existencia de \u201cinter\u00e9s personal\u201d queda reservada al autorizante y bajo su responsabilidad.<\/p>\n El acto es v\u00e1lido hasta el pronunciamiento judicial de nulidad. La nulidad del continente no redunda inevitablemente en el contenido.<\/p>\n 2.- El nuevo CCyC reconoce de modo expreso la escritura p\u00fablica de contenido m\u00faltiple. Se propicia la admisi\u00f3n de la nulidad parcial -reglada en el art. 389 CCyC referida a una o varias disposiciones del acto-, aplicable a la invalidez de los actos independientes y separables contenidos en la escritura p\u00fablica.<\/p>\n 3.- El art. 301 CCyC consagra de modo expreso en el texto legal el concepto y obligaci\u00f3n de unidad de acto de la escritura p\u00fablica.<\/p>\n Prev\u00e9 la excepci\u00f3n en caso de pluralidad de otorgantes donde no haya entrega de dinero, valores o cosas en presencia del notario, de otorgarse en distintas horas del mismo d\u00eda. Consagra en la ley nacional la misma norma del art. 107 Dec. Prov. 3887\/98, que mantiene su plena vigencia, y solo agrega la prohibici\u00f3n de no realizar modificaciones en el texto luego de la firma del primer otorgante.<\/p>\n 4.- Los datos personales de los otorgantes, como el estado de familia, nombre de c\u00f3nyuge o padres, domicilios, fecha de nacimiento y n\u00famero de documento -cuando se identifica por afirmaci\u00f3n de previo conocimiento-, se acreditan por la declaraci\u00f3n jurada de su autor aunque as\u00ed no se haga constar en el texto escriturario, al igual que en el r\u00e9gimen anterior<\/p>\n 5.- El concepto de estado de familia, es m\u00e1s amplio que el de estado civil estricto, y ello implica que las partes adem\u00e1s de declarar su estado civil tradicional, tambi\u00e9n podr\u00e1n invocar la situaci\u00f3n jur\u00eddica de uni\u00f3n convivencial (art. 509 y sgtes. CCyC) est\u00e9 o no inscripta en el registro especial del art. 511 CCyC, con su mera declaraci\u00f3n jurada como los restantes estados civiles.<\/p>\n 6.- El art. 305 CCyC solo exige la constancia del grado de nupcias y nombre del c\u00f3nyuge, al igual que en caso de divorcio o viudez, cuando sea relevante por la naturaleza del acto. En los restantes actos objeto de la escritura p\u00fablica basta con denunciar el estado civil o de familia. Corresponde asimismo dejar constancia del nombre del conviviente.<\/p>\n Debe reformarse y adecuarse a esta norma el art. 155 ap. II, inc. b) del Dec. Ley 9020\/78. En tanto no se modifique debe aplicarse la nueva norma del C\u00f3digo Civil y Comercial.<\/p>\n 7.- La comparecencia de otorgante casado, ante la sola menci\u00f3n de su estado civil, se presume que se encuentra sometido al r\u00e9gimen supletorio de comunidad, y as\u00ed deben calificarse los bienes en caso de adquisici\u00f3n de derechos reales sobre cosas.<\/p>\n Cuando no surja en el texto de la escritura p\u00fablica si est\u00e1n casados bajo el r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes, la omisi\u00f3n de tal declaraci\u00f3n puede ser subsanada por escritura aclaratoria en la que se acredite la opci\u00f3n del r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes de fecha anterior a la adquisici\u00f3n del derecho real. Solo ser\u00e1 oponible a terceros desde la inscripci\u00f3n registral de esta aclaratoria.<\/p>\n 8.- Se interpreta que la omisi\u00f3n de la constancia documental del \u201cjuicio de capacidad o habilidad\u201d no implica nulidad del acto, ni debe ser objeto de observaci\u00f3n disciplinaria (art. 309 CCyC), pues la calificaci\u00f3n de los presupuestos y elementos del acto (art. 305 CCyC) es impl\u00edcito a la aceptaci\u00f3n del requerimiento notarial.<\/p>\n 9.- La exhibici\u00f3n de la partida de nacimiento de los otorgantes, a los efectos de acreditar la inexistencia de registraciones de sentencia judicial de incapacidad o restricci\u00f3n de capacidad, no es una obligaci\u00f3n para el requirente ni el escribano impuesta por norma alguna, ni puede inferirse de un laxo deber de diligencia por v\u00eda de interpretaci\u00f3n.<\/p>\n Los deberes u obligaciones del notario deben surgir de normas expresas, que no existiendo, no requieren expresa dispensa en el texto escriturario. La declaraci\u00f3n jurada del interviniente en el documento notarial es suficiente para su constancia documental, como lo hab\u00eda reconocido la jurisprudencia en el r\u00e9gimen anterior.<\/p>\n La inexistencia de un registro nacional integrado que pueda satisfacer su adecuada finalidad publicitaria impide su eficacia operativa.<\/p>\n 10.- Sin perjuicio de ello, se puede dejar en el texto escriturario expresa declaraci\u00f3n jurada del otorgante y de los restantes comparecientes de no estar sujetos a procesos que limiten su capacidad, con especial incidencia en los casos de las nuevas sentencia de capacidad restringida. Ello ser\u00e1 relevante solo en el \u00e1mbito de la acreditaci\u00f3n de los deberes de asesoramiento notarial, pero no requisito del documento notarial.<\/p>\n La documentaci\u00f3n del asesoramiento del eventual efecto de los arts. 39 y 44 del CCyC, aparece sobreabundante en cuanto la presunci\u00f3n de conocimiento del derecho por todos (art. 8\u00b0 CCyC); sin perjuicio de lo cual ante la reforma legislativa cada notario deber\u00e1 ponderar en su conciencia, la conveniencia de esta preconstituci\u00f3n de prueba de tal asesoramiento bajo firma del interviniente y con car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada, sea en el propio texto escriturario o por instrumento privado separado.<\/p>\n 11.- El art. 300 CCyC recepta exclusivamente la formaci\u00f3n del Protocolo por folios previamente habilitados para cada registro. La delegaci\u00f3n a las provincias de la reglamentaci\u00f3n de tales folios importa reconocer que las leyes locales pueden tambi\u00e9n prever medios excepcionales de habilitaci\u00f3n posterior a su uso, en caso de urgencia o imposibilidad de interrumpir el acto notarial como lo prev\u00e9 el art. 144 Dec. Ley 9020\/78 y 99 del Dec. 3887\/98, que mantiene plena vigencia.<\/p>\n 12.- Con independencia de la derogaci\u00f3n del art. 1005 CC velezano, el orden cronol\u00f3gico se mantiene fundado en el art. 300 CCyC que regula la utilizaci\u00f3n de folios habilitados para el registro. Ratifica la validez de la escritura p\u00fablica en caso de error en la expresi\u00f3n de su fecha, infiri\u00e9ndose la fecha real por su ubicaci\u00f3n en el protocolo.<\/p>\n 13.- El art. 302 CCyC en el caso del compareciente que ignora el idioma nacional, y se expresa en idioma extranjero del que no hay traductor p\u00fablico, permite que el escribano acepte al int\u00e9rprete de tal idioma extranjero sin requerir permiso judicial, con la consecuente responsabilidad del notario por la aceptaci\u00f3n del que elija o se le presente.<\/p>\n 14.- Se considera que la discapacidad auditiva en los t\u00e9rminos del el art. 304 CCyC debe ser total. Si el compareciente por cualquier medio t\u00e9cnico intra o extra corporal, o mecanismos aprendidos por el compareciente, puede tomar conocimiento de la lectura de la escritura p\u00fablica, no est\u00e1 alcanzado por las prescripciones de esta norma. El autorizante podr\u00e1 dejar constancia de tal circunstancia, lo cual no es obligatorio.<\/p>\n 15.- Los arts. 310 a 312 receptan la normativa local y pr\u00e1ctica en materia de actas.<\/p>\n 16.- El requerimiento de las actas notariales no exige invocaci\u00f3n ni acreditaci\u00f3n ni justificaci\u00f3n de representaci\u00f3n o personer\u00eda en su caso. Basta la invocaci\u00f3n del inter\u00e9s ajeno.<\/p>\n Si durante la diligencia adem\u00e1s de la comprobaci\u00f3n de hechos se celebraren actos jur\u00eddicos (p. ej. pago, convenciones, etc.), en caso de futura controversia en cuanto a su eficacia, se requerir\u00e1 la ratificaci\u00f3n del representado.<\/p>\n 17.- El requerimiento de las actas notariales pude resultar de documento notarial separado, incluso pasado ante otro notario de diferente lugar y fecha al de la diligencia, debiendo acreditarse el mismo con el testimonio respectivo, y en caso de ser de extra\u00f1a jurisdicci\u00f3n debidamente legalizado.<\/p>\n 18.- El procedimiento de firma a ruego est\u00e1 reservado exclusivamente para los instrumentos p\u00fablicos.<\/p>\n 19.- En caso de no saber o no poder firmar el otorgante del instrumento privado, puede recurrir a alguno de los dos procedimientos del art. 313 CCyC: a) estampar su impresi\u00f3n digital, o b) ser suscripto por dos testigos presentes en el acto. Los instrumentos as\u00ed firmados solo constituyen principio de prueba por escrito (art. 314 CCyC).<\/p>\n 20.- De lege ferenda: se propicia la inclusi\u00f3n de un medio alternativo de identificaci\u00f3n de aquellas personas que no son de conocimiento del notario, carecen de documento id\u00f3neo y es imposible obtenerlo en tiempo razonable pare el ejercicio de sus derechos, como fueron oportunamente los testigos de conocimiento.<\/p>\n TEMA 3 – PERSONAS JUR\u00cdDICAS<\/strong><\/p>\n SOCIEDADES<\/p>\n 1.- Los c\u00f3nyuges, cualquiera sea el r\u00e9gimen patrimonial adoptado, pueden integrar sociedades entre s\u00ed.<\/p>\n 2.- Las sociedades civiles existentes con anterioridad al 01\/08\/2015 que se hubieren constituido por escritura p\u00fablica -y eventualmente reformado su contrato tambi\u00e9n por escritura p\u00fablica- pueden continuar operando como tales, pudiendo otorgar, entre otros, actos jur\u00eddicos que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre bienes registrables. Las que no hubieren cumplido el requisito de forma se encuentran comprendidas en la Secci\u00f3n IV de la LGS.<\/p>\n 3.- Las sociedades de la Secci\u00f3n IV constituyen una categor\u00eda residual de persona jur\u00eddica incluyendo aquellas que no cumplen todos los requisitos del Cap\u00edtulo II de la LGS. Solo son oponibles a terceros por el conocimiento de su existencia y representaci\u00f3n mediante actos por escrito.<\/p>\n 4.- Debe ponderarse especialmente los beneficios de la escritura p\u00fablica en la acreditaci\u00f3n de la existencia y representaci\u00f3n de estas sociedades que no est\u00e9n inscriptas, en cuanto a la autor\u00eda, voluntad de los socios, fehaciencia, guarda y expedici\u00f3n de ulteriores testimonios, con la posibilidad de la r\u00fabrica por acta notarial de libros que opten por llevar o lo exijan leyes especiales.<\/p>\n 5.- Las sociedades incluidas en la Secci\u00f3n IV pueden ser titulares de bienes registrables (art. 23 LGS). Deber\u00e1n acreditar la existencia y representaci\u00f3n con un acto de reconocimiento por todos los socios o el contrato social. Pueden ser otorgados por escritura p\u00fablica o instrumento privado con firmas certificadas por escribano, anterior o simult\u00e1neo a la adquisici\u00f3n del bien registrable.<\/p>\n Se considera recomendable la inclusi\u00f3n del acto de reconocimiento en la propia escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n de inmuebles para bastarse a s\u00ed misma.<\/p>\n 6.- Se considera apropiada la publicidad registral de los bienes en particular informando la titularidad de la sociedad incluida en la Secci\u00f3n IV, quedando reservada la proporci\u00f3n de los socios en que la integran.<\/p>\n 7.- Se generaliz\u00f3 para todas las personas jur\u00eddicas \u201cen formaci\u00f3n\u201d la \u201cinscripci\u00f3n preventiva\u201d de los bienes registrables, lamentablemente sin adecuar la terminolog\u00eda utilizada, que tantas discusiones ha ocasionado (art. 154 CCyC).<\/p>\n SOCIEDAD UNIPERSONAL<\/p>\n 8.- La sociedad unipersonal, tal como se encuentra regulada, es apta para ser utilizada por las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, encontr\u00e1ndose limitada para la peque\u00f1a empresa.<\/p>\n 9.- La sociedad an\u00f3nima unipersonal que no cumpla sus requisitos t\u00edpicos, constituir\u00e1 una sociedad de la Secci\u00f3n IV del Cap. I de la LGS.<\/p>\n 10.- El art. 94 bis LGS al prever la transformaci\u00f3n de pleno derecho de la sociedad en comandita, simple o por acciones, y de capital o industria, en una sociedad an\u00f3nima unipersonal, en el caso de reducci\u00f3n a uno del n\u00famero de socios en el plazo de tres meses, estar\u00eda creando la existencia de dos clases de sociedades an\u00f3nimas unipersonales seg\u00fan su g\u00e9nesis: originarias y derivadas.<\/p>\n El art\u00edculo requiere una urgente modificaci\u00f3n en cuanto a la inclusi\u00f3n de los restantes tipos sociales regulares y la previsi\u00f3n del cumplimiento de los recaudos registrales para su transformaci\u00f3n y cumplimiento de los requisitos especiales de las sociedades unipersonales.<\/p>\n TITULOS VALORES<\/p>\n 1.- La reforma legislativa aplica el m\u00e9todo de inversi\u00f3n de la senda inductiva de las \u201creglas particulares\u201d<\/em> hacia la \u201ccategor\u00eda general\u201d<\/em> con remisi\u00f3n a las leyes especiales que se mantienen en plena vigencia. La no derogaci\u00f3n de los reg\u00edmenes especiales relativos a los t\u00edtulos valores -cambiarios o no- hace que las normas del CCyC s\u00f3lo ser\u00e1n aplicables a falta de regulaci\u00f3n espec\u00edfica de la ley especial, en concordancia con los arts. 1815 y 2\u00b0 de dicho C\u00f3digo, que hacen coherente a todo el ordenamiento del derecho privado.<\/p>\n Los protestos por escribano p\u00fablico de letras de cambio o t\u00edtulos cartulares asimilables, seguir\u00e1n realiz\u00e1ndose de conformidad a la ley especial como antes de la reforma.<\/p>\n 2.- De la conexidad arm\u00f3nica de los arts. 1822 y 1850 del CCyC, se aconseja la creaci\u00f3n del Registro de T\u00edtulos Valores en sede notarial, para la publicidad y oponibilidad de la constituci\u00f3n, transmisi\u00f3n, modificaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n de derechos reales. Grav\u00e1menes, secuestros, medidas precautorias y cualquier otra afectaci\u00f3n de los derechos conferidos por los t\u00edtulos valores nominativos no endosables y no cartulares que no tengan registro espec\u00edfico. Las actas o escrituras p\u00fablicas autorizadas por notario, los documentos p\u00fablicos judiciales o administrativos y todo otro documento que dispongan las leyes y contengan y cumplan con los recaudos necesarios <\/em>tendr\u00e1n vocaci\u00f3n registral ante dicho Registro.<\/p>\n El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, tiene capacidad profesional, t\u00e9cnica e infraestructura espec\u00edfica para crear, administrar y dirigir dicho organismo. Como as\u00ed tambi\u00e9n la inscripci\u00f3n y registraci\u00f3n de la constituci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de los fideicomisos y la solvencia demostrada en el Registro de r\u00fabrica de libros de consorcios y su matriculaci\u00f3n, testamentos y actos de autoprotecci\u00f3n.<\/p>\n 3.- La funci\u00f3n notarial es llamada a intervenir en actos trascendentes tales como la preconstituci\u00f3n de pruebas mediantes actas y atestaciones t\u00e9cnicas, emisi\u00f3n de certificados probatorios de la representaci\u00f3n org\u00e1nica y su calificaci\u00f3n, as\u00ed como en la creaci\u00f3n de los t\u00edtulos su circulaci\u00f3n, registraci\u00f3n, y escrituras de emisi\u00f3n de t\u00edtulos valores y reglamentos de los fondos comunes de inversi\u00f3n y fideicomisos, constituci\u00f3n de las garant\u00edas reales con competencia exclusiva as\u00ed como en el <\/em>proceso de <\/em>reconstrucci\u00f3n en los casos de deterioro, p\u00e9rdida, extrav\u00edo, robo o destrucci\u00f3n de los t\u00edtulos y de sus registros en procedimientos reglados.<\/em><\/p>\n 4.- De lege ferenda: para una futura reforma de la ley deber\u00e1 admitirse la hipoteca en garant\u00eda de t\u00edtulos valores emitidos como endosables o al portador. Frente a la ordinaria, esta hipoteca tiene la especial caracter\u00edstica de garantizar cr\u00e9ditos con titular indeterminado a causa de la f\u00e1cil circulaci\u00f3n de los t\u00edtulos a la orden o al portador. La hipoteca se constituye sin el concurso del futuro e indeterminado acreedor, y no designa individualmente al acreedor o al titular de la hipoteca y se constituye a favor de los tenedores presentes o futuros de los t\u00edtulos. La escritura debe determinar las circunstancias que individualicen y determinen las condiciones de los t\u00edtulos valores. El endoso de los mismos producir\u00e1 la transmisi\u00f3n de los derechos incorporados as\u00ed como el de garant\u00eda hipotecaria, con expreso cumplimiento de la publicidad cartular que el notario deber\u00e1 cumplir mediante adenda especial. Deber\u00e1 admitirse que su emisi\u00f3n lo sea con el accesorio de garant\u00edas reales y en especial de hipoteca que haga para el inversor m\u00e1s atrayente y seguro su aporte.<\/p>\n TEMA 4 – MANDATO Y REPRESENTACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n 1.- El otorgamiento de un poder de representaci\u00f3n es un acto unilateral y recepticio, por lo tanto hasta que el apoderado reciba el testimonio, no se perfecciona el contrato de mandato representativo, y en consecuencia el poderdante es el \u00fanico autorizado a retirarlo, excepto que del mismo instrumento del poder o de un documento indubitable, surja la autorizaci\u00f3n para que lo retire el apoderado.<\/p>\n 2.- La representaci\u00f3n se extiende a los actos propios para cumplir el objeto del apoderamiento y a todos los actos necesarios para su ejecuci\u00f3n, sin perjuicio de las facultades que en cada caso puedan otorgarle leyes especialmente referidas al acto autorizado a realizar en nombre del representado. Reitera el CCyC la norma del art\u00edculo 1884 del CC en el primer p\u00e1rrafo del art\u00edculo 375, y las normas de los art\u00edculos 1886 y 1905 del CC en el art\u00edculo 360, por lo que le son aplicables la doctrina y jurisprudencia referidas a \u00e9stos.<\/p>\n 3.- El autocontrato o \u201ccontrato consigo mismo\u201d se tipifica cuando el representante utiliza sus facultades representativas en provecho propio, y entran en conflicto sus intereses con los del representado (arts. 368 y 372 inc. e). Se subsana si se justifica la autorizaci\u00f3n previa o la ratificaci\u00f3n posterior. La autorizaci\u00f3n previa debe contener o inferirse de la misma, el acto en s\u00ed y sus elementos constitutivos.<\/p>\n 4.- Los poderes para dar el asentimiento respecto de la disposici\u00f3n de la vivienda familiar. (Arts. 459 y remisi\u00f3n al art. 456) no pueden ser conferidos entre c\u00f3nyuges. Pueden ser conferidos v\u00e1lidamente a terceras personas. Cuando no se trate de la vivienda familiar los c\u00f3nyuges pueden v\u00e1lidamente conferirse poder entre s\u00ed o a terceras personas, con la sola identificaci\u00f3n del bien a que se refiere, sin necesidad de expresar el acto en s\u00ed y sus elementos constitutivos (arts. 375 inc. b. y art. 459 y su remisi\u00f3n al 456).<\/p>\n 5.- La capacidad del representante se relaciona con la naturaleza del acto que se autoriza a realizar; al representante se le exige tener solamente el discernimiento necesario para el eficaz cumplimiento del acto encomendado, seg\u00fan la enumeraci\u00f3n del art. 261.<\/p>\n 6.- Se tipifica una representaci\u00f3n aparente o t\u00e1cita cuando el titular del derecho permite a alguien actuar en su nombre, de tal manera que se deduzca que es su representante. Esta representaci\u00f3n se presume en los casos de representaci\u00f3n comercial que se detallan en los incisos a, b y c del art\u00edculo 367.<\/p>\n 7.- La ratificaci\u00f3n posterior por parte del representado convalida la ausencia o insuficiencia de la representaci\u00f3n, as\u00ed tambi\u00e9n en los casos de desconocimiento de la representaci\u00f3n aparente (art. 367), en los de mandato sin representaci\u00f3n (art. 1321), gesti\u00f3n de negocios (art. 1784), autocontrato no justificado. La ratificaci\u00f3n tiene efecto retroactivo, pero se puede fijar contractualmente un plazo de extinci\u00f3n de la posibilidad del \u201crepresentado\u201d para manifestar su conformidad con la actuaci\u00f3n del \u201crepresentante\u201d. La ratificaci\u00f3n puede ser expresa o t\u00e1cita, pero en este \u00faltimo caso no puede surgir del silencio del representado, es necesario un acto o comportamiento concluyente de \u00e9ste, como por ejemplo la declaraci\u00f3n ante notario que importe una aceptaci\u00f3n de lo actuado por el representante.<\/p>\n 8.- PODERES IRREVOCABLES Y POST MORTEM<\/em><\/p>\n a) Estos poderes requieren de la existencia de un negocio-base, del que surja el inter\u00e9s de las partes en lograr su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n No se concibe el poder general irrevocable, pues la irrevocabilidad supone un negocio especial que le sirve de base. La expresi\u00f3n \u201cconfiere poder irrevocable\u201d, si no se hace o se infiere del texto alguna referencia a un negocio-base, o no se exterioriza ante la aparici\u00f3n de alguna causa subjetiva de revocaci\u00f3n, no crea ninguna diferencia con la representaci\u00f3n com\u00fan y como tal debe utilizarse.<\/p>\n b) En los supuestos del art. 380 inc. c) CCyC las referencias al plazo cierto y a la justa causa de revocaci\u00f3n pudieron haberse omitido, ya que el plazo es el del negocio pactado, cuya ejecuci\u00f3n quiere asegurarse y no el que tentativamente fije el poderdante en el instrumento de la representaci\u00f3n irrevocable: La justa causa de revocaci\u00f3n est\u00e1 impl\u00edcita en todo negocio jur\u00eddico por aplicaci\u00f3n de los principios generales de buena fe, equidad, abuso de derecho y moral.<\/p>\n c) Al cumplirse el plazo fijado en la representaci\u00f3n irrevocable, termina la representaci\u00f3n y no s\u00f3lo la irrevocabilidad. De lo contrario, no habr\u00eda una irrevocabilidad en el sentido estudiado, sino un mero pacto de irrevocabilidad que puede ser derogado en cualquier momento.<\/p>\n La posibilidad de que un poder irrevocable pueda ser utilizado como poder com\u00fan, luego de vencido el plazo indicado en el instrumento, debe surgir de su redacci\u00f3n y queda sujeto a revocaci\u00f3n por las causas legales que revocan las representaciones no irrevocables, sin perjuicio de su eficacia a\u00fan despu\u00e9s del fallecimiento del representado.<\/p>\n d) El apoderado con poder com\u00fan no irrevocable puede otorgar una sustituci\u00f3n irrevocable, si as\u00ed lo exige el inter\u00e9s del tercero con quien contrat\u00f3 en nombre del mandante principal. El representante irrevocable puede sustituir su representaci\u00f3n, tambi\u00e9n con car\u00e1cter irrevocable, en otra persona.<\/p>\n e) El apoderado instituido irrevocablemente, no puede indicar a una tercera persona como destinataria de los derechos que tiene facultad de transmitir; se requiere ineludiblemente la previa cesi\u00f3n (onerosa o gratuita) de la persona que es parte del negocio-base (a prop\u00f3sito de la cl\u00e1usula usual: \u201co a quien \u00e9ste indique\u201d). Salvo que el negocio causal sea un contrato de persona a designar.<\/p>\n f) El apoderado irrevocable est\u00e1 obligado a cumplir el negocio transmitiendo los derechos a quien demuestre ser sucesor universal o singular del primitivo adquirente, aunque no lo prevea el poder.<\/p>\n g) El comprador, a su vez apoderado irrevocable, puede actuar con ese doble car\u00e1cter en la escritura de compra, aunque no surja del texto del poder la conformidad expresa o impl\u00edcita del poderdante para el autocontrato, ya que el negocio especial y determinado, que es la base de la irrevocabilidad, autoriza al mandatario a ejercer la representaci\u00f3n en provecho propio (art. 368 CCyC).<\/p>\n h) La copia o testimonio de la escritura de representaci\u00f3n irrevocable, al contrario de lo que ocurre con la de una representaci\u00f3n com\u00fan, debe expedirse para el apoderado, que ser\u00e1, a su vez, la persona legitimada para solicitar un segundo testimonio.<\/p>\n i) Si el notario recibe una comunicaci\u00f3n del poderdante que revoca de modo unilateral una representaci\u00f3n irrevocable, debe comunic\u00e1rselo de manera fehaciente al apoderado y al contratante y si \u00e9stos deciden igualmente utilizarla, deber\u00e1 dejar constancia de todo lo actuado en la respectiva escritura.<\/p>\n 9.- El cumplimiento del negocio encomendado es l\u00edmite natural y legal de su vigencia. No se considera necesaria la declaraci\u00f3n del representante sobre la vigencia de la representaci\u00f3n, ya que su utilizaci\u00f3n la supone.<\/p>\n TEMA 5 – PERSONAS HUMANAS<\/strong><\/p>\n De un r\u00e9gimen basado en la sustituci\u00f3n de la voluntad y la interdicci\u00f3n para las personas con discapacidad, vigente en el c\u00f3digo derogado, se pasa a un sistema de apoyos para asistirlas en la toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos, en condiciones de igualdad.<\/p>\n La capacidad jur\u00eddica se presume<\/strong>. Toda restricci\u00f3n constituye una excepci\u00f3n, y debe estar impuesta expresamente por la ley o por sentencia judicial.<\/p>\n La incapacidad de ejercicio<\/em><\/strong>, <\/em>trat\u00e1ndose de menores de edad y personas con capacidad restringida, es siempre una cuesti\u00f3n de grados, un concepto flexible. La adicci\u00f3n <\/em>y la alteraci\u00f3n mental <\/em>pueden ser motivo de la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio.<\/p>\n El o los apoyos <\/strong><\/em>designados por el juez en la sentencia que restringe la capacidad jur\u00eddica, tienen solo funci\u00f3n de asistencia a la persona en la toma de decisiones por s\u00ed misma. No reemplazan la voluntad del interesado. Solo por excepci\u00f3n, tienen facultades de representaci\u00f3n, en casos determinados conforme la evaluaci\u00f3n judicial y respecto de actos concretos.<\/p>\n La declaraci\u00f3n de incapacidad <\/em><\/strong>queda reservada a casos excepcionales, cuando la persona no pueda exteriorizar de ninguna manera su voluntad, ni interactuar con su entorno. S\u00f3lo en estos casos el juez puede designar un \u201ccurador<\/em>\u201d, con facultades de representaci\u00f3n. En todos los casos, la sentencia judicial debe determinar la extensi\u00f3n y los alcances de las restricciones al ejercicio de la capacidad y especificar los actos y funciones que se limitan. El plazo de tres a\u00f1os para la revisi\u00f3n de la sentencia declarativa de la restricci\u00f3n de la capacidad o incapacidad, no es un plazo de caducidad. Es un derecho del interesado solicitar en cualquier momento su revisi\u00f3n y una obligaci\u00f3n del juez hacerlo como m\u00ednimo en dicho plazo.<\/p>\n Inscripci\u00f3n de la sentencia. <\/strong>El c\u00f3digo establece la obligaci\u00f3n de su inscripci\u00f3n en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, mediante nota marginal en el acta de nacimiento (art. 39). Son efectos de la inscripci\u00f3n: 1. La oponibilidad de la sentencia contra los terceros, a partir de la fecha de la inscripci\u00f3n. <\/em>2. La nulidad <\/em>de los actos posteriores a la inscripci\u00f3n que contrar\u00eden lo dispuesto en la sentencia (art. 44). La nulidad es relativa, y solo puede declararse a instancia de la persona en cuyo beneficio se estableci\u00f3 la sanci\u00f3n. Excepcionalmente, puede invocarla la otra parte si es de buena fe, y tuvo un perjuicio importante, como podr\u00eda ser un desplazamiento patrimonial injustificado. La parte que obr\u00f3 con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto \u201cno puede alegarla si obr\u00f3 con dolo\u201d <\/em>(art. 388). Enti\u00e9ndase dolo <\/em>como vicio de la voluntad. Incluye la acci\u00f3n y la omisi\u00f3n dolosa (art. 271).<\/p>\n Adherimos a las Conclusiones de la XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bah\u00eda Blanca, octubre 2015\u2026 \u201cEs necesario estructurar un sistema de registros p\u00fablicos que integren una red interconectada a nivel nacional donde consten las incapacidades o restricciones a la capacidad de ejercicio a fin de brindar seguridad jur\u00eddica\u201d. La aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta en el art. 44, deben partir del principio que establece el mismo c\u00f3digo: la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume. Lo contrario pone en peligro la seguridad jur\u00eddica como base fundamental del ordenamiento, que debe brindar certeza en el otorgamiento de todos los actos jur\u00eddicos, sin perjuicio de la protecci\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad que puedan verse amenazados por la actuaci\u00f3n de terceros de mala fe. Para la efectiva protecci\u00f3n de los bienes de los incapaces y de las personas con capacidad restringida, el juez debe ordenar, y el representante legal efectuar las anotaciones de la sentencia de incapacidad o capacidad restringida en los registros de bienes como ordena el C\u00f3digo Procesal.<\/p>\n DISCERNIMIENTO Y CAPACIDAD JUR\u00cdDICA<\/strong>. Discernimiento como integrativo del consentimiento negocial v\u00e1lido, es la aptitud intelectual <\/em>de la persona humana para comprender y valorar un acto determinado y decidir en consecuencia. La capacidad jur\u00eddica <\/em>en cambio, es la aptitud legal <\/em>para ser titular de derechos y ejercitarlos. El notario debe, como lo ha hecho en la vigencia del C\u00f3digo de V\u00e9lez llegar a la convicci\u00f3n de la aptitud intelectual del otorgante y evaluar su capacidad jur\u00eddica para el acto, conforme lo establece el ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n MENORES DE EDAD: <\/strong>El principio de capacidad de ejercicio respecto de los menores de edad, est\u00e1 basado en el nuevo ordenamiento en la autonom\u00eda progresiva, el derecho a ser o\u00eddos y que su opini\u00f3n sea tenida en cuenta en los temas que le competan, conforme su edad y grado de madurez. Si bien la regla general es el ejercicio de sus derechos a trav\u00e9s de sus representantes legales, el nuevo r\u00e9gimen establece excepciones basadas en la edad y grado de madurez, en determinados casos, y presume su aptitud (discernimiento o competencia bio\u00e9tica) para tomar decisiones sobre el cuidado de su salud y el propio cuerpo, conforme a pautas etarias. Emancipaci\u00f3n: <\/strong>la emancipaci\u00f3n solo procede por matrimonio, antes de cumplidos los 18 a\u00f1os. Menor y adolescente con t\u00edtulo habilitante<\/strong>: quedan comprendidas actividades que impliquen especial preparaci\u00f3n profesional u oficios. El t\u00edtulo habilitante debe ser acreditado por el menor de edad en sede notarial, para el otorgamiento de actos de adquisici\u00f3n, administraci\u00f3n o disposici\u00f3n de bienes, para los cuales no necesita autorizaci\u00f3n. El art. 30 no establece edad m\u00ednima para el ejercicio de profesi\u00f3n u oficio sin previa autorizaci\u00f3n. No obstante, por aplicaci\u00f3n de los arts. 681, 683 y las leyes laborales que regulan el trabajo de los menores de edad, los menores de 16 a\u00f1os necesitan autorizaci\u00f3n de sus representantes legales para ejercer oficio, profesi\u00f3n o industria.<\/p>\n DERECHOS Y ACTOS PERSONALISIMOS<\/strong>. Con su incorporaci\u00f3n al nuevo ordenamiento se reconoce expresamente que la persona humana es inviolable, en su integridad f\u00edsica y espiritual, tiene derecho al reconocimiento de su dignidad inherente, y a su tutela jur\u00eddica. Derecho a la integridad espiritual: intimidad, imagen, honor, honra y reputaci\u00f3n. Integridad f\u00edsica: <\/strong>derecho a la vida, a la salud. Incluye el derecho a la autodeterminaci\u00f3n a tomar todas las decisiones autorreferentes e inclusive a las exequias y disposici\u00f3n del cad\u00e1ver (art. 19 CN), mientras no afecten el derecho de otras personas.<\/p>\n CONSENTIMIENTO INFORMADO<\/strong>. Art. 59. El nuevo C\u00f3digo ratific\u00f3 la obligatoriedad del consentimiento previo e informado del paciente, para todos los actos m\u00e9dicos e investigaciones en salud. Es un derecho personal\u00edsimo y como tal debe ser otorgado por su titular o por la persona por \u00e9l designada al efecto. La representaci\u00f3n constituye una excepci\u00f3n. La disposici\u00f3n de los derechos personal\u00edsimos es de interpretaci\u00f3n restrictiva y libremente revocable.<\/p>\n DIRECTIVAS M\u00c9DICAS ANTICIPADAS. Art. 60. <\/strong>Manifestaci\u00f3n de voluntad anticipada en materia de salud, para la eventual p\u00e9rdida transitoria o permanente del propio discernimiento, que impida al otorgante decidir por s\u00ed mismo en el momento oportuno. La ley especial establece que \u201ctoda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos m\u00e9dicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deber\u00e1n ser aceptadas por el m\u00e9dico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar pr\u00e1cticas eutan\u00e1sicas, las que se tendr\u00e1n como inexistentes\u201d. Capacidad. El art. 60 establece que el otorgante \u201cdebe ser plenamente capaz\u201d. <\/em>1.- Persona menor de edad. El art. 26 establece la presunci\u00f3n de competencia de los menores de edad respecto al cuidado de su salud y su cuerpo, conforme pautas etarias (13 a 16 a\u00f1os). Esta aptitud no debe asimilarse a la capacidad legal para el otorgamiento de directivas anticipadas, sin perjuicio de la obligaci\u00f3n de ser o\u00eddos y su opini\u00f3n tenida en cuenta, conforme lo determinan la Convenci\u00f3n sobre los derechos del ni\u00f1o, y la ley 26.061, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez. De la misma manera, no est\u00e1n facultados en la norma, para otorgar mandato o designar al propio curador. 2.- Persona con capacidad restringida o declarada incapaz. La aptitud de las personas con capacidad restringida debe evaluarse conforme el contenido de la sentencia respectiva.<\/p>\n La aplicaci\u00f3n de las directivas anticipadas de salud no requiere judicializaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n judicial previa. Quedan a salvo las pr\u00e1cticas eutan\u00e1sicas y el suministro de los cuidados paliativos.<\/p>\n Mandato preventivo<\/strong>. 1. Puede incluir directivas relacionadas con todos los aspectos de la vida del mandante, la designaci\u00f3n del propio curador, y el o los apoyos que lo asistan ante una eventual situaci\u00f3n de vulnerabilidad que le impida decidir por s\u00ed mismo. 2. El mandante puede establecer el momento en que debe tener efectos el mandato: desde su otorgamiento, y continuar luego de la declaraci\u00f3n de restricci\u00f3n de su capacidad, o bien que el inicio del mandato est\u00e9 sujeto a la condici\u00f3n suspensiva de la p\u00e9rdida de aptitud del mandante, evaluada conforme \u00e9ste lo haya determinado de manera precisa. La representaci\u00f3n otorgada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 60, en previsi\u00f3n de una futura incapacidad, no se extingue por incapacidad sobreviniente del poderdante (art. 380). Caso contrario perder\u00eda sentido jur\u00eddico la norma cuyo principal objeto es la protecci\u00f3n frente a una posible incapacidad futura.<\/p>\n Los actos de autoprotecci\u00f3n, como declaraci\u00f3n de voluntad donde se plasman las decisiones y directivas sobre todos los aspectos, personales y patrimoniales, para el futuro, ante una eventual p\u00e9rdida o disminuci\u00f3n del discernimiento, han quedado incorporados en la normativa del nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial, como un derecho personal\u00edsimo sobre el derecho a decidir sobre la propia vida. Asimismo, est\u00e1 incluido el amplio contenido del derecho de autoprotecci\u00f3n.<\/p>\n TUTELA: <\/strong>La tutela y curatela puede ser ejercida por m\u00e1s de una persona. El \u201cguardador\u201d puede ser designado tutor.<\/p>\n CURATELA. <\/strong>La designaci\u00f3n del propio curador o apoyos para la toma de decisiones, ante la eventual p\u00e9rdida de la capacidad, debe instrumentarse por escritura p\u00fablica.<\/p>\n DOCUMENTO NOTARIAL. <\/strong>Los documentos notariales son herramientas jur\u00eddicas id\u00f3neas para plasmar la voluntad sobre derechos personal\u00edsimos y decisiones autorreferentes, sobre el propio cuerpo, sobre el cad\u00e1ver, consentimientos informados, directivas anticipadas de salud, poderes preventivos, actos de autoprotecci\u00f3n y convenios reguladores de derechos extrapatrimoniales. El art\u00edculo 561 CCyCN establece una nueva incumbencia notarial: \u201cla protocolizaci\u00f3n ante escribano p\u00fablico\u201d de los consentimientos m\u00e9dicos previos, informados y libres para la utilizaci\u00f3n de t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n humana asistida -TRHA- y manifestaci\u00f3n de la voluntad procreacional.<\/p>\n TEMA 6 – REPRESENTACI\u00d3N LEGAL DEL NI\u00d1O Y ADOLESCENTES<\/strong><\/p>\n RESPONSABILIDAD PARENTAL<\/p>\n Responsabilidad parental. <\/strong>Titularidad y ejercicio<\/strong><\/p>\n La emancipaci\u00f3n provoca la extinci\u00f3n de la responsabilidad parental (arg. art. 699, inciso \u201cd\u201d), salvo lo dispuesto sobre los progenitores adolescentes en el art\u00edculo 644.<\/p>\n Si el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente convive con ambos progenitores, el ejercicio corresponder\u00e1 a ambos<\/em>, a menos que medie privaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de ejercicio de la responsabilidad parental, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 700 a 703 del CCyCN. La atribuci\u00f3n exclusiva a uno de los progenitores tiene car\u00e1cter excepcional.<\/p>\n La ley requiere el concurso de la voluntad expresa de ambos progenitores en los supuestos contemplados en el art\u00edculo 645.<\/p>\n Las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes pueden ejercer su derecho a opinar y ser o\u00eddos en sede notarial. Estas intervenciones no modifican la validez y la eficacia de los documentos notariales que las contienen.<\/p>\n Acreditaci\u00f3n de la representaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n En caso de ejercicio unilateral de la responsabilidad parental por muerte real o presunta de un progenitor, deber\u00e1 justificarse, adem\u00e1s, la muerte o la ausencia con presunci\u00f3n de fallecimiento con el correspondiente certificado de defunci\u00f3n<\/em> (art. 96, segundo p\u00e1rrafo; y arts. 23, 59, 82 y ccs., de la ley 26.413). Cuando el ejercicio fuere unilateral por suspensi\u00f3n o privaci\u00f3n de uno de los progenitores, deber\u00e1 acreditarse este extremo mediante el testimonio judicial de la sentencia<\/em> respectiva. Es prudente requerir la presentaci\u00f3n de la partida actualizada, toda vez que, desde la expedici\u00f3n de la \u00faltima, pudo tener lugar la inscripci\u00f3n registral de un reconocimiento voluntario o emplazamiento judicial del otro progenitor, que encuadrar\u00e1n la situaci\u00f3n en otro inciso de la norma, con diferentes soluciones. En el supuesto del inciso \u201ce\u201d del art. 641, el progenitor deber\u00e1 presentar el testimonio judicial de la sentencia de filiaci\u00f3n<\/em>, o instrumento del que surja fehacientemente el acuerdo de los progenitores al respecto.<\/p>\n Delegaci\u00f3n de ejercicio: <\/strong>la delegaci\u00f3n de ejercicio de la responsabilidad parental, se reconoce en la figura del delegatario<\/em> a un pariente<\/em>. El progenitor que delega el ejercicio de la responsabilidad parental no pierde la titularidad. Al imponerse la forma escrita, la escritura p\u00fablica, aun no siendo la forma exigida, resulta conveniente. Cuando el hijo sea adolescente (entre trece y dieciocho a\u00f1os), es conveniente su comparecencia al acto.<\/p>\n La delegaci\u00f3n de ejercicio de la responsabilidad parental (art. 643) representa una nueva incumbencia de la funci\u00f3n notarial en dos sentidos: a) la posible intervenci\u00f3n del notario en la celebraci\u00f3n del acuerdo; y b) la intervenci\u00f3n del delegatario en actos concernientes al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente. Un delegatario de ejercicio de la responsabilidad parental<\/em>, que interviene en actos concernientes al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, debe presentar el acuerdo y la sentencia homologatoria, como documentaci\u00f3n habilitante. Debe considerarse especialmente el l\u00edmite temporal de la delegaci\u00f3n.<\/p>\n Diferencias entre la delegaci\u00f3n del ejercicio y el otorgamiento de la guarda a un pariente. <\/strong>1) La delegaci\u00f3n de ejercicio<\/em> es un acuerdo entre los progenitores y un pariente, sujeto a homologaci\u00f3n judicial, el otorgamiento de guarda a un pariente<\/em> aparece regulado como una decisi\u00f3n del juez. 2) En la delegaci\u00f3n de ejercicio<\/em>, los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental, sin perjuicio de su derecho a supervisar la crianza y educaci\u00f3n del hijo en la medida de sus posibilidades. En el otorgamiento de guarda<\/em>, en cambio, los progenitores conservan la titularidad y el ejercicio parental, a excepci\u00f3n de las cuestiones atinentes al cuidado del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, que son las que se encuentran desplazadas en cabeza del pariente, temporariamente. 3) El pariente al que se le otorg\u00f3 la guarda, tiene sus funciones limitadas a los actos de la vida cotidiana del ni\u00f1o o adolescente. En cambio, en la delegaci\u00f3n de ejercicio, el pariente delegatario asume el ejercicio integral del r\u00e9gimen parental, con un espectro m\u00e1s amplio que el del pariente guardador. En ambos casos la homologaci\u00f3n judicial se presenta como un recaudo insoslayable.<\/em><\/p>\n Plan de parentalidad. <\/strong>Es un acuerdo celebrado entre los progenitores que recae sobre la organizaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de funciones atinentes al cuidado del hijo. Su celebraci\u00f3n no es obligatoria y, aunque no existe l\u00edmite en la norma, ser\u00e1 usual su otorgamiento cuando se trate de progenitores no convivientes. Debe ser homologado judicialmente.<\/p>\n Es conveniente que se celebre ante un notario, aunque la forma escrituraria no sea obligatoria.<\/p>\n Progenitor af\u00edn: <\/strong>el progenitor af\u00edn es el c\u00f3nyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del ni\u00f1o o adolescente. El progenitor af\u00edn, que invoque tal car\u00e1cter, deber\u00e1 justificarlo con la siguiente documentaci\u00f3n: a) la uni\u00f3n matrimonial o convivencial. En el primer caso, con el certificado de matrimonio o copia certificada del acta respectiva (arg. art. 423, primer p\u00e1rrafo, de este C\u00f3digo; y art. 23, ley 26.413), o con la prueba supletoria o extraordinaria, en su caso (arg. art. 423, p\u00e1rrafos 2\u00ba a 4\u00ba). Cuando se trate de una uni\u00f3n convivencial, y \u00e9sta se encuentre inscripta, con la documentaci\u00f3n registral pertinente (arg. art. 511 del C\u00f3digo). Si la uni\u00f3n convivencial no estuviere inscripta, ser\u00e1 una manifestaci\u00f3n de parte (arg. art. 296, inc. \u201cb\u201d). La convivencia ser\u00e1, en todo caso, una manifestaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges o convivientes, con los efectos probatorios reci\u00e9n se\u00f1alados. b) La menor edad del hijo ser\u00e1 justificada con su certificado de nacimiento (arts. 96 y 97 CCCN; y art. 23, ley 26.413). c) El cuidado personal a cargo del c\u00f3nyuge o conviviente progenitor, se justificar\u00e1 con el testimonio de la resoluci\u00f3n judicial pertinente, con el instrumento que contenga el acuerdo o, en los supuestos en que sea ejercido de hecho, con la manifestaci\u00f3n del compareciente.<\/p>\n Delegaci\u00f3n de la responsabilidad parental al progenitor af\u00edn. <\/strong>Es posible la delegaci\u00f3n de la responsabilidad parental<\/em> a favor del progenitor af\u00edn. Aun frente a la libertad de formas, por la magnitud del acto celebrado y el despliegue de efectos jur\u00eddicos que produce, involucrando derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes, la intervenci\u00f3n notarial aparece como conveniente elecci\u00f3n para rodear al acto de seguridad jur\u00eddica y fe p\u00fablica. <\/em>En los casos en que intervengan ambos progenitores y el af\u00edn, no es necesaria la homologaci\u00f3n judicial, motivo por el cual el documento continente de este acto ser\u00e1 documentaci\u00f3n habilitante para justificar el car\u00e1cter de la intervenci\u00f3n en el otorgamiento de actos posteriores.<\/em><\/p>\n Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. <\/strong>Si el hijo tiene doble v\u00ednculo filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los supuestos del art. 645. En todos estos casos, si uno de los progenitores no da su consentimiento o media imposibilidad para prestarlo, debe resolver el juez teniendo en miras el inter\u00e9s familiar. Cuando el acto involucra a hijos adolescentes, es necesario su consentimiento expreso.<\/p>\n Modificaciones en el plano patrimonial de la responsabilidad parental.<\/strong> Se presume que los hijos adolescentes cuentan con madurez suficiente para estar en juicio juntamente con sus progenitores y aun de manera aut\u00f3noma. Es posible la celebraci\u00f3n de contratos por parte de los progenitores en nombre de los hijos, d\u00e1ndoles a \u00e9stos la debida participaci\u00f3n e informaci\u00f3n.<\/p>\n Administraci\u00f3n de los bienes de los hijos. <\/strong>Se reafirma el ejercicio conjunto de la administraci\u00f3n de los bienes de los hijos por los progenitores. La administraci\u00f3n de los progenitores es independiente del sistema de ejercicio de la responsabilidad parental, que en general ser\u00e1 conjunto y excepcionalmente unilateral (art. 641). Si los bienes provienen del trabajo del joven menor de edad, conforman un patrimonio \u201cprofesional\u201d, cuya administraci\u00f3n le corresponde al joven sin importar si trabaja con autorizaci\u00f3n o es mayor de 16 a\u00f1os. Si los bienes provienen de herencia, legado o donaci\u00f3n, la administraci\u00f3n es ejercida por los padres en com\u00fan cuando ambos ejercen la responsabilidad parental (arts. 685 y 686 inc. a).<\/p>\n Contratos con terceros en nombre de los hijos menores.<\/strong> Los progenitores pueden celebrar contratos con terceros, en nombre de los hijos en los l\u00edmites de su administraci\u00f3n. En principio los contratos deben ser celebrados por ambos progenitores, salvo los casos de delegaci\u00f3n voluntaria de la administraci\u00f3n a uno de ellos (art. 687), o la designaci\u00f3n de administrador por el juez (art. 688). El contrato de locaci\u00f3n de bienes de los hijos menores se encuentra dentro de los que pueden celebrar los progenitores sin necesidad de previa autorizaci\u00f3n judicial. La expresi\u00f3n \u201ccuando la responsabilidad parental concluya\u201d<\/em> debe entenderse reducida al supuesto de extinci\u00f3n del r\u00e9gimen por la mayor\u00eda de edad del hijo, puesto que las dem\u00e1s causales de exclusi\u00f3n no pueden ser previstas por quienes celebran un contrato durante la menor edad de aqu\u00e9l, y la interpretaci\u00f3n amplia de las normas podr\u00eda conducir a lesionar seriamente el tr\u00e1fico negocial. Est\u00e1n excluidos de esta libertad de contrataci\u00f3n los actos celebrados con tercero que necesiten autorizaci\u00f3n judicial (en los t\u00e9rminos del art. 692), los excluidos de la administraci\u00f3n (art. 686) y los que obliguen al hijo a efectuar una prestaci\u00f3n personal sin su consentimiento (art. 681 y 682).<\/p>\n Actos de disposici\u00f3n: <\/strong>los progenitores no pueden celebrar actos que importen una alteraci\u00f3n del patrimonio del hijo, ni\u00f1a, ni\u00f1o o adolescente, cualquiera sea, sin la correspondiente autorizaci\u00f3n judicial, previo dictamen del Ministerio P\u00fablico (art. 103 inc a) del CCyCN). No pueden sin la autorizaci\u00f3n judicial, enajenar muebles o inmuebles, constituir o transferir derechos reales de bienes de sus hijos menores de edad; invertir o utilizar sumas de dinero depositadas a nombre de los hijos. Es el juez quien tiene la facultad de valorar la conveniencia y razonabilidad de la operaci\u00f3n en virtud de las circunstancias. El acto de disposici\u00f3n de bienes del menor requiere la participaci\u00f3n de ambos progenitores y la correspondiente autorizaci\u00f3n judicial, bajo pena de declararse nulo, si perjudican al hijo (art. 692 CCCN). Los actos realizados por los progenitores, sin la autorizaci\u00f3n judicial, pueden ser declarados nulos si perjudican al hijo. La nulidad ser\u00eda relativa. <\/em>En materia de inmuebles el acto de disposici\u00f3n de bienes del hijo bajo responsabilidad parental celebrado sin autorizaci\u00f3n judicial genera un t\u00edtulo observable. Podr\u00e1 sanearse cuando el menor llegue a la mayor\u00eda de edad, ratificando el acto, renunciando a la acci\u00f3n de nulidad o por prescripci\u00f3n liberatoria.<\/p>\n Quedan exceptuados los actos del menor de edad que ha obtenido t\u00edtulo habilitante para el ejercicio de una profesi\u00f3n.<\/em><\/p>\n Contratos prohibidos<\/strong>: ni con autorizaci\u00f3n judicial los progenitores pueden comprar por s\u00ed ni por persona interpuesta, bienes de su hijo menor de edad bajo su responsabilidad, ni constituirse en cesionario de cr\u00e9ditos, derechos o acciones contra su hijo, ni hacer partici\u00f3n privada con su hijo de la herencia del progenitor fallecido, ni de la herencia en que sean con \u00e9l coherederos o colegatarios; ni obligar a su hijo como fiadores de ellos o de terceros. La prohibici\u00f3n importa una incapacidad de derecho (art. 22 CCCN) o falta de legitimaci\u00f3n. Los actos no podr\u00e1n ser realizados ni con interp\u00f3sita persona, ni con autorizaci\u00f3n judicial. El acto ejecutado en contrario a la norma ser\u00e1 nulo de nulidad relativa.<\/p>\n Contrato permitido<\/strong>: es v\u00e1lida la donaci\u00f3n que realicen los padres a favor de los hijos. Si la donaci\u00f3n es a una persona incapaz, la aceptaci\u00f3n debe ser hecha por su representante legal; si la donaci\u00f3n del tercero o representante es con cargo, se requiere autorizaci\u00f3n judicial. Los hijos menores de edad pueden recibir donaciones de sus progenitores, aceptando en representaci\u00f3n cualquiera de ellos. El CCCN no exige la designaci\u00f3n de un tutor ad hoc.<\/p>\n La privaci\u00f3n de la responsabilidad parental: <\/strong>configura una sanci\u00f3n para el progenitor que incurre en alguna de las causales que enuncia el art\u00edculo 700 del CCCN.<\/p>\n Cuando el compareciente sea el tutor especial designado de conformidad con la \u00faltima parte de este art\u00edculo, la documentaci\u00f3n habilitante ser\u00e1 el testimonio judicial de la resoluci\u00f3n que lo ha designado tutor y del acta judicial de discernimiento del cargo.<\/p>\n TEMA 7 – MATRIMONIO<\/strong><\/p>\n R\u00c9GIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL<\/strong><\/p>\n El C\u00f3digo admite que los c\u00f3nyuges puedan optar entre dos reg\u00edmenes patrimoniales: el de comunidad de ganancias y el de separaci\u00f3n. Si al contraer el matrimonio, los c\u00f3nyuges no se pronuncian sobre la opci\u00f3n de un r\u00e9gimen patrimonial, quedan sometidos al r\u00e9gimen de comunidad, y luego de un a\u00f1o pueden pasar al de separaci\u00f3n.<\/p>\n Las convenciones<\/strong> pueden otorgase antes de la celebraci\u00f3n del matrimonio -\u201cprematrimoniales\u201d<\/em>– (art. 446), y despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del matrimonio -\u201cmatrimoniales\u201d-<\/em> (art. 449).<\/p>\n Las convenciones \u201cprematrimoniales\u201d <\/strong>son actos sometidos a la condici\u00f3n suspensiva de que el matrimonio se celebre v\u00e1lidamente y no sea anulado; su objeto est\u00e1 definido taxativamente en el art\u00edculo 446. Forma.<\/strong> Deben celebrarse en escritura p\u00fablica y pueden modificarse \u2013antes del matrimonio- con la misma formalidad. Capacidad de los otorgantes<\/strong>. Pueden ser otorgadas por menores de edad pero su objeto queda reducido a los supuestos previstos en el art\u00edculo 446 incs. a) y b) cuando necesitan autorizaci\u00f3n judicial para contraer matrimonio. En una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 450 y 404, el menor de edad autorizado judicialmente para casarse, no puede hacer donaciones en la convenci\u00f3n matrimonial ni ejercer la opci\u00f3n prevista en el art. 446 inc. d). La convenci\u00f3n celebrada en violaci\u00f3n a esta prohibici\u00f3n, es nula de nulidad relativa, pudiendo ser confirmada una vez que el menor haya cumplido la edad de 18 a\u00f1os. Las personas con capacidades restringidas podr\u00e1n formalizar convenciones anteriores al matrimonio en la extensi\u00f3n prevista en la sentencia que as\u00ed los declare. Inscripci\u00f3n<\/strong>. En la convenci\u00f3n anterior al matrimonio no se encuentra el notario obligado a efectuar los tr\u00e1mites inscriptorios, por imposibilidad material y jur\u00eddica. Los tr\u00e1mites de inscripci\u00f3n deber\u00e1n ser cumplidos por los contrayentes en un todo de acuerdo a lo previsto en el art\u00edculo 420.<\/p>\n Convenciones \u201cmatrimoniales\u201d<\/strong> de cambio de r\u00e9gimen patrimonial. La forma<\/strong> impuesta exigida para la celebraci\u00f3n de las convenciones matrimoniales es la escritura p\u00fablica. Inscripci\u00f3n.<\/strong> El notario que autorice una convenci\u00f3n \u201cmatrimonial\u201d tiene la obligaci\u00f3n de inscribirla en el Registro Civil y Capacidad de las Personas<\/em> conforme el art\u00edculo 449. Se registra mediante nota al margen, en el acta del matrimonio. La inscripci\u00f3n de las convenciones matrimoniales referida a los art\u00edculos 448 y 449 es meramente declarativa. Capacidad.<\/strong> Las personas capaces pueden celebrar convenciones matrimoniales. Las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden otorgarlas; y las personas con capacidad restringida s\u00f3lo podr\u00e1n en la medida que as\u00ed lo autorice la sentencia que los declara tales. Oportunidad.<\/strong> Las convenciones \u201cmatrimoniales\u201d s\u00f3lo pueden ser celebradas cumplido un a\u00f1o de la vigencia del r\u00e9gimen que se intenta mutar. Los c\u00f3nyuges que hayan contra\u00eddo matrimonio antes de la entrada en vigor del C\u00f3digo Civil y Comercial pueden celebrarlas si cumplieron un a\u00f1o en el r\u00e9gimen de comunidad previsto en el C\u00f3digo derogado. Durante el matrimonio podr\u00e1n celebrarse convenciones de cambio de r\u00e9gimen tantas veces como resuelvan los c\u00f3nyuges, de com\u00fan acuerdo, siempre que haya transcurrido un a\u00f1o de vigencia del r\u00e9gimen que pretenden mudar.<\/p>\n MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO.<\/strong> Opci\u00f3n de aplicaci\u00f3n de la ley argentina,<\/strong> y del r\u00e9gimen patrimonial de separaci\u00f3n de bienes <\/strong>del matrimonio. En los casos de matrimonios celebrados en el extranjero los c\u00f3nyuges que opten por sujetarse al r\u00e9gimen legal argentino, tambi\u00e9n podr\u00e1n otorgar estas convenciones, a\u00fan cuando la ley for\u00e1nea no lo contemple (art. 2625 ult. pte.)<\/p>\n Efectos<\/strong>. La mutaci\u00f3n del r\u00e9gimen de comunidad de ganancias al de separaci\u00f3n de bienes genera la extinci\u00f3n de la comunidad. Aconsejamos liquidar y partir los bienes en forma simult\u00e1nea, o pactar el r\u00e9gimen de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes, en estado de indivisi\u00f3n postcomunitaria.<\/p>\n R\u00c9GIMEN DE SEPARACI\u00d3N. <\/strong>El r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes est\u00e1 fundado en el reconocimiento de dos \u00f3rbitas absolutamente independientes cuya administraci\u00f3n y disposici\u00f3n corresponden a cada titular. Las ganancias obtenidas durante el matrimonio y los bienes adquiridos por los c\u00f3nyuges a t\u00edtulo oneroso no se comparten y s\u00f3lo favorecen a quien gener\u00f3 los recursos, o al adquirente de los bienes.<\/p>\n REGIMEN DE COMUNIDAD BIENES PROPIOS Y GANANCIALES: <\/strong>la clasificaci\u00f3n de los bienes propios y gananciales prevista en los art\u00edculos 464 y 465 es de orden p\u00fablico. El C\u00f3digo recoge la postura monista en la calificaci\u00f3n de los bienes del matrimonio, aceptando que la adquisici\u00f3n de toda nueva parte indivisa (a\u00fan completando el total) mantiene el car\u00e1cter de la primera parte indivisa adquirida. Se presume la ganancialidad salvo prueba en contrario. En caso de inversi\u00f3n o reinversi\u00f3n de bienes propios o gananciales (art. 466), el bien adquirido tendr\u00e1 el car\u00e1cter del aporte mayor. Para que sea oponible a terceros el car\u00e1cter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad, es necesario: a) que en el acto de adquisici\u00f3n se haga constar esa circunstancia, por inversi\u00f3n o reinversi\u00f3n de bienes propios; b) determinar su origen; c) la conformidad del otro c\u00f3nyuge, la que podr\u00e1 suplirse por resoluci\u00f3n judicial. Los c\u00f3nyuges no pueden por su sola manifestaci\u00f3n modificar el car\u00e1cter del bien. Si en la escritura de adquisici\u00f3n ocurrida antes del 1\/8\/15, se hubiese dejado constancia de la determinaci\u00f3n del origen del bien invertido o reinvertido en forma circunstanciada, no ser\u00e1 necesaria la conformidad del c\u00f3nyuge del titular (art. 7 CCyCN).<\/p>\n ASENTIMIENTO CONYUGAL. <\/strong>El asentimiento conyugal previsto en el CCyCN tiene como finalidad la protecci\u00f3n de la vivienda familiar (art. 456), y el derecho en expectativa que tienen los c\u00f3nyuges a dividir los gananciales por mitades (art. 470). El asentimiento otorgado anticipadamente debe referirse al acto jur\u00eddico y a sus elementos esenciales. La prohibici\u00f3n de dar poder a favor del otro c\u00f3nyuge para otorgar el asentimiento, s\u00f3lo es aplicable a los actos de disposici\u00f3n de los derechos sobre la vivienda familiar y sus muebles indispensables. No se requiere la invocaci\u00f3n expresa de la norma. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones. Excepto convenci\u00f3n en contrario, el apoderado no est\u00e1 obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos. Se debe distinguir si el c\u00f3nyuge da el asentimiento <\/em>ya que debe versar sobre el acto en s\u00ed y sus elementos constitutivos (art. 457), a cuando otorga poder para dar el asentimiento conyugal, caso en que deben identificarse los bienes a que se refiere (375 inc. b).<\/p>\n CONTRATACI\u00d3N ENTRE C\u00d3NYUGES. <\/strong>No puede contratar entre s\u00ed en inter\u00e9s propio los c\u00f3nyuges bajo el r\u00e9gimen de comunidad (art. 1002 inc. d), excepto los contratos expresamente admitidos. Bajo el r\u00e9gimen de comunidad o de separaci\u00f3n, los c\u00f3nyuges pueden integrar entre s\u00ed sociedades de cualquier tipo, incluso las reguladas en la Secci\u00f3n IV, Cap\u00edtulo I LS.<\/p>\n DIVORCIO. CONVENIO REGULADOR<\/strong>. El convenio regulador podr\u00e1 contener las cuestiones que los exc\u00f3nyuges puedan acordar para su proyecto de vida postdivorcio, pudiendo o no contener la relativas a la atribuci\u00f3n de la vivienda, la distribuci\u00f3n de bienes y establecer la forma de liquidar y partirlos; las eventuales compensaciones econ\u00f3micas entre los c\u00f3nyuges y el ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestaci\u00f3n alimentaria. El inventario y divisi\u00f3n de los bienes se hacen en la forma prescripta para la partici\u00f3n de las herencias.<\/p>\n INDIVISI\u00d3N POSTCOMUNITARIA.<\/strong> En caso de crearse la indivisi\u00f3n por las causales de nulidad de matrimonio con relaci\u00f3n al o los de buena fe; divorcio; o los casos en que subsiste el v\u00ednculo matrimonial -sentencia de separaci\u00f3n de bienes, u opci\u00f3n por el r\u00e9gimen de separaci\u00f3n por escritura p\u00fablica-, se rige por las normas especiales de los arts. 482 y siguientes del CCCN, que establecen un doble r\u00e9gimen ya que distinguen los efectos frente a terceros de los efectos entre los exc\u00f3nyuges o c\u00f3nyuges entre s\u00ed. La disposici\u00f3n de bienes de titularidad de uno ser\u00e1 celebrada por \u00e9l, con el asentimiento del otro. En este supuesto no se concluye la indivisi\u00f3n y los bienes recibidos en cambio en caso de disposici\u00f3n onerosa contin\u00faan integrando la indivisi\u00f3n hasta que las partes resuelvan su partici\u00f3n.<\/p>\n LIQUIDACI\u00d3N Y PARTICI\u00d3N. <\/strong>Las partes capaces, de acuerdo y sin terceros que se opongan, pueden partir en forma privada, sea total o parcialmente; y no es necesario respetar la igualdad de las hijuelas. La adjudicaci\u00f3n de inmuebles por partici\u00f3n privada consideramos que debe otorgarse por escritura p\u00fablica por aplicaci\u00f3n del art. 1017 inc. a) CCyCN, sin necesidad de que los bienes est\u00e9n denunciados en el convenio regulador.<\/p>\n UNIONES CONVIVENCIALES <\/strong>La normativa del T\u00edtulo III del Libro II del CCyCN se aplica a toda uni\u00f3n convivencial con m\u00e1s de dos a\u00f1os de cohabitaci\u00f3n previa a la entrada en vigencia del C\u00f3digo. La uni\u00f3n convivencial genera un v\u00ednculo legal de derechos y obligaciones entre los convivientes y los integrantes de la familia, aun ensamblada. Se diferencia del matrimonio porque carecen de vocaci\u00f3n hereditaria entre s\u00ed y parentesco por afinidad con los parientes del otro; el derecho real de habitaci\u00f3n al sup\u00e9rstite es temporal; el derecho personal de uso de la vivienda familiar es temporal; y por inexistencia del derecho a solicitar alimentos posteriores al cese de la uni\u00f3n. Prueba<\/strong>: la uni\u00f3n convivencial puede probarse por cualquier medio de prueba. Puede ser inscripta o no inscripta. Registro.<\/strong> La inscripci\u00f3n en el registro especial no constituye el estado o situaci\u00f3n jur\u00eddica de uni\u00f3n convivencial, a diferencia del matrimonio para el v\u00ednculo conyugal. Reconocimiento de los efectos jur\u00eddicos<\/strong>: requiere el cumplimiento de los recaudos del art. 510 CCyCN.<\/p>\n Los registros de bienes.<\/strong> La constancia documental de la uni\u00f3n convivencial de o los otorgantes, debe ser inscripta en el registro de bienes, por ser relevante para la protecci\u00f3n de la vivienda familiar, la calificaci\u00f3n del asentimiento, y la ejecuci\u00f3n de deudas por terceros acreedores. Asentimiento del conviviente.<\/strong> Se exige el asentimiento en caso de uniones convivenciales inscriptas, en protecci\u00f3n de la vivienda familiar, para disponer de los derechos y los muebles indispensables de \u00e9sta. Ante la publicidad registral, o cartular emergente del t\u00edtulo, de la existencia de la uni\u00f3n convivencial, se debe calificar la procedencia del asentimiento. La exigencia de asentimiento convivencial para disponer de la vivienda cesa en caso de cese de la convivencia, que se podr\u00e1 acreditar, como su reconocimiento, por cualquier medio de prueba. En caso de disposici\u00f3n del bien registrable se puede dejar constancia de la improcedencia del asentimiento por no mantener, el disponente, uni\u00f3n convivencial, o no ser sede de su vivienda familiar. Esa declaraci\u00f3n solo ser\u00e1 necesaria en caso de surgir del antecedente dominial o registral el estado de uni\u00f3n convivencial. Contrataci\u00f3n. <\/strong>Los convivientes tienen plena libertad de contratar ente s\u00ed. No hay norma que impida otorgar un poder para asentir de un conviviente al otro, como expresamente se lo proh\u00edbe en el caso del asentimiento conyugal. Pactos convivenciales<\/strong>: los convivientes pueden celebrar pactos convivenciales con la mayor autonom\u00eda de voluntad. En materia de bienes tienen la m\u00e1s amplia libertad de contenido y modalidades, diferenci\u00e1ndose de las convenciones matrimoniales que se limitan en cuanto al r\u00e9gimen de bienes a una opci\u00f3n entre dos reg\u00edmenes legales tasados. Si nada se acuerda sobre el r\u00e9gimen de bienes, el supletorio no var\u00eda de la situaci\u00f3n del C\u00f3digo derogado. Se pueden celebrar pactos convivenciales a\u00fan antes de los dos a\u00f1os de cohabitaci\u00f3n, condicionados a la subsistencia de ella a ese t\u00e9rmino. No habiendo prohibici\u00f3n al respecto y atento la autonom\u00eda de voluntad imperante en la materia, cabe la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del supuesto de las convenciones anteriores al matrimonio. Los pactos convivenciales requieren obligatoriamente su inscripci\u00f3n en los registros de los bienes registrables que son objeto de ellos. La inscripci\u00f3n prevista en el art. 517 CCyCN es declarativa, a los efectos de su oponibilidad a terceros. Los pactos convivenciales que tenga por objeto la adquisici\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de derechos reales sobre inmuebles, deben ser celebrados por escritura p\u00fablica (art. 1017 inc. a) CCyCN, que solo exime esta forma para el caso de ejecuci\u00f3n judicial o administrativa). La falta de la forma impuesta har\u00e1 el t\u00edtulo observable.<\/p>\n TEMA 8 – OBLIGACIONES<\/strong><\/p>\n Obligaciones en moneda extranjera. <\/strong>La ubicaci\u00f3n de los arts. 765 y 766 en el T\u00edtulo Tercero \u201cDerechos Personales\u201d, T\u00edtulo I \u201cObligaciones en general\u201d, Cap\u00edtulo 3 \u201cClases de Obligaciones\u201d, Par\u00e1grafo 6* \u201cObligaciones de dar dinero\u201d CCyCN, determinan el tratamiento de las obligaciones de dar moneda que no sea de curso legal entre las dinerarias. El texto del art. 765 identifica \u201cdinero\u201d con \u201cmoneda\u201d, sea \u00e9sta de curso legal o no en la Rep\u00fablica. La utilizaci\u00f3n como sin\u00f3nimos de ambos vocablos es inequ\u00edvoca en varias normas del CCyCN. No existe restricci\u00f3n para contratar en moneda extranjera, conforme surge de los arts. 765, 772. La moneda extranjera es dinero, aunque no sea de curso legal en el pa\u00eds, y ello explica que el precio de una compraventa pueda fijarse en moneda extranjera, en cumplimiento con la exigencia de contraprestaci\u00f3n dineraria en este contrato (art. 1123 del CCCN). Como la moneda extranjera es dinero, en los derechos reales de garant\u00eda, el monto del gravamen puede expresarse en moneda extranjera (art. 2189 del CCyCN que establece: \u201cel monto de la garant\u00eda o gravamen debe estimarse en dinero\u201d). Lo pactado entre las partes es de cumplimiento obligatorio.<\/p>\n El contrato que prev\u00e9 el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de dar sumas de dinero en moneda extranjera es v\u00e1lido y exigible y no puede verse ninguna lesi\u00f3n a un principio de orden p\u00fablico.<\/p>\n La forma liberatoria que surge del art. 765 segundo p\u00e1rrafo del CCyCN <\/strong>no comporta una disposici\u00f3n de orden p\u00fablico. Del texto surge que el deudor \u201cpuede\u201d desobligarse dando el equivalente en moneda de curso legal y no que \u201cdebe\u201d hacerlo. Es una norma supletoria, porque en principio todas las normas del CCyCN que regulan las obligaciones y los contratos son supletorias y no imperativas. En consecuencia el deudor puede renunciar de manera expresa o impl\u00edcita, a trav\u00e9s del acuerdo que imponga el pago en una determinada moneda sin curso legal (art. 944 CCyCN). Recomendamos que se incluyan en el contrato como obligaci\u00f3n facultativa, a elecci\u00f3n del acreedor (art. 780 CCyCN), el pago en pesos a un tipo de cambio que le permita al acreedor la compra de la moneda extranjera adeudada en una plaza exterior donde la adquisici\u00f3n no est\u00e9 restringida.<\/p>\n Bienes y cosas. <\/strong>La individualizaci\u00f3n y la determinaci\u00f3n de los bienes es un recaudo indispensable en los actos jur\u00eddicos causales de adquisici\u00f3n, modificaci\u00f3n y extinci\u00f3n de derechos reales o personales instrumentados en la escritura p\u00fablica. El art\u00edculo 305 inciso c) del CCyCN, expresa que la escritura p\u00fablica debe contener, la individualizaci\u00f3n de los bienes que constituyen objeto del acto jur\u00eddico.<\/p>\n Vivienda. <\/strong>El r\u00e9gimen de vivienda en el CCyCN (arts. 244 al 256) reemplaza al de \u201cbien de familia\u201d y tiene por fin proteger la vivienda de la persona humana, tenga o no familia. Legitimados<\/strong> para afectar son: 1) el titular de dominio; 2) los cond\u00f3minos, en forma conjunta sin necesidad de ser parientes entre s\u00ed; 3) el juez en los supuestos legales. No es necesario el asentimiento conyugal (art. 456) para la afectaci\u00f3n sea el inmueble propio o ganancial.<\/p>\n Beneficiarios<\/strong>. El C\u00f3digo incorpora al conviviente como uno de los posibles beneficiarios.<\/p>\n La habitaci\u00f3n efectiva<\/strong>: se exige que al menos uno de los beneficiarios habite en el inmueble, tanto para la afectaci\u00f3n, como para que los efectos subsistan.<\/em><\/p>\n Inscripci\u00f3n. <\/strong>La afectaci\u00f3n a vivienda debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble, con la prioridad temporal que rige la Ley Nacional 17.801 del Registro de la Propiedad Inmueble. La inscripci\u00f3n tiene efectos declarativos.<\/p>\n Subrogaci\u00f3n.<\/strong> El r\u00e9gimen de protecci\u00f3n de la vivienda permite la subrogaci\u00f3n a la nueva vivienda adquirida. Interpretamos que se extiende al caso de otro inmueble de titularidad del constituyente beneficiario. Por la subrogaci\u00f3n gozar\u00e1 del beneficio con efecto retroactivo. Debe dejarse constancia expresa de la reserva de sustituir\/subrogar el beneficio de la afectaci\u00f3n en la oportunidad de la desafectaci\u00f3n. La subrogaci\u00f3n tambi\u00e9n opera sobre los importes recibidos en concepto de indemnizaci\u00f3n o precio. <\/em><\/p>\n Inmueble rural<\/strong>. Procede la afectaci\u00f3n de un inmueble rural siempre que no exceda de la \u201cunidad econ\u00f3mica\u201d -seg\u00fan el ordenamiento territorial local- y se destine a vivienda habitual. Efectos:<\/strong> A partir de la afectaci\u00f3n, el inmueble solo podr\u00e1 ser enajenado o gravado cumpliendo con las prescripciones legales. Para la transmisi\u00f3n o constituci\u00f3n de gravamen del inmueble afectado se necesita de la conformidad del c\u00f3nyuge o conviviente, si el constituyente est\u00e1 casado o vive en uni\u00f3n convivencial. El inmueble afectado puede ser objeto de un legado o mejora testamentaria, cuando la disposici\u00f3n testamentaria favorezca a los beneficiarios. La quiebra del titular no puede beneficiar a los acreedores que carec\u00edan de la facultad de ejecutar el inmueble, en tanto que \u00e9stos, al momento de contratar con el deudor conoc\u00edan que el bien se encontraba fuera del comercio.<\/p>\n Desafectaci\u00f3n<\/strong>. Puede formalizarse la desafectaci\u00f3n y la enajenaci\u00f3n del inmueble en forma simult\u00e1nea. El art. 255 distingue los casos de desafectaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n del r\u00e9gimen.<\/p>\n La protecci\u00f3n de la vivienda no excluye la concedida por otras disposiciones legales especiales que protegen la vivienda familiar y los derechos sobre ella.<\/p>\n TEMA 9 – DONACI\u00d3N. PARTICI\u00d3N<\/strong><\/p>\n DONACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n La regulaci\u00f3n del contrato de donaci\u00f3n en el CCyCN incorpora novedades de significaci\u00f3n junto con reglas que perduran de la legislaci\u00f3n anterior.<\/p>\n Se destacan los aspectos m\u00e1s gravitantes para el ejercicio de la funci\u00f3n notarial.<\/p>\n OFERTA Y ACEPTACI\u00d3N EN INSTRUMENTOS SEPARADOS:<\/strong><\/p>\n A)<\/strong> El art\u00edculo 976 indica que la oferta debe aceptarse mientras tanto el ofertante como el aceptante est\u00e9n vivos y sean capaces; el art\u00edculo 1545 expresa que la aceptaci\u00f3n de la donaci\u00f3n debe producirse en vida de ambos, sin referencia a la capacidad. Consideramos que el art\u00edculo 1545, al se\u00f1alar solamente uno de los recaudos generales, est\u00e1 descartando el otro, por lo que cabe concluir que no interesa si el ofertante es capaz al momento de la aceptaci\u00f3n.<\/p>\n B)<\/strong> Ante el texto del art\u00edculo 971 del CCyCN, que adopta la llamada \u201cteor\u00eda de la recepci\u00f3n\u201d, el contrato existe cuando el ofertante recibe la aceptaci\u00f3n de su oferta. Sin embargo, no cabe exigir, para tener por existente a la donaci\u00f3n como t\u00edtulo al dominio, que inexorablemente el ofertante deba ser notificado de la aceptaci\u00f3n o deba estar presente al otorgarse la misma.<\/p>\n Frente al texto del art\u00edculo 983 del CCyCN, que se\u00f1ala que \u201cla manifestaci\u00f3n de voluntad de una parte es recibida por la otra cuando \u00e9sta (\u2026) debi\u00f3 conocerla, (\u2026) de (\u2026) modo \u00fatil\u201d, las previsiones del art\u00edculo 1893 del CCyCN y de la Ley Nacional Registral Inmobiliaria resultan contundentes para concluir que la registraci\u00f3n del acto lo hace oponible al ofertante.<\/p>\n Interpretar lo contrario importar\u00eda afirmar la \u201cinoponibilidad de lo inscripto\u201d, lo cual resulta inadmisible en el ordenamiento vigente, adem\u00e1s de carente de l\u00f3gica y congruencia.<\/p>\n C) <\/strong>En cuanto a las ofertas otorgadas durante la vigencia del r\u00e9gimen anterior, es controvertible la posibilidad de aceptarlas luego del 01\/08\/2015 si el ofertante ha fallecido. La postura que admite la posibilidad se asienta en diversos fundamentos; entre ellos, la necesidad de respetar las previsiones tenidas en mira por el otorgante al momento de declarar su voluntad. La tesis que rechaza esta idea sostiene que la aplicaci\u00f3n de la nueva legislaci\u00f3n a las consecuencias de las situaciones y relaciones jur\u00eddicas deriva en la imposibilidad de producir una aceptaci\u00f3n con reglas derogadas.<\/p>\n La carencia de disposiciones legales claras y espec\u00edficas acerca de la aplicaci\u00f3n de la ley en relaci\u00f3n al tiempo, m\u00e1s los pronunciamientos contradictorios de la escasa doctrina existente, obligan al notario a operar y asesorar con cautela.<\/p>\n Ante tal controversia, debe propenderse a que la generalidad de los operadores del derecho sostenga la lectura afirmativa, definitivamente m\u00e1s acorde a la justicia y la seguridad, en consonancia con los \u201cprincipios y valores jur\u00eddicos\u201d declamados en el art\u00edculo 2 del CCyCN.<\/p>\n T\u00cdTULOS PROVENIENTES DE DONACIONES:<\/strong><\/p>\n A)<\/strong> Los art\u00edculos 1565, 2386 y 2454 a 2459 diagraman un novedoso r\u00e9gimen de la acci\u00f3n de reducci\u00f3n. Cabe se\u00f1alar, en primer lugar, que los efectos reipersecutorios hoy resultan incontrovertibles, pero exige que concurran ciertos requisitos.<\/p>\n Del juego de los art\u00edculos 2454 y 2458 se desprende que el legitimario que viere afectada su porci\u00f3n leg\u00edtima puede ejercer la acci\u00f3n de reducci\u00f3n contra quien fuere titular dominial del inmueble, tr\u00e1tese del donatario o de un sucesivo adquirente.<\/p>\n Dicho titular dominial puede impedir la resoluci\u00f3n abonando al legitimario \u201cla suma de dinero necesaria para completar el valor de su porci\u00f3n leg\u00edtima\u201d (art\u00edculo 2454 y 2458, CCyCN). Esta pauta implica que la decisi\u00f3n de entregar dinero o inmueble corresponde al due\u00f1o de este \u00faltimo.<\/p>\n No obstante, transcurridos 10 a\u00f1os desde la adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n, la acci\u00f3n de reducci\u00f3n no es procedente (art\u00edculo 2459, CCyCN). Este plazo puede ser invocado por un sucesivo adquirente, dado que se computa independientemente de haber operado transmisiones, en atenci\u00f3n a la \u201caccesi\u00f3n de posesiones\u201d. M\u00e1s all\u00e1 de la controvertible naturaleza del instituto que provoca la improcedencia de la acci\u00f3n, el transcurso del lapso indicado produce, de pleno derecho, la \u201cbonificaci\u00f3n\u201d del t\u00edtulo.<\/p>\n El momento de inicio del c\u00f3mputo del plazo es literalmente descripto como el de \u201cla adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n\u201d. A ra\u00edz de la menci\u00f3n del donatario, no pueden caber dudas que la posesi\u00f3n aludida es la adquirida en funci\u00f3n del contrato (donaci\u00f3n), m\u00e1xime ante la inexistencia de cualquier preliminar de donaci\u00f3n (art\u00edculos 969, 1018 y 1552, CCyCN).<\/p>\n No cabe atribuir desmedido alcance a la referencia a \u201cla adquisici\u00f3n de la posesi\u00f3n\u201d, recabando pruebas fehacientes de ese acto. Del s\u00f3lido juego arm\u00f3nico que proporcionan los art\u00edculos 1903, 1914 y 1930 del CCyCN, surge que el poseedor actual se presume poseedor desde la fecha del t\u00edtulo, si no se probare lo contrario.<\/p>\n Si esa donaci\u00f3n lo fuera de la nuda propiedad no se alterar\u00eda la conclusi\u00f3n, puesto que indudablemente el nudo propietario es tambi\u00e9n poseedor. Por lo tanto, transcurridos 10 a\u00f1os desde esa escritura tampoco resultar\u00e1 procedente la acci\u00f3n de reducci\u00f3n.<\/p>\n Tambi\u00e9n cabe concluir que el t\u00edtulo se hallar\u00e1 bonificado de transcurrir 5 a\u00f1os desde la muerte del donante sin haberse interpuesto la acci\u00f3n de reducci\u00f3n. Dado que la misma es prescriptible desde la muerte del donante, y carecerse de plazo espec\u00edfico, debe aplic\u00e1rsele el plazo gen\u00e9rico que dimana del art\u00edculo 2560.<\/p>\n La ampliaci\u00f3n de la porci\u00f3n hereditaria disponible cuando existen descendientes (art\u00edculos 2445 del CCyCN), la limitaci\u00f3n del efecto reivindicatorio de la resoluci\u00f3n legal del art\u00edculo 2454 en cuanto al valor afectado y los supuestos legales que la impiden (art\u00edculos 2454, 2458, 2380, 2381 del CCyCN), y la limitaci\u00f3n temporal del plazo de la acci\u00f3n de reducci\u00f3n con efectos reivindicatorios (art\u00edculo 2459 del CCyCN), obliga a analizar en cada caso la observabilidad o no del t\u00edtulo sin incurrir en conductas de mala fe o abuso de derecho.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de estas morigeraciones, el nuevo r\u00e9gimen resulta profundamente disvalioso al desalentar las donaciones, tradici\u00f3n genuina y arraigada en el \u00e1mbito nacional.<\/p>\n En consonancia con la negativa valoraci\u00f3n de este marco normativo, se propone su sustituci\u00f3n por un ordenamiento que suprima el efecto reipersecutorio de la acci\u00f3n de reducci\u00f3n.<\/p>\n B) <\/strong>El art\u00edculo 2386 del CCyCN califica como inoficiosa a toda donaci\u00f3n efectuada a los legitimarios, cuando excediera la porci\u00f3n disponible m\u00e1s la porci\u00f3n leg\u00edtima del donatario. Estas donaciones est\u00e1n sujetas a la reducci\u00f3n \u201cpor el valor del exceso\u201d.<\/p>\n En una interpretaci\u00f3n, en tanto el art\u00edculo en cuesti\u00f3n no establece diferencias, como tampoco lo hacen los que aluden al efecto reipersecutorio de la acci\u00f3n, debe concluirse que el alcance de la acci\u00f3n es id\u00e9ntico para los donatarios legitimarios como para los que no lo sean.<\/p>\n Con estos par\u00e1metros, corresponde la cr\u00edtica al ordenamiento del CCyCN por los motivos se\u00f1alados en el apartado anterior.<\/p>\n Otra interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 2386 del CCyCN postula la perfecci\u00f3n de los t\u00edtulos derivados de donaciones a legitimarios con el r\u00e9gimen imperante.<\/p>\n Ante lo considerado se propugna una modificaci\u00f3n legislativa que suprima el efecto reipersecutorio de la acci\u00f3n de reducci\u00f3n, contribuyendo al tr\u00e1fico jur\u00eddico.<\/p>\n C)<\/strong> Consideramos que La transmisi\u00f3n dominial causada en la donaci\u00f3n, otorgada antes de la vigencia del CCCN, constituye un derecho de propiedad (art\u00edculos 1892 y 965, CCyCN) que, como tal, se encuentra amparado por la Constituci\u00f3n de la Naci\u00f3n (art\u00edculos 14 y 17). Por lo tanto, esa situaci\u00f3n jur\u00eddica despleg\u00f3 efectos desde su nacimiento, y, en funci\u00f3n del art\u00edculo 7 del CCyCN, en armon\u00eda con las citadas normas constitucionales, las modificaciones legislativas posteriores no pueden alterarlos. De esta manera se respeta la integridad del plexo normativo en vigor, con los mentados \u201cprincipios y valores jur\u00eddicos\u201d (art\u00edculo 2, CCyCN).-<\/p>\n PARTICI\u00d3N<\/strong><\/p>\n Las normas de la partici\u00f3n de la comunidad hereditaria siguen rigiendo, de manera supletoria, a la partici\u00f3n del condominio (art\u00edculo 1996, CCCN) y de los bienes del matrimonio (art\u00edculos 481, 500 y 508, CCyCN).<\/p>\n En cuanto a los bienes comprendidos, la partici\u00f3n puede ser total o parcial (art\u00edculos 2367 y 2369, CCyCN).<\/p>\n En cuanto a la manera de realizar los bienes, puede ser en especie o mediante la venta (art\u00edculo 2374, CCyCN). Si los comuneros est\u00e1n de acuerdo pueden optar por cualquiera de ambas alternativas.<\/p>\n En cuanto a los derechos atribuidos, puede ser provisional o definitiva (art\u00edculo 2370, CCyCN). Si se atribuyen derechos personales de uso y goce, es la primera alternativa; si se atribuyen derechos reales, es la segunda. En este \u00faltimo caso, puede adjudicarse el dominio pleno o bien por un lado la nuda propiedad y por otro el usufructo, uso o habitaci\u00f3n.<\/p>\n En cuanto a su forma, puede ser judicial o privada. Cuando hay presencia, capacidad y acuerdo de todos los comuneros y no hay oposici\u00f3n de terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, podr\u00e1 \u201chacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente\u201d (art\u00edculo 2369, CCyCN); en caso contrario, \u201cdebe ser judicial\u201d (art\u00edculo 2371, CCyCN).<\/p>\n Se ha suprimido la exigencia de escritura p\u00fablica como principio general, que emanaba del inciso 2 del art\u00edculo 1184 del C\u00f3digo Civil, en la versi\u00f3n del decreto-ley 17.711\/1968. Igual suerte corri\u00f3 la excepci\u00f3n a esa forma, que surg\u00eda de la misma norma, admitiendo la partici\u00f3n de herencia celebrada en instrumento privado, presentada al juez de la sucesi\u00f3n.<\/p>\n En consecuencia, consideramos que el principio general de libertad formal admitida por el art\u00edculo 2369 del CCyCN, cede ante normativa espec\u00edfica, como en materia de derechos reales inmobiliarios es el art\u00edculo 1017, inciso a, del CCyCN. Por lo tanto, siempre que de la partici\u00f3n de comunidad hereditaria resulte la adjudicaci\u00f3n de derechos reales sobre inmuebles y el acto no se haga en sede judicial, la forma deber\u00e1 ser la escritura p\u00fablica.<\/p>\n El efecto declarativo y no traslativo, que implica la retroactividad de la adquisici\u00f3n por partici\u00f3n (art\u00edculo 2403, CCyCN), debe armonizarse con los novedosos efectos de la hipoteca sobre parte indivisa, que subsiste pese a dicha partici\u00f3n (art\u00edculo 2207, CCyCN).<\/p>\n La reincorporaci\u00f3n de la licitaci\u00f3n (art\u00edculo 2372, CCyCN) no empece la necesidad de otorgamiento del acto de adjudicaci\u00f3n, pues se trata de un procedimiento para determinar qui\u00e9n ser\u00e1 el adjudicatario.<\/p>\n TEMA 10 – SUCESIONES INTESTADAS<\/strong><\/p>\n Reformas relativas al derecho sucesorio<\/strong><\/p>\n Los aspectos relevantes de las modificaciones del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n, que interesan desde un punto de vista notarial ser\u00e1n seguidamente analizados:<\/p>\n Proceso sucesorio<\/strong><\/p>\n Son normas que regulan un verdadero proceso, consagran un procedimiento exclusivamente judicial determinan la competencia, prev\u00e9n situaciones por medio de las normas de Derecho Internacional Privado y altera el r\u00e9gimen vigente en caso de heredero \u00fanico (art. 2336). Su constitucionalidad deber\u00e1 ser analizada frente a la delegaci\u00f3n que las provincias han efectuado al Estado Nacional para dictar los c\u00f3digos de fondo, mientras se han reservado a su competencia, los temas restantes.<\/p>\n Reemplaza el instituto de la posesi\u00f3n hereditaria por el de la \u201cinvestidura hereditaria\u201d manteniendo la investidura de pleno derecho de la calidad de herederos de descendientes, ascendientes y c\u00f3nyuge, con la \u00fanica limitaci\u00f3n de la necesidad de declaratoria para la transferencia de los bienes registrables (art. 2337), lo que implica la posibilidad de disponer de los bienes no registrables sin necesidad de intervenci\u00f3n de los tribunales.<\/p>\n El inventario \u00fanicamente resulta obligatorio cuando no hay acuerdo entre los interesados para efectuar la denuncia de bienes, cuando ha sido pedido por acreedores o cuando lo impone otra disposici\u00f3n legal (arts. 2341 y 2342). Como el art. 2371, exige la partici\u00f3n judicial a falta de acuerdo entre los copart\u00edcipes, en los casos en que \u00e9stos son incapaces, con capacidad restringida o ausentes, o cuando se oponen a la partici\u00f3n privada terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo.<\/p>\n Administraci\u00f3n de la herencia: <\/strong>Las funciones del administrador se reducen a los actos conservatorios, a la continuaci\u00f3n del giro normal de los negocios del causante y a la enajenaci\u00f3n de los muebles perecederos, de r\u00e1pida depreciaci\u00f3n o de conservaci\u00f3n onerosa (art. 2353); los actos de disposici\u00f3n est\u00e1n excluidos, excepto que medie autorizaci\u00f3n judicial o de los copart\u00edcipes por acuerdo un\u00e1nime por escritura p\u00fablica. Es de analizar la facultad que establece el art. 2346 de designaci\u00f3n de administrador por mayor\u00eda de los llamados \u201ccopropietarios\u201d, para el cual no se prev\u00e9 una forma espec\u00edfica sugiriendo que tal designaci\u00f3n sea realizada por escritura p\u00fablica, por las ventajas que esta forma presenta.<\/p>\n
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