Mar\u00eda Cesaretti y Diego Mariano Mage<\/p>\n
I. <\/span>Introducci\u00f3n. ii.<\/span> Comunidades religiosas distintas de la Iglesia Cat\u00f3lica. A. Antecedentes. B. R\u00e9gimen jur\u00eddico. III. Registraci\u00f3n de sus bienes. Iv. <\/span>Inembargabilidad. A. Antecedentes normativos. B. Fundamentaci\u00f3n de la inembargabilidad. C. Inmuebles comprendidos. C.1. Tesis amplia. C.2. Tesis restringida. C.3. Nuestra opini\u00f3n. Tesis intermedia. v. <\/span>Registraci\u00f3n de la inembargabilidad. A. Finalidad. B. Mecanismo de afectaci\u00f3n. C. Cuestiones procesales. C.1. Relativas a la anotaci\u00f3n del embargo. C.2. Relativas a la desafectaci\u00f3n. Vi.<\/span> Conclusiones<\/p>\n La Constituci\u00f3n de la Naci\u00f3n Argentina, en su art. 14 dispone: \u201cTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber:\u2026 de profesar libremente su culto\u2026\u201d; derecho que es reiterado en el art. 20 que establece: \u201cLos extranjeros gozan en el territorio de la Naci\u00f3n de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden\u2026 ejercer libremente su culto\u2026\u201d. La consagraci\u00f3n de este derecho no fue casual, sino que obedeci\u00f3 a la decisi\u00f3n de los convencionales argentinos de promover la libertad de cultos como recaudo necesario para favorecer la inmigraci\u00f3n europea1<\/a><\/span>. Como se\u00f1alara Alberdi: \u201c\u2026el dilema es fatal: o cat\u00f3licos exclusivamente y despoblada; o poblada y pr\u00f3spera, y tolerancia en materia de religi\u00f3n\u201d2<\/a><\/span>.<\/p>\n De este modo, el texto constitucional, complementado por los sucesivos tratados que en materia de derechos humanos suscribiera el Estado <\/span>Argentino3<\/a><\/span>, consagr\u00f3 la libertad de culto o religiosa como derecho fundamental, que permite a cualquier individuo profesar o no una religi\u00f3n, hacerlo de manera privada o p\u00fablica, protegido contra cualquier acto discriminatorio o de violencia. A su vez, este derecho conlleva la facultad de exteriorizar las propias creencias a trav\u00e9s de la doctrina y de los ritos de la religi\u00f3n que se profesa, de manera individual o colectiva; o de oponerse a la participaci\u00f3n de pr\u00e1cticas religiosas ajenas a las propias convicciones.<\/p>\n La libertad religiosa conlleva el derecho del individuo a profesar su culto de la manera que considere apropiada, como la exhibici\u00f3n de s\u00edmbolos y signos que expresan la propia fe, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado. Los \u00fanicos l\u00edmites provienen de las leyes que buscan proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral p\u00fablicas, los derechos o las libertades de los dem\u00e1s.<\/p>\n Como la libertad religiosa tiene la particularidad de profesarse tanto en el \u00e1mbito individual y privado, como en la esfera colectiva y p\u00fablica4<\/a><\/span>, el Estado no s\u00f3lo debe asegurar que las personas puedan profesar sus creencias sin impedimentos externos, sino que tambi\u00e9n debe garantizar que las comunidades que se constituyen en torno a una fe religiosa, para su culto y propagaci\u00f3n, obtengan el reconocimiento de la correspondiente personalidad jur\u00eddica, y la tutela de su autonom\u00eda interna5<\/a><\/span>.<\/p>\n La presencia de grupos religiosos no cat\u00f3licos en nuestro pa\u00eds es anterior a la conformaci\u00f3n del Estado Argentino7<\/a><\/span>, as\u00ed como la pretensi\u00f3n de los gobernantes de ejercer cierto control sobre ellos, especialmente sobre sus ministros religiosos8<\/a><\/span>. Sin embargo, luego de producirse la sanci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Nacional, y la sanci\u00f3n de las denominadas leyes laicas (ley de Registro Civil, de Educaci\u00f3n Com\u00fan, de Matrimonio Civil), la cuesti\u00f3n perdi\u00f3 moment\u00e1neamente el inter\u00e9s de las autoridades civiles9<\/a><\/span>. Por su parte, en el C\u00f3digo Civil s\u00f3lo fueron mencionadas las \u201ciglesias protestantes\u201d10<\/a><\/span>, pero sin que tal alusi\u00f3n implicara el reconocimiento de su personer\u00eda jur\u00eddica. Respecto de las restantes confesiones religiosas, ni siquiera fueron tenidas en cuenta. Esta fue la raz\u00f3n por la cual todas las comunidades distintas a la Iglesia Cat\u00f3lica \u2013\u00fanica con reconocimiento expreso por parte del codificador<\/span>11<\/a><\/span>\u2013 debieron organizarse bajo la forma de asociaciones civiles sin fines de lucro<\/span>12<\/a><\/span>. Sobre el particular, la doctrina civilista hab\u00eda interpretado un\u00e1nimemente que esta era la manera adecuada para subsanar este vac\u00edo legal<\/span>13<\/a><\/span>. <\/span><\/p>\n Este trato diferencial, no s\u00f3lo result\u00f3 del propio C\u00f3digo Civil, sino tambi\u00e9n de las sucesivas normas de car\u00e1cter administrativo que a partir de la d\u00e9cada del \u201940 del siglo pasado, impusieron a estas entidades la obligaci\u00f3n de registrarse en el Registro Nacional de Cultos14<\/a><\/span>. A trav\u00e9s de estas normas, el Estado pretendi\u00f3 ejercer un control policial sobre las actividades de las comunidades religiosas15<\/a><\/span>, normativa que suscitar\u00eda la sanci\u00f3n de la ley 21.74516<\/a><\/span>. Esta norma otorg\u00f3 competencia al Poder Ejecutivo Nacional, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Culto, para conceder el reconocimiento e inscripci\u00f3n de cualquier organizaci\u00f3n religiosa que pretendiera desarrollar sus actividades dentro del territorio argentino17<\/a><\/span>, como requisito previo e ineludible para que \u00e9stas obtuviesen el reconocimiento de su personer\u00eda jur\u00eddica18<\/a><\/span>. Para ello, tales comunidades deber\u00edan adoptar la forma de una asociaci\u00f3n civil o fundaci\u00f3n y solicitar la aprobaci\u00f3n de sus estatutos por parte del organismo competente19<\/a><\/span>.<\/p>\n Sobre la constitucionalidad de esta exigencia, existen posiciones discordantes cuyo an\u00e1lisis excede el \u00e1mbito de esta ponencia, pero que no podemos dejar de mencionar, al menos someramente20<\/a><\/span>.<\/p>\n La sanci\u00f3n del C\u00f3digo Civil y Comercial trajo aparejada la inclusi\u00f3n, dentro del elenco de las personas jur\u00eddicas distintas de la Iglesia Cat\u00f3lica, a las \u201ciglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas\u201d; la primera de car\u00e1cter p\u00fablico, las dem\u00e1s de car\u00e1cter privado21<\/a><\/span>.<\/p>\n A diferencia de las dem\u00e1s personas jur\u00eddicas enumeradas en el art. 148, estas entidades no han sido objeto, luego de la mencionada reforma, de reglamentaci\u00f3n alguna.<\/p>\n A su vez, el art. 142 del C\u00f3digo Civil y Comercial establece que la existencia de la persona jur\u00eddica comienza desde su constituci\u00f3n, salvo que una disposici\u00f3n legal disponga lo contrario. Mientras que la ley 21.745, todav\u00eda vigente, no establece la obligatoriedad de la inscripci\u00f3n en el Registro de Cultos para obtener <\/span>la personer\u00eda jur\u00eddica, sino que ha previsto tal requisito como previo para que estas entidades pudieran obtenerla; es decir: primero inscripci\u00f3n en el Registro de Cultos, luego adopci\u00f3n de una de las formas asociativas legisladas por el Derecho Civil y finalmente inscripci\u00f3n ante la autoridad administrativa competente22<\/a><\/span>.<\/p>\n Entonces, \u00bfc\u00f3mo debe armonizarse una ley anterior no derogada, frente a las disposiciones que surgen de los arts. 148 inc. e) y 142 del nuevo C\u00f3digo? \u00bfDeben estas comunidades, para obtener su personer\u00eda jur\u00eddica seguir recurriendo a formas asociativas que resultan inadecuadas respecto de su propia naturaleza e inscribirse en el Registro de Personas Jur\u00eddicas?<\/p>\n Entendemos que no.<\/p>\n En primer lugar, porque el propio C\u00f3digo Civil y Comercial distingue a las asociaciones civiles sin fines de lucro, a las fundaciones o a las simples asociaciones como personas distintas a las comunidades o entidades religiosas. Resulta inadecuado para su estructura y funcionamiento, muchas veces similar a la propia Iglesia Cat\u00f3lica, que tales entidades se encuentren obligadas a recurrir a la normativa que regula la estructura y funcionamiento de asociaciones y fundaciones.<\/p>\n En segundo lugar, porque tenemos una ley espec\u00edfica. Aunque es preciso tener en cuenta que dicha norma s\u00f3lo establece el requisito de la inscripci\u00f3n previa a los efectos del contralor policial-administrativo de la naturaleza y fines de la entidad religiosa, pero no como requisito previo para su reconocimiento como persona jur\u00eddica.<\/p>\n Esto nos permite concluir que toda entidad religiosa goza de personer\u00eda jur\u00eddica a partir de su constituci\u00f3n23<\/a><\/span>.<\/p>\n De esta manera, al no hacerse alusi\u00f3n alguna a tipos legales necesarios para su funcionamiento, ni tampoco a formas necesarias para que se produzca su constituci\u00f3n, la normativa civil ha reconocido que la sola constituci\u00f3n otorga la personer\u00eda jur\u00eddica24<\/a><\/span> y que estas comunidades deben ser reguladas por sus propios estatutos, redactados en total afinidad con sus fines, din\u00e1mica de funcionamiento, estructura y organizaci\u00f3n interna propios de cada una de ellas. <\/span><\/p>\n Por ello, reiteramos que el reconocimiento estatal no otorga la personalidad jur\u00eddica, sino la calidad de persona jur\u00eddica regulada por el inciso e) del art. 148, para la oponibilidad frente a terceros de esa tipificaci\u00f3n25<\/a><\/span>.<\/p>\n Dicho esto, resta concluir, entonces, qu\u00e9 funciones han de atribuirse y cu\u00e1l es el organismo que tiene la competencia para la registraci\u00f3n de las comunidades religiosas como tales.<\/p>\n A falta de una reglamentaci\u00f3n que se adec\u00fae a las nuevas disposiciones legales, la que resulta imperiosamente necesaria en atenci\u00f3n a la evoluci\u00f3n que en la materia ha evidenciado la legislaci\u00f3n, entendemos que todav\u00eda resulta \u00fatil que el Registro Nacional de Cultos contin\u00fae inscribiendo este tipo de entidades; fundamentalmente para que la publicidad registral que dicha inscripci\u00f3n otorga proporcione seguridad jur\u00eddica no s\u00f3lo con relaci\u00f3n a los terceros que se relacionan con estas comunidades, sino tambi\u00e9n respecto de sus propios miembros. Asimismo, sin perjuicio de lo establecido por la citada ley, es necesario recordar que, en el \u00e1mbito de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, est\u00e1n vigentes las resoluciones 7\/2015 y 42\/2020 de la Inspecci\u00f3n General de Justicia26<\/a><\/span>, aunque desconocemos si en las restantes provincias se ha dictado normativa reglamentaria de similar tenor.<\/p>\n Tambi\u00e9n es necesario destacar que la AFIP ha establecido como requisito para la obtenci\u00f3n de la Clave \u00danica de Identificaci\u00f3n Tributaria (CUIT) por parte de estas entidades, la previa inscripci\u00f3n de la comunidad religiosa en el Registro de Cultos27<\/a><\/span>, soluci\u00f3n que tambi\u00e9n se exige para que las mismas accedan a la exenci\u00f3n prevista por el impuesto a las ganancias28<\/a><\/span>.<\/p>\n La finalidad de su inscripci\u00f3n, adem\u00e1s de la correcta individualizaci\u00f3n de estas entidades, es la de acreditar que sus fines, doctrina, funcionamiento, estructura, no contradicen al orden p\u00fablico.<\/p>\n Finalmente, nos parece interesante recordar el proyecto de ley de libertad religiosa elaborado por el Consejo Asesor de la Secretar\u00eda de Culto durante el gobierno de Fernando de la R\u00faa, que establec\u00eda que tales comunidades, para obtener el reconocimiento estatal como tales, deb\u00edan cumplir con los siguientes requisitos: informar sus principios religiosos, las fuentes m\u00e1s importantes de su doctrina, y sus dogmas o cuerpo doctrinal; describir su organizaci\u00f3n interna e internacional, si la tuviere, y n\u00famero aproximado de adherentes o fieles en el pa\u00eds y fuera del mismo; acompa\u00f1ar sus estatutos volcados en escritura p\u00fablica, que contuviesen como m\u00ednimo:<\/p>\n a) Su nombre, que no debe confundirse con otras entidades ya inscriptas, domicilio legal y dem\u00e1s datos que permitan individualizar a la entidad; b) la expresi\u00f3n clara y precisa de sus fines religiosos; c) el r\u00e9gimen interno de funcionamiento y gobierno de la entidad. En caso de no coincidir las autoridades administrativas y religiosas, normas de relaci\u00f3n entre ambas; d) los \u00f3rganos de la entidad, sus facultades, y requisitos para la designaci\u00f3n de autoridades; e) la estructura ministerial y el modo de acceder al ministerio, y la forma de ingreso y egreso de los fieles; f) el destino de los bienes en caso de disoluci\u00f3n; la ubicaci\u00f3n de sus templos y lugares dedicados a la actividad religiosa; describir sucintamente los principales ritos, cultos y celebraciones; identificar a sus autoridades administrativas y religiosas29<\/a><\/span>.<\/p>\n Todas las personas jur\u00eddicas, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pueden ser propietarias de toda clase de bienes, incluso de bienes inmuebles. Pero para inscribirlos a su nombre, adem\u00e1s de los requisitos que establecen las diversas normas registrales sancionadas por los respectivos registros de la propiedad inmueble, deben cumplir con lo establecido por el art. 3\u00b0 bis de la ley 17.801, y para ello contar con la correspondiente clave \u00fanica de identificaci\u00f3n tributaria (CUIT)30<\/a><\/span>.<\/p>\n Como ya mencion\u00e1ramos con anterioridad, para que las comunidades religiosas distintas a la Iglesia Cat\u00f3lica puedan obtener su CUIT, no es necesario que se encuentren inscriptas en el registro de personas jur\u00eddicas, sino que resulta imprescindible que hayan obtenido su inscripci\u00f3n en el Registro de Cultos. La personer\u00eda jur\u00eddica les es concedida por el derecho desde su constituci\u00f3n, pero el reconocimiento como tales \u2013a falta de nueva reglamentaci\u00f3n vigente\u2013 s\u00f3lo es posible si han cumplido con el requisito de la inscripci\u00f3n prevista por la ley 21.745.<\/p>\n El art. 744 del nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial establece una n\u00f3mina de bienes que est\u00e1n excluidos de la garant\u00eda com\u00fan de los acreedores o, m\u00e1s com\u00fanmente, denominados \u201cinembargables\u201d, entre ellos los afectados a cualquier religi\u00f3n reconocida por el Estado. Por ello, cuando la comunidad religiosa, es reconocida como tal por el Estado \u2013es decir en la medida en que se encuentre inscripta en el Registro de Cultos\u2013 cuenta con el beneficio de la inembargabilidad de los bienes afectados al cumplimiento de sus actividades.<\/p>\n Tal beneficio no s\u00f3lo resulta de la legislaci\u00f3n de fondo<\/span>31<\/a><\/span>. Algunos c\u00f3digos <\/span>de <\/span>procedimientos \u2013aunque pocos\u2013 han previsto este privilegio,<\/span> como los sancionados por las provincias de C\u00f3rdoba y Santa Fe, que han hecho referencia expresa de este beneficio.<\/p>\n En el caso de los bienes que pertenecen a comunidades religiosas diferentes a la Iglesia Cat\u00f3lica, como sus bienes no conforman el denominado \u201cpatrimonio eclesi\u00e1stico\u201d32<\/a><\/span>, torna imposible la aplicaci\u00f3n del an\u00e1lisis que la doctrina y la jurisprudencia hicieran de este instituto33<\/a><\/span>. Los bienes de estas entidades, eventualmente, podr\u00e1n ser considerados como un patrimonio privado de afectaci\u00f3n34<\/a><\/span>.<\/p>\n Por otro lado, tampoco estamos ante bienes de dominio privado, pero afectados a un servicio p\u00fablico \u201ceclesi\u00e1stico\u201d, tal como propusiera Marienhoff35<\/a><\/span> solo para los de propiedad de la Iglesia Cat\u00f3lica. Puesto que esta tesis, respecto de los bienes eclesi\u00e1sticos afectados a las actividades cultuales y religiosas de la Iglesia Cat\u00f3lica fue rechazada en\u00e9rgicamente por la doctrina civilista.<\/p>\n Por el contrario, los bienes destinados a las actividades de una religi\u00f3n tienen una caracter\u00edstica distintiva: est\u00e1n afectados a actividades lit\u00fargicas36<\/a><\/span>, pastorales o misioneras37<\/a><\/span>, en las cuales su aspecto meramente patrimonial, de car\u00e1cter secundario, no puede menoscabar su finalidad primordial que es la religiosa.<\/p>\n La raz\u00f3n de la excepci\u00f3n debe buscarse en el destino de este tipo de bienes, que \u201c\u2026los hace impropios de una garant\u00eda econ\u00f3mica, por cuanto, proyectada la idea de espiritualidad en ellos, fuera del espacio terrenal y del tiempo, requiere su perduraci\u00f3n sin riesgos de privarlos de los elemental para la reuni\u00f3n de los fieles en su ejercicio\u2026\u201d38<\/a><\/span>. Podemos advertir, como antecedente de esta concepci\u00f3n, el voto en minor\u00eda del Dr. Guerrero dictado en los autos \u201cLemos Jorge c\/ Obispado de Venado Tuerto\u201d, que excluy\u00f3 de la \u201c\u2026ejecuci\u00f3n intentada a los inmuebles destinados en forma p\u00fablica y constante a la Celebraci\u00f3n de la Santa Misa, o a funciones asistenciales cuando ello implique una necesidad impostergable para la comunidad\u2026\u201d<\/span>39<\/a><\/span>. En id\u00e9ntico sentido, al resolverse que un templo no cat\u00f3lico resultaba inembargable, nuestros Tribunales resolvieron que: \u201cLa moral y las buenas costumbres de nuestro medio as\u00ed como la comunidad en general y hasta la dignidad de la persona humana resultar\u00edan gravemente afectadas si se posibilitara al acreedor llevar adelante la ejecuci\u00f3n sobre un templo de una Iglesia reconocida por el Estado, cuando como en el caso existen otros bienes que le permitir\u00edan cobrar los cr\u00e9ditos reconocidos en autos\u201d40<\/a><\/span>… En s\u00edntesis, el fundamento de la inembargabilidad debe ser buscado en \u201c\u2026razones humanitarias y de respeto al culto religioso\u2026\u201d41<\/a><\/span>.<\/p>\n En este punto nos parece importante recordar, en la medida de que resulte aplicable a entidades religiosas no cat\u00f3licas, lo que sostuvi\u00e9ramos en el Congreso de Derecho Registral celebrado en el a\u00f1o 2019 en la Provincia de Catamarca, y que fuera objeto de publicaci\u00f3n en la Revista del Notariado42<\/a><\/span>, con relaci\u00f3n a lo que la inembargabilidad de los bienes conlleva, como excepci\u00f3n al principio que postula que el patrimonio de una persona es garant\u00eda de sus obligaciones frente a sus acreedores.<\/p>\n Pero, como se\u00f1ala Navarro Floria en palabras que hacemos propias: \u201c\u2026 \u00bfqu\u00e9 significa que un bien est\u00e9 afectado a una religi\u00f3n? \u00bfse trata de bienes de propiedad de una iglesia o comunidad religiosa, o de un bien del que ella tenga uso, aunque no sea propietaria?, \u00bfse trata de cualquier bien o solamente del que est\u00e1 directamente afectado a una finalidad religiosa como podr\u00eda ser un templo o un objeto destinado al culto?\u201d43<\/a><\/span>.<\/p>\n En virtud de esta tesis44<\/a><\/span>, podr\u00eda entenderse que la falta de calificaci\u00f3n, por parte de la norma estatal de lo que significa \u201cafectaci\u00f3n\u201d, torna necesario que debamos recurrir a la que efect\u00faa la propia regulaci\u00f3n que proponen sus titulares registrales. En la medida en que ninguna norma d\u00e9 un fin distinto, y todos los bienes de estas comunidades se encuentren afectados a la consecuci\u00f3n de los fines de sostenimiento del culto, de sus ministros, y para realizar las obras que propone su doctrina religiosa, que son necesarias para propagarla, o cualquier otro que tenga como destino el bien com\u00fan de sus fieles o de la comunidad en general \u2013los que pareciera que no tienen un orden de prelaci\u00f3n\u2013 todos los bienes que conforman este patrimonio resultar\u00edan inembargables: no existir\u00edan bienes que no estuvieren afectados a los fines propios de la entidad propietaria. La ausencia de regulaci\u00f3n espec\u00edfica de la ley estatal permitir\u00eda interpretar que esta es la soluci\u00f3n propuesta.<\/p>\n En sustento de esta idea, podemos hacer referencia al correlato que el art. 744 del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n tiene en el art. 257345<\/a><\/span>, que establece que no se pueden ejercer privilegios sobre los bienes cuya inembargabilidad ha sido establecida por la ley46<\/a><\/span>, situaci\u00f3n que excluir\u00eda la aplicaci\u00f3n del art. 258247<\/a><\/span>.<\/p>\n Esta tesis postula que s\u00f3lo integran el conjunto de bienes inembargables aquellos afectados al culto48<\/a><\/span>. Se basa en la tradici\u00f3n doctrinaria y jurisprudencial argentina que \u2013con relaci\u00f3n a los bienes de la Iglesia Cat\u00f3lica\u2013 establec\u00eda un orden de prelaci\u00f3n e importancia a favor de los bienes destinados al culto, en desmedro de los dem\u00e1s bienes asignados a la consecuci\u00f3n de los restantes fines.<\/p>\n Seg\u00fan esta forma de interpretar la norma estatal, la afectaci\u00f3n s\u00f3lo se dar\u00eda en el supuesto en que los inmuebles tuviesen un destino cultual49<\/a><\/span>. As\u00ed lo resolvi\u00f3 la justicia en uno de los pocos casos donde la cuesti\u00f3n fue sometida a examen50<\/a><\/span>.<\/p>\n No coincidimos con ninguna de las teor\u00edas anteriores. Consideramos que resulta necesario adoptar un criterio intermedio.<\/p>\n La tesis que hemos denominado \u201camplia\u201d, parte de equiparar los t\u00e9rminos \u201cafectaci\u00f3n\u201d de \u201ctitularidad\u201d. La norma estatal no estipul\u00f3 la inembargabilidad para los bienes de titularidad<\/span> de cualquier religi\u00f3n reconocida por el Estado, sino de los afectados<\/span>, en un sentido de destino. No pareciera que el legislador tuvo como intenci\u00f3n excluir a los bienes de propiedad de una comunidad religiosa del tr\u00e1fico jur\u00eddico, impidiendo que estos pudieran ser puestos en garant\u00eda de las obligaciones que estos diversos entes pudiesen contraer.<\/p>\n Como se\u00f1ala Kemelmajer de Carlucci, \u201c\u2026si la cosa es inembargable, no puede subastarse, no hay producido\u2026\u201d51<\/a><\/span>. Sostener la equivalencia e<\/span>ntre titularidad, afectaci\u00f3n e inembargabilidad nos pondr\u00eda frente a un beneficio del cual no goza ni siquiera el propio Estado: ning\u00fan bien de propiedad de una comunidad religiosa podr\u00eda ser ejecutado en garant\u00eda de un cr\u00e9dito.<\/p>\n Por otro lado, reducir la afectaci\u00f3n de los inmuebles al uso cultual implicar\u00eda desconocer la entidad que ha tenido el patrimonio de las comunidades religiosas \u2013en especial los de la Iglesia Cat\u00f3lica\u2013 en la historia de nuestro pa\u00eds, del que se ha beneficiado de manera continua tanto el Estado como la sociedad en general52<\/a><\/span>. Debemos conciliar que los bienes de las comunidades religiosas han sido destinados inveteradamente a otras funciones adem\u00e1s de las cultuales, como por ejemplo a actividades educativas y asistenciales, mediante el uso directo del inmueble, o por su dedicaci\u00f3n a la obtenci\u00f3n de rentas destinadas a solventar estas actividades.<\/p>\n En definitiva, estipular qu\u00e9 bienes se encuentran afectados a la consecuci\u00f3n de los fines de estas entidades es una cuesti\u00f3n de hecho que debe ser determinada en cada caso concreto. En algunos supuestos la respuesta es f\u00e1cil; basta advertir que en determinado inmueble se erige una iglesia, una sinagoga, una mezquita, que dentro suyo existe un lugar destinado a la celebraci\u00f3n del culto propio por parte de sus fieles, para que quede protegido con el beneficio de la inembargabilidad. Lo mismo sucede con los inmuebles que alojan dependencias anexas a los templos, o que se destinan a tareas anexas al servicio de culto, o que son la sede de sus ministros religiosos, o en los que se prestan servicios comunitarios. Tambi\u00e9n es f\u00e1cil detectar la afectaci\u00f3n en el caso de edificios destinados a la formaci\u00f3n de ministros, o a otras actividades asistenciales o educativas como hospitales, centros de salud, centros asistenciales, etc. M\u00e1s dif\u00edcil ser\u00e1 el caso de otros bienes cuyo \u00fanico fin ser\u00eda la obtenci\u00f3n de rentas destinadas a solventar las actividades de estas comunidades. En este \u00faltimo supuesto deber\u00eda demostrarse, en concreto, la utilizaci\u00f3n de las rentas en el sostenimiento y consecuci\u00f3n de los fines que determina la propia normativa estatutaria. Finalmente, debemos reconocer que existe una porci\u00f3n del patrimonio de estas entidades, que no tiene afectaci\u00f3n concreta alguna, como pueden ser inmuebles desocupados o lotes bald\u00edos.<\/p>\n Como corolario y en apoyo de esta posici\u00f3n que podr\u00edamos calificar de intermedia, contamos con antecedentes jurisprudenciales que rechazaron la inembargabilidad en el supuesto en que no hubo una afectaci\u00f3n concreta a la consecuci\u00f3n de los fines se\u00f1alados por las normas de la Iglesia Cat\u00f3lica53<\/a><\/span>; soluci\u00f3n que consideramos aplicable, por un principio de igualdad, a las restantes comunidades religiosas reconocidas como tales en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n La inembargabilidad de un bien de propiedad de una comunidad religiosa parte del supuesto de considerar que determinado inmueble est\u00e1 destinado de manera inmediata y exclusiva a la celebraci\u00f3n del culto, residencia o sustento de sus ministros, o para la consecuci\u00f3n de fondos que les permitan desarrollar sus actividades cultuales, asistenciales o de caridad. Este beneficio, en la medida en que presupone que el propietario no pueda dar un destino diverso, evidencia una restricci\u00f3n a su derecho real de dominio54<\/a><\/span>.<\/p>\n Hemos visto que la norma que consagra este beneficio y que lo supedita a la concreta afectaci\u00f3n del inmueble a la consecuci\u00f3n de los fines mencionados, no resulta clara en cuanto a los supuestos que quedan comprendidos en ella. Tampoco queda en claro cu\u00e1ndo, c\u00f3mo y de qu\u00e9 manera la <\/span>restricci\u00f3n a un uso diverso permite tener por cumplido el destino de afectaci\u00f3n y torna al beneficio en operativo y por ende oponible a terceros, y viceversa. Como propusi\u00e9ramos con anterioridad55<\/a><\/span>, entendemos que una norma de car\u00e1cter registral permitir\u00eda dilucidar la cuesti\u00f3n y posibilitar\u00eda alcanzar una soluci\u00f3n plausible. Este tipo de norma, al regular los requisitos y modos de publicitar el destino de afectaci\u00f3n para que sea oponible a terceros56<\/a><\/span>, propiciar\u00eda que se pudiera peticionar el levantamiento de cualquier embargo anotado en contradicci\u00f3n con la ley de fondo, sin que fuera necesario sustanciar un procedimiento incidental. Por su parte, los eventuales acreedores podr\u00edan impugnar la concesi\u00f3n de este beneficio en la medida en que lograran acreditar el incumplimiento de los requisitos establecidos por el nuevo C\u00f3digo57<\/a><\/span>.<\/p>\n De este modo, la publicidad registral derivada de un acto formal de afectaci\u00f3n ser\u00eda el mecanismo eficaz para proteger tanto a los titulares de los bienes eclesi\u00e1sticos, como a los acreedores embargantes. La inscripci\u00f3n de la afectaci\u00f3n tendr\u00eda como resultado que cualquier eventual acreedor, antes de solicitar el embargo de inmueble, podr\u00eda saber de antemano si el mismo resulta inembargable; y para el caso de existir una discordancia entre lo publicitado registralmente y la realidad extrarregistral, podr\u00eda alegar y probar esta discrepancia para obtener la anotaci\u00f3n definitiva del embargo, en miras a una posterior ejecuci\u00f3n del bien.<\/p>\n Estimamos que el acta notarial es el mecanismo id\u00f3neo de afectaci\u00f3n porque cumple con los requisitos del art. 3\u00b0 de la ley 17.801, es decir se trata de un documento aut\u00e9ntico, que hace fe por s\u00ed mismo en cuanto a su contenido registrable, sirve inmediatamente de t\u00edtulo al dominio o al asiento correspondiente, es autorizada por un escribano p\u00fablico con facultades para ello de acuerdo con la normativa del C\u00f3digo Civil y Comercial y normas notariales de cada demarcaci\u00f3n.<\/p>\n No estamos ante un caso en el que se busca publicitar una restricci\u00f3n voluntaria del uso del inmueble, sino ante un supuesto que tiene por objetivo poner en conocimiento de la comunidad que el inmueble se encuentra destinado a la consecuci\u00f3n de ciertos fines que surgen de la norma que concede el beneficio de la inembargabilidad.<\/p>\n Por \u00faltimo, la autorizaci\u00f3n de este instrumento habr\u00e1 de ser requerida por el titular registral, con acreditaci\u00f3n del dominio, transcripci\u00f3n de la documentaci\u00f3n que eventualmente hubiere sido dictada para disponer su afectaci\u00f3n al fin de destino58<\/a><\/span>, y la constataci\u00f3n por parte del notario de la afectaci\u00f3n efectiva del inmueble al cumplimiento de los fines. Luego, habr\u00e1 de ser rogada su inscripci\u00f3n en la parte del asiento registral correspondiente a restricciones al dominio.<\/p>\n Que exista constancia registral de la afectaci\u00f3n \u00bfimpide que el registrador tome nota de un eventual embargo dispuesto en el curso de un proceso judicial?<\/p>\n Entendemos que no. Como se\u00f1ala Kemelmajer de Carlucci \u201c\u2026en concordancia con el criterio expuesto en la IV Reuni\u00f3n Nacional de directores de Registro de la Propiedad Inmueble en el a\u00f1o 1967, seguido en la XXVI Reuni\u00f3n Anual de Directores de Registro de la Propiedad Inmueble realizada en La Plata en el a\u00f1o 1989, el Registro cumplir\u00e1 con su funci\u00f3n publicitaria \u2018tomando raz\u00f3n de los embargos que fueren dispuestos sobre el inmueble, haci\u00e9ndole saber al juez embargante la circunstancia que lo afecta\u2019\u2026\u201d59<\/a><\/span>.<\/span><\/p>\n A<\/span>notado el embargo, pueden darse dos situaciones: a) el titular registral solicit<\/span>a su levantamiento por ser improcedente; b) el acreedor embargante solicita que se mantenga la vigencia de la medida cautelar, pero \u2013llegado el momento procesal oportuno\u2013 pide su inoponibilidad o la desafectaci\u00f3n, a los efectos de llevar a cabo el proceso ejecutorio.<\/p>\n El siguiente p\u00e1rrafo, escrito con motivo del an\u00e1lisis de las cl\u00e1usulas de inembargabilidad plasmadas en la Carta Org\u00e1nica del Banco Hipotecario Nacional60<\/a><\/span>, y que entendemos perfectamente aplicable al instituto bajo an\u00e1lisis en este trabajo, postula: \u201cDado que la protecci\u00f3n legal que brinda la cl\u00e1usula estar\u00e1 condicionada a que el inmueble mantenga su categor\u00eda originaria, conserve su destino los dem\u00e1s requisitos exigidos por la ley, circunstancia esta que escapa a la funci\u00f3n calificadora de los Registros de la Propiedad Inmueble, deber\u00e1 ser evaluada concienzudamente por el Tribunal actuante\u2026\u201d61<\/a><\/span>.<\/p>\n Es decir, no es el Registro de la Propiedad el \u00e1mbito en el cual se debe discutir la procedencia o no del beneficio establecido por el art. 744 del nuevo C\u00f3digo, sino el proceso judicial en el cual se dispuso la medida cautelar sobre un inmueble cuyo uso se encuentra afectado a los fines propios de los bienes eclesi\u00e1sticos.<\/p>\n En s\u00edntesis, la registraci\u00f3n de la afectaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art. 744 del nuevo C\u00f3digo, para el caso de discrepancia entre lo publicitado registralmente y la realidad extrarregistral, otorgar\u00e1 al acreedor la posibilidad de solicitar al Juzgado interviniente la inoponibilidad o directamente la desafectaci\u00f3n de la inembargabilidad. En el caso contrario, permitir\u00e1 al titular de dominio peticionar el levantamiento del embargo<\/p>\n El C\u00f3digo Civil y Comercial distingue a las comunidades o entidades religiosas, como personas jur\u00eddicas distintas de las asociaciones civiles sin fines de lucro, a las fundaciones o a las simples asociaciones.<\/p>\n De conformidad con lo establecido en el art. 142 del C\u00f3digo Civil y Comercial, estas entidades adquieren su personalidad jur\u00eddica desde su constituci\u00f3n. Sin perjuicio de ello, para su reconocimiento como tales en los t\u00e9rminos del inc. e) del art. 148, a falta de nueva reglamentaci\u00f3n vigente, es necesario cumplir con el procedimiento previsto por la ley 21.475, y el Registro de Cultos debe registrar su inscripci\u00f3n.<\/p>\n Con relaci\u00f3n a la inembargabilidad de los bienes de propiedad de estas comunidades, se propone de lege ferenda <\/span>que se dicten normativas registrales a los efectos de determinar los requisitos para que la inscripci\u00f3n de la afectaci\u00f3n resulte oponible a terceros. La norma registral tambi\u00e9n deber\u00e1 especificar la manera de hacer p\u00fablicos los fines a que se encuentra condicionada la afectaci\u00f3n, para facilitar la corroboraci\u00f3n entre lo publicitado y la realidad extrarregistral, con miras a simplificar el pedido de levantamiento de los embargos improcedentes, o allanar el procedimiento incidental o aut\u00f3nomo que inicie cualquier acreedor para obtener la inoponibilidad del beneficio respecto de su cr\u00e9dito, o directamente la desafectaci\u00f3n, con miras a que un proceso de ejecuci\u00f3n permita la satisfacci\u00f3n de su cr\u00e9dito.<\/p>\n 1<\/a> Como sostiene N. Maisley \u201c\u2026Este grupo de intelectuales defendi\u00f3 fuertemente la tolerancia y la libertad de cultos, no necesariamente porque las entendieran valiosas en s\u00ed mismas, pero s\u00ed porque las consideraban fundamentales para lograr el objetivo de fomentar la inmigraci\u00f3n europea\u2026\u201d, cfr. Maisley Nahuel, \u201cLa libertad religiosa en la Argentina\u201d, en la obra de Gargarella, Roberto y G\u00fcidi, Sebasti\u00e1n, Comentarios de la Constituci\u00f3n de la Naci\u00f3n Argentina. Jurisprudencia y Doctrina: una mirada igualitaria<\/span>, Buenos Aires, La Ley, 2016, T II, p. 24-51.<\/p>\n<\/div>\n 2<\/a> Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organizaci\u00f3n pol\u00edtica de la Rep\u00fablica Argentina<\/span>, La Plata, Terramar Ediciones, 2007, p. 96.<\/p>\n<\/div>\n 3<\/a> La Rep\u00fablica Argentina es signataria de tratados internacionales de derechos humanos que desde el a\u00f1o 1994 tienen jerarqu\u00eda constitucional (conforme art. 75 inc. 22), que garantizan el derecho a la libertad religiosa. En este sentido podemos citar el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica que establece que \u201cToda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religi\u00f3n. Este derecho implica la libertad de conservar su religi\u00f3n o sus creencias o de cambiar de religi\u00f3n o de creencias, as\u00ed como la libertad de profesar y divulgar su religi\u00f3n o creencias, individual o colectivamente tanto en p\u00fablico como en privado\u201d (cfr. cita online: InfoLEG <\/a>; o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos que dispone \u201cToda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religi\u00f3n; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religi\u00f3n o las creencias de su elecci\u00f3n, as\u00ed como la libertad de manifestar su religi\u00f3n o sus creencias, individual o colectivamente tanto en p\u00fablico como en privado, mediante el culto, la celebraci\u00f3n de los ritos, las pr\u00e1cticas y la ense\u00f1anza\u201d (cfr. cita online: InfoLEG. Ministerio de Econom\u00eda y Finanza P\u00fablicas – .<\/p>\n<\/div>\n 4<\/a> Navarro Floria, Juan G., \u201cLa personalidad jur\u00eddica de iglesias, confesiones y comunidades religiosas\u201d, en Revista de Derecho Privado y Comunitario 2 (2015), p. 113-141. Por su parte, Maldonado sostiene que \u201c\u2026la libertad religiosa es una libertad colectiva, toda vez que las personas pueden organizarse libremente junto con otras personas, para manifestar sus convicciones, tanto en p\u00fablico como en privado, mediante el culto, la observancia, la pr\u00e1ctica y la ense\u00f1anza. Esto supone que las comunidades y entidades religiosas deben tener el derecho a organizarse libremente\u201d, cfr. Maldonado, Adri\u00e1n, \u201cPersonalidad Jur\u00eddica de las iglesias y entidades religiosas en la Argentina\u201d, Derecho, Estado y Religi\u00f3n<\/span>, vol. 2, 2016 (cita online: 2021: Derecho, Estado y Religi\u00f3n | Derecho,<\/p>\n<\/div>\n 5<\/a> En este sentido, Navarro Floria destaca que la autonom\u00eda implica el derecho a \u201c\u2026a) Darse su propia organizaci\u00f3n interna. b) Definir los requisitos y condiciones de ingreso, pertenencia, permanencia y expulsi\u00f3n o egreso de sus miembros, seg\u00fan principios o par\u00e1metros religiosos no revisables por la autoridad estatal. c) Definir su doctrina, principios de actuaci\u00f3n, liturgia, normas para la formaci\u00f3n, designaci\u00f3n y cese de sus ministros de culto y dem\u00e1s elementos que hagan a su naturaleza religiosa, sin intervenci\u00f3n ni interferencia del Estado\u201d, cfr. Navarro Floria Juan G., op. cit., p. 119.<\/p>\n<\/div>\n 6<\/a> En el presente ac\u00e1pite partimos de esta denominaci\u00f3n, \u00fanicamente porque todas las comunidades religiosas que no pertenecen a la Iglesia Cat\u00f3lica Apost\u00f3lica Romana, son objeto del mismo r\u00e9gimen jur\u00eddico: son personas jur\u00eddicas de derecho privado reguladas por el inc. e) del art. 148 del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n 7<\/a> Como ejemplo podemos citar a las iglesias anglicana y presbiteriana escocesa, autorizadas a edificar iglesias o capillas para el servicio religioso de sus fieles residentes en el territorio de las Provincias Unidas del R\u00edo de la Plata, conforme surge del tratado suscripto el 2 de agosto de 1825 con el Reino Unido, cfr. cita Navarro Floria, Juan G., \u201cLas confesiones religiosas distintas de la Iglesia Cat\u00f3lica en el Derecho argentino\u201d, ED 151-897.<\/p>\n<\/div>\n 8<\/a> El motivo alegado: \u201clos inconvenientes que la experiencia ha manifestado de la facilidad con que se celebran matrimonios de individuos de diferentes creencias, entre s\u00ed, haci\u00e9ndose estos muchas veces de un modo clandestino, ante ministros incompetentes, y disolvi\u00e9ndose despu\u00e9s al arbitrio privado de los contrayentes con grav\u00edsimo perjuicio de la moral p\u00fablica y de la prole\u201d, cfr. Goyena, Juan, Digesto Eclesi\u00e1stico<\/span>, Buenos Aires, 1880, p. 96.<\/p>\n<\/div>\n 9<\/a> Seg\u00fan Navarro Floria, \u201c\u2026la cuesti\u00f3n parece haber perdido inter\u00e9s pr\u00e1ctico para las autoridades una vez producida la secularizaci\u00f3n de los cementerios, instaurado el matrimonio civil obligatorio y creados los registros civiles\u201d, cfr. Navarro Floria Juan G., op. cit. nota 7, p. 899.<\/p>\n<\/div>\n 10<\/a> El art. 2346 del C\u00f3digo Civil dispon\u00eda \u201cLos templos y las cosas religiosas de las iglesias disidentes, corresponden a las respectivas corporaciones, y pueden ser enajenadas en conformidad a sus estatutos\u201d; en tanto que el art. 3740 hac\u00eda referencia al \u201cministro protestante\u201d como incapaz para recibir por testamento bienes de la persona a quien asistiera en su \u00faltima enfermedad.<\/p>\n<\/div>\n 11<\/a> Y con el car\u00e1cter de persona jur\u00eddica de Derecho P\u00fablico, conforme as\u00ed lo estatu\u00eda el art. 33.<\/p>\n<\/div>\n 12<\/a> Este encuadre jur\u00eddico, surgido de la necesidad de hacer efectivos los derechos de asociarse con fines \u00fatiles y de profesar libremente el culto, en algunos casos result\u00f3 ser ajeno a la estructura jer\u00e1rquica de algunas comunidades religiosas que carecen de organizaci\u00f3n democr\u00e1tica, como por ejemplo, la de las Iglesias Ortodoxas que tienen una organizaci\u00f3n similar a la de la Iglesia Cat\u00f3lica.<\/p>\n<\/div>\nI. Introducci\u00f3n<\/h2>\n
II. c<\/span>omunidades religiosas distintas de la Iglesia Cat\u00f3lica6<\/a><\/span><\/h2>\n
A. Antecedentes<\/h3>\n
B. R\u00e9gimen jur\u00eddico<\/h3>\n
III. Registraci\u00f3n de sus bienes<\/h2>\n
IV<\/span>. Inembargabilidad<\/h2>\n
A. Antecedentes normativos<\/h3>\n
B. Fundamentaci\u00f3n de la inembargabilidad<\/h3>\n
C. Inmuebles comprendidos<\/h3>\n
C.1. Tesis amplia<\/h4>\n
C.2. Tesis restringida<\/h4>\n
C.3. Nuestra opini\u00f3n. Tesis intermedia<\/h4>\n
V. R<\/span>egistraci\u00f3n de la inembargabilidad<\/h2>\n
A. Finalidad<\/h3>\n
b. m<\/span>ecanismo de afectaci\u00f3n<\/h3>\n
C. Cuestiones procesales<\/h3>\n
C.1. Relativas a la anotaci\u00f3n del embargo<\/span><\/h3>\n
C.2. Relativas a la desafectaci\u00f3n<\/h4>\n
VI. <\/span>Conclusiones<\/h2>\n
\n