{"id":67202,"date":"2024-11-28T10:34:00","date_gmt":"2024-11-28T13:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/?post_type=reno&p=67202"},"modified":"2026-10-19T11:17:05","modified_gmt":"2026-10-19T14:17:05","slug":"el-sistema-actual-de-responsabilidad-notarial-penal","status":"publish","type":"reno","link":"https:\/\/www.colescba.org.ar\/portal\/?revista=el-sistema-actual-de-responsabilidad-notarial-penal","title":{"rendered":"El sistema actual de responsabilidad notarial penal"},"content":{"rendered":"
\n

Sebasti\u00e1n Justo Cosola<\/p>\n

Sumario:<\/span> Teor\u00eda de la responsabilidad notarial penal<\/a>. Lagunas del derecho y reglas de interpretaci\u00f3n. Diferencias entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal<\/a>. El recurso de la analog\u00eda en la responsabilidad civil<\/a>. El principio de legalidad en el derecho penal<\/a>. Consecuencias del principio de legalidad. La cuesti\u00f3n constitucional<\/a>. El an\u00e1lisis del principio de legalidad desde las dem\u00e1s disciplinas del derecho p\u00fablico<\/a>. Influencia de los principios en la interpretaci\u00f3n y en el razonamiento jur\u00eddico actual<\/a>. Apuntes sobre el derecho penal y la teor\u00eda del delito<\/a>. El delito. Posici\u00f3n de Bacigalupo en torno al delito considerado como una infracci\u00f3n a los deberes \u00e9tico-sociales<\/a>. Los elementos del delito<\/a>. Configuraci\u00f3n de la naturaleza de la figura del notario<\/a>. Desde el derecho penal<\/a>. La clave: los conceptos. El notario no es un funcionario p\u00fablico<\/a>. El documento y la impugnaci\u00f3n de la autenticidad<\/a>. La falsedad<\/a>. La falsedad documental<\/a>. Las clases de falsedad<\/a>. Falsedad material<\/a>. Falsedad material agravada<\/a>. La falsedad y el derecho inform\u00e1tico<\/a>. Falsedad ideol\u00f3gica<\/a>. Falsedad ideol\u00f3gica agravada<\/a>. Palabras finales<\/a>.<\/p>\n

Teor\u00eda de la responsabilidad notarial penal<\/h2>\n

En su fant\u00e1stica tesis doctoral, el jurista argentino Atilio Alterini <\/span>ense\u00f1aba que el propio concepto y alcance de la responsabilidad jur\u00eddica impone al jurista seguir dos caminos bien diferenciados: uno es el del resarcimiento<\/span>,<\/span> propio de la civil, y el otro el de la represi\u00f3n<\/span>, propio de la penal1<\/a><\/span><\/span>. Coincidentemente con estas apreciaciones, la responsabilidad penal notarial<\/span> <\/span>presenta un car\u00e1cter represivo o aflictivo<\/span>, ya que se funda originariamente en la necesidad de sancionar una conducta que es contraria al derecho2<\/a><\/span><\/span>. Seg\u00fan Gattari, este tipo de responsabilidad es la m\u00e1s importante, porque se relaciona con el orden p\u00fablico y porque, adem\u00e1s, es la que prev\u00e9 las sanciones m\u00e1s graves, generando en la persona del notario consecuencias que escapan a su actuar recurrente y cotidiano: posible privaci\u00f3n de la libertad o inexistencia de solidaridad entre el escribano titular y el adscripto, que, al igual que lo sostiene Adriana Abella, no se extiende ni siquiera a sus respectivos herederos3<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Con la contundencia que lo caracterizaba, Neri comenzaba a tratar el tema estableciendo un principio general: \u201c\u2026 la ley reprueba la inconducta del notario en el ejercicio de su funci\u00f3n p\u00fablica\u201d, y as\u00ed, en el terreno penal, \u201cel notario es imputable cuando de manera intencional no ejecuta la ley cuyo cumplimiento le incumbe, o cuando ilegalmente la omite, o cuando reh\u00fasa hacer o retarda un acto de su oficio4<\/a><\/span><\/span>\u201d. <\/span>Para este autor, la responsabilidad penal emerge de la actuaci\u00f3n delictuosa del escribano que genera el cumplimiento de un delito, \u201ca sabiendas y con intenci\u00f3n de da\u00f1ar\u201d, desconociendo lo que le compete a su funci\u00f3n5<\/a><\/span><\/span>. La sola opci\u00f3n notarial de vincularse a un negocio jur\u00eddico, argumentaba Francisco Mart\u00ednez Segovia, le impone al notario actuar con responsabilidad6<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Seg\u00fan se ha afirmado, el escribano puede \u201cdesafiar\u201d la ley penal desde dos ubicaciones diferentes: como simple persona humana actuando fuera del ejercicio funcional, o como agente de la funci\u00f3n p\u00fablica, \u201cabusando de su profesi\u00f3n o comprometiendo la fe p\u00fablica de que est\u00e1 investido\u201d7<\/a><\/span><\/span>. Interesa aqu\u00ed la segunda de las opciones descriptas, por cuanto el instrumento p\u00fablico contiene la certeza de verdad y plena fe, mientras el mismo no sea arg\u00fcido de falso8<\/a><\/span><\/span>. Tal como oportunamente se expresara, en este tipo de responsabilidad se trata, en \u00faltima instancia, de sostener la defensa penal de la fe p\u00fablica<\/span>9<\/a><\/span><\/span>. En id\u00e9ntico sentido se expide el maestro del derecho civil y notarial peruano Gunther Gonzales Barr\u00f3n10<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Sobre el concepto unitario y gen\u00e9rico de la acci\u00f3n il\u00edcita, se persigue la punibilidad de la actuaci\u00f3n, ya que de la misma se deriva un perjuicio hacia el Estado, hacia los particulares y hacia la sociedad11<\/a><\/span><\/span>. Pero siempre teniendo en cuenta que, por la singularidad propia de la funci\u00f3n notarial, al notario le ser\u00e1n aplicables \u00fanicamente las normas especiales de las cuales puedan alcanzar a emerger responsabilidades espec\u00edficas y determinadas12<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La responsabilidad penal<\/span> <\/span>se origina entonces cuando el notario \u201cencasilla\u201d su actuar en alg\u00fan tipo previsto en el C\u00f3digo Penal<\/span> o en leyes especiales de esta naturaleza, dirigiendo su \u201caccionar positivo\u201d hacia la configuraci\u00f3n del tipo establecido en la norma tal como el mismo se encuentra descripto. Es la propia conducta del notario la que crea, dentro de la norma t\u00edpica, este tipo de responsabilidad; implica sostener que la misma establece un \u201ccastigo a la conducta contraria a la establecida\u201d13<\/a><\/span><\/span>. Y esa conducta, l\u00f3gicamente, siempre tiene que ocurrir en el ejercicio de la funci\u00f3n notarial, porque, aunque el notario fuera en su vida personal un delincuente<\/span>, <\/span>no existir\u00e1 sobre esa conducta responsabilidad penal, respondiendo el mismo como una persona humana14<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Sus fines principales son intimidatorios y preventivos15<\/a><\/span><\/span>, agreg\u00e1ndose a las finalidades aludidas inclusive, las del car\u00e1cter \u201chigi\u00e9nico\u201d16<\/a><\/span><\/span>. Se trata entonces de prevenir actuaciones delictuosas cometidas por el notario, dando con ello satisfacci\u00f3n a la sociedad ofendida por las desviaciones de su conducta<\/span>17<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La cl\u00e1sica remisi\u00f3n acad\u00e9mica a los delitos penales cometidos por el notario realizada por Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez Palomino hace referencia a aquellos casos relacionados con:<\/p>\n

a. La veracidad<\/span> <\/span>(falsedad material o ideol\u00f3gica);<\/p>\n

b. La lealtad<\/span> <\/span>(violaci\u00f3n de secreto profesional), y<\/p>\n

c. La custodia<\/span> (infidelidad en el deber de conservaci\u00f3n documental)18<\/a><\/span><\/span>. En igual sentido, Jos\u00e9 Mar\u00eda Sanahuja y Soler19<\/a><\/span><\/span> y en nuestro pa\u00eds, Carlos Gattari, que, adem\u00e1s, los reconoce como los tres deberes capitales<\/span> del notario20<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Debe tambi\u00e9n recordarse que el tema relativo a la \u201cfunci\u00f3n notarial y responsabilidad\u201d fue ampliamente considerado y debatido en el marco de la celebraci\u00f3n de la XXVI Jornada Notarial Bonaerense (Tandil, 1986). Sobre ciertas ideas que ir\u00e1n despleg\u00e1ndose a lo largo del presente ensayo, all\u00ed se expres\u00f3 que el notario, como profesional del derecho investido adem\u00e1s por el Estado con facultades que lo habilitan para el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica, ser\u00e1 responsable cuando incumple las obligaciones que le impone el ejercicio de su funci\u00f3n21<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Aclaradas las cuestiones referidas a la naturaleza de la funci\u00f3n notarial y a su relaci\u00f3n con los documentos p\u00fablicos, habr\u00e1 que agregar a estas clasificaciones, los casos relativos al secreto profesional y violaci\u00f3n de la intimidad; las informaciones relevantes que realiza el notario en el ejercicio de la funci\u00f3n, relacionadas con los delitos contra el orden econ\u00f3mico y financiero, ya sea desde las leyes especiales o desde el propio articulado del C\u00f3digo <\/span>Penal. Y tambi\u00e9n las denominadas acciones neutrales<\/span> <\/span>que tienen en cuenta si existe o no existe responsabilidad en el notario como part\u00ed<\/span>cipe en un delito, al momento de instrumentar un acto, posiblemente reprochable, que ingresa a la circulaci\u00f3n del tr\u00e1fico22<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Lagunas del derecho y reglas de interpretaci\u00f3n: diferencias entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal<\/h2>\n

Exponiendo los resultados de las investigaciones de varias generaciones de juristas, Carlos Cossio planteaba que existen \u201clagunas del derecho\u201d y tambi\u00e9n \u201clagunas de la ley\u201d. La referencia a las \u201clagunas del derecho\u201d responde a un problema l\u00f3gico, que parte de considerar que todo caso judicial puede ser comprendido en g\u00e9neros normativos de su propio sistema legal, por cuanto no existen decisiones l\u00f3gicamente imposibles por falta de las normas que las convaliden<\/span>23<\/a><\/span><\/span>. La referencia a \u201clagunas de la ley\u201d es diferente, la misma se encuentra dirigida a tratar las soluciones injustas o inconvenientes que resultan de aplicar la propia ley<\/span>, comprendiendo que esa injusticia o inconveniencia, si bien son derivadas de la propia ley, no son las queridas por ella o por el legislador creador, teniendo en cuenta la justicia o conveniencia lograda por la misma norma en otros \u00e1mbitos de aplicaci\u00f3n<\/span>24<\/a><\/span><\/span>. Nunca mejor expresada la siguiente expresi\u00f3n: no todo lo legal es moral; no todo lo legal genera justicia. Sobre la misma clasificaci\u00f3n, alcanza a expresarse Francesco Carnelutti: no es propio del ordenamiento jur\u00eddico ser perfecto por cuanto en \u00e9l existen lagunas; de lo que se trata es de que las mismas \u201csean eliminadas mediante un dispositivo\u201d que, superadas las controversias, puede ser comprendido dentro de lo que se denomina \u201cautointegraci\u00f3n de la ley\u201d25<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

El tema de las lagunas del derecho<\/span> nos posiciona frente a lo que los juristas vienen planteando hace mucho tiempo: ninguna legislaci\u00f3n, por m\u00e1s comprensiva que sea, puede alcanzar a prever todos los casos de la vida, en especial los del futuro, y por ello, en todo sistema jur\u00eddico siempre existir\u00e1n esas lagunas o vac\u00edos legales que, ocurridos, requieren de respuesta26<\/a><\/span><\/span>. La doctrina positivista que sosten\u00eda que no existen lagunas en el derecho porque el mismo es capaz de autoabastecerse a s\u00ed mismo a trav\u00e9s de la plenitud que ofrece el sistema se encuentra casi totalmente abandonada27<\/a><\/span><\/span>. De esta manera el positivismo, frente al caso ocurrido, pero no previsto, \u00fanicamente se limita a constatar la diversidad rehus\u00e1ndose \u201ca ocuparse del mismo por considerarlo jur\u00eddicamente irrelevante\u201d28<\/a><\/span><\/span>. Pero las lagunas existen, y en general, se advierten cuando concurre ausencia de regulaci\u00f3n legal frente a un caso ocurrido, o cuando existe imperfecci\u00f3n t\u00e9cnica, etc\u00e9tera29<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

El siempre vigente Carlos Nino advert\u00eda la problem\u00e1tica en tratamiento desde lo que denominaba defectos l\u00f3gicos de los sistemas jur\u00eddicos<\/span>30<\/a><\/span><\/span>. A diferencia de las \u201ccontradicciones entre las normas jur\u00eddicas que imputan al mismo caso soluciones incompatibles\u201d31<\/a><\/span><\/span> o de los casos de \u201credundancia normativa\u201d caracterizada por \u201cel exceso de soluciones que el sistema jur\u00eddico estipula para los mismos casos\u201d siendo las mismas compatibles y reiterativas32<\/a><\/span><\/span>, las \u201clagunas del derecho\u201d ocurren cuando el sistema jur\u00eddico carece de soluci\u00f3n normativa respecto de cierto caso en particular33<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

El recurso de la analog\u00eda en la responsabilidad civil<\/h2>\n

La denominada interpretaci\u00f3n por analog\u00eda<\/span> <\/span>es el recurso que se utiliza para combatir las lagunas del derecho en el derecho privado. El recurso de la analog\u00eda<\/span> consiste en asimilar un determinado caso que no se encuentra calificado normativamente con otro que s\u00ed lo est\u00e1, y al que se recurre teniendo especialmente en cuenta alguna propiedad en com\u00fan que compartan ambos casos34<\/a><\/span><\/span>. El int\u00e9rprete advierte una semejanza en los casos que le parece suficiente para justificar la utilizaci\u00f3n del recurso; por lo tanto, las notas esenciales para la aplicaci\u00f3n del recurso son la \u201csemejanza\u201d y la \u201cidentidad\u201d entre ambos casos35<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

No es un procedimiento mec\u00e1nico, pero al aplicarse, el juez adquiere un \u201camplio margen de arbitrio\u201d36<\/a><\/span><\/span>. Seg\u00fan se advierte, adem\u00e1s, existe analog\u00eda de la ley y analog\u00eda del derecho. La primera ocurre cuando ante el vac\u00edo de la ley se aplica una norma legal \u2013de lo particular a lo general\u2013. La analog\u00eda del derecho, en cambio, induce de las reglas particulares principios generales que luego ser\u00e1n los que se aplicar\u00e1n al caso en concreto37<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La analog\u00eda se encuentra prevista en el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n<\/span> <\/span>y su funci\u00f3n no es crear derecho, sino integrarlo38<\/a><\/span><\/span>, en los casos en que sea necesario hacerlo39<\/a><\/span><\/span>, ya que como ordena la norma, \u201cla ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes an\u00e1logas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jur\u00eddicos, de modo coherente con todo el ordenamiento\u201d <\/span>(art. 2)40<\/a><\/span><\/span>. La respuesta opuesta al positivismo que niega la cuesti\u00f3n de las lagunas del derecho, ense\u00f1aba el maestro Zinny,<\/span> proviene del C\u00f3digo Civil de V\u00e9lez Sarsfield, en el sistema anteriormente vigente se establec\u00eda lo siguiente: \u201cLos jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes\u201d (art. 15). En el C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n, la norma impone al juez el deber de resolver \u201clos asuntos que sean sometidos a su jurisdicci\u00f3n mediante una decisi\u00f3n razonablemente fundada\u201d (art. 3). De los fundamentos del anteproyecto del <\/span>C\u00f3digo Civil y Comercial de <\/span>la Naci\u00f3n<\/span> elevado por la comisi\u00f3n para su consideraci\u00f3n, se desprende lo siguiente: \u201cEl anteproyecto distingue normativamente el derecho de la ley. Una identificaci\u00f3n entre ambos no es admisible en el estadio actual de la evoluci\u00f3n jur\u00eddico-filos\u00f3fica (\u2026) Una de las funciones que puede cumplir el t\u00edtulo preliminar es la de aportar algunas reglas que confieren una significaci\u00f3n general a todo el C\u00f3digo. De este modo, el sistema adquiere un n\u00facleo que lo caracteriza y que sirve de marco de comprensi\u00f3n de una gran cantidad de cuestiones de interpretaci\u00f3n y de integraci\u00f3n de lagunas. No se trata de un aporte general al modo en que fuera pensado en la pandect\u00edstica alemana, sino del dise\u00f1o de unas l\u00edneas de base enfocadas en la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica razonable dentro de un sistema de derecho basado en principios y reglas\u201d41<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

En un ensayo de responsabilidad notarial la referencia a la analog\u00eda es relevante, por cuanto esta ser\u00e1 posible en el \u00e1mbito de la responsabilidad civil, pero no en el de la responsabilidad penal.<\/p>\n

El principio de legalidad en el derecho penal<\/h2>\n

Como bien lo argumentan los autores en estudio, no es posible admitir que los jueces en el \u00e1mbito penal extiendan las normas penales a los comportamientos que no se encuentran previstos en las mismas42<\/a><\/span><\/span>; esto es as\u00ed porque el principio de tipicidad en el derecho penal ordena que la conducta sancionable debe ser expresa, ya que, si no lo est\u00e1, la persona se encontrar\u00e1 dentro de los par\u00e1metros de la libertad de obrar43<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Las normas penales, explicaba Carlos Font\u00e1n Balestra, son normas de excepci\u00f3n; esto significa que tienen un particular modo de estar redactadas, diferentes a las normas del derecho civil44<\/a><\/span><\/span>. Con una notable dial\u00e9ctica, el maestro argentino de derecho penal nos obsequiaba esta frase clarificadora: \u201cLa ley penal est\u00e1 llena de silencios, y en materia penal, el silencio es libertad\u201d45<\/a><\/span><\/span>. <\/span>Existe una notable diferencia, en derecho penal, entre la libertad y el derecho; \u201cla libertad es un atributo que la naturaleza ha dotado en los seres vivos, mientras que el derecho es una creaci\u00f3n de la sociedad\u201d46<\/a><\/span><\/span>. <\/span>Es por esta raz\u00f3n que, desde un an\u00e1lisis constitucional del tema, bien se ense\u00f1a que la acci\u00f3n humana consiste en un ejercicio; un hacer o no hacer algo que la ley manda o que la ley proh\u00edbe (art. 19 CN); y sobre esa acci\u00f3n, llevar a cabo un hecho que puede dar lugar a un proceso y a una eventual condena (art. 18 CN); tener libertad para actuar o no actuar conforme a lo requerido o prohibido por la ley47<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Uno de los principios de la ley penal es el denominado principio de legalidad<\/span>. La funci\u00f3n decisiva de la ley penal es la garant\u00eda de la libertad, y por ello, afirma Bacigalupo, esa funci\u00f3n se expresa con la f\u00f3rmula nullum crimen, nulla poena sine lege<\/span>48<\/a><\/span><\/span>, a la que Hans Kelsen, recordemos, otorga consecuencia directa no solamente para los delitos penales, sino para todo tipo de sanci\u00f3n, precisamente porque ese principio, desde su singular perspectiva, no es sino una consecuencia del \u201cpositivismo jur\u00eddico\u201d49<\/a><\/span><\/span>. De este principio emergen otros tratamientos relevantes, como el de las leyes penales m\u00e1s benignas, dignos de toda consideraci\u00f3n50<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Un principio que, en forma abstracta, implica \u201cdar a la palabra ley el sentido de norma preestablecida a la acci\u00f3n que se juzga delictiva\u201d <\/span>es algo esencial y relevante, ya que, como sostiene el maestro Sebasti\u00e1n Soler, \u201casume el car\u00e1cter de verdadero principio necesario para la construcci\u00f3n de toda actividad punitiva que pueda hoy ser calificada como jur\u00eddica y no como un puro r\u00e9gimen de fuerza\u201d51<\/a><\/span><\/span>. En definitiva, un principio que adquiere un car\u00e1cter fundamental en el derecho penal como verdadero principio constitucional y penal, sin que importe para este tema cu\u00e1l es el an\u00e1lisis de la teor\u00eda de la pena que vaya a efectuarse. De esta forma, ninguna sentencia condenatoria puede dictarse imponiendo una pena que no haya sido prevista en una ley previa: el razonamiento judicial debe comenzar con la ley52<\/a><\/span><\/span>. En resumen, puede afirmarse lo siguiente: \u201cNo hay crimen sin ley, no hay pena sin ley\u201d. No obstante lo antedicho, desde un an\u00e1lisis iusfilos\u00f3fico de la cuesti\u00f3n de alto nivel, es posible en el derecho penal encontrar casos m\u00e1s dif\u00edciles que otros para aplicar la interpretaci\u00f3n, debiendo entre ellos primar ciertos \u201cprincipios\u201d como los que se desprenden de una visi\u00f3n \u201ccoherente\u201d del derecho53<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Consecuencias del principio de legalidad. La cuesti\u00f3n constitucional<\/h2>\n

Desde el principio, se alude a la necesidad de que los jueces realicen una interpretaci\u00f3n rigurosa de las disposiciones legales. Eso significa que el juez vinculado no solamente al orden legal, sino al jur\u00eddico, en ocasiones no puede desatenderse de los valores fundamentales que el propio ordenamiento promueve y respalda, esencialmente el de justicia. En el caso del juez penal, el mismo no puede hacer justicia \u201ccon total independencia de la ley ni tampoco solo seg\u00fan su particular percepci\u00f3n de la misma\u201d54<\/a><\/span><\/span>. La diferencia con el principio de analog\u00eda del derecho privado es realmente evidente. Desde aqu\u00ed las consecuencias emergentes del principio de legalidad<\/span>: <\/p>\n

a. Lex certa<\/span>, <\/span>implica que la ley dictada por el Congreso cumple con el principio de legalidad si contiene una descripci\u00f3n tanto de las prohibiciones como de las sanciones previstas para su violaci\u00f3n55<\/a><\/span><\/span>. Para el derecho penal actual, argumenta el referido Soler, \u201csolamente el Estado es fuente de derecho en el primer sentido de la expresi\u00f3n\u201d56<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

b. Lex stricta<\/span>, se refiere a la ya referida prohibici\u00f3n de la analog\u00eda. Sin embargo, gran parte de la doctrina entiende que esa prohibici\u00f3n no es aplicable en el supuesto de la denominada analog\u00eda in bonan partem<\/span>, que est\u00e1 legitimada por referirse a circunstancias atenuantes o excluyentes de la responsabilidad57<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

c. Lex scripta<\/span>,<\/span> es lo que afirma que la ley es la \u00fanica fuente del derecho penal, ya que existe prohibici\u00f3n de fundamentar la punibilidad en el derecho consuetudinario58<\/a><\/span><\/span>, y<\/p>\n

d. Lex praevia<\/span>, <\/span>se encuentra relacionada con la prohibici\u00f3n de la aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley penal.<\/p>\n

La Constituci\u00f3n Nacional<\/span> establece lo siguiente: \u201cNing\u00fan habitante de la Naci\u00f3n puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra s\u00ed mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos…\u201d (art. 18, parte pertinente).<\/p>\n

El an\u00e1lisis del principio de legalidad desde las dem\u00e1s disciplinas del derecho p\u00fablico<\/h2>\n

Es realmente relevante asumir lo antedicho desde el an\u00e1lisis de los mismos principios desde el derecho p\u00fablico constitucional y administrativo. Ense\u00f1a Juan Carlos Cassagne que en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n P\u00fablica el \u201cprincipio de legalidad\u201d se concibe de varias acepciones; para la que aqu\u00ed interesa, diremos que toda actuaci\u00f3n administrativa debe estar fundada en una ley material, que es una garant\u00eda a favor de las personas. Desde este principio, en materia tributaria, por ejemplo, no puede imponerse tributo alguno sin ley con la cl\u00e1sica f\u00f3rmula nullo tributum sine lege<\/span>, conformando esto una verdadera derivaci\u00f3n del principio gen\u00e9rico de legalidad59<\/a><\/span><\/span>. Posteriormente, el maestro argentino analiza el \u201cprincipio de libertad\u201d60<\/a><\/span><\/span>, argumentando la relevancia del principio de reserva en nuestra Carta Magna (art. 19), al momento de establecer lo siguiente: \u201cLas acciones privadas de los hombres que de ning\u00fan modo ofendan al orden y a la moral p\u00fablica est\u00e1n solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ning\u00fan habitante de la Naci\u00f3n est\u00e1 obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no proh\u00edbe\u201d. <\/span>En muchos aspectos del derecho administrativo, se reconoce que es posible concebir la libertad como principio general del derecho o como un mandato negativo que permite desencadenar acciones que impidan su violaci\u00f3n61<\/a><\/span><\/span>, por cuanto, por ejemplo, la libertad de una empresa para ejercer el comercio o industria l\u00edcita puede verse afectada por no obtener una autorizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n para funcionar aun teniendo el derecho a que se le conceda. La Administraci\u00f3n podr\u00e1 revocar la decisi\u00f3n62<\/a><\/span><\/span>. Desde el derecho penal, en sinton\u00eda con lo anteriormente expuesto, se sostiene que la creaci\u00f3n de figuras penales gen\u00e9ricas y su consecuente complementaci\u00f3n a trav\u00e9s de la discrecionalidad por la autoridad administrativa violenta los principios de legalidad y tipicidad del derecho penal63<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La equiparaci\u00f3n de los principios de legalidad y libertad en el derecho p\u00fablico son relevantes para poder advertir o visualizar una misma tendencia, aun con matices, en ese sentido de proyectar el referido derecho. En l\u00edneas generales, el derecho tributario y la responsabilidad notarial que emerge como agente de recaudaci\u00f3n del mismo se orienta en el mismo sentido aludido a los principios en tratamiento.<\/p>\n

Influencia de los principios en la interpretaci\u00f3n y en el razonamiento jur\u00eddico actual<\/h2>\n

Resulta valorable destacar del \u00faltimo<\/span> autor en estudio, la referencia que realiza desde una posici\u00f3n que considera el nuevo sistema de fuentes del derecho que resulta ser promovido por el fen\u00f3meno de transformaci\u00f3n del derecho actual; as\u00ed se dirige a adoptar una visi\u00f3n m\u00e1s cercana a los principios que a la rigidez del sistema impuesto por el positivismo legalista64<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Se refiere al \u201cderecho natural\u201d que no suprime al derecho positivo, sino que \u201clo tiene como uno de los principales componentes del modelo\u201d, <\/span>partiendo de la idea que establece que las normas jur\u00eddicas \u201cconforman preceptos racionales imperativos y directivos de la acci\u00f3n humana hacia el bien com\u00fan\u201d65<\/a><\/span><\/span>. Los deberes humanos son indemostrables y aprendidos por evidencia al momento de presentarse una cuesti\u00f3n de car\u00e1cter \u00e9tico o jur\u00eddico, como puede acontecer con el principio esencial: \u201cel bien ha de hacerse, y el mal evitarse\u201d66<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La Constituci\u00f3n Nacional se refiere a que \u201clos principios, garant\u00edas y derechos reconocidos en los anteriores art\u00edculos no podr\u00e1n ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio\u201d (art. 28). <\/span>Esto implica que, para cumplir con el precepto, es necesario recurrir a la razonabilidad ponderativa y a la igualdad en una interrelaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho, en respeto a los bienes humanos b\u00e1sicos, que se realizan a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de las reglas propias de la razonabilidad pr\u00e1ctica67<\/a><\/span><\/span>. Para profundizar estas reflexiones, la referencia a John Finnis68<\/a><\/span><\/span> es esencial; de la misma manera que en nuestro pa\u00eds a los profesores Carlos Massini Correas69<\/a><\/span><\/span> o Rodolfo Vigo70<\/a><\/span><\/span>. Desde el notariado, estas formulaciones fueron elevadas al m\u00e1ximo de su esplendor por Juan Vallet de Goytisolo71<\/a><\/span><\/span> y Juan Francisco Delgado de Miguel72<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Aunque con algunos matices interesantes que escapan al an\u00e1lisis de este ensayo, hay que reconocer que, en el presente siglo, el derecho en general se orienta hacia este sentido. Desde el derecho p\u00fablico, los aportes ejemplificativos de Carlos Balb\u00edn73<\/a><\/span><\/span>, Carlos Botassi74<\/a><\/span><\/span> o Carlos Guariglia75<\/a><\/span><\/span>, orientan el estudio, reitero, con matices, hacia una visi\u00f3n principista del derecho.<\/p>\n

Apuntes sobre el derecho penal y la teor\u00eda del delito<\/h2>\n

Los fundamentos del derecho penal, seg\u00fan Luigi Ferrajoli, se encuentran en su comprensi\u00f3n como ciencia t\u00e9cnica de \u201cdefinici\u00f3n, comprobaci\u00f3n y represi\u00f3n de la desviaci\u00f3n\u201d, que terminan por comprenderse, cualquiera fuera el modelo normativo y epistemol\u00f3gico escogido para explicarlo, desde los an\u00e1lisis del delito, la pena y el proceso76<\/a><\/span><\/span>. El ya aludido maestro Bacigalupo ense\u00f1a que, en l\u00edneas generales, la teor\u00eda del delito<\/span>, independientemente de las doctrinas explicativas que la vienen fundamentando hist\u00f3ricamente, es un medio t\u00e9cnico que ofrece el derecho para poder establecer a qui\u00e9n se debe imputar un determinado hecho y qui\u00e9n debe responder por ellos de manera personal77<\/a><\/span><\/span>. Es un \u201cinstrumento conceptual que tiene la finalidad de permitir la aplicaci\u00f3n racional de la ley a un caso\u201d78<\/a><\/span><\/span>. Es, en definitiva, \u201cuna teor\u00eda de la aplicaci\u00f3n de la ley penal\u201d79<\/a><\/span><\/span>, que cumple con una doble funci\u00f3n trascendente: mediar entre la ley y la soluci\u00f3n del caso concreto, y hacer lo propio tambi\u00e9n entre la ley y los hechos que son objeto del juicio80<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

En nuestro medio, Sebasti\u00e1n Soler confirma que el an\u00e1lisis de la disposici\u00f3n penal debe dejar en claro de manera inmediata dos partes esenciales y bien diferenciadas: el \u201cprecepto\u201d, como descripci\u00f3n sint\u00e9tica de un modo de conducta, y la \u201csanci\u00f3n\u201d, que es la pena que el modo de conducta genera o acarrea81<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Eugenio Zaffaroni plantea que la teor\u00eda del delito constituye la m\u00e1s importante concreci\u00f3n de la funci\u00f3n reductora del derecho penal en cuanto a las leyes penales manifiestas<\/span>82<\/a><\/span><\/span>. Esto implica comprender que, en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, la teor\u00eda del delito<\/span> sirve para \u201cverificar si est\u00e1n dados los presupuestos para requerir del Poder Judicial una respuesta habilitante del ejercicio del poder punitivo\u201d83<\/a><\/span><\/span>. La teor\u00eda de la pena, en cambio, tiene la tarea de preguntarse c\u00f3mo debe responder el Poder Judicial frente al delito cometido84<\/a><\/span><\/span>. Conocida es su posici\u00f3n en torno a proliferar la tendencia que establece que el Estado de Derecho debe abandonar la legitimaci\u00f3n de la pena y del poder punitivo, por carecer de racionalidad canalizando, precisamente, un elemento irracional como la venganza. Si el denominado saber jur\u00eddico penal pudiera alcanzar tal objetivo, tendr\u00eda la noble funci\u00f3n de proyectar normativamente su contenci\u00f3n para alcanzar a preservar al Estado de Derecho desde una posici\u00f3n eminentemente humanitaria85<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Otra posici\u00f3n es la que formulara oportunamente el profesor Esteban Righi; seg\u00fan su visi\u00f3n, la teor\u00eda del delito tiene como principal objeto formular reglas generales que sirvan para imputar cualquier hecho punible a ciertas personas a las que les es atribuida la responsabilidad por haberlo cometido, sin afectar las particularidades que plantea cada caso en particular86<\/a><\/span><\/span>. La teor\u00eda del delito, asegura Mariano Silvestroni, despierta fascinaci\u00f3n: \u201caunque la importancia que se le asigna como teor\u00eda es inversamente proporcional al efecto pr\u00e1ctico de sus discusiones, y especialmente, al efecto axiol\u00f3gico y jur\u00eddico de sus elucubraciones\u201d87<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

El delito. Posici\u00f3n de Bacigalupo en torno al delito considerado como una infracci\u00f3n a los deberes \u00e9tico-sociales<\/h2>\n

La definici\u00f3n t\u00e9cnica del delito<\/span> se refiere al mismo como acci\u00f3n punible<\/span>88<\/a><\/span><\/span>. <\/span>En raz\u00f3n de su estrecha relaci\u00f3n con otros institutos como la pena, se avanza hacia una definici\u00f3n algo m\u00e1s profunda, que define al delito como acci\u00f3n t\u00edpicamente antijur\u00eddica y culpable<\/span>89<\/a><\/span><\/span> o como \u201cacci\u00f3n t\u00edpicamente antijur\u00eddica, culpable y adecuada a una figura penal\u201d90<\/a><\/span><\/span>. Sociol\u00f3gicamente, el delito conforma una \u201cperturbaci\u00f3n grave al orden social\u201d91<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

As\u00ed como se viene desarrollando incluso hist\u00f3ricamente, conforman el concepto de delito la acci\u00f3n<\/span>, la tipicidad<\/span>, la antijuricidad<\/span> <\/span>y la culpabilidad<\/span>92<\/a><\/span><\/span>.<\/span>Un delito opera como hecho f\u00e1ctico juzgado; no son los delitos las leyes descriptas en la parte especial del C\u00f3digo Penal ni cualquier otra figura legal, sino \u201clos comportamientos humanos, t\u00edpicos, antijur\u00eddicos y culpables\u201d93<\/a><\/span><\/span>. Por esta raz\u00f3n se afirma que cualquier imputaci\u00f3n penal reconoce un doble fundamento: la comisi\u00f3n de un hecho il\u00edcito prohibido por la norma y que el sujeto que lo cometa sea considerado culpable<\/span>94<\/a><\/span><\/span>.<\/span><\/p>\n

Sobre esto, quisiera destacar un aspecto que me ha parecido relevante de la obra del maestro Bacigalupo cuando se refiere a la teor\u00eda del delito y los elementos que hist\u00f3ricamente lo conforman. El profesor se pregunta qu\u00e9 es lo que determina que un hecho sea merecedor de una pena. Y aclara que la pregunta es verdaderamente novedosa para la ciencia penal, y que, desde su perspectiva, parece claro que la respuesta deber\u00eda orientarse a considerar un hecho dentro de un orden de valores diferente tambi\u00e9n del jur\u00eddico, que confirma que en un orden estatal conviven dos tipos de ordenamientos jur\u00eddicos: uno social, conformado por ideas morales generales de donde emergen las \u201cexigencias fundamentales de la vida social\u201d y el otro, el propio estatal, que es su aut\u00e9ntica expresi\u00f3n. Desde esta perspectiva, el delito como \u201ccomportamiento merecedor de la pena\u201d consiste en \u201cla infracci\u00f3n de ciertos deberes \u00e9tico-sociales\u201d95<\/a><\/span><\/span>. L\u00f3gicamente que para que esos comportamientos sean considerados delitos, deben los mismos \u201ccumplir\u201d con todos los elementos estructurales del mismo. Las dem\u00e1s exigencias de la vida social que no se estructuren con esos elementos, pero que claramente importen una violencia sobre los comportamientos efectuados por aquellas personas de las que se espera otro tipo de conducta, tendr\u00e1n otro canal de sanci\u00f3n ajeno al derecho penal, pero no por ello menos importante.<\/p>\n

En definitiva, para que pueda configurarse la responsabilidad penal notarial hay que ubicar y consolidar su actuaci\u00f3n dentro de los c\u00e1nones antes referidos, y prestando particular atenci\u00f3n a los elementos estructurales que lo sostienen, en los supuestos de delitos especiales descriptos en el C\u00f3digo Penal<\/span>, o en aquellos casos previstos en las leyes especiales.<\/p>\n

Los elementos del delito<\/h2>\n

La teor\u00eda del delito se encuentra integrada por las mismas categor\u00edas que fueran proclamadas hace m\u00e1s de una centuria96<\/a><\/span><\/span>. Ellas son: <\/p>\n

a. La <\/span>acci\u00f3n<\/span>, que comprende la conducta humana y el resultado que la misma ocasiona, sea la misma generada por comisi\u00f3n de una acci\u00f3n o por omisi\u00f3n de una acci\u00f3n97<\/a><\/span><\/span>. Es funci\u00f3n de la acci\u00f3n la de establecer \u201cel m\u00ednimo de los elementos que determinen la relevancia de un comportamiento humano para el derecho penal\u201d98<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

b. La antijuricidad<\/span>, <\/span>como contradicci\u00f3n entre el hecho generado y el ordenamiento jur\u00eddico general99<\/a><\/span><\/span>; es decir, la comprobaci\u00f3n de que el hecho generado es prohibido por la norma, no se encuentra autorizado por el ordenamiento jur\u00eddico100<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

c. La culpabilidad<\/span>, referida a la forma de la imputaci\u00f3n que se le atribuye a una persona101<\/a><\/span><\/span>. Sobre esto, se aclara que el concepto de imputaci\u00f3n en la dogm\u00e1tica actual emerge de la funci\u00f3n de la pena, y por ello \u201cse debe penar a un sujeto que ha obrado de manera contraria a la norma y en forma culpable\u201d102<\/a><\/span><\/span> y, adem\u00e1s, teniendo en cuenta el nivel de comprobaci\u00f3n de la misma: si el autor del hecho il\u00edcito pudo o no pudo conocer que el hecho estaba reprobado por la ley, y si, adem\u00e1s, se encontraba o no capacitado para alcanzar tal comprobaci\u00f3n103<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

d. La adecuaci\u00f3n a una figura penal<\/span>, que hace referencia al principio de legalidad antes aludido, relacionada con la expresi\u00f3n \u201ct\u00edpica\u201d104<\/a><\/span><\/span>. Que una acci\u00f3n sea t\u00edpica, implica que es una acci\u00f3n prohibida por la norma, y por ello, el tipo penal en sentido estricto se refiere a la descripci\u00f3n de la conducta prohibida por la norma (\u201cmatar a otro\u201d en lugar de \u201cno matar\u00e1s\u201d)105<\/a><\/span><\/span>. El denominado \u201ctipo penal\u201d es, en definitiva, una descripci\u00f3n concreta de la conducta penalmente relevante106<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La tipicidad<\/span>, considerada como una descripci\u00f3n legal, presenta una triple funci\u00f3n:<\/p>\n

a. Funci\u00f3n prejur<\/span>\u00ed<\/span>dica<\/span>, que asume una funci\u00f3n de garant\u00eda jur\u00eddica, pol\u00edtica y social de la ciudadan\u00eda, ya que contempla una descripci\u00f3n de las acciones tal como si las mismas ya se hubieran cumplido. Esas descripciones no pueden ser amplias o imprecisas, dando lugar a que por v\u00eda interpretativa puedan considerarse incorporadas otras conductas que la propia ley no ha tenido en cuenta ni querido prever. Tal como se afirma: \u201cLas ideas no son punibles; ni tampoco lo son las condiciones personales, sino solo el cumplimiento de una acci\u00f3n descripta por la ley\u201d107<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

b. Funci\u00f3n cualitativa de todos los dem\u00e1s elementos del delito<\/span>, ya que el an\u00e1lisis del enfoque dogm\u00e1tico del delito intenta saber cu\u00e1les son las acciones que llevan a una sanci\u00f3n108<\/a><\/span><\/span>. Desde aqu\u00ed que se analice la tipicidad y la acci\u00f3n, la tipicidad y la culpabilidad, y con ella, la antijuridicidad.<\/p>\n

c. Funci\u00f3n de determinaci\u00f3n del delito particular a trav\u00e9s del tipo penal<\/span>, lo que implica admitir que cada delito en particular ha de ser t\u00edpico. Es decir, \u201cel estudio de los tipos dise\u00f1adores de cada particular delito no es otra cosa que el estudio de las circunstancias y elementos de cada concreto delito, o, si se quiere, de cada acci\u00f3n t\u00edpica\u201d109<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Funci\u00f3n de la tipicidad<\/span> es verificar si una acci\u00f3n se configura o no dentro de un tipo penal que, en definitiva, constituye un delito110<\/a><\/span><\/span>. Desde esta perspectiva, se analiza el \u201ctipo objetivo\u201d, como descripci\u00f3n de la parte exterior de la acci\u00f3n y sus circunstancias111<\/a><\/span><\/span>, y el \u201ctipo subjetivo\u201d, comprensivo de la representaci\u00f3n subjetiva de la conducta penalmente relevante112<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

El \u201ctipo objetivo\u201d sirve para realizar una imputaci\u00f3n de un delito verificando que el comportamiento que se analiza se adecua al comportamiento incriminado en la parte especial del C\u00f3digo Penal. Los tipos de estas caracter\u00edsticas requieren de un sujeto activo (que puede ser autor directo, indirecto o coautor o, inclusive, ocupar la posici\u00f3n de garante que es la persona que tiene un deber de obrar especial para impedir la producci\u00f3n de un resultado que es evitable), un sujeto pasivo (v\u00edctima), y una situaci\u00f3n de hecho (entendida como acci\u00f3n) que prev\u00e9 la producci\u00f3n de un cambio externo probablemente atribuido al autor113<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

El \u201ctipo subjetivo\u201d relacionado al principio de culpabilidad, exige que el comportamiento al que pueda adjudic\u00e1rsele una imputaci\u00f3n penal haya emergido del fuero interno del autor114<\/a><\/span><\/span>. Aqu\u00ed resurgen los conceptos de dolo<\/span>, que como expresi\u00f3n t\u00e9cnico-jur\u00eddica consiste en la representaci\u00f3n de un resultado o en la voluntad de producirlo115<\/a><\/span><\/span>, con todas sus teor\u00edas explicativas relativas a la voluntad, la representaci\u00f3n, el asentimiento, etc. Desde aqu\u00ed que una definici\u00f3n de dolo nos acerca a comprender que quien lo comete \u201cquiso de modo directo el hecho il\u00edcito como as\u00ed tambi\u00e9n quien asinti\u00f3 a su producci\u00f3n eventual por no desistir de su acci\u00f3n\u201d116<\/a><\/span><\/span>. <\/span>Es decir, quien conoce el peligro concreto que se genera por su acci\u00f3n riesgosa para con otra persona termina obrando con dolo porque definitivamente \u201csabe lo que hace\u201d117<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Y tambi\u00e9n el concepto de culpa<\/span>, que sostiene una especie de actitud de menosprecio hacia el orden jur\u00eddico general, no bastando con ello afirmar que obrar con culpa es en cierta manera no prever un resultado previsible, ya que, en definitiva, \u201cla previsibilidad es solamente un criterio para saber si efectivamente existi\u00f3 imprudencia o negligencia fundante de la culpa\u201d118<\/a><\/span><\/span>. De esta forma, la culpa consiste en un reproche que se le efect\u00faa al autor del hecho il\u00edcito, cuando de acuerdo a las circunstancias del caso estuvo en condiciones de haberse podido \u201cmotivar\u201d a cumplir con la norma, por lo tanto, el sujeto es culpable cuando era exigible en el momento de efectivizado el hecho que obrara de una manera distinta a la emergente de la infracci\u00f3n de la norma119<\/a><\/span><\/span>. En definitiva, el moderno concepto de culpa asimilado a la imprudencia se encuentra caracterizado como una \u201cforma de evitabilidad, en la que el autor carece de un conocimiento actual de lo que se debe evitar\u201d120<\/a><\/span><\/span>. El resultado t\u00edpico es objetivamente imputable (por el actuar imprudente del autor) que ha tenido un \u201cerror sobre el riesgo de su producci\u00f3n, a pesar de la posibilidad de conocer tal riesgo\u201d121<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Dados los escasos lineamientos de la parte general del derecho penal aplicable a este ensayo, corresponde hacer una referencia a la cuesti\u00f3n del funcionario p\u00fablico desde la \u00f3ptica del derecho penal, que podr\u00eda en alg\u00fan descuido ser ligeramente interpretada.<\/p>\n

Configuraci\u00f3n de la naturaleza de la figura del notario<\/h2>\n

La definici\u00f3n del I Congreso Internacional del Notariado Latino<\/span> <\/span>(1948) que describe al notario como un profesional del derecho en ejercicio de una funci\u00f3n p\u00fablica<\/span>122<\/a><\/span><\/span> deja fuera de dudas la importancia que para esta disciplina implica el desarrollo de teor\u00edas que determinen el marco conceptual de la funci\u00f3n notarial<\/span> <\/span>en tratamiento. <\/span>En nuestro pa\u00eds, el notariado y su funci\u00f3n han estado descriptos y resguardados adecuadamente en las obras cl\u00e1sicas de los primeros comentaristas del C\u00f3digo Civil Argentino<\/span>: Lisandro Segovia123<\/a><\/span><\/span> y <\/span>Baldomero Llerena124<\/a><\/span><\/span>, con aportes contundentes como los efectuados por el genial Jos\u00e9 Machado, los que hoy, m\u00e1s que en ning\u00fan otro momento de la historia, son de ineludible referencia125<\/a><\/span><\/span>. Desde all\u00ed hasta el presente, todas las obras de derecho notarial<\/span> hacen referencia clara y contundente al tema de la naturaleza de la funci\u00f3n, y desde ellas, el an\u00e1lisis de las teor\u00edas que se han presentado hasta la fecha denota un tratamiento de temas absolutamente dispares que proyectan alcances totalmente diferentes126<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Por alguna especial raz\u00f3n, las doctrinas que m\u00e1s efectos colaterales<\/span> <\/span>exhiben son las que se refieren a la discusi\u00f3n acerca de si el notario es un verdadero funcionario p\u00fablico o si \u00fanicamente es un profesional a cargo de una funci\u00f3n, en el caso, de naturaleza p\u00fablica. En nuestro pa\u00eds, el tema cobr\u00f3 relevancia a partir de ciertas opiniones puntuales y espec\u00edficas emitidas oportunamente desde el derecho privado, que seg\u00fan sospecho, han incluso superado ampliamente las verdaderas expectativas que han tenido los autores al escribirlas127<\/a><\/span><\/span>. Es as\u00ed que por los tiempos actuales contamos felizmente con aportes verdaderamente trascendentes que ayudan a comprender c\u00f3mo es que se ha llegado en este tema tan lejos en el pensamiento y en las propuestas de an\u00e1lisis, desde obras que, a pesar de comentar la legislaci\u00f3n anteriormente vigente, cuentan con un valor digno de todo elogio y consideraci\u00f3n a las que, por supuesto, remito sin dudarlo128<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Desde mi perspectiva, el aporte de Antonio Rodr\u00edguez Adrados <\/span>en Espa\u00f1a vino a comprobar lo in\u00fatil<\/span> <\/span>de la discusi\u00f3n acerca de la naturaleza de la funci\u00f3n, precisamente porque existen en ella dos componentes que se exhiben tan inherentes como inescindibles; el \u201ccomponente p\u00fablico\u201d, relacionado con la potestad fedante, y el \u201ccomponente privado\u201d, que se conforma en la tarea asesora, informativa, consultora e investigadora propia tambi\u00e9n de la funci\u00f3n notarial129<\/a><\/span><\/span>. Esa posici\u00f3n es la que en nuestro pa\u00eds sostiene Cristina Armella130<\/a><\/span><\/span>. <\/span>Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n <\/span>ha reconocido en varias circunstancias la calidad de funcionario u oficial p\u00fablico de los escribanos, pero siempre atendiendo a su proyecci\u00f3n dentro de las exigencias y sanciones a las que se somete su actuaci\u00f3n en las leyes que reglamentan su ejercicio131<\/a><\/span><\/span>. De todos los fallos que existen, encuentro m\u00e1s ilustrativos los fallos \u201cVadell\u201d y \u201cFranco\u201d que, en realidad, han sido luego reiterados en otros fallos que implicaban similares discusiones:<\/p>\n

\u201cSi bien no caben dudas de que el escribano, como fedatario, cumple una funci\u00f3n p\u00fablica por la investidura con la que el Estado lo somete a su superintendencia (arts. 17, 35 y sigs. de la ley 12.990), es evidente que no se presentan las notas caracter\u00edsticas de la relaci\u00f3n de empleo p\u00fablico que permitan responsabilizarlo por las consecuencias de su desempe\u00f1o, ya que no existe dependencia org\u00e1nica respecto de los poderes estatales cuyas plantas funcionales no integra, no est\u00e1 sometido al r\u00e9gimen de subordinaci\u00f3n jer\u00e1rquica que le es propio ni se dan a su respecto otras caracter\u00edsticas de un v\u00ednculo permanente con la administraci\u00f3n como puede serlo, en su medida, la remuneraci\u00f3n (\u2026) El v\u00ednculo de la actividad notarial con el Estado dentro de un r\u00e9gimen de concesi\u00f3n no importa adjudicar a sus beneficiarios el rango de funcionarios p\u00fablicos. <\/span>Aun de admitir que la funci\u00f3n fedataria sea la m\u00e1s trascendente de las que realiza el notario, no puede ignorarse que concurre con otras que no ostentan ese car\u00e1cter y que son propias de su condici\u00f3n de profesional independiente. (\u2026) Parece absurdo, entonces, que semejante dualidad se presente en quien se pretende definir como funcionario p\u00fablico, como igualmente inaceptable que, necesariamente sometido como tal a una t\u00edpica subordinaci\u00f3n disciplinaria, esta facultad del Estado pueda coexistir con el ejercicio de una superintendencia a cargo de organismos corporativos como los que contempla la ley 12.990. (\u2026) El escribano de registro es un profesional del derecho afectado a una actividad privada, pero con atributos que en parte lo equiparan a la gesti\u00f3n p\u00fablica, cuyos actos, vinculados al comercio jur\u00eddico privado, dan fe de estas relaciones privadas y no expresan la voluntad del Estado como este normalmente la exterioriza a trav\u00e9s de sus \u00f3rganos\u201d132<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

\u201cLa situaci\u00f3n de los escribanos p\u00fablicos es diferente de quienes desempe\u00f1an un empleo p\u00fablico, pues si bien son asimilados a los funcionarios o agentes p\u00fablicos en cuanto el Estado les ha delegado el ejercicio de relevantes funciones, no se encuentran sujetos a las potestades de organizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n estatal a que se hallan sometidos aquellos. (\u2026) <\/span>Si bien no caben dudas de que los escribanos cumplen como fedatarios una funci\u00f3n p\u00fablica, es evidente que no se presentan las notas caracter\u00edsticas de la relaci\u00f3n de empleo p\u00fablico, pues no existe dependencia org\u00e1nica respecto de los poderes estatales cuyas plantas funcionales no integran, no est\u00e1n sometidos al r\u00e9gimen de subordinaci\u00f3n jer\u00e1rquica que les es propio ni se dan a su respecto otras caracter\u00edsticas de un v\u00ednculo permanente con la administraci\u00f3n\u201d133<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Por su parte, siempre es recomendable traer a colaci\u00f3n la posici\u00f3n de Jorge Alterini en su c\u00e9lebre voto en el fallo \u201cQuiroga, Remedios c\/ Viale, Victoriano\u201d134<\/a><\/span><\/span>, que, en atenci\u00f3n a lo que aqu\u00ed interesa, Ignacio Alterini resume de la siguiente manera: \u201cLas r\u00e9plicas al encasillamiento del escribano de registro como funcionario p\u00fablico (\u2026) no deben, sin embargo, obscurecer la peculiar naturaleza de las funciones del notario, cuya envergadura e importancia social no se agota con una explicaci\u00f3n puramente profesionalista. Por eso creo m\u00e1s convenientes las formulaciones de las tesis intermedias, que, pese a partir de que el escribano es un profesional, paralelamente resaltan que se pone a su cargo el ejercicio de una funci\u00f3n p\u00fablica\u201d135<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

A la fecha, ya no quedan leyes notariales que se refieran desde el propio articulado al notario como funcionario p\u00fablico, como as\u00ed lo hac\u00eda la por entonces vigente ley 12.990 del ejercicio de la profesi\u00f3n notarial en la Capital Federal. Es m\u00e1s, por solo tomar un ejemplo, de la exposici\u00f3n de motivos del vigente decreto-ley notarial 9020\/78 de la Provincia de Buenos Aires se desprende lo siguiente: \u201cLa importancia que posee la funci\u00f3n notarial, derivada fundamentalmente de la delegaci\u00f3n de la fe p\u00fablica que ella importa, requiere de las autoridades gubernamentales una particular atenci\u00f3n con el prop\u00f3sito de regular eficazmente la prestaci\u00f3n de la actividad profesional\u201d136<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Desde el derecho penal<\/h2>\n

Tarea diferente es analizar la naturaleza de la funci\u00f3n notarial desde el derecho penal, ya que, si el notario fuera considerado un funcionario p\u00fablico, su r\u00e9gimen ser\u00eda diferente al de los dem\u00e1s profesionales en general. Adem\u00e1s, el alcance que a los documentos se les otorga es relevante para comprender los delitos que luego analizaremos dentro de este ensayo, relativos a la fe p\u00fablica.<\/p>\n

Dentro de la parte general del C\u00f3digo Penal, el t\u00edtulo XIII se refiere a la \u201csignificaci\u00f3n de conceptos empleados en el C\u00f3digo\u201d. Para la parte que aqu\u00ed interesa, transcribir\u00e9 \u00fanicamente lo pertinente, realizando un breve comentario luego de cada p\u00e1rrafo, con ciertas aclaraciones necesarias:<\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 77: <\/span>Para la inteligencia del texto de este c\u00f3digo se tendr\u00e1n presente las siguientes reglas: \u2026 Por los t\u00e9rminos \u2018funcionario p\u00fablico\u2019 y \u2018empleado p\u00fablico\u2019, usados en este C\u00f3digo, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones p\u00fablicas sea por elecci\u00f3n popular o por nombramiento de autoridad competente\u201d (p\u00e1rrafo 4).<\/p>\n

De manera llamativa, no existe un tratamiento verdaderamente contundente de la doctrina penalista en la extensi\u00f3n del precepto en comentario hacia los escribanos o notarios. Desde mi perspectiva, parte de la doctrina de derecho penal que trata el tema, ha destacado, de forma inmejorable, que la participaci\u00f3n en cualquier cuadro de la funci\u00f3n p\u00fablica requiere de una relaci\u00f3n administrativa que en el desempe\u00f1o funcional permita un encuadre dentro de la estructura jer\u00e1rquica del Estado137<\/a><\/span><\/span>. Argumentos tambi\u00e9n utilizados por el maestro Jorge Bustamante Alsina, cuando analizando la responsabilidad notarial, advert\u00eda que el escribano de registro, aun desempe\u00f1ando una funci\u00f3n p\u00fablica, no puede ser considerado un funcionario p\u00fablico en raz\u00f3n de que no existe, entre otras cosas, el v\u00ednculo de nombramiento y los caracteres virtuales que el mismo genera, como la relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n jer\u00e1rquica, o el sueldo abonado por el Estado. A esto agrega que el notario cumple con funciones tales como las de redactar documentos del comercio jur\u00eddico privado que nada tiene que ver con una funci\u00f3n del Estado, sino propiamente liberal138<\/a><\/span><\/span>. De la misma manera Edgardo L\u00f3pez Herrera, <\/span>cuando, al adherir a las razones anteriormente esbozadas, agrega que la actuaci\u00f3n notarial es en nombre propio y no del Estado, que el mismo cuenta con independencia profesional en relaci\u00f3n a los horarios, ubicaci\u00f3n, contrataci\u00f3n de cantidad de empleados, existiendo libertad de elecci\u00f3n por los requirentes hacia la prestaci\u00f3n de su ministerio, quienes son los que adem\u00e1s le abonan sus honorarios en lugar del Estado139<\/a><\/span><\/span>. Mois\u00e9s Savransky entiende que la facultad de autenticaci\u00f3n notarial proviene de una facultad adquirida por el notariado a trav\u00e9s del procedimiento de \u201cdelegaci\u00f3n\u201d: el Estado delega en el notario esa facultad, \u201caunque ello no significa afirmar que el notario es un oficial p\u00fablico (\u2026) caer en el extremo de afirmar su identidad con la administraci\u00f3n p\u00fablica, implicar\u00eda desvirtuar su cometido, convirti\u00e9ndolo en un eslab\u00f3n de la cadena administrativa, con lo cual las garant\u00edas para la contrataci\u00f3n resultante de la actuaci\u00f3n profesional desaparecer\u00edan\u201d140<\/a><\/span><\/span>. De aqu\u00ed que para el autor la funci\u00f3n notarial sea una actividad realizada por un profesional que act\u00faa en la esfera privada dando especial relevancia al asesoramiento, legitimaci\u00f3n, autenticaci\u00f3n y encuadramiento de los hechos humanos, los que adquieren fuerza ejecutiva por el respaldo que brinda el ejercicio de la fe p\u00fablica141<\/a><\/span><\/span>. Finalmente, el aporte m\u00e1s contundente en torno a la consideraci\u00f3n del notario como totalmente ajena a la tesis del funcionario p\u00fablico proviene de Eduardo Pond\u00e9. Para el autor, el funcionario p\u00fablico es un agente del Estado, un \u00f3rgano del Estado; el funcionario \u201cintegra un \u00f3rgano del Estado\u201d142<\/a><\/span><\/span>. El notario no integra ninguno de los tres poderes del Estado, y en esto, hay que comprender que la funci\u00f3n p\u00fablica no es de pertenencia exclusiva de los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial respectivamente143<\/a><\/span><\/span>. As\u00ed, hay actividades profesionales de \u00edndole p\u00fablica, que son las que el Estado necesita o precisa en colaboraci\u00f3n con su funci\u00f3n, adjudic\u00e1ndolas en determinadas personas sin que las mismas sean incorporadas como funcionarios p\u00fablicos, como la profesi\u00f3n notarial144<\/a><\/span><\/span>. El Estado adjudica las funciones a los particulares que colaboran con su ministerio a trav\u00e9s del procedimiento de \u201casignaci\u00f3n\u201d, para la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, o de \u201cimposici\u00f3n\u201d, otorgando tareas con caracter\u00edsticas de cargas p\u00fablicas145<\/a><\/span><\/span>, a diferencia del funcionario p\u00fablico, que accede al cargo por elecci\u00f3n o por nombramiento146<\/a><\/span><\/span>. Su vida de trabajo est\u00e1 ligada a la relevaci\u00f3n o relevamiento147<\/a><\/span><\/span>, a la posibilidad de ser trasladado148<\/a><\/span><\/span>, o de ser reincorporado149<\/a><\/span><\/span>; su retribuci\u00f3n se tiene en cuenta en el presupuesto, no puede ser antojadiza150<\/a><\/span><\/span>, pudiendo incorporar seg\u00fan su jerarqu\u00eda vi\u00e1ticos o gastos de representaci\u00f3n151<\/a><\/span><\/span>, tener un sobresueldo, derecho al aguinaldo y un r\u00e9gimen especial de previsi\u00f3n social152<\/a><\/span><\/span>; tiene derecho a una carrera administrativa153<\/a><\/span><\/span>; su actuar se sujeta a los par\u00e1metros que imponen la jerarqu\u00eda, el mando, el control, la obediencia, el respeto y la disciplina154<\/a><\/span><\/span> y un r\u00e9gimen especial de responsabilidad155<\/a><\/span><\/span>. Nada de esto ocurre en el transcurso de la vida profesional del escribano o notario, a no ser que fuera un escribano de gobierno, cuya funci\u00f3n verdaderamente es p\u00fablica.<\/p>\n

La XXVI Jornada Notarial Bonaerense<\/span> celebrada en Tandil (1986) concluy\u00f3, en el tema relativo a la \u201cFunci\u00f3n notarial y responsabilidad\u201d lo siguiente: \u201cEl notario no es funcionario p\u00fablico, por lo tanto, cada vez que en el C\u00f3digo Penal se tipifica un delito relacionado con los funcionarios p\u00fablicos como sujetos activos del mismo, tal tipificaci\u00f3n desvincula al notario\u201d156<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La clave: los conceptos. El notario no es un funcionario p\u00fablico<\/h2>\n

La descripci\u00f3n que realiza el C\u00f3digo Penal de los funcionarios o empleados p\u00fablicos en el art\u00edculo en an\u00e1lisis exige para los mismos haber accedido a los cargos por \u201celecci\u00f3n popular\u201d o \u201cpor nombramiento de autoridad competente\u201d. Recordamos aqu\u00ed que estamos en presencia de una disciplina del derecho que admite la tipicidad, descartando la posibilidad de aplicar situaciones an\u00e1logas o anal\u00f3gicas. Los t\u00e9rminos funcionarios y empleados p\u00fablicos se equiparan nuevamente aqu\u00ed157<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Claramente la alusi\u00f3n a la elecci\u00f3n popular se encuentra fuera del an\u00e1lisis del presente ensayo. La alusi\u00f3n al funcionario as\u00ed designado por nombramiento de autoridad competente nos dirige hacia el derecho administrativo. As\u00ed, al momento de asentar la postura de la superaci\u00f3n de las diferencias entre funcionarios y empleados p\u00fablicos, Bartolom\u00e9 Fiorini se refer\u00eda a la figura del \u201cagente estatal\u201d, aludiendo a todos aquellos que se agrupan bajo la organizaci\u00f3n administrativa o bajo la dependencia del poder estatal, tales como aquellos que se encuentran bajo la \u00f3rbita del Poder Ejecutivo, Poder Legislador, Poder Judicial, entes centralizados, descentralizados, aut\u00e1rquicos, municipalidades, empresas estatales, etc.158<\/a><\/span><\/span>. Se alcanza esta condici\u00f3n a trav\u00e9s del acto de nombramiento, que ocurre cuando la administraci\u00f3n p\u00fablica reconoce la conformidad en aplicar la relaci\u00f3n jur\u00eddica con el agente estatal que designa, y este presta la conformidad159<\/a><\/span><\/span>. Es en virtud del acto de nombramiento que la Administraci\u00f3n <\/span>P\u00fablica carece de potestad jur\u00eddica para crear relaciones jur\u00eddicas de car\u00e1cter individual, diferentes a las que establecen los estatutos reglamentarios. Consecuentemente, el nombramiento es \u201cun acto administrativo que implica una toma de decisi\u00f3n administrativa de contenido impl\u00edcito y remisivo a normas previamente establecidas, con car\u00e1cter general que se sustentan en la legalidad160<\/a><\/span><\/span>\u201d. A partir de ello, la realizaci\u00f3n contractual entre la administraci\u00f3n y el particular comienza cuando el agente ingresa en forma efectiva y material a la funci\u00f3n administrativa, es decir, cuando al mismo se lo inviste \u201cmaterialmente del cargo\u201d161<\/a><\/span><\/span>. En coincidencia con lo referido anteriormente por el maestro de derecho administrativo, otro recordado maestro, Rafael Bielsa, sosten\u00eda que la relaci\u00f3n jur\u00eddica que une al funcionario con el Estado es contractual, ya que para que la misma exista, tiene que existir la voluntad o el consentimiento del funcionario, para que sus derechos y obligaciones comiencen a nacer a partir del acto de \u201cnombramiento\u201d162<\/a><\/span><\/span>. Adhiere a esta tesis y mucho <\/span>m\u00e1s cerca en el tiempo, el profesor Carlos Balb\u00edn, <\/span>para quien los agentes p\u00fablicos son aquellas personas de las que el Estado se vale para el cumplimiento de sus fines, debiendo considerarse las conductas de los mismos en el ejercicio de su funci\u00f3n como actuaciones del propio Estado163<\/a><\/span><\/span>. En general, en el derecho administrativo actual, las voces agente, funcionario, empleado, personal, se suelen utilizar como t\u00e9rminos intercambiables, aunque es correcto afirmar que el t\u00e9rmino \u201cagente p\u00fablico\u201d es el que contiene a todos los t\u00e9rminos referidos164<\/a><\/span><\/span>. Desde aqu\u00ed que, en notariado, la palabra \u201cagente\u201d como t\u00e9rmino cercano a la relaci\u00f3n que une a la persona que ejerce la funci\u00f3n p\u00fablica con el Estado sea expuesta por Jos\u00e9 Mar\u00eda Orelle, en su recomendable tesis doctoral165<\/a><\/span><\/span>; tambi\u00e9n hay alusiones especiales al t\u00e9rmino en la obra del profesor Jos\u00e9 Carlos Carminio Castagno166<\/a><\/span><\/span>, y en la reciente obra de H\u00e9ctor Vitali167<\/a><\/span><\/span>, laureada con el premio Jos\u00e9 Mar\u00eda Moreno<\/span> que otorga el Colegio de Escribanos de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n

Para el ejercicio de la funci\u00f3n notarial las palabras aludidas por los autores en estudio estaban referidas a la habilitaci\u00f3n, la delegaci\u00f3n, la asignaci\u00f3n y en materia de carga p\u00fablica \u2013que no ser\u00eda el caso para el tema en desarrollo\u2013, la imposici\u00f3n. Pero nunca al nombramiento, que es lo que ordena la letra del C\u00f3digo Penal. Desde mi posici\u00f3n, el Estado habilita al notario para el ejercicio de la funci\u00f3n fedante168<\/a><\/span><\/span>, pero no lo nombra ni mucho menos lo vuelve parte de la estructura de la Administraci\u00f3n, salvo el referido caso del Escribano de Gobierno169<\/a><\/span><\/span>. Salvo la excepci\u00f3n aludida, resulta claro entonces que no es posible introducir al notario dentro de las responsabilidades propias de los funcionarios p\u00fablicos en el \u00e1mbito del derecho penal. Pr\u00e1cticamente en sinton\u00eda con lo afirmado, la \u201cley de \u00e9tica en la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d admite que la misma \u201cestablece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepci\u00f3n, a todas las personas que se desempe\u00f1en en la funci\u00f3n p\u00fablica en todos sus niveles y jerarqu\u00edas, en forma permanente o transitoria, por elecci\u00f3n popular, designaci\u00f3n directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendi\u00e9ndose su aplicaci\u00f3n a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por funci\u00f3n p\u00fablica, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jer\u00e1rquicos\u201d170<\/a><\/span><\/span>. La referencia a niveles, jerarqu\u00edas, elecci\u00f3n popular, designaci\u00f3n directa, concurso, etc., o del servicio al Estado en cualquiera de sus niveles jer\u00e1rquicos tambi\u00e9n es clara y contundente al momento de marcar una orientaci\u00f3n acerca de lo que se pretende tutelar a partir de la presente. Inclusive se exige desde la misma un r\u00e9gimen de declaraciones juradas especiales que no incluyen, de ninguna manera, una obligaci\u00f3n en el ejercicio de la funci\u00f3n notarial, m\u00e1s all\u00e1 de los deberes informativos y aquellos motivados por la capacidad contributiva que cada ciudadano tiene el deber de demostrar.<\/p>\n

Adem\u00e1s, por todo lo anteriormente aludido en la parte general del derecho penal aqu\u00ed considerada, dir\u00e9 que toda actividad interpretativa que pretenda alcanzar un resultado razonable desde los principios del derecho p\u00fablico anteriormente aludidos deber\u00eda ser siempre sobre las leyes vigentes; porque precisamente son estas leyes las que obligan a su cumplimiento por parte de la ciudadan\u00eda, y no aquellas que forman parte del acervo hist\u00f3rico por haber sido oportunamente derogadas. El estudio de una ley derogada se justifica desde la proyecci\u00f3n de lo que debi\u00f3, no debi\u00f3, se cumpli\u00f3, o no pudo cumplirse, para que a trav\u00e9s de su formulaci\u00f3n acad\u00e9mica expositiva se vuelva a insistir o no insistir en su cumplimiento. Pero de ninguna manera pueden volver a ser derecho vigente, mucho m\u00e1s si no se complementan con aquellas que las han sustituido o reemplazado, por un cambio de criterio o por un cambio de tendencia. Es evidente que si una ley posterior deroga a una anterior modificando cuestiones \u201cestructurales\u201d de las instituciones implicadas es porque un cambio en el sentido del derecho ocurri\u00f3 y debi\u00f3 haber sido tenido en cuenta por el legislador que acudi\u00f3 a esa reforma.<\/p>\n

En este sentido, llama poderosamente la atenci\u00f3n una resoluci\u00f3n de la Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires<\/span>, al momento de resolver un recurso de casaci\u00f3n interpuesto en el registro de esa Sala171<\/a><\/span><\/span>. El caso se centra en la consideraci\u00f3n o no del notario como funcionario p\u00fablico. Sin efectuar un an\u00e1lisis del fallo \u2013el que inclusive puede compartirse porque es profundo en cuanto a citas legislativas\u2013, se postula, como uno de los principales argumentos de la posici\u00f3n que triunfa y que considera al notario como funcionario p\u00fablico, un obsoleto art\u00edculo de la antigua y ya aludida en este ensayo ley 12.990\/52 de ejercicio de la funci\u00f3n notarial en la entonces denominada Capital Federal, derogada hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os, y suplantada por el mismo tiempo por la actual y vigente ley 404\/2000. La \u00faltima ley citada en vigencia no justifica en su articulado, bajo ninguna forma, la teor\u00eda del notario como funcionario p\u00fablico. Precisamente ese tema fue uno de los grandes cambios que la \u00faltima ley notarial en vigencia vino a implementar como novedoso, respondiendo a la jurisprudencia y doctrinas dominantes de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

Lo que verdaderamente llama la atenci\u00f3n aqu\u00ed es la remisi\u00f3n dogm\u00e1tica, gramatical, exeg\u00e9tica<\/span> <\/span>a un art\u00edculo ya derogado que, si es bien cierto, sosten\u00eda que \u201cel escribano de registro es el funcionario p\u00fablico instruido para recibir y redactar y dar autenticidad, conforme a las leyes y en los casos que ellas autorizan, los actos y contratos que fueran encomendados\u201d, y que \u201ccompete al Poder Ejecutivo la creaci\u00f3n y cancelaci\u00f3n de los registros y la designaci\u00f3n y remoci\u00f3n de sus titulares y adscritos en el modo y forma establecidos en la presente ley\u201d172<\/a><\/span><\/span> dejo de ser ley desde el mismo momento de entrada en vigencia de la ley 404\/2000. Esa resoluci\u00f3n cita mucha otra jurisprudencia que ha seguido, en apariencia, el mismo criterio.<\/p>\n

En este sentido, a pesar de considerar que desde el derecho penal el notario\/a no es\/son funcionarios p\u00fablicos por diversas razones que en otro tiempo ya expres\u00e9, lo cierto es que el tratamiento del presente punto en este ensayo tiene la finalidad de poner de manifiesto que muchas veces, una interpretaci\u00f3n gramatical de un art\u00edculo de un texto legal que no se encuentra vigente y que precisamente su vigencia actual no encuentra similitud con esa realidad imperante en otros tiempos, puede generar una tendencia doctrinaria o jurisprudencial que en alg\u00fan momento \u2013y m\u00e1s all\u00e1 del caso en an\u00e1lisis del cual no puedo ni debo juzgar de ninguna manera su resoluci\u00f3n\u2013 pueda injustamente generar un resultado disvalioso en alguien que no se encuentre dentro de los c\u00e1nones legales vigentes en los tiempos actuales. Tendencias que no podr\u00e1n imponerse, por cierto, salvo que ocurra alguna reforma legislativa, en atenci\u00f3n a los hartamente aludidos principios de tipicidad, legalidad, etc\u00e9tera.<\/p>\n

El documento y la impugnaci\u00f3n de la autenticidad<\/h2>\n

Un tema realmente a tener en cuenta en materia de responsabilidad penal notarial es el relativo a las falsedades documentales<\/span>. Fue este el tema que de manera especial era analizado por la doctrina especializada en materia de responsabilidad notarial penal, juntamente con el relativo a la violaci\u00f3n del secreto profesional, hasta que otros temas comenzaron a ocupar tambi\u00e9n un desarrollo elemental, como el relativo al lavado de activos y a los delitos contra el orden econ\u00f3mico y financiero, las alusiones al honor, etc\u00e9tera.<\/p>\n

Es preciso tener en cuenta en este tema, una noci\u00f3n de la conformaci\u00f3n del documento notarial para poder advertir d\u00f3nde ocurren verdaderamente las falsedades. Es que un error com\u00fan de mucha de la doctrina no especializada es el de atribuir falsedades en cl\u00e1usulas del documento donde no es posible ni visualizarlas ni contemplarlas, precisamente porque no ha existido en ellas, al momento de la conformaci\u00f3n, la daci\u00f3n de fe exigida por el ordenamiento.<\/p>\n

L\u00f3gicamente, no es este el espacio para desarrollar la teor\u00eda del documento notarial, aunque es de justicia admitir que la tesis estructural plantada hace m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os por Carlos Pelosi, desde mi visi\u00f3n, no ha sido superada. Para el recordado maestro del notariado argentino, el documento notarial presenta una estructura de tres elementos que podr\u00eda claramente resumirse de la siguiente manera:<\/p>\n

a. La corporalidad<\/span>; con ella, el an\u00e1lisis del soporte y de la graf\u00eda en \u201csentido est\u00e1tico\u201d;<\/p>\n

b. El autor<\/span>, y <\/p>\n

c. El contenido<\/span>,<\/span> que implica comprender \u201cel pensamiento notarial capaz de ubicar lo requerido por las partes al caso legal previsto en la norma\u201d y la \u201cgraf\u00eda en sentido din\u00e1mico\u201d173<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Sobre esa magn\u00edfica estructura, pero con modernos componentes que incorporan, precisamente, la teor\u00eda de la interpretaci\u00f3n y argumentaci\u00f3n, los valores, los principios, la recepci\u00f3n del derecho constitucional y convencional como pr\u00e1ctica efectiva y no como mera teor\u00eda argumentativa, la \u00e9tica como deber y no como opci\u00f3n del buen hacer, etc., se edifica, tambi\u00e9n desde mi perspectiva, la teor\u00eda general del documento notarial actual174<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

En el aludido art. 77 del C\u00f3digo Penal dedicado a proyectar la \u201cterminolog\u00eda\u201d utilizada en el C\u00f3digo se hace referencia a lo siguiente:<\/p>\n

\u201cEl t\u00e9rmino \u2018documento\u2019 comprende toda representaci\u00f3n de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijaci\u00f3n, almacenamiento, archivo o transmisi\u00f3n\u201d (p\u00e1rrafo 12).<\/p>\n

Bien se afirma que el t\u00e9rmino documento se encuentra ampliado \u201chacia todo instrumento que materialice alguna acci\u00f3n o acontecimiento sin importar d\u00f3nde ello se encuentra plasmado\u201d175<\/a><\/span><\/span>. Evidentemente existe una clara remisi\u00f3n a los art\u00edculos del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n, que describen la teor\u00eda del acto jur\u00eddico para poder, sobre ella, comprender su estructura. Y, adem\u00e1s, se advierte: \u201cse trata entonces de un testimonio material relativo a un acto o hecho que puede estar registrado, estar configurado y\/o ser enviado a trav\u00e9s de cualquier medio de difusi\u00f3n\u201d176<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Antes de estas definiciones plasmadas recientemente en el C\u00f3digo Penal (ley 26.388), la doctrina especializada advert\u00eda que exist\u00edan, al menos, tres posiciones en torno al alcance penal del documento o instrumento: a) la que ubicaba al documento como contenido y al instrumento como continente; b) la del documento como g\u00e9nero y la del instrumento como especie, y c) la que argumentaba que documento e instrumento eran conceptos sin\u00f3nimos177<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Una de las voces m\u00e1s trascendentes posicionaba al documento como \u201calgo representativo de un hecho, propio de la naturaleza o del hombre, pero siempre reflejado por la mano del hombre178<\/a><\/span><\/span>, que ten\u00eda como funci\u00f3n primera o raz\u00f3n de ser, el alcanzar el prop\u00f3sito de dejar constancia de la relaci\u00f3n o del hecho en el mismo, independientemente del an\u00e1lisis de los efectos que desde su creaci\u00f3n se desprendan (probatorios, comunicaci\u00f3n social, vigencia hist\u00f3rica, etc.)\u201d179<\/a><\/span><\/span>. El contenido del documento sigue siendo, para esta postura, el elemento principal180<\/a><\/span><\/span>. Desde esta inteligencia, importa mucho resaltar la posici\u00f3n de los autores en estudio cuando desarrollan la irrupci\u00f3n de los denominados \u201cadelantos tecnol\u00f3gicos\u201d que, por aquellos entonces, consist\u00edan en alguna fotograf\u00eda o elemento af\u00edn. En un ejemplo, se refieren a que una fotograf\u00eda acompa\u00f1ada en un juicio de divorcio puede eventualmente reunir todas las caracter\u00edsticas procesales de un documento con sentido probatorio, pero su falsificaci\u00f3n afectar\u00e1 \u00fanicamente a la prueba y \u00fanicamente ser\u00e1 delito en aquellas legislaciones que as\u00ed lo prevean, por cuanto no entran dentro del concepto de instrumento o documento181<\/a><\/span><\/span>. Distinto es el caso en el que esa fotograf\u00eda o su reproducci\u00f3n se aplicara directamente para la duplicaci\u00f3n de la forma de un instrumento de los que tienen destino legal prefijado, y la misma fuera adulterada; estos son los casos de falsificaci\u00f3n utilizada por el hombre182<\/a><\/span><\/span>. Consecuentemente, el concepto de documento significativo para vulnerar la fe p\u00fablica se encuentra orientado hacia el contenido del mismo, que vulnere el bien jur\u00eddico y que presente la posibilidad de ser puesto en peligro183<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Desde un cl\u00e1sico libro, Bernardo Varela sosten\u00eda que la falsedad documental representa nada m\u00e1s, ni nada menos, que \u201cun modo de ofensa a la fe p\u00fablica\u201d; esa ofensa es la que conforma la objetividad jur\u00eddica del delito de falsedad documental184<\/a><\/span><\/span>. La confianza que inspira la fe p\u00fablica, dec\u00eda al autor, no es algo que interese a las personas en las relaciones privadas, sino que en la misma se encuentra comprometido el inter\u00e9s de la persona como miembro de la sociedad, confianza necesaria para que la vida social sea ordenada y por supuesto, tutelada por el Estado. Falsificar un documento es atacar esa confianza<\/span>185<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

El maestro Carnelutti entend\u00eda que el objeto del falso era precisamente, lo que se ha falsificado: \u201cla porci\u00f3n del mundo exterior sobre la cual act\u00faa el falsificador\u201d186<\/a><\/span><\/span>. Lo falso siempre proviene del acto humano, suponiendo siempre una falsificaci\u00f3n y un falsificador187<\/a><\/span><\/span>. Desde all\u00ed diferencia, en lo que a nosotros respecta, lo \u201cfalso testimonial\u201d de lo \u201cfalso documental\u201d, consider\u00e1ndolos como hermanos gemelos dentro de su clasificaci\u00f3n del \u201cfalso hist\u00f3rico\u201d188<\/a><\/span><\/span>. El falso testimonio<\/span> constituye un delito siempre y cuando ocurra en un proceso o en su proyecci\u00f3n frente a un juez, mientras que lo falso documental<\/span> es un delito contra la fe p\u00fablica189<\/a><\/span><\/span>. M\u00e1s all\u00e1 de las apreciaciones del maestro de derecho, importa destacar que, en consideraci\u00f3n de la prueba del hecho hist\u00f3rico, ambos supuestos son relevantes, aunque sus alcances sean verdaderamente diferentes. Eso explica que, entre otras cosas, las figuras encuentren ubicaciones y alcances diferentes dentro del C\u00f3digo Penal<\/span>: el primero dentro de los Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/span>190<\/a><\/span><\/span>, el segundo dentro de los delitos contra la fe p\u00fablica<\/span> seg\u00fan analizaremos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

Lo falso es id\u00f3neo para configurar el enga\u00f1o y el fraude. Misi\u00f3n de los juristas es operar para que no pueda alcanzar a configurarse; para que, si se ha configurado, sea eliminado o, en su defecto, para que el da\u00f1o causado sea reparado, ya que lo falso en el derecho no solamente causa ese da\u00f1o, sino que adem\u00e1s se erige como un peligro social191<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Es cierto, el concepto de verdad jur\u00eddica objetiva es dif\u00edcil de alcanzar. Pero como bien lo argumentaba el maestro Carlos Cossio, hablar de fundamentos es hablar de verdad jur\u00eddica; si la verdad jur\u00eddica se encuentra fundada en algo \u2013esencialmente la ley, los valores y todo el an\u00e1lisis del \u201cser ontol\u00f3gico\u201d\u2013, quiere entonces decir que \u201cel horizonte de la verdad jur\u00eddica esta demarcado por la justicia como fundamento\u201d192<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La falsedad<\/h2>\n

Uno de los primeros acad\u00e9micos notariales argentinos, Juan Baldana, defin\u00eda a la \u201cfalsedad\u201d como la <\/span>mutaci\u00f3n de la verdad<\/span>193<\/a><\/span><\/span>. \u201cFalsificaci\u00f3n\u201d, en cambio, implica siempre una acci\u00f3n dirigida a contrahacer, adulterar, corromper una cosa que puede ser una firma, los sellos, los documentos, etc\u00e9tera. La falsedad<\/span> es el g\u00e9nero, la falsificaci\u00f3n<\/span>, la especie194<\/a><\/span><\/span>. El recordado Pelosi fue m\u00e1s all\u00e1 inclusive, al advertir que, en el documento notarial, la falsedad<\/span>, como toda alteraci\u00f3n de la verdad, opera inclusive como una contraposici\u00f3n de la autenticidad195<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La alteraci\u00f3n de la verdad puede inclusive emerger de actos humanos que no necesariamente implican una falsedad o la necesidad de aplicar un procedimiento de falsificaci\u00f3n, como, por ejemplo, los actos simulados196<\/a><\/span><\/span>. Sobre esto, el maestro Federico de Castro y Bravo sosten\u00eda que las figuras de la falsedad y de la simulaci\u00f3n son semejantes, tan semejantes que a menudo la doctrina los utiliza como sin\u00f3nimos, cuando en realidad no lo son: la falsedad y la falsificaci\u00f3n se refieren a actos o hechos de variada naturaleza que escapan al \u00e1mbito negocial; en cambio, la simulaci\u00f3n es una figura jur\u00eddica de contenido negocial bien precisado, incluso con la eficacia frente a terceros que la misma figura proyecta: la misma est\u00e1 referida a la causa y al momento de la perfecci\u00f3n del negocio jur\u00eddico197<\/a><\/span><\/span>. La simulaci\u00f3n, concluye Emilio Betti, determina que la insinceridad recae sobre la causa, es una mentira que pretende justificar un comportamiento que de otro modo no ser\u00eda posible obtener198<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

En nuestro pa\u00eds, el profesor Rub\u00e9n Compagnucci advierte que todo acto simulado tiene un gran parentesco con aquellos negocios en donde la declaraci\u00f3n se divorcia de la intenci\u00f3n, \u00e1mbito donde la causa carece de la fuerza que tiene en los negocios certeros o efectivos199<\/a><\/span><\/span>. Y Santos Cifuentes advierte tambi\u00e9n las diferencias existentes entre la falsedad y la simulaci\u00f3n, aunque no deja de sostener que cuando la falsedad es ideol\u00f3gica y consecuentemente, se presenta como una insinceridad en el contenido con implicancias penales si se torna efectiva en el instrumento p\u00fablico, \u201cpuede superponerse con la simulaci\u00f3n cuando esta es il\u00edcita, siempre que contenga esa falsa manifestaci\u00f3n los dem\u00e1s elementos propios de esta declaraci\u00f3n\u201d200<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

En definitiva, con esto quiero expresar que la verdad puede ser alterada en el derecho de diversas maneras; la que aqu\u00ed nos interesa es la alteraci\u00f3n que emerge \u00fanicamente de la falsedad.<\/span><\/p>\n

De esta manera, la falsedad es un delito que ocurre sobre el concepto de fe p\u00fablica<\/span>, que difiere totalmente del concepto de fe privada, y que, como bien se afirma, no deriva de los sentidos, ni se origina en el juicio de una persona, ni en las meras atestaciones de una particular, sino \u00fanicamente desde una disposici\u00f3n de la autoridad que la impone<\/span>201<\/a><\/span><\/span>. <\/span>Sin embargo, el bien protegido por el derecho penal \u2013la fe p\u00fablica\u2013 no es el concepto que solemos los notarios atribuir a la misma desde el propio ejercicio, sino que se prolonga inclusive hacia otros documentos privados por intervenci\u00f3n de otros funcionarios, e inclusive a cosas que no son documentos, como las monedas que acu\u00f1a el Estado, los objetos incorporales como las marcas de f\u00e1brica, etc.202<\/a><\/span><\/span>. Para el derecho penal, la fe p\u00fablica es la \u201ccreencia p\u00fablica en la seguridad203<\/a><\/span><\/span>\u201d.<\/p>\n

Los autores coinciden en que el concepto de fe p\u00fablica es ambiguo, indeterminado y artificioso204<\/a><\/span><\/span>. No es mi pretensi\u00f3n analizar en el presente aporte esas valiosas consideraciones, ya que la misi\u00f3n es circunscribir el an\u00e1lisis de la falsedad a la funci\u00f3n notarial, al margen de las apreciaciones anteriormente advertidas, por cuanto como afirmaba el maestro Eduardo Couture, el concepto de fe p\u00fablica se asocia a la funci\u00f3n notarial de manera m\u00e1s directa que a cualquier otra actividad humana, <\/span>y esto es as\u00ed, porque el escribano da fe en cuanto ha percibido \u201cex propii sensibus\u201d y el derecho da fe a lo que el escribano asegura haber percibido<\/span>205<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

As\u00ed, la fe p\u00fablica nace del acto notarial, porque al notario el legislador le ha concedido la potestad de imponerla206<\/a><\/span><\/span>; la fe p\u00fablica es, sencillamente, \u201cuna creencia legalmente impuesta\u201d, que se refiere, en lo que a nosotros interesa, a la autor\u00eda de los documentos, la data de los actos p\u00fablicos, y al hecho de haber ocurrido el comportamiento o acontecimiento, y de haber existido el resultado material que ha sido objeto de la daci\u00f3n de fe notarial207<\/a><\/span><\/span>. La daci\u00f3n de fe notarial es una narraci\u00f3n que realiza el notario, a pedido del requirente, referida tanto a sus propios actos como a los comportamientos ajenos, pudiendo ser acontecimientos de la naturaleza, que proyectan resultados materiales, que son instrumentados notarialmente al momento de la percepci\u00f3n que est\u00e1 destinada a dotar a los mismos de fe p\u00fablica208<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

De esta manera, cuando se afecta la fe p\u00fablica, no se falla a la \u201cconfianza general\u201d de los ciudadanos que presupon\u00edan cosas relativas al estado mental de cada uno, sino que se trata de una falta frente a la fiabilidad objetiva de ciertos documentos que proviene de un hecho institucional<\/span>209<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La falsedad documental<\/h2>\n

El tratamiento del documento y en especial, el de naturaleza notarial, ha sido por dem\u00e1s considerado en la doctrina nacional y extranjera210<\/a><\/span><\/span>. Para visualizar la falsedad documental, \u00fanicamente importa sostener que hacer un documento implica crearlo; hacer en todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero211<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Afirma Bacigalupo que el bien jur\u00eddico protegido en los delitos de falsedad documental es aquel relacionado con la fe p\u00fablica y con la seguridad en el tr\u00e1fico jur\u00eddico<\/span>212<\/a><\/span><\/span>. Situaci\u00f3n que ciertamente contempla Manuel Corredor Pardo, <\/span>al se\u00f1alar que la teor\u00eda penal de la falsedad de los documentos promueve el estudio y el \u201censamble\u201d de dos corrientes legislativas del pensamiento penal: una de ellas que hace hincapi\u00e9 en la exigencia de la protecci\u00f3n de la veracidad de los documentos (influencia romana), y la otra que sostiene que en la protecci\u00f3n de la autenticidad objetiva del documento se encuentra la valoraci\u00f3n del mismo en protecci\u00f3n del tr\u00e1fico jur\u00eddico (influencia alemana)213<\/a><\/span><\/span>. Sobre esto, P\u00e9rez Barber\u00e1 sostiene que es preferible sostener que el bien jur\u00eddico a tutelar es \u201cla fiabilidad objetiva conferida estatalmente a determinado sector del tr\u00e1fico jur\u00eddico\u201d214<\/a><\/span><\/span>. Por esta raz\u00f3n, el autor entiende que la falsedad sobre el \u201cdocumento p\u00fablico\u201d se infiere de la letra del C\u00f3digo Civil \u2013hoy C\u00f3digo Civil y Comercial de La Naci\u00f3n<\/span>215<\/a><\/span><\/span>\u2013, teniendo en cuenta el alcance que la misma ley civil les otorga: creaci\u00f3n de conformidad con lo establecido en la ley \u2013en sentido material estricto\u2013, \u201cotorgados\u201d por funcionarios o escribanos p\u00fablicos216<\/a><\/span><\/span>. Los alcances de las referidas expresiones coinciden con las propias de las leyes notariales217<\/a><\/span><\/span>, y encuentran reparo en doctrinas magistrales como, por ejemplo, la del maestro Luigi Cariota Ferrara218<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Mientras que la falsedad en el \u201cdocumento privado\u201d ocurre cuando el mismo, sin tener en cuenta una forma especial o incluso el idioma nacional, se encuentra firmado por ambas partes<\/span>219<\/a><\/span><\/span>; son ejemplos de ello los documentos privados \u201cequiparados a los p\u00fablicos\u201d, <\/span>como los t\u00edtulos circulatorios transmisibles por endoso (pagar\u00e9, cheque, letra de cambio, etc.) o, yendo a\u00fan m\u00e1s all\u00e1, un testamento ol\u00f3grafo. Tambi\u00e9n se encuentran dentro de esta categor\u00eda aquellos documentos que tienen \u201cun destino espec\u00edfico\u201d que la ley les otorga sin que sean documentos p\u00fablicos (un certificado m\u00e9dico y las facturas de cr\u00e9dito), y tambi\u00e9n aquellos que no cuentan con ese destino espec\u00edfico pero la ley penal considera que pueden ser objeto de falsedad material220<\/a><\/span><\/span> (en general, documentos circulatorios que se suelen equiparar a los p\u00fablicos \u00fanicamente por su fiabilidad objetiva en general).<\/p>\n

En definitiva, las personas pueden depositar su fe donde les parezca oportuno, pero solo algunos objetos son protegidos por la ley; el legislador no ha previsto la protecci\u00f3n de las declaraciones de las personas de una manera general, ya que, de haberlo as\u00ed querido, toda mentira, estuviere o no estuviere documentada, deber\u00eda ser punible (esta es la diferencia entre los deberes \u00e9ticos y los deberes jur\u00eddicos221<\/a><\/span><\/span>). Sin embargo, hay declaraciones que verdaderamente le importan al derecho, porque tienen entidad suficiente para ser objeto de protecci\u00f3n, como las que brinda un funcionario p\u00fablico cuyos efectos tienen un efecto probatorio sostenido y avalado legalmente222<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Es por esta raz\u00f3n que se suele otorgar una doble significaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n de la protecci\u00f3n legal de los documentos: mientras que los documentos p\u00fablicos est\u00e1n destinados a proteger la fe de las personas en las constataciones que realiza el oficial p\u00fablico, en los documentos privados se tutela la fe de las personas en las atribuciones de las declaraciones imputables, precisamente, a determinada persona223<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Las clases de falsedad<\/h2>\n

Alguna doctrina restringe la denominada falsedad civil<\/span> <\/span>a la que puede ocurrir en los instrumentos p\u00fablicos donde claramente se encuentran los documentos notariales, mientras que atribuyen a la falsedad penal<\/span> <\/span>un contenido m\u00e1s amplio, ya que la misma abarca no \u00fanicamente los documentos, sino tambi\u00e9n los sellos, las marcas, los certificados que gozan de esa presunci\u00f3n de fe, etc.224<\/a><\/span><\/span>. Sin embargo, tambi\u00e9n se aduce que la principal distinci\u00f3n entre la falsedad civil<\/span> y la <\/span>penal<\/span> es que mientras la primera considera a la cosa, la segunda siempre se encuentra dirigida a considerar al autor. Es por ello que se sostiene que el notario incurrir\u00e1 efectivamente en responsabilidad penal cuando cometiere una falsedad verdaderamente deliberada, lo que hace presumir al elemento dolo como fundamental225<\/a><\/span><\/span>. En el campo penal se requiere la intenci\u00f3n maliciosa o dolo; la culpa queda circunscripta al \u00e1mbito civil226<\/a><\/span><\/span>. Estas posiciones deben adaptarse a los alcances de la norma y la doctrina actual superando la teor\u00eda de la culpa en la responsabilidad civil (el deber de prevenir y reparar de la responsabilidad civil, etc.).<\/p>\n

La falsedad tambi\u00e9n se divide en material e ideol\u00f3gica<\/span>, seg\u00fan veremos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

Falsedad material<\/h3>\n

Esta modalidad del delito de falsedad ocurre cuando la perturbaci\u00f3n de la verdad recae materialmente sobre la escritura, siendo la misma susceptible de comprobaci\u00f3n mediante una pericia judicial227<\/a><\/span><\/span>. La acci\u00f3n que configura el delito consiste en \u201chacer en todo o en parte un documento falso o en adulterar uno verdadero\u201d228<\/a><\/span><\/span>. <\/span>Su descripci\u00f3n t\u00edpica se encuentra en la primera parte del art. 292 del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n

\u201cEl que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ser\u00e1 reprimido con reclusi\u00f3n o prisi\u00f3n de uno a seis a\u00f1os, si se tratare de un instrumento p\u00fablico y con prisi\u00f3n de seis meses a dos a\u00f1os, si se tratare de un instrumento privado\u201d. <\/span>Con los alcances anteriormente analizados, la falsedad material alcanza tanto a los documentos p\u00fablicos como a los documentos privados.<\/p>\n

Como bien se reconoce, este tipo de delito es mixto alternativo, que describe diferentes conductas; un delito de acci\u00f3n y de peligro hipot\u00e9tico o aptitud229<\/a><\/span><\/span>. Y la falsedad es, precisamente, material<\/span>,<\/span> porque es necesario el soporte, ya sea para intervenir en \u00e9l o para hacer un nuevo documento sobre una materia f\u00edsica. De esta manera, el tipo penal se comete:<\/p>\n

a. Haciendo un documento \u201ctotalmente falso\u201d, generando \u2013a trav\u00e9s de la imitaci\u00f3n o de la creaci\u00f3n\u2013 los signos de autenticidad caracter\u00edsticos del mismo, como los sellos y las firmas, o los signos con idoneidad suficiente para inducir a enga\u00f1o230<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

b. Haciendo un documento \u201cparcialmente falso\u201d, que requiere la existencia previa de un documento aut\u00e9ntico al cual se le anexar\u00e1n o agregar\u00e1n signos de autenticidad (agregar una firma, diversas manifestaciones no efectuadas por el emisor, etc.). De lo que se trata aqu\u00ed es de \u201cagregar\u201d contenido; si en cambio lo que se hiciera fuera una modificaci\u00f3n del documento aut\u00e9ntico, estar\u00edamos en presencia de la acci\u00f3n t\u00edpica de \u201cadulteraci\u00f3n\u201d231<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

c. Adulterar un documento verdadero, que es precisamente la modificaci\u00f3n o alteraci\u00f3n material del contenido del mismo; aqu\u00ed no se agregan manifestaciones, sino que se \u201csustituyen\u201d o se \u201csuprimen\u201d las manifestaciones originales232<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Dentro de este sistema, suelen aducirse los t\u00e9rminos \u201ccontrafacci\u00f3n\u201d, \u201calteraci\u00f3n\u201d o \u201csupresi\u00f3n\u201d. La primera de ellas, advierte la Real Academia Espa\u00f1ola<\/span>, es un t\u00e9rmino actualmente en desuso; se refiere simplemente a una infracci\u00f3n233<\/a><\/span><\/span>. Eso explica que el t\u00e9rmino sea m\u00e1s frecuentemente utilizado por la cl\u00e1sica doctrina notarialista espa\u00f1ola, al momento de referirse a la acci\u00f3n de \u201ccontra-hacer\u201d o fingir letra, firma o r\u00fabrica en un documento234<\/a><\/span><\/span>. Los t\u00e9rminos siguientes se explican por s\u00ed solos. Claramente el art. 294 del C\u00f3digo Penal tipifica el delito de falsedad en aquellos casos en donde \u201cse suprimiere o se destruyere, en todo o en parte, un documento, de modo que pueda resultar perjuicio (\u2026)\u201d. Y tambi\u00e9n es relevante advertir que, en este tipo de delitos, \u201cel que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, ser\u00e1 reprimido como si fuere el autor de la falsedad (art. 296 CP)\u201d. Este \u00faltimo tema es relevante para quien se presenta en sede notarial con un documento de estas caracter\u00edsticas. Si el documento re\u00fane las formalidades exigidas, no es posible de ninguna manera considerar al notario responsable si fue prudente al momento de su estudio previo. Por los tiempos actuales, en ocasiones la tecnolog\u00eda permite que se \u201cimite\u201d un documento con las caracter\u00edsticas formales de los documentos p\u00fablicos, de la misma manera en que se emiten billetes. Advertidos de la circulaci\u00f3n de un documento ap\u00f3crifo, los notarios informamos a los organismos de control de nuestras jurisdicciones, que de manera inmediata a trav\u00e9s de los medios inform\u00e1ticos (email), ponen a disposici\u00f3n del notariado en su conjunto qu\u00e9 tipo de documento, qu\u00e9 clase, y qui\u00e9n es el notario o la notaria a la que le imputan su autor\u00eda, en la necesidad de evitar su circulaci\u00f3n y, m\u00e1s importante que ello, su concreci\u00f3n y efectividad. El delito claramente es imputable a quien hace uso de ese documento y no al notario que lo califica prudentemente.<\/p>\n

Finalmente, hay que decir que la \u201cdocumentolog\u00eda\u201d, como ciencia que precisamente estudia los documentos, se vuelve necesaria para poder determinar si efectivamente un documento fue falsificado. Quienes se dedican a esta labor analizan las falsificaciones documentales en las firmas, los papeles, las tintas, extendiendo la actividad, con t\u00e9cnicas precisas, hacia lo inform\u00e1tico235<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

En definitiva, la referida falsedad documentaria ocurre cuando existe una alteraci\u00f3n de la verdad, con la posibilidad de existir un da\u00f1o real o posible que deriva del documento falso cometido con dolo<\/span>236<\/a><\/span><\/span>.<\/span> En la falsedad material el documento no es genuino237<\/a><\/span><\/span>, y siempre ocurre en el elemento \u201ccorporalidad\u201d del documento.<\/p>\n

Falsedad material agravada<\/h3>\n

Los dos p\u00e1rrafos siguientes del art. 292 del C\u00f3digo Penal en estudio son considerados por la doctrina como delitos de falsedad material agravada<\/span>238<\/a><\/span><\/span>. Sencillo resulta advertir que la raz\u00f3n de la agravaci\u00f3n de la pena tiene que ver con la relevancia del contenido de ciertos documentos, referidos a la acreditaci\u00f3n de la identidad de las personas, y con ello, consider\u00e1ndose equiparados tambi\u00e9n los que a tal fin se dieran a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, de penitenciar\u00eda, de polic\u00eda, a las c\u00e9dulas de identidad expedidas por autoridad p\u00fablica competente, las libretas de enrolamiento, las libretas c\u00edvicas, los pasaportes, los certificados de parto o de nacimiento; y tambi\u00e9n, por el otro lado, los documentos que acreditan la titularidad del dominio o habilitaci\u00f3n para poder circular veh\u00edculos automotores. Debe tenerse presente que toda esta tem\u00e1tica en nuestro pa\u00eds se encuentra bajo el amparo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n<\/span>. La relaci\u00f3n de la acci\u00f3n de falsificaci\u00f3n o del delito de falsedad sobre la identidad est\u00e1 relacionada con los derechos humanos, con los derechos personal\u00edsimos que son el centro de atenci\u00f3n del derecho privado contempor\u00e1neo, y que no es posible dejar de considerar.<\/p>\n

La falsedad y el derecho inform\u00e1tico<\/h3>\n

Finalmente, y no menos relevante, hay que tener en cuenta la posici\u00f3n que ocupa en este tema el derecho inform\u00e1tico. Al recordar que, en la parte general del C\u00f3digo Penal, el art. 77 se refiere a los conceptos utilizados en el mencionado cuerpo legal, se puede leer lo siguiente en los p\u00e1rrafos designados a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

\u201cLos t\u00e9rminos \u2018firma\u2019 y \u2018suscripci\u00f3n\u2019 comprenden la firma digital, la creaci\u00f3n de una firma digital o firmar digitalmente\u201d (p\u00e1rrafo 13).<\/p>\n

\u201cLos t\u00e9rminos \u2018instrumento privado\u2019 y \u2018certificado\u2019 comprenden el documento digital firmado digitalmente\u201d (p\u00e1rrafo 14).<\/span><\/p>\n

La irrupci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de la comunicaci\u00f3n en el derecho ha sido abrupta y desmedida; no ha dejado de crecer en los \u00faltimos tiempos, y ni que considerarlo, luego de la incidencia virtual obligatoria en la vida de relaci\u00f3n en el transcurso de la pandemia mundial generada por el virus Covid-19. Consecuentemente, frente a la realidad de los casos que se presentan, no siempre se pueden encontrar las respuestas concretas que ofrecen soluci\u00f3n a los problemas. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta: incorporar las tecnolog\u00edas como herramientas para la prueba o defensa de los derechos es esencial; de la misma manera que lo es sostener que las mismas son herramientas al servicio de la personalidad humana. Primero el derecho, luego la tecnolog\u00eda239<\/a><\/span><\/span>. Cabe esta advertencia para la disciplina en estudio, el derecho penal, para poder sobre estos conceptos, sin analog\u00eda y en respeto a la interpretaci\u00f3n que se realice de la figura t\u00edpica, encontrar cu\u00e1les son las conductas merecedoras de sanci\u00f3n. Un abordaje iusfilos\u00f3fico de la interpretaci\u00f3n de las normas penales es esencial en este tema240<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Falsedad ideol\u00f3gica<\/h3>\n

Mientras que la falsedad material, a trav\u00e9s del procedimiento de falsificaci\u00f3n antes aludido, se encuentra relacionada con la autenticidad <\/span>del documento, la falsedad ideol\u00f3gica se encuentra relacionada a la verdad<\/span> del mismo. \u201cLa falsedad ideol\u00f3gica no requiere para su configuraci\u00f3n, de una intervenci\u00f3n material en el documento, sino de una \u2018inveracidad\u2019 de las declaraciones que en \u00e9l se encuentran contenidas\u201d241<\/a><\/span><\/span>. Implica, sencillamente, una mentira escrita en un documento, que es real y que se encuentra confeccionado por la persona indicada y en la forma debida242<\/a><\/span><\/span>. Claramente lo expresa Pelosi: \u201cLa falsedad material o corporal es la contrafigura de la autenticidad externa. La ideol\u00f3gica, intelectual, ideal o inmaterial es el desvalor de la autenticidad interna\u201d243<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Por esta raz\u00f3n, la falsedad material ocurre, como ya advert\u00ed, en el elemento \u201ccorporalidad\u201d del documento, mientras que la falsedad ideol\u00f3gica ocurre siempre en el elemento \u201ccontenido\u201d. Desde mi perspectiva, la fuerza de la autenticidad externa radica en la percepci\u00f3n que las personas tienen de los documentos confeccionados con ciertos signos de autenticidad exterior, mientras que la potencia de la autenticidad interna tiene que ver con el contenido de verdad que se encuentra en el seno del documento notarial. Fuerza es convicci\u00f3n, potencia es creencia de verdad. En fin, este tema, juntamente con el an\u00e1lisis prudente de los alcances y casos de autenticidad externa e interna en el documento notarial fueron un eje central en el tratamiento de mi tesis doctoral, a los que remito en honor a la brevedad244<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La falsedad ideol\u00f3gica se encuentra tipificada en el art. 293 del C\u00f3digo Penal:<\/p>\n

\u201cSer\u00e1 reprimido con reclusi\u00f3n o prisi\u00f3n de uno a seis a\u00f1os, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento p\u00fablico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio\u201d.<\/p>\n

El comportamiento t\u00edpico describe nuevamente un delito mixto t\u00edpico alternativo, que se da sobre los instrumentos p\u00fablicos, ya que se refiere a quien \u201cinserta\u201d o quien \u201chiciere insertar\u201d en los mismos, declaraciones falsas. Inserta quien las incluye, hace insertar quien logra que el fedatario inserte en el documento manifestaciones que, aunque aparentemente reales, no lo son, porque no se corresponden con lo ocurrido245<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

El principio general en materia de responsabilidad notarial penal cometida en ocasi\u00f3n de una falsedad ideol\u00f3gica es que el notario no es ni puede ser imputable por las declaraciones falsas que ante \u00e9l ocurren. Esto es, no tiene ni debe porqu\u00e9 saber el entorno, las cuestiones personales de los requirentes que los impulsan a falsear la verdad declarada, ni mucho menos poder acceder a todo aquello que sea ajeno al propio requerimiento notarial.<\/p>\n

En este tema, no puedo compartir bajo ning\u00fan concepto que, como se afirma, hay veracidades que no pueden ser generalizadas y que, por lo tanto, el funcionario o escribano p\u00fablico \u201ctiene el deber de cerciorarse, por lo menos, hasta cierto punto, de la veracidad de lo declarado\u201d246<\/a><\/span><\/span>. Es verdaderamente dif\u00edcil, en el ejercicio funcional, advertir una conducta ajena a la verdad cuando la misma es habitual y cotidiana en la ciudadan\u00eda. Existen suficientes herramientas en el derecho que se preparan para la defensa de aquellos casos en donde alguien ha sido enga\u00f1ado en su buena fe a trav\u00e9s de una declaraci\u00f3n que, aunque tenga apariencia de real, no lo es, como es el caso de la simulaci\u00f3n ya visto por nosotros en este ensayo. Tambi\u00e9n desde el derecho penal se tutela lo \u201csospechoso\u201d, a trav\u00e9s de las apreciaciones subjetivas del notario o notaria que informan una operaci\u00f3n como sospechosa frente a organismos preparados para combatir el delito de lavado de activos. <\/p>\n

La \u00fanica posibilidad de que exista responsabilidad notarial penal por falsedad ideol\u00f3gica es cuando efectivamente, desde el propio acto cumplido por el notario se desprenda la absoluta imposibilidad de cumplimiento del mismo tal como se demuestra en el documento, y adem\u00e1s, desde las cl\u00e1usulas pertinentes que tienen contenido de fe p\u00fablica. Por ejemplo, una escritura discutida en donde se pruebe que la fecha de autorizaci\u00f3n de la misma en el pa\u00eds no concuerda con la prueba de migraciones que dice que el notario autorizante de la misma en esa fecha se encontraba fuera del pa\u00eds. O un hecho que por su propia evidencia pruebe que lo que se insert\u00f3 en el documento no puede ser posible de ninguna manera \u2013un acta notarial donde se afirma haber comparecido en horas de la ma\u00f1ana a efectuar una constataci\u00f3n y de la prueba fotogr\u00e1fica surge la luna y las estrellas de fondo\u2013 cuando, l\u00f3gicamente, adem\u00e1s, no pueda probarse un error material en el \u201ctipeo<\/span> de la escritura\u201d. Es decir, todos aquellos casos en donde lo insertado en el documento de ninguna manera puede ocurrir en el mundo real tal como se percibe. Adem\u00e1s, es necesario insistir en que la tutela del derecho penal sobre aquellos casos sospechados de falsedad ideol\u00f3gica tiene que ser sobre las cl\u00e1usulas notariales que, de nuevo, gozan de fe p\u00fablica, como los casos anteriormente analizados. No hay ni existe redarguci\u00f3n de falsedad cuando no hay fe p\u00fablica. Y cualquier prueba puede ser suficiente para dejar sin efecto una declaraci\u00f3n que no goza de fe p\u00fablica.<\/p>\n

Este tema es muy importante, y es imperioso que la doctrina penal especializada tome las riendas definitivamente en este estudio, para evitar constantemente los tiempos que la justicia tarda en afirmar que no existe falsedad ideol\u00f3gica donde no existe daci\u00f3n de fe. \u00bfC\u00f3mo es posible que para quitar validez a un testamento por acto p\u00fablico se intente sobre \u00e9l una redarguci\u00f3n de falsedad por la declaraci\u00f3n notarial acerca de la capacidad del testador, si la misma se encuentra totalmente fuera de la fe p\u00fablica? Es una simple manifestaci\u00f3n que no tiene el imperio de la fe. Ya las notas del C\u00f3digo Civil argentino de V\u00e9lez a los arts. 993 \u2013de redarguci\u00f3n de falsedad247<\/a><\/span><\/span>\u2013 y 3616 respectivamente \u2013referido a la sucesi\u00f3n testamentaria248<\/a><\/span><\/span>\u2013, se erig\u00edan como baluartes en este tema, y hoy, aunque sean hist\u00f3ricas como sus art\u00edculos, no dejan de ser la mejor doctrina a tener en cuenta en este tema. Realmente es preciso que se tome real noci\u00f3n del alcance de las manifestaciones notariales en los documentos producto de su creaci\u00f3n. De ninguna manera esto implica desconocer los casos de falsedad ideol\u00f3gica de los documentos notariales cuando efectivamente se pueda probar que el hecho o el acto no ha podido acontecer tal como fuera promovido notarialmente. Para ello, la prueba a sostener s\u00ed tiene que ser contundente, con la fuerza suficiente para probar de manera efectiva la falsedad sobre la fe p\u00fablica.<\/p>\n

Falsedad ideol\u00f3gica agravada<\/h3>\n

Finalmente, de la misma manera que en el caso de la falsedad material, existe lo que se denomina falsedad ideol\u00f3gica agravada. Es el caso de la falsedad ideol\u00f3gica cometida sobre documentos acreditativos de identidad ya vistos, y que, seg\u00fan se advierte, por error material queda como agravada la falsedad \u00fanicamente sobre aquellos enunciados en el p\u00e1rrafo 3\u00b0 del art. 292 ya analizado, equiparados a los otorgados a integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, de penitenciar\u00eda, de polic\u00eda, a las c\u00e9dulas de identidad expedidas por autoridad p\u00fablica competente, las libretas de enrolamiento, las libretas c\u00edvicas, los pasaportes, los certificados de parto o de nacimiento. Es cierto que se debi\u00f3 tutelar aqu\u00ed la protecci\u00f3n sobre todo documento acreditativo de la identidad, por lo tanto, los dos p\u00e1rrafos antes desarrollados (arts. 292, 2\u00b0 y 3\u00b0) son los que deber\u00edan tener protecci\u00f3n. Esta situaci\u00f3n genera conflictos desde el an\u00e1lisis del principio de legalidad penal analizado al inicio del presente aporte249<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

Palabras finales <\/h2>\n

El desarrollo del tema el notario y la responsabilidad penal requiere de un estudio verdaderamente contundente, no por lo extenso, sino por lo preciso. El repaso de las corrientes actuales del pensamiento penal, por ejemplo, con los elementos que esgrimen para poder alcanzar a comprender cu\u00e1ndo se configura un delito y cu\u00e1ndo no es realmente relevante. Muchas veces, las corrientes de pensamiento penal moderno no coinciden en los fines y en los resultados que se obtienen con la tutela de un bien jur\u00eddico protegido tutelado por el derecho. Pero s\u00ed en la estructura del delito, y en especial, en la defensa de la legalidad que en esta disciplina hay que siempre atender como elemento esencial para poder o no configurar la responsabilidad notarial penal.<\/p>\n

Como bien se advierte, la falsedad documental es nada m\u00e1s, ni nada menos, que una ficci\u00f3n social del autor250<\/a><\/span><\/span>. El autor del documento pone a disposici\u00f3n de la ciudadan\u00eda un instrumento que, a trav\u00e9s de su circulaci\u00f3n, promueve y respalda ciertos resultados que, de ser falsos, generar\u00e1n da\u00f1o, promover\u00e1n demandas, juicios, discusiones, etc. Pero esa acci\u00f3n de crear el documento no es suficiente para tornarlo responsable.<\/p>\n

De lo que se trata es de comprender en el ejercicio de la funci\u00f3n notarial creadora del documento, que, sin dolo, sin intenci\u00f3n del autor, no puede existir responsabilidad penal. La acci\u00f3n del autor, el hacer en todo o en parte el documento falso o adulterar uno verdadero<\/span>, <\/span>debe emerger de su propia intenci\u00f3n251<\/a><\/span><\/span>. Y, adem\u00e1s, seg\u00fan bien se afirma, el perjuicio generado debe ser real o al menos potencial252<\/a><\/span><\/span>. Desde mi perspectiva, la visi\u00f3n que m\u00e1s claramente explica esta situaci\u00f3n es la del propio Corredor Pardo: \u201cSi se atiende a la persona que documenta para el tr\u00e1fico, es decir, a la persona que decide crear un objeto mueble comprensible a los dem\u00e1s, para fijar en un medio material una representaci\u00f3n o imagen de un acto o negocio jur\u00eddico previamente realizado, o no, se ha de aceptar que quien documenta, es decir, quien se expresa a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n o declaraci\u00f3n documental, no es el notario que extiende f\u00edsicamente el texto en el soporte, sino las personas que manifiestan al notario dichos contenidos(\u2026)\u201d253<\/a><\/span><\/span>. Como ya hemos analizado, para conformar el delito de falsedad ideol\u00f3gica, el art\u00edculo en estudio alude a \u201cquien insertare o hiciere insertar\u201d. Nuevamente, sin intenci\u00f3n notarial de desviar la verdad del documento, no puede configurarse la responsabilidad penal. De no probarse este extremo a trav\u00e9s del procedimiento de redarguci\u00f3n de falsedad, la evidencia del documento es inmediata y no necesita ninguna otra prueba, despleg\u00e1ndose sobre el documento notarial sus efectos caracter\u00edsticos: probatorios, ejecutivos y conservatorios254<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

En esta materia, el principio general consiste en asumir que la obligaci\u00f3n de decir la verdad es una exigencia impl\u00edcita en todo ordenamiento jur\u00eddico y en la vida social de relaci\u00f3n absolutamente organizada, en base a modelos que vienen funcionando, con pr\u00e1cticamente absoluta precisi\u00f3n, hace mucho tiempo. Como bien se ha advertido, si los deberes esenciales de los notarios son la veracidad, la legalidad y la custodia de los documentos, la ant\u00edtesis de este comportamiento exigido son las falsedades, y entre otras, las destrucciones del documento255<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

La presunci\u00f3n de autenticidad y el principio de buena fe, en los derechos de los pa\u00edses que adscriben al modelo constitucional y supralegal, tienen que ser considerados como principios correlativos256<\/a><\/span><\/span>. En el moderno derecho privado argentino, se traslada esta situaci\u00f3n a todos los casos en donde el principio de confianza opera como elemento rector del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n257<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

En los albores del desarrollo acad\u00e9mico del derecho notarial, Jos\u00e9 Mar\u00eda Mengual y Mengual <\/span>se preguntaba: \u00bfqu\u00e9 debe ser un notario?, respondiendo que el mismo, adem\u00e1s de notario, tiene que ser un profesor de derecho; conocer todo el derecho, para poder revestir su actuar con gran probidad, obrando en todo momento con justicia, procurando que, desde su actuaci\u00f3n, siempre resulten para el futuro la paz y la armon\u00eda258<\/a><\/span><\/span>. En igual sentido, el valor \u201cdocencia\u201d del notario fue destacado por Carlos Gattari, cuando se refer\u00eda a los valores de la escritura p\u00fablica, sin pasar por alto el valor justicia259<\/a><\/span><\/span> que claramente, desde sus diversas acepciones y alcances, es el valor jur\u00eddico superior del presente siglo.<\/p>\n

La funci\u00f3n notarial que se destaca es la de efectuar el control de legalidad y de mantener el compromiso con el principio de seguridad jur\u00eddica260<\/a><\/span><\/span>. Dentro de estos deberes, el decir la verdad aleja al notario del deber de responder penalmente por las falsedades documentales, que siempre deben ubicarse, para su correcta configuraci\u00f3n como delito, dentro del alcance de la fe p\u00fablica notarial antes aludido.<\/p>\n

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    \n

    1<\/a> Cfr. Alterini, Atilio A., Responsabilidad civil. L\u00edmites de la reparaci\u00f3n civil<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1970, p. 305.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    2<\/a> Cfr. Gim\u00e9nez-Arnau, Enrique, Derecho notarial espa\u00f1ol<\/span>, vol. III, Universidad de Navarra, 1965, p. 301.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    3<\/a> Cfr. Gattari, Carlos N., Manual de derecho notarial<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 254; Abella, Adriana N., Derecho Notarial<\/span>, Zaval\u00eda, Buenos Aires, 2010, p. 208.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    4<\/a> Cfr. Neri, Argentino I., Tratado te\u00f3rico y pr\u00e1ctico de derecho notarial<\/span>, vol. 3, Depalma, Buenos Aires, 1970, p. 1018.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    5<\/a> Neri, Argentino I., Tratado te\u00f3rico y pr\u00e1ctico de derecho notarial<\/span>, vol. 3, Depalma, Buenos Aires, 1970, p. 1018.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    6<\/a> Cfr. Mart\u00ednez Segovia, Francisco, Funci\u00f3n notarial<\/span>, Delta Editora, Paran\u00e1, 1997, p. 123.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    7<\/a> Cfr. Larraud, Rufino, Curso de derecho notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 721.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    8<\/a> Cfr. Gonz\u00e1lez, Carlos E., Derecho notarial<\/span>, Fedye, Buenos Aires, 1971, p. 234.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    9<\/a> Cfr. Mustapich, Jos\u00e9 M., Tratado te\u00f3rico y pr\u00e1ctico de derecho notarial<\/span>, T II, Ediar, Buenos Aires, 1955, p. 463.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    10<\/a> Cfr. Gonzales Barr\u00f3n, Gunther, Derecho registral y notarial<\/span>, T II, Jurista Editores, Lima, 2012, p. 1437.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    11<\/a> Cfr. Abella, Adriana N., Derecho notarial<\/span>, Zaval\u00eda, Buenos Aires, 2010, p. 207.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    12<\/a> Cfr. Frontini, Elba, \u201cResponsabilidad notarial penal\u201d, en Armella, Cristina N. (Dir.), Tratado de derecho notarial, registral e inmobiliario<\/span>, T I, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998, p. 413.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    13<\/a> Gonz\u00e1lez Palomino, Jos\u00e9, Instituciones de derecho notarial<\/span>, tomo primero, Reus, Madrid, 1948, p. 377. Sin dejar de tener en cuenta los tiempos en donde el gran autor hispano ofrec\u00eda estos aportes, es oportuno remitir a la dureza con la que generaba una doctrina en el tema de la responsabilidad penal: \u201cA la malicia, con la milicia\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    14<\/a> Cfr. Armella, Cristina N.; Copes, Adriana; Oriol, Julieta E.; Lucero, Joaqu\u00edn F.; Pla, Jos\u00e9 L. y Vidal D\u00edaz, Jos\u00e9 A., \u201cFunci\u00f3n notarial y responsabilidad\u201d, ponencia original, 1986, p. 217. Este trabajo sigue siendo uno de los esenciales en materia de responsabilidad notarial. Para consultarlo publicado: \u201cFunci\u00f3n notarial y responsabilidad\u201d, Revista Notarial 886 (primera parte), Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1986, p. 411-470; Revista Notarial 887 (segunda parte), Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1986, p. 627-712.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    15<\/a> Cfr. Larraud, Rufino, Curso de derecho notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 694.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    16<\/a> Gonz\u00e1lez Palomino, Jos\u00e9, Instituciones de derecho notarial<\/span>, tomo primero, Reus, Madrid, 1948, p. 377.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    17<\/a> Larraud, Rufino, Curso de derecho notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 721.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    18<\/a> Cfr. Gonz\u00e1lez Palomino, Jos\u00e9, Instituciones de derecho notarial<\/span>, tomo primero, Reus, Madrid, 1948, p. 424.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    19<\/a> Sanahuja y Soler, Jos\u00e9 M., Tratado de derecho notarial<\/span>, T I, Librer\u00eda Bosch, Barcelona, 1945, p. 353.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    20<\/a> Gattari, Carlos N., Manual de derecho notarial<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 254.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    21<\/a> Cfr. Ciuro de Castello, Elena y Garate, Laura, 50 a\u00f1os. Jornada Notarial Bonaerense<\/span>, FEN, Buenos Aires, 2007, p. 232.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    22<\/a> Cfr. Quintela, Le\u00f3nidas A., Las acciones neutrales en el \u00e1mbito profesional de los escribanos<\/span>, IJ Editores, Buenos Aires, 2013.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    23<\/a> Cfr. Cossio, Carlos, El derecho en el derecho judicial. Las lagunas del derecho. La valoraci\u00f3n judicial<\/span>, El Foro, Buenos Aires, 2002, p. 237.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    24<\/a> Cossio, Carlos, El derecho en el derecho judicial. Las lagunas del derecho. La valoraci\u00f3n judicial<\/span>, El Foro, Buenos Aires, 2002, p. 238.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    25<\/a> Cfr. Carnelutti, Francesco, Teor\u00eda general del derecho<\/span>, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, p. 116.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    26<\/a> Cfr. Ossorio y Florit, Manuel, Analog\u00eda jur\u00eddica<\/span>, Enciclopedia Jur\u00eddica Omeba, T I, Driskill SA, Buenos Aires, 1996, p. 678.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    27<\/a> Cfr. Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general<\/span>, T I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2020, p. 475.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    28<\/a> Cfr. Zinny, Mario A., La ense\u00f1anza del derecho y los estudios comparados<\/span>, Nova Tesis, Rosario, 2014, p. 50.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    29<\/a> Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general<\/span>, T I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2020, p. 475.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    30<\/a> Cfr. Nino, Carlos S., Introducci\u00f3n al an\u00e1lisis del derecho<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 272.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    31<\/a> Nino, Carlos S., Introducci\u00f3n al an\u00e1lisis del derecho<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 272.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    32<\/a> Nino, Carlos S., Introducci\u00f3n al an\u00e1lisis del derecho<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 279.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    33<\/a> Nino, Carlos S., Introducci\u00f3n al an\u00e1lisis del derecho<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 281.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    34<\/a> Nino, Carlos S., Introducci\u00f3n al an\u00e1lisis del derecho<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 285.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    35<\/a> Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general<\/span>, T I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2020, p. 477.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    36<\/a> Nino, Carlos S., Introducci\u00f3n al an\u00e1lisis del derecho<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 285.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    37<\/a> Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general<\/span>, T I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2020, p. 477.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    38<\/a> Zinny, Mario A., La ense\u00f1anza del derecho y los estudios comparados<\/span>, Nova Tesis, Rosario, 2014, p. 49.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    39<\/a> Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general<\/span>, T I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2020, p. 477.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    40<\/a> En el C\u00f3digo Civil Argentino de V\u00e9lez Sarsfield<\/span>, la norma prevista para el caso era la del art\u00edculo 16: \u201cSi una cuesti\u00f3n civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el esp\u00edritu de la ley, se atender\u00e1 a los principios de leyes an\u00e1logas; y si a\u00fan la cuesti\u00f3n fuere dudosa, se resolver\u00e1 por los principios generales del derecho, teniendo en consideraci\u00f3n las circunstancias del caso\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    41<\/a> Anteproyecto de C\u00f3digo Civil unificado con el C\u00f3digo de Comercio 2012<\/span>, Ediciones C\u00f3dice, Buenos Aires, 2012, p. 597; C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n<\/span>, Proyecto del Poder Ejecutivo de La Naci\u00f3n redactado por la comisi\u00f3n de reformas designada por decreto 191\/2011, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 513.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    42<\/a> Nino, Carlos S., Introducci\u00f3n al an\u00e1lisis del derecho<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2005, p. 285.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    43<\/a> Rivera, Julio C., Instituciones de derecho civil. Parte general<\/span>, T I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2020, p. 479.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    44<\/a> Cfr. Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho penal. Introducci\u00f3n y parte general<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957, p. 349.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    45<\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho penal. Introducci\u00f3n y parte general<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957, p. 349.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    46<\/a> Cfr. Terragni, Marco A., Derecho penal constitucional<\/span>, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2021, p. 11.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    47<\/a> Terragni, Marco A., Derecho penal constitucional<\/span>, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2021, p. 40.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    48<\/a> Cfr. Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 103.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    49<\/a> Cfr. Kelsen, Hans, Teor\u00eda pura del derecho<\/span>, Porr\u00faa, M\u00e9xico, 2007, p. 127.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    50<\/a> Cfr. De Luca, Javier A., Leyes penales m\u00e1s benignas, en blanco y Constituci\u00f3n Nacional<\/span>, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2010.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    51<\/a> Cfr. Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 136.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    52<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 104.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    53<\/a> Cfr. Alonso, Juan P., Interpretaci\u00f3n de las normas y derecho penal<\/span>, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2016, p. 365.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    54<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 117.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    55<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 126.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    56<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 134.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    57<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 129.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    58<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 133.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    59<\/a> Cfr. Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 159.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    60<\/a> Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 232.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    61<\/a> Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 233.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    62<\/a> Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 234.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    63<\/a> Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 274.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    64<\/a> Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 2.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    65<\/a> Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 179.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    66<\/a> Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 179.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    67<\/a> Cassagne, Juan C., Los grandes principios del derecho p\u00fablico. Constitucional y Administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 180.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    68<\/a> Cfr. Finnis, John, Ley natural y derechos naturales<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    69<\/a> Cfr. Massini Correas, Carlos I., Jurisprudencia anal\u00edtica y derecho natural<\/span>, Marcial Pons, Buenos Aires, 2019; Filosof\u00eda del derecho, 3 tomos, LexisNexis-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005-2008.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    70<\/a> Cfr. Vigo, Rodolfo L., Perspectivas iusfilos\u00f3ficas contempor\u00e1neas<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2019, p. 281.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    71<\/a> Cfr. Vallet de Goytisolo, Juan B., Manuales de metodolog\u00eda jur\u00eddica<\/span>, 4 tomos, Consejo General del Notariado, Madrid, 2004.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    72<\/a> Cfr. Delgado de Miguel, Juan F., La deontolog\u00eda notarial frente a los clientes, a los colegas y al Estado<\/span>, Summa, Asturias, 1998, p. 27.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    73<\/a> Cfr. Balb\u00edn, Carlos F., Impacto del C\u00f3digo Civil y Comercial en el derecho administrativo<\/span>, Astrea-DPI Cu\u00e1ntico, Buenos Aires, 2016, p. 167. <\/p>\n<\/div>\n

    \n

    74<\/a> Cfr. Botassi, Carlos A., El derecho administrativo y el C\u00f3digo Civil y Comercial<\/span>, Librer\u00eda Editora Platense, La Plata, 2018, p. 33.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    75<\/a> Cfr. Guariglia, Carlos E., Fundamento iusfilos\u00f3fico del derecho administrativo<\/span>, Educa-Universidad Cat\u00f3lica del Uruguay, Buenos Aires, 2016.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    76<\/a> Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derecho y raz\u00f3n. Teor\u00eda del garantismo penal<\/span>, Trotta, 2014, p. 209.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    77<\/a> Cfr. Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 199.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    78<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 203.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    79<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 203.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    80<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 203.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    81<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 141.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    82<\/a> Cfr. Zaffaroni, Eugenio R., Manual de derecho penal<\/span>, Ediar, Buenos Aires, 2017, p. 288.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    83<\/a> Zaffaroni, Eugenio R., Manual de derecho penal<\/span>, Ediar, Buenos Aires, 2017, p. 288.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    84<\/a> Zaffaroni, Eugenio R., Manual de derecho penal<\/span>, Ediar, Buenos Aires, 2017, p. 288.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    85<\/a> Cfr. Zaffaroni, Ra\u00fal E., La palabra de los muertos<\/span>, Ediar, Buenos Aires, 2011, p. 486.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    86<\/a> Cfr. Righi, Esteban, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 117.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    87<\/a> Cfr. Sivestroni, Mariano H., Teor\u00eda constitucional del delito<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 259.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    88<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 275.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    89<\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho penal. Introducci\u00f3n y parte general<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957, p. 246.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    90<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 276. En similar orientaci\u00f3n para el tratamiento de la responsabilidad notarial penal: Garc\u00eda R\u00faa, Oscar, El proceso disciplinario del escribano. Responsabilidad penal, civil y \u00e9tica<\/span>, \u00c1baco, Buenos Aires, 2003, p. 49.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    91<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 216.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    92<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 203.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    93<\/a> Cfr. D\u00edas, Horacio, C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina comentado. Parte general<\/span>, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, p. 473.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    94<\/a> Righi, Esteban, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 124.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    95<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 211.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    96<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 204.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    97<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho Penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 276; Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 219.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    98<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 245.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    99<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho Penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 276.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    100<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 216.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    101<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho Penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 277.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    102<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 201.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    103<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 217.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    104<\/a> Soler, Sebastian, Derecho Penal argentino<\/span>, T I, TEA, Buenos Aires, 1999, p. 277.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    105<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 220.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    106<\/a> Silvestroni, Mariano H., Teor\u00eda constitucional del delito<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 294.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    107<\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho Penal. Introducci\u00f3n y parte general<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957, p. 352.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    108<\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho Penal. Introducci\u00f3n y parte general<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957, p. 355.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    109<\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho Penal. Introducci\u00f3n y parte general<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957, p. 364. <\/p>\n<\/div>\n

    \n

    110<\/a> Silvestroni, Mariano H., Teor\u00eda constitucional del delito<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 294.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    111<\/a> Silvestroni, Mariano H., Teor\u00eda constitucional del delito<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 308.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    112<\/a> Silvestroni, Mariano H., Teor\u00eda constitucional del delito, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 325.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    113<\/a> Righi, Esteban, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 207.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    114<\/a> Righi, Esteban, Derecho Penal. Parte general, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 257.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    115<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho Penal argentino, T II, TEA, Buenos Aires, 2000, p. 123.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    116<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho Penal argentino, T II, TEA, Buenos Aires, 2000, p. 130.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    117<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 317.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    118<\/a> Soler, Sebasti\u00e1n, Derecho Penal argentino<\/span>, T II, TEA, Buenos Aires, 2000, p. 158.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    119<\/a> Righi, Esteban, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2018, p. 396.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    120<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 343.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    121<\/a> Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte general<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2020, p. 344.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    122<\/a> La definici\u00f3n exacta dice: \u201cEl notario latino es el profesional del derecho encargado de una funci\u00f3n p\u00fablica consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiri\u00e9ndoles autenticidad, conservar los originales de \u00e9stos y expedir copias que den fe de su contenido\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    123<\/a> Cfr. Segovia, Lisandro, El C\u00f3digo Civil de la Rep\u00fablica Argentina con su explicaci\u00f3n y cr\u00edtica bajo la forma de notas<\/span>, tomo primero, Imprenta de Pablo E. Coni, Editor, Buenos Aires, 1881, p. 270.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    124<\/a> Cfr. Llerena, Baldomero, Concordancias y comentarios del C\u00f3digo Civil Argentino<\/span>, tomo cuarto, Sociedad Bibliogr\u00e1fica Argentina Editores, Buenos Aires, 1931, p. 39.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    125<\/a> Cfr. Machado, Jos\u00e9 O., Exposici\u00f3n y comentario del C\u00f3digo Civil Argentino<\/span>, T III, F\u00e9lix Lajouane Editor, Buenos Aires, 1899, p. 250. Dice el autor: \u201cLa instituci\u00f3n de los escribanos p\u00fablicos que heredamos de la Espa\u00f1a, ha penetrado de tal manera en nuestras costumbres, que forma parte esencial de nuestro ser social; y sin embargo, no tiene precedentes en las antiguas legislaciones, con las facultades tan ilimitadas que nosotros le concedemos. Por m\u00e1s garant\u00eda de competencia y honestidad que se exijan a estas personas que desempe\u00f1an un puesto de tanta responsabilidad, dif\u00edcil ser\u00e1 librarse de actos sumamente bochornosos. Apresur\u00e9monos a decir en honor a este gremio, que rara vez faltan a la confianza que la ley deposita en sus manos\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    126<\/a> En este tema en particular, sigo opinando que existen dos temas relevantes para considerar: a) es necesario definitivamente admitir que es imposible obtener una definici\u00f3n de la funci\u00f3n notarial que abarque efectivamente toda la labor que realiza el notario en su notar\u00eda (mucho m\u00e1s en estos tiempos que agrega al estudio el tema de la argumentaci\u00f3n notarial del derecho); b) Hay que comprender que es imperioso contar con una actualizaci\u00f3n permanente<\/span> del alcance de la funci\u00f3n notarial. Es decir, sobre la idea de fe p\u00fablica, de la teor\u00eda de las formas y de los ritos sacramentales, y teniendo en cuenta el r\u00e9gimen de competencias, siempre ser\u00e1 necesario proyectar los alcances de la funci\u00f3n de acuerdo a las necesidades que tanto la sociedad como el derecho justifiquen en el tiempo en que sea necesario definir o redefinir. Entre ellas, las cuestiones constitucionales que en la actualidad y seg\u00fan veremos m\u00e1s adelante, conforman el m\u00e1s contundente valor para el desarrollo de la funci\u00f3n notarial. <\/p>\n<\/div>\n

    \n

    127<\/a> Para un tratamiento pormenorizado de las mismas remito: Cosola, Sebasti\u00e1n J., El derecho notarial y su proyecci\u00f3n constitucional<\/span>, en Zavala, Gast\u00f3n A. (Dir.), La Funci\u00f3n Notarial<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2020, p. 23.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    128<\/a> Cfr. Bueres, Alberto, Responsabilidad civil y escribano p\u00fablico<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 1984; Lloveras de Resk, Mar\u00eda E., La responsabilidad civil del escribano p\u00fablico<\/span>, ED, 23\/09\/1984; Trigo Represas, F\u00e9lix A. y L\u00f3pez Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil<\/span>, T II, La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 640, y Compagnucci de Caso, Rub\u00e9n H., Responsabilidad de los escribanos<\/span>, La Ley, 1999-B-16.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    129<\/a> Cfr. Rodr\u00edguez Adrados, Antonio, El notario: funci\u00f3n privada y funci\u00f3n p\u00fablica: su inescindibilidad<\/span>, \u201cEscritos Jur\u00eddicos\u201d, Vol. II, Consejo General del Notariado Espa\u00f1ol, Madrid, 1996, p. 213-321.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    130<\/a> Cfr. Armella, Cristina N., \u201cDe los instrumentos p\u00fablicos\u201d, en Bueres, Alberto J. (Dir.) – Highton, Elena I. (Coord.), C\u00f3digo Civil y normas complementarias. An\u00e1lisis doctrinario y jurisprudencial<\/span>, T 2C, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 67.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    131<\/a> Un an\u00e1lisis riguroso de este tema puede verse en: Abella, Adriana N., Derecho notarial<\/span>, Zaval\u00eda, Buenos Aires, 2010, p. 34.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    132<\/a> CSJN: \u201cVadell, Jorge Fernando c\/ Provincia de Buenos Aires\u201d, 1984. Fallos: 306:2030.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    133<\/a> CSJN: \u201cFranco, Blanca Teodora c\/ Provincia de Buenos Aires – Ministerio de Gobierno\u201d, F. 509, XXXVI, 12\/11\/2002. Fallos: 325:2968.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    134<\/a> CNCiv., Sala C, 5\/11\/1976, \u201cQuiroga, Remedios c\/ Viale, Victoriano\u201d (El Derecho, T 71, 1977, p. 399; La Ley Online, AR\/JUR\/993\/1976).<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    135<\/a> Cfr. Alterini, Ignacio E., Alcances del deber de responder del escribano en el C\u00f3digo Civil y Comercial<\/span>, Revista del Notariado 934 (oct.-dic. 2018). http:\/\/www.revista-notariado.org.ar\/2019\/07\/alcances-del-deber-de-responder-del-escribano-en-el-codigo-civil-y-comercial\/#footnote-567-3 (\u00daltimo acceso: 06\/06\/2021).<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    136<\/a> Trigo Represas, F\u00e9lix A. y L\u00f3pez Mesa, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil<\/span>, T II, La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 6407.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    137<\/a> Cfr. Creus, Carlos y Buompadre, Jorge E., Falsificaci\u00f3n de los documentos en general<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 236.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    138<\/a> Cfr. Bustamante Alsina, Jorge, Teor\u00eda General de la responsabilidad civil<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1972, p. 410.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    139<\/a> Cfr. L\u00f3pez Herrera, Edgardo, Manual de responsabilidad civil<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 679.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    140<\/a> Cfr. Savransky, Mois\u00e9s J., Funci\u00f3n y responsabilidad notarial<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 70.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    141<\/a> Savransky, Mois\u00e9s J., Funci\u00f3n y responsabilidad notarial<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 79.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    142<\/a> Cfr. Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 281.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    143<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 285.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    144<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 286.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    145<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 286.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    146<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 297.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    147<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 299.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    148<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 302.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    149<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 302.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    150<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 303.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    151<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 304.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    152<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 305.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    153<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 307.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    154<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 308.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    155<\/a> Pond\u00e9, Eduardo B., Tr\u00edptico notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 309.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    156<\/a> Cfr. Ciuro de Castello, Norma – Garate, Laura, 50 a\u00f1os Jornada Notarial Bonaerense<\/span>, FEN, Buenos Aires, 2007, p. 233.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    157<\/a> D\u00edas, Horacio, C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina comentado. Parte general<\/span>, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, p. 702.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    158<\/a> Cfr. Fiorini, Bartolom\u00e9 A., Manual de Derecho administrativo<\/span>, La Ley, Buenos Aires, 1968, p. 545.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    159<\/a> Fiorini, Bartolom\u00e9 A., Manual de Derecho administrativo<\/span>, La Ley, Buenos Aires, 1968, p. 553.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    160<\/a> Fiorini, Bartolom\u00e9 A., Manual de Derecho administrativo<\/span>, La Ley, Buenos Aires, 1968, p. 553.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    161<\/a> Fiorini, Bartolom\u00e9 A., Manual de Derecho administrativo<\/span>, La Ley, Buenos Aires, 1968, p. 554.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    162<\/a> Cfr. Bielsa, Rafael, La funci\u00f3n p\u00fablica. Caracteres jur\u00eddicos y pol\u00edticos. La moralidad administrativa<\/span>, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1960, p. 103.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    163<\/a> Cfr. Balb\u00edn, Carlos F., Manual de Derecho administrativo<\/span>, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2018, p. 328.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    164<\/a> Cfr. Ivanega, Miriam M., Empleo p\u00fablico<\/span>, Astrea-Rap, Buenos Aires, 2019, p. 112.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    165<\/a> Cfr. Orelle, Jos\u00e9 M. R., Actos e instrumentos notariales<\/span>, La Ley, Buenos Aires, 2008.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    166<\/a> Cfr. Carminio Castagno, Jos\u00e9 C., Teor\u00eda general del acto notarial y otros estudios<\/span>, 2 tomos, Edici\u00f3n del autor, Paran\u00e1, 2006.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    167<\/a> Cfr. Vitali, H\u00e9ctor H., Derecho notarial<\/span>, Di Lalla Ediciones, Buenos Aires, 2020.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    168<\/a> Cfr. Cosola, Sebasti\u00e1n J., Los deberes \u00e9ticos notariales<\/span>, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2008, p. 38.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    169<\/a> En igual sentido: Creus, Carlos y Buompadre, Jorge E., Falsificaci\u00f3n de los documentos en general<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 234.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    170<\/a> Fuente: http:\/\/servicios.infoleg.gob.ar\/infolegInternet\/anexos\/60000-64999\/60847\/texact.htm (\u00daltimo acceso: 12\/06\/2021).<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    171<\/a> Causa FMZ 93002950\/2011\/TO1\/CFC1, \u201cWinckler Catapano, Alicia Sonia s\/recurso de casaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    172<\/a> Arts. 10 y 17 respectivamente.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

    \n

    173<\/a> Cfr. Pelosi, Carlos A., El documento notarial<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 1987.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    174<\/a> Cosola, Sebasti\u00e1n J., El documento notarial en el C\u00f3digo Civil y Comercial<\/span>, Astrea-FEN, Buenos Aires, 2020.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    175<\/a> D\u00edas, Horacio, C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina comentado. Parte general<\/span>, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, p. 708.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    176<\/a> D\u00edas, Horacio, C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina comentado. Parte general<\/span>, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, p. 708.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    177<\/a> Cfr. Baig\u00fan, David y Tozzini, Carlos A., La falsedad documental en la jurisprudencia (Elementos comunes a todos los tipos)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 46.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    178<\/a> Baig\u00fan, David y Tozzini, Carlos A., La falsedad documental en la jurisprudencia (Elementos comunes a todos los tipos)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 58.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    179<\/a> Baig\u00fan, David y Tozzini, Carlos A., La falsedad documental en la jurisprudencia (Elementos comunes a todos los tipos)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 59.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    180<\/a> Baig\u00fan, David y Tozzini, Carlos A., La falsedad documental en la jurisprudencia (Elementos comunes a todos los tipos)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 61.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    181<\/a> Baig\u00fan, David y Tozzini, Carlos A., La falsedad documental en la jurisprudencia (Elementos comunes a todos los tipos)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 63.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    182<\/a> Baig\u00fan, David y Tozzini, Carlos A., La falsedad documental en la jurisprudencia (Elementos comunes a todos los tipos)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 63.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    183<\/a> Baig\u00fan, David y Tozzini, Carlos A., La falsedad documental en la jurisprudencia (Elementos comunes a todos los tipos)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 69.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    184<\/a> Cfr. Varela, Bernardo C., El concepto de documento en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo Penal Argentino<\/span>, Lerner, C\u00f3rdoba, 1964, p. 19.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    185<\/a> Varela, Bernardo C., El concepto de documento en el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo Penal Argentino<\/span>, Lerner, C\u00f3rdoba, 1964, p. 22.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    186<\/a> Cfr. Carnelutti, Francesco, Teor\u00eda del falso y da\u00f1o en el delito<\/span>, El Foro, Buenos Aires, 2004, p. 21.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    187<\/a> Carnelutti, Francesco, Teor\u00eda del falso y da\u00f1o en el delito<\/span>, El Foro, Buenos Aires, 2004, p. 37.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    188<\/a> Carnelutti, Francesco, Teor\u00eda del falso y da\u00f1o en el delito<\/span>, El Foro, Buenos Aires, 2004, p. 28.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    189<\/a> Carnelutti, Francesco, Teor\u00eda del falso y da\u00f1o en el delito<\/span>, El Foro, Buenos Aires, 2004, p. 29.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    190<\/a> Cap. XII: Falso testimonio. Art. 275. Ser\u00e1 reprimido con prisi\u00f3n de un mes a cuatro a\u00f1os, el testigo, perito o int\u00e9rprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposici\u00f3n, informe, traducci\u00f3n o interpretaci\u00f3n, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena ser\u00e1 de uno a diez a\u00f1os de reclusi\u00f3n o prisi\u00f3n. En todos los casos se impondr\u00e1 al reo, adem\u00e1s, inhabilitaci\u00f3n absoluta por doble tiempo del de la condena. Art. 276. – La pena del testigo, perito o int\u00e9rprete falso, cuya declaraci\u00f3n fuere prestada mediante cohecho, se agravar\u00e1 con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrir\u00e1 la pena del simple testigo falso. Art. 276 bis. – Ser\u00e1 reprimido con prisi\u00f3n de cuatro (4) a diez (10) a\u00f1os y con la p\u00e9rdida del beneficio concedido el que, acogi\u00e9ndose al beneficio del art\u00edculo 41 ter, proporcionare maliciosamente informaci\u00f3n falsa o datos inexactos. Fuente: http:\/\/servicios.infoleg.gob.ar\/infolegInternet\/anexos\/15000-19999\/16546\/texact.htm#25 (\u00daltimo acceso: 12\/06\/2021).<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    191<\/a> Cfr. Carnelutti, Francesco, Teor\u00eda del falso y da\u00f1o en el delito<\/span>, El Foro, Buenos Aires, 2004, p. 99.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    192<\/a> Cfr. Cossio, Carlos, Teor\u00eda de la verdad jur\u00eddica<\/span>, El Foro, Buenos Aires, 2007, p. 194.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    193<\/a> Cfr. Baldana, Juan, Derecho notarial argentino<\/span>, T 4, Librer\u00eda y editorial \u201cLa Facultad\u201d – Bernab\u00e9 y C\u00eda., Buenos Aires, 1946, p. 25.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    194<\/a> Baldana, Juan, Derecho notarial argentino<\/span>, T 4, Librer\u00eda y editorial \u201cLa Facultad\u201d – Bernab\u00e9 y C\u00eda., Buenos Aires, 1946, p. 25. Seguidamente, aclara el autor: \u201cLa falsedad puede cometerse con palabras, escritos, hechos y por uso o abuso, y la falsificaci\u00f3n, solo con escritos, hechos o acciones\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    195<\/a> Cfr. Pelosi, Carlos A., El documento notarial<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 310.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    196<\/a> Cfr. Carrica, Pablo A., Derecho documental<\/span>, La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 87.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    197<\/a> Cfr. De Castro y Bravo, Federico, El negocio jur\u00eddico<\/span>, Civitas, Madrid, 2002, p. 340.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    198<\/a> Cfr. Betti, Emilio, Teor\u00eda general del negocio jur\u00eddico<\/span>, Comares, Granada, 2000, p. 348.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    199<\/a> Cfr. Compagnucci de Caso, Rub\u00e9n H., El negocio jur\u00eddico<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 311.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    200<\/a> Cfr. Cifuentes, Santos, El negocio jur\u00eddico<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2004, p. 622.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    201<\/a> Cfr. Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho Penal. Parte especial<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 785.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    202<\/a> Pelosi, Carlos A., El documento notarial<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 311; Couture, Eduardo J., El concepto de fe p\u00fablica. Introducci\u00f3n al estudio del derecho notarial<\/span>, Fas, Rosario, 2005, p. 16.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    203<\/a> Pelosi, Carlos A., El documento notarial<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 311.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    204<\/a> Cfr. Bramont Arias, Luis, Falsedad<\/span>, Enciclopedia Jur\u00eddica Omeba, T XI, Driskill, Buenos Aires, 1994, p. 851.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    205<\/a> Cfr. Couture, Eduardo J., El concepto de fe p\u00fablica. Introducci\u00f3n al estudio del derecho notarial<\/span>, Fas, Rosario, 2005, p. 15.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    206<\/a> Cfr. Zinny, Mario A., El acto notarial (Daci\u00f3n de fe)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 8.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    207<\/a> Zinny, Mario A., El acto notarial (Daci\u00f3n de fe)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 76.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    208<\/a> Zinny, Mario A., El acto notarial (Daci\u00f3n de fe)<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 11.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    209<\/a> Cfr. Arocena, Gustavo A., Falsedades documentales<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 33.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    210<\/a> Ver evoluci\u00f3n en Cosola, Sebasti\u00e1n J., El documento notarial en el C\u00f3digo Civil y Comercial<\/span>, Astrea-Fen, Buenos Aires, 2020, p. 109.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    211<\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho Penal. Parte especial<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 810.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    212<\/a> Cfr. Bacigalupo, Enrique, Delito de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 13.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    213<\/a> Cfr. Corredor Pardo, Manuel, Falsedad documental: ficci\u00f3n social del autor<\/span>, Universidad del Externado, Colombia, 2007, p. 15.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    214<\/a> Cfr. P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 21.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    215<\/a> Conf. Art. 289.- Enunciaci\u00f3n. Son instrumentos p\u00fablicos: a) las escrituras p\u00fablicas y sus copias o testimonios; b) los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios p\u00fablicos con los requisitos que establecen las leyes; c) los t\u00edtulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisi\u00f3n. Art. 290.- Requisitos del instrumento p\u00fablico. Son requisitos de validez del instrumento p\u00fablico: a) la actuaci\u00f3n del oficial p\u00fablico en los l\u00edmites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella; b) las firmas del oficial p\u00fablico, de las partes, y en su caso, de sus representantes; si alguno de ellos no firma por s\u00ed mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    216<\/a> P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 106. Vuelve a reiterar el criterio en la p. 120.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    217<\/a> Provincia de Buenos Aires. Ley Notarial. Decreto-ley 9020\/1978. Art. 133: En el sentido de esta ley es notarial todo documento que re\u00fana las formalidades legales, autorizado por notario en ejercicio de sus funciones y dentro del l\u00edmite de su competencia. Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires. Ley Notarial 404\/2000. Art. 59 – En el sentido de esta ley, es notarial todo documento que re\u00fana las formalidades legales, autorizado por notario en ejercicio de sus funciones y dentro de los l\u00edmites de su competencia.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    218<\/a> Cfr. Cariota Ferrara, Luigi, El negocio jur\u00eddico<\/span>, Olejnik, Buenos Aires, 2019, p. 411.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    219<\/a> P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 124. En igual sentido: Cariota Ferrara, Luigi, El negocio jur\u00eddico<\/span>, Olejnik, Buenos Aires, 2019, p. 411.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    220<\/a> P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 128.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    221<\/a> Bacigalupo, Enrique, Delito de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 14.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    222<\/a> Bacigalupo, Enrique, Delito de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 14.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    223<\/a> Bacigalupo, Enrique, Delito de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, p. 15. Recordemos que el maestro Bacigalupo es espa\u00f1ol, y que, en Espa\u00f1a, el notario es funcionario p\u00fablico. Ya he explicado porqu\u00e9 desde mi perspectiva no lo es en nuestro pa\u00eds. Pero la referencia a la falsedad cometida por quien tiene en sus manos la \u201cdaci\u00f3n de fe\u201d, claramente es imputable al notario en un an\u00e1lisis totalmente ajeno al de la naturaleza de su funci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    224<\/a> Carrica, Pablo A., Derecho documental<\/span>, La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 88.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    225<\/a> Abella, Adriana N., Derecho notarial<\/span>, Zaval\u00eda, Buenos Aires, 2010, p. 208.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    226<\/a> Pelosi, Carlos A., El documento notarial<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 313.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    227<\/a> Cfr. Bramont Arias, Luis A., Falsedad material<\/span>, Enciclopedia Jur\u00eddica Omeba, T XI, Driskill, Buenos Aires, 1994, p. 860.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    228<\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho Penal. Parte especial<\/span>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 810.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    229<\/a> Arocena, Gustavo A., Falsedades documentales<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 43.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    230<\/a> P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 206.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    231<\/a> P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 208.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    232<\/a> P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 209.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    233<\/a> https:\/\/dle.rae.es\/contrafacci%C3%B3n (\u00daltimo acceso: 19\/06\/2021).<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    234<\/a> Cfr. Gim\u00e9nez-Arnau, Enrique, Derecho notarial espa\u00f1ol<\/span>, Vol. 3, Universidad de Navarra, 1965, p. 308.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    235<\/a> Cfr. Bonilla, Carlos E., Tratado de documentolog\u00eda<\/span>, La Rocca, Buenos Aires, 2014.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    236<\/a> Cfr. Larraud, Rufino, Curso de derecho notarial<\/span>, Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 734.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    237<\/a> Larraud, Rufino, Curso de derecho notarial,<\/span> Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 735.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    238<\/a> Art. 292 del C\u00f3digo Penal: \u201c(\u2026) Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitaci\u00f3n para circular de veh\u00edculos automotores, la pena ser\u00e1 de tres a ocho a\u00f1os. Para los efectos del p\u00e1rrafo anterior est\u00e1n equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las c\u00e9dulas de identidad expedidas por autoridad p\u00fablica competente, las libretas c\u00edvicas o de enrolamiento, y los pasaportes, as\u00ed como tambi\u00e9n los certificados de parto y de nacimiento\u201d (p\u00e1rrafos 2\u00b0 y 3\u00b0 respectivamente).<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    239<\/a> Cfr. Cosola, Sebasti\u00e1n J. y Schmidt, Walter C., El derecho y la tecnolog\u00eda<\/span>, 2 tomos, Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2021.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    240<\/a> Cfr. Alonso, Juan P., Interpretaci\u00f3n de las normas y derecho penal<\/span>, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2016.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    241<\/a> Arocena, Gustavo A., Falsedades documentales<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 67.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    242<\/a> Cfr. Pena, Mario H., Falsedad ideol\u00f3gica<\/span>, Enciclopedia Jur\u00eddica Omeba, T XI, Driskill, Buenos Aires, 1994, p. 858.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    243<\/a> Pelosi, Carlos A., El documento notarial,<\/span> Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 313.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    244<\/a> Cosola, Sebasti\u00e1n J., El documento notarial en el C\u00f3digo Civil y Comercial<\/span>, Astrea-FEN, Buenos Aires, 2020.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    245<\/a> Arocena, Gustavo A., Falsedades documentales<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2018, p. 68.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    246<\/a> P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental<\/span>, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 225.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    247<\/a> Art. 993 C\u00f3digo Civil argentino: \u201cEl instrumento p\u00fablico hace plena fe hasta que sea arg\u00fcido de falso, por acci\u00f3n civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oficial p\u00fablico hubiese anunciado como cumplidos por \u00e9l mismo, o que han pasado en su presencia\u201d. La nota, en su parte pertinente, dec\u00eda as\u00ed: \u201cSe habla de los hechos que por su oficio debe conocer el oficial p\u00fablico en el acto de extender el instrumento; pero si un escribano, por ejemplo, dice que las partes o el que otorga el acto estaba en su pleno juicio, esta aserci\u00f3n no hace plena fe, y admite prueba en contra\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    248<\/a> Art. 3616 C\u00f3digo Civil Argentino: \u201cLa ley presume que toda persona est\u00e1 en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrario. Al que pidiese la nulidad del testamento, le incumbe probar que el testador no se hallaba en su completa raz\u00f3n al tiempo de hacer sus disposiciones; pero si el testador alg\u00fan tiempo antes de testar se hubiese hallado notoriamente en estado habitual de demencia, el que sostiene la validez del testamento debe probar que el testador lo ha ordenado en un intervalo l\u00facido\u201d. La nota, en su parte pertinente, dec\u00eda lo siguiente: \u201cEl estado de demencia como un hecho puede probarse por testigos, aunque el escribano haya expresado en el testamento que el testador se hallaba en su perfecta raz\u00f3n, pues que los escribanos no tienen misi\u00f3n para comprobar aut\u00e9nticamente el estado mental de aquellos cuyas voluntades redactan. Sus enunciaciones valederas son \u00fanicamente las relativas a la sustancia misma del acto y a las solemnidades prescriptas\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    249<\/a> P\u00e9rez Barber\u00e1, Gabriel, Delitos de falsedad documental,<\/span> Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 237.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    250<\/a> Corredor Pardo, Manuel, Falsedad documental: ficci\u00f3n social del autor<\/span>, Universidad del Externado, Colombia, 2007, p. 63.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    251<\/a> Font\u00e1n Balestra, Carlos, Derecho Penal. Parte especial<\/span>, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1962, p. 810.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    252<\/a> Cfr. Mustapich, Jos\u00e9 M., Tratado te\u00f3rico y pr\u00e1ctico de derecho notarial<\/span>, T II, Ediar, Buenos Aires, 1955, p. 468.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    253<\/a> Corredor Pardo, Manuel, Falsedad documental: ficci\u00f3n social del autor<\/span>, Universidad del Externado, Colombia, 2007, p. 335.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    254<\/a> Cfr. Sanahuja y Soler, Jos\u00e9 M., Tratado de derecho notarial<\/span>, T II, Librer\u00eda Bosch, Barcelona, 1945, p. 433.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    255<\/a> Etchegaray, Natalio P. y Capurro, Vanina L., Derecho notarial aplicado<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2011, p. 123.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    256<\/a> Corredor Pardo, Manuel, Falsedad documental: ficci\u00f3n social del autor<\/span>, Universidad del Externado, Colombia, 2007, p. 106.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    257<\/a> Cfr. Weingarten, Celia, El principio de confianza en el C\u00f3digo Civil y Comercial<\/span>, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2020.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    258<\/a> Cfr. Mengual y Mengual, Jos\u00e9 M., Elementos de derecho notarial<\/span>, T II, Vol. II, Librer\u00eda Bosch, Barcelona, 1933, p. 90.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    259<\/a> Cfr. Gattari, Carlos N., Pr\u00e1ctica Notarial<\/span>, T 6, Depalma, Buenos Aires, 1992, p. 185.<\/p>\n<\/div>\n

    \n

    260<\/a> Etchegaray, Natalio P. y Capurro, Vanina L., Derecho notarial aplicado<\/span>, Astrea, Buenos Aires, 2011, p. 28.<\/p>\n<\/div>\n<\/ol>\n<\/section><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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