Marcelo Eduardo Urbaneja
Sumario: A) Introducción. B) Una excepción al límite legal de 30 años: ley 25.080. C) Otra excepción al límite legal de 30 años: beneficiario incapaz o con capacidad restringida. D) Extinción del plazo: fideicomiso y dominio fiduciario.
A) Introducción
Me aboco a tres aspectos del plazo que, en materia de fideicomiso y dominio fiduciario, pueden dar lugar a interrogantes a la hora de su instrumentación. Desde los albores del Código vigente bregué por su elucidación1, sin que hayan motivado mayor interés en la doctrina a despecho de sus proyecciones prácticas potencialmente vigorosas. Desde aquellas reflexiones de 2017 y 2018 parten estas cuestiones que adicionan otras miradas notariales y ponderan aportes posteriores.
Mientras el capítulo 30 del Título IV del Libro III del CCyC disciplina el contrato de fideicomiso, el siguiente hace lo propio con el dominio fiduciario. La notable desubicación metodológica de este último se hubiera atenuado si las normas de ambos capítulos hubieran sido armonizadas y no, como evidentemente ocurrió, elaboradas con desinteligencias insalvables en asuntos sensibles.
Es prudente apuntar que, más allá de la terminología de ese capítulo 31 (en su rótulo y en su articulado), el carácter fiduciario no se limita al dominio. En el capítulo anterior, particularmente en preceptos medulares a estos fines como son la definición del art. 1666 o los efectos del art. 1682, se alude a la “propiedad”, expresión que comprende a todos los derechos patrimoniales. Como me oriento aquí a los derechos reales, partiendo de la mención al dominio y a través, entre otras, de las alusiones del art. 1702, no se abrigan dudas acerca de la proyección cuanto menos al condominio, a la propiedad horizontal y a los conjuntos inmobiliarios en sentido estricto2. También abraza a la propiedad superficiaria a través de la remisión legal del art. 2128 a las reglas del dominio revocable (que, por analogía y por los arts. 1666 y 1702, con comodidad alcanzan al dominio fiduciario), siempre que se concatene con la duración emanada del plazo esencial implícito (art. 2117). Rescato conceptualmente la posibilidad de abarcar a los demás derechos reales, como lo hacía López de Zavalía (y por sus mismos argumentos)3.
La directiva de la que parten los análisis es el art. 1668, según el cual el contrato de fideicomiso durará hasta el acaecimiento del plazo o condición resolutoria pactados, pero nunca más allá de 30 años, salvo que alguno de los beneficiarios sea incapaz o capaz restringido, caso en el cual podrá extenderse hasta que adquiera la capacidad o fallezca. Por tanto, y a conciencia de la existencia de otras causales extintivas (comenzando por la preponderante, que es el cumplimiento) me detengo en las derivaciones del plazo.
B) Una excepción al límite legal de 30 años: ley 25.080
Ya con el régimen anterior y también desde 2015, frente a la generalizada omisión autoral vengo recalcando la vigencia y relevancia de una excepción, procedente de la ley 25.080 (año 1998, de Inversiones para Bosques Cultivados). Según su art. 30, cuando el objeto del fideicomiso sea un inmueble sometido al sistema de esa ley, no se aplicaba el límite temporal “del art. 4, inc. c) de la ley 24.441”. Ese precepto establecía el plazo máximo del fideicomiso del mismo modo que hoy lo hace el art. 1668, por lo que no caben dudas que le alcanzó al texto vigente de la misma manera. Con fortuna, la ley 27.487, de enero de 2019, modificó el precepto, que para consonar con la interpretación propuesta indica ahora que no se aplicará “la limitación temporal del art. 1668 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
C) Otra excepción al límite legal de 30 años:
beneficiario incapaz o con capacidad restringida
La pauta en la que me intereso ahora surge, como ya se señaló, del citado art. 1668, motivando hoy (como ocurría con la ley 24.4414) diversos interrogantes. Siempre se tiene en cuenta a tenor de los términos legales que se trata de beneficiarios personas humanas, sin que quepa analogía de ninguna índole con las personas jurídicas y su extinción (tanto porque la ley no hizo referencia a ellas, a diferencia de otros institutos –v. gr., usufructo y servidumbre, arts. 2152, inc. “b” y 2183, inc. “c”–, como porque podría prolongarse sin término, atento la inexistencia de plazo máximo legal para la existencia de personas jurídicas en general).
No hay alusiones normativas explícitas acerca de la necesidad de aceptación por parte del beneficiario. El esquema que integralmente surge de los arts. 1027 y 1028 en lo general y 1671 en lo particular no trae lineamientos gravitantes. Existen buenos fundamentos para sostener la inexorable aceptación del beneficiario antes de alcanzar el plazo de 30 años (independientemente de la previa actuación judicial si fuere menester, conforme arts. 32, 38, 101 a 103 y concordantes). Es que la supresión del límite temporal legal solamente tiene sentido si se piensa en la gravitación sobre el patrimonio del beneficiario, que requiere su aceptación; de lo contrario, operaría como una suerte de “cabeza de renta” del contrato de renta vitalicia (arts. 1599 y 1606).
Para despejar la temática, solamente tiene sentido considerar la postergación cuando se trate del tope legal, pues no caben dudas que en un fideicomiso con plazo pactado menor a 30 años se podría estipular que el mismo se prolongue en caso de existir un beneficiario en las circunstancias descriptas. Se trataría, en definitiva, de una condición resolutoria combinada con un plazo (arts. 1666, 1667, inc. “c” y 1668).
La primera incógnita que conviene enfrentar es la relativa a la necesidad de pacto expreso en el fideicomiso para poder acogerse al plazo extendido. Estimo que efectivamente es así. Es decir que la mera existencia de un beneficiario con esas calidades no es suficiente para perforar el límite legal si ello no se ha estipulado. Si bien la expresión legal es mejorable, la condicionalidad utilizada (“puede durar”) persuade en el sentido que postulo5.
Se entrelaza a ese tópico el atinente a la posibilidad de someterse a la excepción en los casos de beneficiarios indeterminados o inexistentes (aunque, obviamente, determinables: art. 1671). Piénsese en los conocidos como fideicomisos familiares, en los que los otorgantes pretendan que, de nacer un hijo luego de la celebración del contrato, el mismo sea beneficiario y, además, se someta la duración del fideicomiso al régimen en examen (siempre que, al arribo de los 30 años, ese hijo sea incapaz o capaz restringido). Imagínese también alguna variable de los llamados fideicomisos inmobiliarios, en los que se pretenda que futuros adquirentes de puntuales prerrogativas revistan el carácter de beneficiarios, con la misma intención de extenderse en caso de incapacidad o capacidad restringida (huelga señalar que lo inusual de este planteo en el terreno fáctico no excluye la posibilidad de su viabilidad conceptual).
Entiendo que esta posibilidad está vedada. En mi parecer, las referencias legales ponen en evidencia que la excepción está admitida solamente para beneficiarios existentes y determinados (y solamente operará, como se dijo unas líneas atrás, si hubieren aceptado su posición jurídica). Eso explicaría, por otra parte, que del texto surja la posibilidad de postergar el vencimiento para las personas incapaces y capaces restringidas, sin señalamiento a las otras variables de incapaces de ejercicio como las personas por nacer y los menores. Es que la adquisición de la capacidad para ellos operaría inexorablemente antes de los 30 años, sea por alcanzar la mayoría de edad o por emancipación. Ello también sería argumento para rechazar la posibilidad de sindicarse a beneficiarios inexistentes, aunque determinados: serían casos como la designación de hijos aún no nacidos.
Una lectura muy generosa, con ánimo de disentir con mi interpretación, podría sugerir que la expresión “persona incapaz” señala a todos los enumerados en el art. 24 y no solo a los declarados judicialmente. Sin embargo, veo en el final de la oración inicial del art. 1668 otro elemento más que corrobora la exclusión de los menores y las personas por nacer de esta posibilidad, pues la referencia al “cese de la incapacidad o de la restricción a la capacidad” parece orientada a la revisión del art. 40.
Es claro que la postura que rechazo, además, conduciría a una postergación de la extinción de los fideicomisos en lapsos muy difíciles de estimar al momento de su celebración. Figurémonos el caso de un beneficiario nacido pocos meses antes de la finalización del contrato, que obligara a aguardar sus dieciocho años de edad. Más aún: si fuera declarado incapaz o con capacidad restringida, podría pensarse en varias décadas.
En sentido contrario se ha pronunciado Kiper, también dejando entrever sus dudas por la descripción legal, y asumiendo precisamente una lectura finalista como la que propugno, pero interpretando que conduce a la conclusión opuesta6.
Otro plano para la conjetura aparece al considerar la posibilidad de adherir a la prolongación de los plazos respecto a beneficiarios existentes pero actualmente capaces. Si se coincide en mi opinión acerca de la necesidad de existencia y determinación del beneficiario al momento del otorgamiento del contrato, no encuentro óbice para que en el fideicomiso se estipule que si al llegarse a los 30 años cualquiera de los beneficiarios o alguno en particular fuera incapaz o capaz restringido, su lapso se extendería hasta la finalización de esas calidades. Es cierto que se ingresaría en una cierta órbita de incertidumbre, pero cualitativamente distinta que el supuesto de beneficiarios inexistentes o indeterminados, pues en este caso cualquier tercero sabe, al contratar, quiénes son los que pueden motivar una extensión temporal.
Huelga señalar que todos estos silencios, imprecisiones o ambigüedades demandan modificaciones legislativas que los despejen.
D) Extinción del plazo: fideicomiso y dominio fiduciario
El Código innova respecto al esquema normativo precedente en este punto, y lo hace con notable desacierto desde la literalidad del articulado pues deja dos pautas encontradas.
Entiendo haber sido el primero en la doctrina nacional en señalar (desde principios de 20177), la corrupción de principios que trae el art. 1706, amén de su franca contradicción con la regulación del fideicomiso. Desde entonces propicio una lectura sistemática que desemboque en el terreno interpretativo justo.
Según el último párrafo del citado art. 1668, “(c)umplida la condición o pasados treinta años desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el contrato. A falta de estipulación deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos”. La idea armoniza con el art. 1698, según el cual “(p)roducida la extinción del fideicomiso, el fiduciario está obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, a otorgar los instrumentos y a contribuir a las inscripciones registrales que correspondan”, y con el art. 1667, inc. “e”, alusivo al fideicomisario “a quien deben transmitirse” los bienes. Según los textos reproducidos, al finalizar el plazo del contrato, el fiduciario debe transmitir el dominio a los fideicomisarios, quienes lo adquirirán perfecto. Entonces, el dominio fiduciario no finaliza de pleno derecho, sino que es menester el otorgamiento de la transmisión del fiduciario al destinatario final (fideicomisario, beneficiario o fiduciante), lo que implica cumplir con los recaudos pertinentes (así, para inmuebles, el título y el modo suficientes). Hasta tanto ocurra, el fiduciario continúa siendo titular del dominio (fiduciario). Este escenario era idéntico al previo al 1 de agosto de 2015, más allá de algún artículo distorsivo en la ley 24.441 (el 4, inc. “c”) que no tenía la gravedad del que a continuación expongo, y acerca de lo cual también se ha escrito8. La jurisprudencia, en los escasos supuestos en los que el punto fuera dirimente de la contienda, fue coincidente9.
El art. 1706 incorpora una directiva disonante, al predicar que “producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto”. El artículo replica la idea plasmada en el art. 1968 para el dominio revocable, que en ese ámbito resulta ponderable pero respecto del dominio fiduciario introduce un grave factor de conflicto.
En síntesis, mientras los arts. 1668, 1667, inc. “d” y 1698 señalan que la extinción del plazo del contrato no implica la del derecho real, el art. 1706 predica exactamente lo contrario. Ciertamente el primer conjunto articular se dirige al plazo, mientras el último precepto genéricamente abarca todas las causales, pero con ello la contradicción se mantiene cuanto menos para esa causal. En rigor, el art. 1706 desentona también con todas las demás causales extintivas y por los mismos motivos, que explican la parte final de la definición del art. 1666, que no profundizo por ser ajeno a mi propósito en esta nota10.
De estarse a la exclusiva lectura del art. 1706, el destinatario final de los bienes sería automáticamente titular dominial perfecto a partir del vencimiento del plazo del contrato, sin necesidad de otorgamiento de acto alguno. Sería otro caso de “constituto posesorio” de origen legal, como surge de su texto. No podría derivarse otra lectura del artículo si se atiende que ser “poseedor a nombre” de otro implica ser tenedor, relación de poder incompatible con los derechos reales (arts. 1891 y 1910), además de hacer referencia a un “dueño perfecto” que, por hipótesis, no puede ser él sino el fideicomisario o fiduciante.
La doctrina no se aboca de manera expresa al tema. En general, se contenta con reproducir los preceptos del Código, marcando respecto al art. 1706 que, conforme a su letra, la extinción del dominio fiduciario se produce de pleno derecho (y recordando el constituto posesorio que se genera)11. Otros, sin dejar de invocarlo, al menos aluden también a los artículos del contrato para indicar que deberá transmitirse12. Y no faltan quienes, haciendo en principio correctas inferencias en torno a la perduración del carácter del fiduciario luego de la extinción del contrato, a continuación, reiteran la general referencia al 1706 y asombrosamente hasta lo equiparan con artículos de dominio revocable diciendo que estos le son aplicables al dominio fiduciario13.
Voces aisladas, como la de Kiper, luego de seguir el proceder doctrinario general (tanto en coautoría con Lisoprawski como en soledad), sin marcar la contradicción expuesta14, han transitado el sendero adecuado, aunque sin la exégesis de las reglas positivas sino con apelaciones a los principios generales (que son, por cierto, rigurosas)15. Parecen participar de la tesis acertada Lorenzetti16 y Márquez17, aunque sin la contundencia deseable, con la cita de la normativa involucrada. Otras voces siguen el mismo derrotero18.
La contradicción entre ambos postulados legislativos es evidente, y tan inadmisible desatención del legislador solamente puede superarse por vía de una interpretación que haga prevalecer la letra de los arts. 1668, 1667, inc. d, y 1698, perdurando intacto, del art. 1706, solamente su última parte. La alternativa hermenéutica propiciada, además de resultar la única congruente con el resto del articulado de la figura, es la más apegada a la lógica y a los principios generales. Y, como fundamento que juzgo dirimente, es la única que armoniza con la definición del contrato de fideicomiso del art. 1666.
Como anticipé, Kiper y Lisoprawski formulan afirmaciones ponderables, cuando, discrepando con la regulación registral inmobiliaria que citan, dicen en palabras que hago mías plenamente: “Lo que nos resulta inaceptable es la conclusión de que la verificación del evento resolutorio implique la automática caducidad del dominio fiduciario y el nacimiento del derecho real en cabeza del fideicomisario. El cumplimiento de la condición o vencimiento del plazo sólo generan en el fiduciario el nacimiento y la consecuente exigibilidad de la obligación de transmitir. Extinguen el contrato, no al derecho real”.
Si consideramos lo señalado en relación al dominio revocable, la diferencia de tratamiento atiende los contextos diversos de cada uno.
En el dominio revocable el plazo y la condición se establecen directamente sobre el derecho real y no sobre el contrato, dado que la donación o la compraventa, v. gr., son contratos de cumplimiento instantáneo (aunque puedan ser de “ejecución diferida”, en los términos del art. 1091). Ninguno de ellos es de tracto continuo o, como rotula el Código Civil y Comercial de la Nación con objetable rigor y dudosa significación, “de larga duración” (art. 1011) o de “ejecución permanente” (art. 1091).
En cambio, en el fideicomiso el plazo se predica del propio contrato, afectando al derecho real sólo indirectamente.
Con la tesitura sugerida, lo que ocurre al vencimiento del fideicomiso es el nacimiento de la prerrogativa del designado en el contrato para exigir la transmisión (arts. 1668 y 1698), cumpliendo, se insiste, los requisitos pertinentes en función del objeto.
Por lo tanto, es absolutamente eficaz el acto del fiduciario que, con plazo contractual o legal vencido, otorga los actos de transmisión de la titularidad al fideicomisario o fiduciante, que la adquirirán perfecta. En materia de inmuebles, se someterá al régimen general de la prioridad y su reserva, con el tratamiento particular que corren las medidas cautelares en virtud de la separación de patrimonios. Para este otorgamiento no es menester la “prórroga” del contrato (y por lo tanto es irrelevante la controversia acerca de su posibilidad) ni ninguna clase de intervención de fiduciantes, beneficiarios o fideicomisarios que no sean los adquirentes. Estos, en todo caso, podrán accionar contra el fiduciario por el deber de responder en caso de que corresponda, pero ello no afectará la adquisición de la titularidad perfecta. Por ello, solamente a esos fines tendría sentido su participación, y no para que el título circule sin observaciones.
Si, en cambio, se siguiera la tesis de la transmisión de pleno derecho, las consecuencias serían absolutamente disvaliosas e incongruentes con la descripción de la figura y sus efectos. Es que el patrimonio separado (delineado en los arts. 1685 a 1687 como excepción a la regla del 242 en función de su oración final) solamente subsiste en tanto lo propio ocurra con el dominio fiduciario. Extinguido este, además del cambio de titular (ya no será el fiduciario sino el fideicomisario o el fiduciante) habrá una alteración en los caracteres de los bienes, que ingresarán en la garantía común. Por lo tanto, los acreedores que pueden ejecutar el patrimonio fideicomitido (que excluyen a los acreedores de cualquiera de las partes y de los beneficiarios y fideicomisarios: art. 1686) dejarían de tener esa prerrogativa. Más aún: para poder ejecutar esos bienes, que ahora integran el patrimonio de una persona distinta a su deudor, deberían gozar de alguna acción con efecto reipersecutorio (v. gr., fraude o ineficacia concursal –art. 1686– o las demás que permitan agredir al fideicomiso o a la transmisión fiduciaria, como podría ser las de invalidez).
Claro que esto también ocurre con la tesis que promuevo, pero precisamente de esta manera las medidas cautelares que esos acreedores pueden interponer hacen mella en la transmisión, permitiendo la eventual ejecución sin someterse a la garantía común. Con la otra mirada, no hay manera de evitar la transmisión precisamente por producirse automáticamente.
Por eso causa asombro que desde el seno del propio notariado emerja la propuesta de una hermenéutica disonante. Así lo sostuvo una minoría en la 45 Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Capital Federal (7 al 9 de agosto de 2024): “8. La extinción del fideicomiso implica la desaparición del patrimonio fideicomitido, cuyos bienes pasan automáticamente a los fideicomisarios. Un fideicomiso extinguido no puede ser restablecido, a diferencia de una sociedad disuelta. (Ponencia votada en minoría, la mayoría rechazó la ponencia). 9. Al extinguirse el fideicomiso, el derecho personal del fideicomisario a adquirir la propiedad se convierte en una titularidad dominial. El fiduciario deja de ser propietario y poseedor, y su relación con la cosa fideicomitida se convierte en mera tenencia desinteresada a nombre del fideicomisario. (Ponencia votada en minoría, la mayoría rechazó la ponencia)”.
Si bien saludo que el eco de estos postulados asistemáticos haya sido periférico, es un llamado de atención al legislador acerca de la responsabilidad que le incumbe y que, en este como en vastos segmentos del Código vigente, es hora de asumir, proporcionando normas claras, categóricas y consistentes. Lo acompaña una tradición jurídica heredada de lo mejor del sistema romano-hispánico, que nos alienta en el camino de la justicia.
1 Urbaneja, Marcelo Eduardo, Práctica notarial de contratos usuales, Astrea, Buenos Aires, segunda edición, 2017, p. 389 y 390; Urbaneja, Marcelo Eduardo, “Aspectos notariales y registrales del dominio revocable y del dominio fiduciario”, ED, diario del 23/11/2018, p. 1 a 4.
2 Para la aplicación de las normas del dominio y del condominio a la propiedad horizontal, véase mi obra Urbaneja, Marcelo Eduardo, Propiedad horizontal, Buenos Aires, El Derecho, segunda edición, 2018, páginas 29 a 31 y siguientes.
3 López De Zavalía, Fernando Justo, Fideicomiso. Leasing. Letras hipotecarias. Ejecución hipotecaria. Contratos de consumición, Zavalía, Buenos Aires, 1996, p. 75.
4 El art. 4, inc. “c”, de la ley 24.441 establecía que “nunca podrá durar más de treinta (30) años desde su constitución, salvo que el beneficiario fuere un incapaz, caso en el que podrá durar hasta su muerte o el cese de su incapacidad”.
5 En contra, indicando que la sola existencia del beneficiario o fideicomisario con esas características implica activar la perforación del tope temporal, Márquez, José Fernando, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, Hammurabi, Buenos Aires, t. VIII, 2015, comentario al art. 1668 (p. 178).
6 Kiper, Claudio Marcelo, “La extinción del contrato de fideicomiso”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, 2017-2, Contratos. Parte especial – 2, p. 359-392, particularmente p. 362.
7 Urbaneja, Marcelo Eduardo, Práctica notarial de contratos usuales, Astrea, Buenos Aires, segunda edición, 2017, p. 389 y 390.
8 López de Zavalía, Fernando Justo, Fideicomiso. Leasing. Letras hipotecarias. Ejecución hipotecaria. Contratos de consumición, Zavalía, Buenos Aires, 1996, p. 90. Para referencias desde los principios generales, antes de la ley 24.441: Kiper, Claudio Marcelo, Régimen jurídico del dominio fiduciario, La Ley, Buenos Aires, 1989, p 249-253.
9 “Centrifin SA s/Concurso preventivo s/Incidente de revisión por Banco Comafi SA”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, 27/11/2006.
10 Difiero, por ello, del parecer de Jorge H., Ignacio A. y María E. Alterini, quienes señalan que el art. 1706 coincide con el artículo 1698, que alude a la “entrega” y no a la transmisión (Alterini, Jorge Horacio; Alterini, Ignacio Ezequiel; Alterini, María Eugenia, Tratado de los derechos reales, La Ley, Buenos Aires, 2018, t. I, n° 1088, p. 107). Si a renglón seguido se menciona en este último precepto al otorgamiento de los instrumentos, reputo que se está refiriendo a esas actividades como integrantes de los recaudos transmisivos y no meramente derivados de una transmisión previa (en tal caso, se trataría de un acta -que no se otorga-).
11 Véase, entre otros: Alterini, Jorge Horacio; Alterini, Ignacio Ezequiel; Alterini, María Eugenia, Tratado de los derechos reales, La Ley, Buenos Aires, 2018, t. I, n° 1088, p. 107; Mariani de Vidal, Marina, y Abella, Adriana Nélida, Derechos reales en el Código Civil y Comercial de la Nación, Zavalía, Buenos Aires, 2016, tomo 1, pp. 121 y 122; Vázquez, Gabriela Alejandra, Derechos reales, La Ley, Buenos Aires, 2020, nro 88.14, p. 386; Pepe, Marcelo A., Derechos reales, Editorial Estudio, Buenos Aires, 2024, p. 280. En el mismo sentido Di Chiazza, aunque señalando que la mención del 1706 es “algo confusa” (Di Chiazza, Iván G., Contratos, Erreius, Buenos Aires, 2019, p. 620 y 621).
12 Cossari, Nelson G. A., en Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, Alterini, Jorge H. (dir.), Alterini, Ignacio E. (coord.) y Cossari, Nelson G. A. (dir. del tomo), La Ley, Buenos Aires, tercera edición, 2019, t. IX, comentario al art. 1964 (en punto a.2.7) señala la extinción de pleno derecho por el 1706, pero inmediatamente, al aludir a la condición, en a.2.7). ii), invoca el 1668 y dice que los bienes “deben transmitirse”).
13 Leiva Fernández, Luis F. P., Tratado de los contratos. Parte especial, La Ley, Buenos Aires, 2017, t. VI, n° 2468 y 2469.
14 Lisoprawski, Silvio Víctor y Kiper, Claudio Marcelo (2023; quinta edición actualizada), Tratado de fideicomiso, Abeledo Perrot, Buenos Aires, tomo 1, p. 70.
15 Lisoprawski, Silvio Víctor y Kiper, Claudio Marcelo (2023; quinta edición actualizada), Tratado de fideicomiso, Abeledo Perrot, Buenos Aires, tomo 1, p. 535; Kiper, Claudio Marcelo, “La extinción del contrato de fideicomiso”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, 2017-2, Contratos. Parte especial – 2, p. 359-392, particularmente p. 359, 360 y 364. No obstante, señalo que toman el camino de la generalidad de los autores de Derechos Reales en p. 70 y 369, respectivamente, de cada una de las obras citadas, cuando indican que, a tenor del art. 1706, se produce un constituto posesorio.
16 Lorenzetti, Ricardo Luis, Tratado de los contratos. Parte especial, t. III, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2021, p. 321 y 322.
17 Márquez, José Fernando, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por Ricardo Luis Lorenzetti, Hammurabi, Buenos Aires, t. VIII, 2015, comentario a los arts. 1668 (p 178) y 1706 (p. 263).
18 Muguillo, Roberto A. y Barbier, Eduardo, en Contratos, dirigido por Alejandro Borda, La Ley, Buenos Aires, cuarta edición actualizada y ampliada, 2023, n° 1386.
