Colegio de Escribanos Provincia de Buenos Aires

Función certificante digital*

Santiago Francisco Oscar Scattolini

Sumario: A. Introducción. B. La función certificante. B.1. La función certificante. Certificados y certificaciones. B.2. Naturaleza jurídica. B.3. Cuadro normativo. B.4. Características de los certificados. B.5. Clasificación de los certificados. B.6. Tipos de certificados. B.7. Formalidades. Requisitos. B.8. La certificación de firma e impresiones digitales. B.9. Otros certificados notariales. B.10. Legalización. B.11. Responsabilidad y deberes notariales en la función certificante. C. La función certificante digital. C.1. Introducción. C.2. Principios y aspectos de la actuación en el ámbito digital. C.3. Certificación de reproducciones digitales. C.4. Certificación de firma digital. C.5. Certificación de firma ológrafa y reproducción digital. C.6. La certificación digital en documentos con fuerza ejecutiva. C.7. Comparecencia en línea en el ámbito de la función certificante. actuación a distancia. C.8. Territorialidad en la comparecencia en línea. C.9. El libro de requerimientos en la actuación digital. C.10. Legalizaciones digitales. D. Conclusiones

Ponencias

– El documento notarial digital es una especie del documento notarial que se funda en los principios de la teoría general del instrumento público y de equivalencia funcional.

– La denominación “actuación a distancia” debería ser reemplazada por la presencia o “comparecencia en línea”.

– En el ámbito digital el libro de requerimientos queda cumplido con el producido digital en la plataforma provista por el Colegio de Escribanos, que permite tener acceso a los datos de gestación de la actuación, al documento notarial digital junto con el documento portante.

– Asiste al otorgante el derecho a elegir el tipo de soporte en que desea que se lleve adelante la actuación notarial por encima de quien la reciba y que solamente por su posición dominante requiera otro soporte.

Desarrollo

A.Introducción

En el año 2018 el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires incorporó la actuación notarial en soporte digital, al mismo tiempo también lo hacía el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, constituyéndose en los primeros colegios notariales en el país que comenzaban a utilizar el soporte electrónico para algunos documentos notariales y, en consecuencia, impulsando un modelo de notariado más moderno.

La implementación de esta actividad se llevó adelante por la vía reglamentaria emanada del Consejo Directivo de cada colegio. En la provincia de Buenos Aires, la reglamentación fue modificada en varias oportunidades, adecuándose a la evolución de la función y a las realidades de la sociedad digital. La última modificación, del 23 de febrero de 2024, incorporó la presencia de los requirentes en línea (la actuación a distancia) y la firma ológrafa digitalizada.

El objetivo del presente trabajo será efectuar un análisis genérico de la función certificante y, en particular, un análisis de la función certificante en el ámbito digital.

B. La función certificante

B.1. La función certificante. Certificados y certificaciones

Entendemos que el término función certificante se utiliza para indicar el conjunto de tareas atribuidas al notario en la realización de la acción de certificar. Esta última, consiste en la labor de realizar certificados que se materializan en un documento notarial con las garantías de autenticidad, seguridad jurídica y valor probatorio que emanan de una potestad delegada por el Estado. La función certificante confiere certeza a ciertos hechos, personas o documentos.

Pelosi1 enseña que la palabra certificado deriva del verbo “certificare”, que significa “hacer cierto” (de “certus”, cierto y “facere”, hacer). Agrega que, en el uso corriente del lenguaje, certificación y certificado se emplean con idéntico sentido (debiendo entenderse como dos entidades semejantes), como acción o efecto de certificar.

Sonia Lukaszewics2 define los certificados como: “documentos notariales que –en general– contienen declaraciones del notario y tienen por objeto afirmar la existencia de hechos, personas y documentos, percibidos sensorialmente por el escribano”.

El art. 79 del anteproyecto de ley notarial nacional define los certificados como “documentos mediante los cuales, a pedido de parte interesada y en narración sintética, se autentican realidades físicas o juicios de ciencia propia, que no deben necesariamente revestir la forma de acta”.

El certificado solo contendrá declaraciones del notario por su percepción personal, quedando fuera las declaraciones de los sujetos negociales. Las declaraciones del notario consisten en la narración de hechos de percepción sensorial y de ciencia propia.

La percepción sensorial del notario se efectúa respecto de los hechos que constituyen el contenido de ese documento, por lo que la inmediación opera sobre el documento y el certificado entraría en la categoría de traslado. Pelosi explica que la percepción sensorial, de vista, referida a personas, cosas o hechos, se cumple con los principios de inmediación e instantaneidad con fe pública originaria, en la generalidad de los casos, siendo documentos de “ciclo cerrado”.

Es necesario advertir que la actividad certificante podrá efectuarse dentro del protocolo o fuera, es decir de manera protocolar o extraprotocolar, siendo esta última de uso corriente en la práctica notarial. El presente desarrollo se ubica dentro de la labor extraprotocolar.

B.2. Naturaleza jurídica

Los certificados son instrumentos públicos expedidos por los notarios por atribución del art. 289 inc. b del Código Civil y Comercial y por la interpretación de la jurisprudencia y la doctrina. Constituyen documentos notariales en los términos del art. 133 del decreto-ley 9020/78 que reza: “En el sentido de esta ley es notarial todo documento que reúna las formalidades legales, autorizado por notario en ejercicio de sus funciones y dentro del límite de su competencia”.

Debe entenderse que tiene el carácter de instrumento público la actuación notarial efectuada y, en tal sentido, no se trasunta el carácter de público al documento que accede, ya sea su reproducción o copia o el contenido del documento cuya firma se autentica.

B.3. Cuadro normativo

Se aplican a la función certificante distintas normas.

-En principio los arts. 286, 287, 288 y en especial el art. 289 inc. b) del Código Civil y Comercial se aplican al resto de los documentos notariales legislados por cada una de las demarcaciones.

-En la provincia de Buenos Aires, lo dispuesto en los arts. 133 a 138, referidos a los requisitos generales de los documentos notariales, y los arts. 171 a 177, en todos los casos del decreto-ley 9020/78, referidos a certificados, y que se encuentran reglamentados a su vez en el decreto 3887/1998 en los arts. 90 a 94 y 118 a 135.

-Además, la reglamentación del Libro de Certificación de Firmas e Impresiones Digitales aprobada por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 3 de agosto de 2012, que regula cuestiones referentes al libro de requerimiento, la forma de llevar las actas, contenido del documento, el contenido de los folios, las legalizaciones, el control e inspección.

-Por último, el Reglamento de Actuación Notarial Digital aprobado por Consejo Directivo en la sesión del 23 de febrero de 2024, referido a la actuación notarial digital, y la ley 25.506 de firma digital y su decreto reglamentario.

B.4. Características de los certificados

Siguiendo las enseñanzas de Pelosi3, algunas de las características que se destacan son:

-Los certificados solo contienen declaraciones del notario, a diferencia de las escrituras y actas, que contienen declaraciones de los sujetos instrumentales. Aun así, es necesaria la concurrencia de la o las personas para el requerimiento de ciertos certificados, como es el supuesto de la autenticidad de firma e impresiones digitales.

-Los certificados se refieren a hechos presentes o pasados, con o sin fuente documental.

-Los certificados son instrumentos públicos, y en tal sentido hacen plena fe en los términos del art. 296 del Código Civil y Comercial.

-Siendo instrumentos públicos se les aplican las reglas de competencia por razón de la materia, del territorio y de las personas.

-Se aplican a los certificados las solemnidades y requisitos de los instrumentos públicos en general, y cada uno de los tipos de certificados debe estar investido de los requisitos particulares que impone cada legislación local.

-En general tienen fe pública originaria, y desde el punto de vista formal son documentos notariales autónomos.

B.5. Clasificación de los certificados

De acuerdo a su contenido, los certificados se pueden clasificar en: a) certificados de existencia de personas: el objeto es la certificación de la existencia de una persona que se reflejará en el documento conteniendo sus datos identificatorios en base al documento que acredite la identidad. Este certificado abarca tanto a las personas humanas como a las personas jurídicas, en cuyo caso deberá presentar la documentación que acredite la existencia e inscripción requerida. b) Certificado de cosas: cuando el certificado asegura la existencia de cosas, identificándolas de manera completa. c) De reproducciones, copias y documentos: tiene por objeto certificar que la reproducción es idéntica al documento que el notario tiene a la vista. d) De hechos: el objeto de la certificación son los acontecimientos sucedidos o cumplidos ante el notario, como es el caso de la certificación de la autenticidad de firmas, que asegura la identidad del signatario en un documento privado.

B.6. Tipos de certificados

El art. 171 del decreto-ley 9020/78 establece que pueden ser objeto de las certificaciones: “1. Las reproducciones literales completas o parciales y los extractos, relaciones o resúmenes de todo documento original o reproducido de carácter privado o público, sea notarial, judicial o administrativo. 2. La recepción de depósitos de dinero, cosas, valores, papeles y documentos. 3. Los cargos en escrito que deban presentarse a las autoridades judiciales y administrativas cuando fueren entregados en horas inhábiles. 4. La autenticidad de firmas e impresiones digitales puestas en presencia del notario por persona de su conocimiento. 5. La existencia de personas de conocimiento del notario”.

Sucede en muchas oportunidades que cuando una norma establece una enumeración, como es el caso del art. 171, la doctrina discurre en una discusión acerca de si la misma es de carácter taxativa o ejemplificativa. Esto sucede porque la misma norma no deja establecido dicho carácter para evitar el conflicto teórico. Entendemos que la enumeración es meramente enunciativa y que podrían incluirse otros tipos de certificados siempre que se constituyan los elementos esenciales de la función certificante.

B.7. Formalidades. Requisitos

Los certificados deben cumplir con los requisitos formales aplicables a los documentos notariales en general establecidos en la norma de fondo, por las normas de forma para su validez en sede judicial y en los arts. 133 a 138 del decreto-ley 9020/78, en tanto sean compatibles con su funcionalidad extraprotocolar. En particular el art. 173 establece que son requisitos (generales) de todos los certificados: “1. Lugar y fecha de la certificación. 2. El nombre del notario autorizante, el carácter en que actúa en el registro, el número de éste y el distrito que corresponda. 3. Las circunstancias relacionadas con el requerimiento y con las situaciones, cosas y personas objeto de la certificación y en su caso, la referencia al acta de requerimiento”.

B.8. La certificación de firma e impresiones digitales

Explica Gattari4 la evolución histórica y el desarrollo del instituto de la certificación de firmas e impresiones digitales como la necesidad de evitar la concurrencia de las personas en “trámites ordinarios en tribunales, reparticiones administrativas y oficinas privadas” y al mismo tiempo estar seguro de que los documentos presentados revelarán auténticamente sus voluntades; así “(..) con la misma irradiación que la vida, se plantearon en un periodo que abarca casi medio siglo, en que el movimiento de las ciudades, el avance técnico y los medios de comunicación han hecho nacer las múltiples necesidades a que nos referimos(…)”.

Para cumplir con el propósito de lograr la adveración de las firmas y la data se acudió al notario que tiene el poder de la fe pública. En un primer momento se efectuaba únicamente dentro del protocolo, pero descubierto el inc. 2 del art. 979 del Código Civil se comenzó a realizar de forma extraprotocolar. Posteriormente, la falta de posibilidad de comprobar la data, es decir el lugar y fecha, dio surgimiento al Libro de Requerimientos o Intervenciones, como lo denominan en algunas provincias.

B.8.1. Conceptualización

La certificación de firma e impresión digital consiste en la declaración que da fe de la circunstancia material de la firma o la impresión dígito pulgar puesta en presencia del notario por una persona identificada previamente. Como sucede también con el resto de las certificaciones, se puede efectuar dentro o fuera del protocolo, en este último caso es necesario registrar el requerimiento mediante un acta en el Libro de Requerimientos o también denominado de Registro de Intervenciones.

Para Gattari, según cita Latino5, la certificación notarial de firma e impresiones digitales es “el instrumento público que, en unidad de acto, legitima las firmas e impresiones digitales, registrándolas en el protocolo o en el libro de requerimientos, para ser autenticadas por el oficial público, cuando son puestas ante él (…) en un documento privado”. El art. 171 del decreto-ley 9020/78 establece que podrán ser objeto de certificación “4. La autenticidad de firmas e impresiones digitales puestas en presencia del notario por persona de su conocimiento”.

Si bien el Código Civil y Comercial no legisla sobre el fondo de la certificación de firma, podemos encontrar el reconocimiento de este instituto en varios artículos (arts. 187, 1440 inc. a, 1455, 1464 y 1473, entre otros) y en particular el art. 314, relativo al reconocimiento de la firma, establece: “…El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento. La prueba resultante es indivisible(…)”. El reconocimiento de este instituto también se encuentra en los diversos códigos de forma, tanto nacional como provincial, como por ejemplo otorgarle carácter ejecutivo a un documento cuya firma se encuentre certificada, a diferencia de un documento no certificado para cuyo caso se requiere de una etapa procesal extraordinaria. Esta mayor brevedad de un proceso cuando nos encontramos ante un documento con firma certificada como sustento de la pretensión legitima aún más el instituto y favorece la agilidad de todo el proceso.

Retomando a la normativa de fondo, la forma de determinar la identidad del firmante debe realizarse de la misma manera que se efectúa para las escrituras públicas, lo que implica una remisión al art. 306 del Código Civil y Comercial.

La certificación notarial de la autenticidad de la firma e impresión digital es un instrumento público que accede únicamente sobre un instrumento privado, no mutando este último al carácter de instrumento público en función de la certificación.

Además, es requisito que el notario efectué sobre el documento portante de la certificación un control de legalidad y licitud y, en los supuestos de actuación en representación, proceder a verificar la legitimación mediante la documentación que habilita al suscriptor. Otro de los aspectos que incluye la autenticación es la libre voluntad del firmante de suscribir el instrumento. Así se configuran las operaciones de ejercicio notarial: el juicio de identidad, capacidad y legitimación.

B.8.2. Sujetos y objeto de la certificación de firmas

Siguiendo las enseñanzas de Gattari6, la certificación de firma se integra con la acción de dos sujetos: el firmante y el certificante (notario).

El firmante (requirente) debe ser una persona humana que se encuentre habilitada y que podrá actuar por sí o en representación, circunstancia que deberá ser calificada por el certificante, aplicando las reglas generales a los otorgantes en las escrituras públicas además de lo establecido por vía reglamentaria. Así, el art. 6 inc. 7 de la reglamentación7 dice: “Cuando el requirente concurra invocando una representación, deberá consignarse la documentación habilitante en forma sucinta, sin necesidad de su conservación o agregación al acta”.

El certificante es el notario, quien deberá calificar el documento y efectuar las operaciones de ejercicio necesarias para llevar adelante su actuación.

B.8.3. Requisitos de fondo y de forma

Siguiendo a Saucedo8, diremos que son requisitos de fondo:

-La inmediación: las firmas deben ser puestas en presencia del notario. En palabras de Saucedo “se configura como recaudo extradocumental esencial, implica la presencia del interesado o requirente (en forma directa, o a través de un representante) en un lugar y fecha determinados, ante un notario, que debe verificar, por sus sentidos (la vista), cómo el primero estampa su firma o impresión digital, en el documento en cuestión”.

-Calificación y control del documento: se desprende de la obligación del notario la de efectuar un adecuado control del instrumento privado que se presenta a certificar, verificando su contenido como actuación previa e inicial. El notario deberá calificar el instrumento en su forma y contenido. Así, el art. 174 del decreto-ley 9020/78 determina: “No se certificará la autenticidad de firmas e impresiones digitales: 1. Cuando fueren puestas en documentos con espacios en blanco, salvo que se tratare de un formulario y aquellos correspondieren a datos no esenciales. 2. Cuando el documento contuviera cláusulas manifiestamente contrarias a las leyes, o si versara sobre negocios jurídicos que requieren para su validez escritura pública u otra clase de instrumento público y estuviera redactado atribuyéndole los mismos efectos y eficacia. 3. Cuando con ellas se pretendiera reemplazar las firmas de las partes exigidas por el art. 1012 del Código Civil. 4. En el supuesto de hallarse redactado en lengua extranjera que el notario no conozca deberá exigir su previa traducción, de lo que dejará constancia en la certificación”.

Este requisito establece la necesidad de leer y analizar el instrumento privado como etapa previa y, además, el deber de asesorar sobre el contenido al suscriptor, dada la necesidad y el derecho que le asiste de conocer el contenido del documento que está firmando y sus consecuencias jurídicas. Podríamos ejemplificar con el necesario análisis del notario del contenido de un instrumento privado que contenga cláusulas por las cuales un sujeto disponga de derechos (por ejemplo, reales) a favor de otro, a efectos de que la otra parte se resguarde sobre la legitimación sustantiva del disponente.

En consecuencia, la certificación requiere un control notarial exhaustivo del documento, ya que la función certificante no comprende la comprobación solamente del hecho de la aposición de la firma.

-Justificación de identidad y juicio de capacidad: es un recaudo de fondo que el notario identifique a la persona humana que en su presencia firma el instrumento privado. El art. 171 inc. ٤º del decreto-ley 9020/78 establece que el firmante debe ser de conocimiento del notario; sin embargo, el art. 172 a su vez expresa que éste podrá valerse de los medios supletorios establecidos en el art. 1002 del Código velezano. En la actualidad, el juicio de identidad se realiza de acuerdo a las dos modalidades que establece el Código Civil y Comercial en el art. 306. Enseña Saucedo que, además, “el notario, antes de acceder a certificar una firma o impresión digital, deberá también controlar la capacidad o habilidad que tenga el requirente, para celebrar los negocios a que se refieren los instrumentos presentados. Este aspecto, que comúnmente se estudia en materia de escrituras públicas, bajo el rótulo de ‘juicio de capacidad’ o ‘juicio de habilidad’, también está presente en materia de certificaciones de firmas, y en verdad, es una consecuencia del control del contenido del documento”.

Son requisitos de forma:

-Registración del requerimiento: se efectúa mediante un acta en el libro de requerimientos o un soporte material equivalente, que contendrá la información del documento que se trasladará de manera breve y concisa al folio de actuación certificante.

-Folio de actuación notarial para certificación: que se anexa al documento portante de la firma o impresión digital donde se practica la atestación notarial.

-Nota o atestación de vinculación con el documento: permite relacionar al folio de actuación notarial con el documento portante, consignada como nota con firma y sello del notario al pie de la misma.

B.8.4. La firma e impresión digital

Enseña Gattari que la firma “consiste en la representación gráfica del nombre y apellido de una persona, hecha de su puño y letra, del modo que acostumbra y normalmente al pie del instrumento. Es una expresión formal y escrita cuyo efecto resulta distinto en el documento privado que en la escritura pública”.

El Código Civil y Comercial indica en su art. 288 que “la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo(…)”. A su vez, el art. 287 establece que la firma en los instrumentos particulares determina que estos sean considerados instrumentos privados. Por otro lado, el art. 314 del Código Civil y Comercial establece que “el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento”. Explica Lamber sobre el efecto de la certificación: “(…) Ese hecho además implica la autoría tanto del documento como de su contenido. El segundo párrafo del art. 314 del CCyC ya comentado establece este efecto de tener por reconocido el contenido del instrumento privado, cuando además de firmado por el autor, o con impresión digital, las mismas están certificadas por notario al momento de su inserción documental”.

En relación a la certificación de impresión digital o dígito pulgar, en la vigencia del Código Civil de Vélez9 la firma a ruego solo era posible en la escritura pública. La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria coincidían en que la impresión digital no era o asemejaba a una firma y en consecuencia no tenía los mismos efectos jurídicos, no se le podía atribuir intención ni voluntad con su contenido. El inc. 4 del art. 171 del decreto-ley 9020/78 establece como objeto de certificaciones “la autenticidad de firmas e impresiones digitales(…)”, como en el resto de las legislaciones locales. La razón por la que se regula la certificación de impresiones digitales reside en que algunas leyes o resoluciones especiales la reconocen como manifestación de la voluntad en el caso de que el signatario no sepa o no pueda firmar, como por ejemplo el art. 5910 de la ley 20.744.

Con la vigencia de la ley 26.994 el art. 313 del Código Civil y Comercial establece que “(…) si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital o mediante la presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento”.

B.8.5. Libro de Requerimientos de Certificaciones de Firmas e Impresiones Digitales

El requisito y existencia del libro de requerimientos surge de los arts. 176 y 177 del decreto-ley 9020/78. Sin embargo, tuvo su origen en una resolución del Consejo Directivo del año 1965, que fue después incorporada a la ley orgánica.

Gattari11, con referencia al principio de registro, señala una sentencia de la Cámara de Primera Instancia de Apelaciones de Bahía Blanca, comentada por Pelosi (“Discutible supuesto de fecha cierta”, RdN 1570/73) en la que el Camarista Pliner describe la evolución del sistema en un fallo dictado el 27 de noviembre 1964 y manifiesta que, si bien la ley orgánica facultaba a los notarios para autenticar firmas e impresiones digitales puestas en su presencia, aunque fechada, no ofrecía garantías instrumentales de la certidumbre de la data. Dice Pliner: “Pero después de organizado el servicio por la resolución reglamentaria del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, del 6 abril de 1965, la referida atestación cobra garantías formales que la equiparan a los actos pasados en el protocolo notarial. En efecto, la certificación deja de ser un simple acto aislado insertado al pie del documento privado cuya fecha cierta queda librada a la buena voluntad o la honradez del notario que sería un simple testigo preconstituido”. Después de describir los requisitos establecidos por la reglamentación sobre cómo se efectúa el proceso en el libro de requerimiento y su vinculación al documento, agrega: “Estos requisitos ofrecen las deseables garantías de seguridad y certeza de un acta notarial labrada en las condiciones de los arts. 997 y ss. del Código Civil”.

Tal fue la magnitud de la resolución del Colegio bonaerense que sucesivamente el resto de las provincias implementaron la metodología del libro de requerimientos, adoptando en las demarcaciones distintas denominaciones, como “libro de intervenciones” o “libro de intervenciones extra protocolares”.

El libro de requerimientos es un registro que no tiene el carácter de protocolo y tampoco se archiva una copia del documento certificado ni se transcribe el contenido del documento suscripto, lo que impide una posterior reconstrucción en caso de extravío o pérdida. Una vez intervenido el documento y cumplidas las formalidades se entrega al requirente.

El uso del libro de requerimientos es un requisito obligatorio que resulta de los arts. 176 y 177 del decreto-ley 9020/78, como hemos señalado, que se instrumenta por medio de un acta, siendo competencia del Consejo Directivo establecer las condiciones y requisitos a que debe ajustarse el mismo y las actas que en él se extiendan, y es provisto por el mismo colegio. Como dijimos anteriormente, si bien no tiene el carácter de protocolo, el retiro de la escribanía se rige por el modo y la forma que la ley determina para el protocolo. Así, el art. 130 del decreto reglamentario establece la posibilidad de retiro por algunos motivos12 particulares y los arts. 131 y 132 establecen los supuestos de exhibición del libro de requerimientos y el deber de conservación por parte del notario. También establece el art. 134 las facultades de las delegaciones en el supuesto de irregularidades, para retener o requerir el libro de requerimientos, inclusive con la posibilidad de constituirse en la notaría para reiterar el pedido.

Por último, debemos decir que la reglamentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permite al notario optar entre el libro o un sistema de hojas móviles que comprende un conjunto de folios numerados correlativamente en los que se labran las actas de requerimiento. Una particularidad es que cada una de las hojas móviles se entrega con una hoja para su certificación y ambas llevan la misma numeración.

B.9. Otros certificados notariales

El resto de los tipos de certificados no ha gozado del mismo tratamiento doctrinario que la certificación de la autenticidad de las firmas, seguramente por ser de menor utilización en la práctica notarial diaria. Los de mayor uso son:

La certificación de copias o reproducciones (fotocopias) (art. 171 inc. 1 decreto-ley 9020/78): es la atestación que realiza el notario mediante la cual autentica la reproducción de un documento respecto de su original que ha tenido a la vista. La reproducción puede tener lugar por cualquier medio, ya sea por su transcripción o por una fotocopia, y puede ser total o parcial, siempre que coincida con el contenido del documento original.

El notario también tendrá en esta actividad el deber de calificar y controlar el documento original que, si bien no lo aclara el decreto-ley 9020/78, se entiende incluida dentro de los requisitos generales de los documentos notariales. A diferencia de otras normativas notariales, en la certificación de copias o reproducciones no se requiere que el notario archive y conserve el documento original.

La certificación notarial de existencia de personas o “Fe de vida” (art. 171 inc. 5 decreto-ley 9020/78): es la atestación que efectúa el notario respecto de la existencia o vida de una persona humana en un lugar y fecha determinados. El notario realizará el juicio de identidad en los términos del art. 306 del Código Civil y Comercial antes señalado, y no está demás agregar la hora a la data consignada en el certificado.

B.10. Legalización

Es función del Colegio delegar en los miembros de las juntas ejecutivas la legalización de los documentos notariales según lo establecen los arts. 117 y 118 del decreto-ley 9020/78. Del ejercicio de la función legalizante13 se desprende la facultad de controlar el cumplimiento de los recaudos de fondo y forma del documento notarial y, en su caso, el documento portante. El art. 137 del decreto reglamentario dice: “Las delegaciones podrán diferir o rechazar los requerimientos de legalizaciones en documentos que no cumplan con las formas y requisitos legalmente establecidos, los de este reglamento y los que resulten de la reglamentación del Consejo Directivo. Ante la presunción de la comisión de un acto contrario a la ley, deberá retenerse toda la documentación a sus efectos”.

La legalización implica una tarea de contralor múltiple que incide en particular en los elementos exteriores del documento, permitiendo el cotejo de la firma y sello registradas por el notario (hoy visualizadas de la base de datos electrónica del Colegio) como pertenecientes al mismo; el control del folio de actuación notarial en múltiples aspectos, como así también del documento y si el notario actuó dentro de su competencia temporal, es decir si se encontraba en funciones cuando emitió el documento. Sin embargo, existen otros controles14 que efectúa el colegio a través de los notarios legalizantes que se extiende a las normas que se deben respetar en los documentos notariales.

B.11. Responsabilidad y deberes notariales en la función certificante

El tema de la responsabilidad y los deberes notariales, en especial los vinculados a la deontología notarial, merecen un profundo análisis particular de la función certificante en trabajo autónomo. Sin embargo, no queremos dejar de señalar, en nuestra opinión, algunas cuestiones referidas, teniendo en cuenta que en algunas oportunidades se considera a la actuación certificante como una función de menor cuantía, y en la cual, por tanto, podemos prescindir de colocar la máxima atención y profesionalismo.

En principio, vale recordar que la responsabilidad notarial es análoga a toda responsabilidad profesional, en cuanto ha sido considerada de carácter contractual y solo por excepción de naturaleza extracontractual, pues generalmente las obligaciones asumidas por la actividad profesional derivan de la celebración de un contrato de prestación de servicios, aunque paulatinamente se ha unificado dicho régimen de responsabilidad, el cual quedó plasmado en diversas disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial.

Hoy día podemos afirmar que la responsabilidad notarial en la función certificante consiste en otorgar un instrumento válido respecto de las formalidades legales que debe observar (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, 21-mar-2019, cita: MJ-JU-M-117861-AR | MJJ117861).

Saucedo15 expone con claridad la importancia de la calificación del documento al decir “El recaudo que analizamos es indeclinable, pues su incumplimiento va en detrimento del escribano, como profesional del derecho a cargo de una función pública y de la institución notarial misma. Invariablemente, las leyes y reglamentaciones locales se refieren expresa o tácitamente a este deber que pesa, como regla o principio esencial, sobre todo notario, como perito en derecho. Por ende, su inobservancia acarreará indefectiblemente su responsabilidad disciplinaria, y también civil, si su proceder provocara daños y perjuicios a los particulares”.

Se ha hecho de uso corriente en algunos colocar en el folio de actuación “la certificación de firma no juzga sobre el alcance y contenido del documento certificado”. Sin embargo, y como hemos visto, el documento debe ser previamente analizado y configurados los requisitos técnicos.

En una nota fechada el 24 de octubre de 2023, el Sr. Juez Notarial, Rafael Chaves, se dirige al notariado bonaerense en relación a la intervención de notarios en numerosas certificaciones de firmas y/o protocolizaciones de “cesiones de derechos posesorios” o transcripciones de boletos de compraventa que, en función de las actuaciones penales, resultarían ser el medio para cometer ilícitos en función de la aparente legalidad que conlleva la actuación notarial.

Decía “ello mueve a exhortar a notarios y notarias a aplicar el mayor celo en la indagación de los extremos mínimos de sustentabilidad de los reiterados requerimientos que se les efectúan bajo estas modalidades (…), no nos es desconocido tampoco que coadyuva a provocar en las personas de la comunidad en general una convicción de legalidad de los actos intervenidos notarialmente bajo cualquier forma(…)”.

Una de las bondades del documento notarial es provocar la llamada eficacia convictiva, además del valor probatorio y la fuerza ejecutiva. Por esta razón el Juez exhorta al mayor celo y abstenerse “si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación … lo que en todos los casos no solo enaltece el ejercicio de la función notarial, sino que evita contienda entre los hombres”.

En una sentencia del 30 de junio de 2017 (expediente Nº 1/17) el Tribunal Notarial dijo: “Por otro lado, en cumplimiento de su función y de los deberes que se imponen como propios a su calidad de tal, el Notario debe necesariamente hacer un control de legalidad de todo documento privado o particular que le sea presentado en cada requerimiento del tipo en análisis, ello a fin de calificar –entre otras cuestiones– si el mismo se ajusta o no a derecho y de aceptar o denegar lo rogado, para lo cual, como mínimo, deberá leerlo. En esta inteligencia, estamos en condiciones de concluir que no convence la explicación brindada por el encartado en su descargo tendiente a justificar el error y que, en el caso que nos ocupa, puede afirmarse que éste no actuó con la diligencia esperada. No compartimos, en absoluto, su opinión en referencia a que no pudo corregir o salvar los datos equivocados del formulario en el cual, según él, el Notario no tiene intervención alguna. Basta pensar que su intervención activa habría puesto de manifiesto el defecto provocando su rectificación, para deducir que la denuncia que motiva estas actuaciones nunca se hubiera instado … que consideramos oportuno recomendar al Colega, que en el diario ejercicio profesional aporte toda la inteligencia y diligencia que la función notarial exige para concluir de manera exitosa la relación jurídiconotarial que entable con sus requirentes, a través de la emisión en cada caso particular de un documento válido y eficaz, como consecuencia de haber dado fiel cumplimiento a las normas y deberes legales que lo alcanzan”.

En la labor diaria los notarios deben brindar un servicio eficaz y eficiente, y cumplir la función de la forma más acabada, aportando necesariamente toda la inteligencia y diligencia en actuar cotidiano para lograr un vínculo exitoso entre notario y cliente. Es verdad que la certificación de firma es un documento de ciclo cerrado, que no contiene declaraciones de voluntad de las partes, sin embargo, el hecho de la firma implica el reconocimiento del contenido del instrumento, y la intervención notarial genera en las personas una creencia de garantía particular que no se la brinda otra institución.

El art. 35 del decreto-ley 9020/78, entre otros deberes establece: “… 2. Asesorar en asuntos de naturaleza notarial a quienes requieran su ministerio. 3. Estudiar los asuntos para los que fuere requerido en relación a sus antecedentes, a su concreción en acto formal y a las ulterioridades legales previsibles. 4. Examinar con relación al acto a instrumentarse, la capacidad de las personas individuales y colectivas, la legitimidad de su intervención y las representaciones y habilitaciones invocadas”.

Es necesario analizar el o los documentos que presentan los firmantes, asesorar a los otorgantes de los alcances de los mismos, advertir posibles conflictos y errores materiales, especialmente en los datos de las personas o las cosas, que imposibiliten su correcta circulación.

C. La función certificante digital

“Defino como «documedial» la actual revolución en curso porque se basa en la intersección entre el aumento de la documentalidad, la producción de documentos en cuanto elemento constitutivo de la realidad social, y el de la medialidad, que en ámbito digital no es ya de-uno-a-muchos sino de-muchos-a-muchos. El ambiente en el que se produce es la web, es decir, un lugar potencialmente ubicuo, igual que el ambiente genético de la revolución industrial fueron las fábricas y las ciudades obreras”.

Maurizio Ferraris, Documanidad

C.1. Introducción

Adecuada a la realidad documental que vivimos, los certificados y testimonios en soporte digital vienen a cubrir una necesidad cada vez mayor: la circulación de documentos electrónicos en el ámbito digital. Nos referiremos especialmente a la función certificante digital que da como resultado un documento notarial digital.

Lamber16 define el documento notarial digital como “… una especie del documento notarial que se caracteriza por estar almacenado en soporte electrónico, conservar los hechos y actos jurídicos representados mediante el proceso de digitalización binaria para su posible reproducción posterior, con la firma digital del notario competente, que se rige por los principios de la teoría del instrumento y de la prueba que conocemos”.

El documento notarial digital es un documento digital17 que requiere necesariamente la intervención del notario para constituirse como un instrumento público, quien en el ejercicio de la función notarial ejecuta y confecciona la representación documental.

La actividad certificante en soporte digital tendrá la eficacia jurídica que surge de las nomas notariales locales. Como bien resalta Lamber “el documento objeto en sí (dato digital) es lo percibido de modo directo, es decir, se da cuenta de la realidad por este reconstruida y no la realidad analógica representada”.

Como señalamos anteriormente, y atento a que en nuestro país rige la forma de estado federal, existe una regulación de los documentos notariales tanto de fondo en el Código Civil y Comercial, que se aplican en todo el país, como de forma que se encuentra determinada en las leyes orgánicas, sus reglamentaciones y las resoluciones colegiales de cada una de las provincias. Así, el Colegio de la Provincia de Buenos Aires dictó por resolución del Consejo Directivo del 16 de febrero de 2018 el Reglamento de Actuación Notarial en Soporte Digital. Esta facultad surge de los considerandos del reglamento: “el art. 134 inc. IV del decreto-ley 9020/78 sobre el procedimiento gráfico establece ‘El Consejo Directivo podrá determinar, además, otros procedimientos gráficos y las condiciones para su empleo y adaptación cuidando que quede garantida la conservación de la grafía’ … d) Que el art. 100 inc. 4) del decreto-ley 9020/78 establece que ‘Competerá al Consejo Directivo: … 4. Dictar resoluciones de carácter general tendientes a una mayor eficacia del servicio notarial, con el voto de los dos tercios’”.

El actual Reglamento de Actuación Notarial Digital (RAND)18 distingue la actuación notarial en soporte digital de la efectuada en el ámbito digital en su art. ٢°. La primera es “toda intervención realizada en el ejercicio de la función fedataria notarial aplicada a un documento en soporte digital” y la segunda, en concepto más amplio como el “ejercicio de la función fedataria notarial por medios telemáticos o en medios virtuales que posibiliten el grado de eficacia jurídica requerido por la ley para cada tipo de actuación notarial”.

El reglamento determina que en soporte digital se podrán expedir testimonios, copias simples y en cuanto a los certificados, el de reproducción de documento y el de firma, pudiendo llevarse a cabo esta última con presencia física o mediante la presencia en línea.

C.2. Principios y aspectos de la actuación en el ámbito digital

El Reglamento de Actuación Notarial Digital (RAND) establece algunos principios, requisitos y aspectos generales aplicables a todas las actuaciones en el ámbito digital en su primer capítulo. Sin perjuicio de no establecerlo de manera expresa el RAND, existe una remisión a las reglas establecidas para la certificación analógica determinadas en la normativa notarial, el decreto reglamentario y la reglamentación dictada por el Consejo Directivo en cuanto le fuera aplicable. Será necesario cumplir con todos los requisitos antes enunciados para los documentos notariales y los certificados en general y en particular para cada tipo.

C.2.1. El principio de equivalencia funcional

El art. 4 del RAND, en consonancia con lo dispuesto por el art. 6 de la ley 25.506 y el art. 286 del Código Civil y Comercial, reafirma el principio de equivalencia funcional, dice: “Los documentos en soporte digital creados de conformidad con esta reglamentación tendrán el mismo valor legal que los generados en soporte físico conforme lo previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación”.

La equivalencia funcional consiste en atribuirle la eficacia probatoria o mismo valor probatorio a los instrumentos en soporte digital que los que la ley establece para los instrumentos escritos en soporte físico. El principio de la equivalencia funcional de los actos jurídicos celebrados a través de medios electrónicos respecto de aquellos actos jurídicos suscritos en forma manuscrita constituye un fundamento esencial en el comercio electrónico. En otras palabras, sin esta condición el comercio electrónico no podría desarrollarse con la seguridad y confianza jurídica requerida por la sociedad. Estos son los principios de la equivalencia funcional entre el documento con soporte de papel y el documento electrónico; y el principio de la equivalencia funcional entre la firma autógrafa y la firma electrónica.

C.2.2. El principio de neutralidad tecnológica

En el art. 3 del RAND establece los requisitos para que la actuación en soporte digital sea válida: “a) El uso de una plataforma autorizada o provista y controlada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires; b) La aplicación, por parte del notario, de la firma digital o la firma que en un futuro se admita como habilitada para tal fin; y c) el uso de folios de actuación notarial digital creados por este reglamento y adecuados a su destino. Podrá eximirse el uso de folios de actuación notarial digital en todos aquellos actos que el Consejo Directivo determine”.

La firma digital del notario, entendida en los términos del art. 3 de la ley 25.506, es un requisito esencial para la generación del documento notarial digital. Sin embargo, el inc. b) establece que podrá aplicarse otra firma que posteriormente se habilite para tal fin, receptando el principio de tecnología neutra19 que significa no inclinarse por una determina tecnología, incluyendo la existente y las que pudieran existir. Esta solución, que abarca la tecnología que actualmente se encuentra legislada como las tecnologías que se puedan desarrollar en un futuro, garantiza la adaptación vinculada entre la normativa y la herramienta tecnológica, teniendo en cuenta una interpretación adecuada a la realidad, acorde con los hechos y situaciones y el constante desarrollo.

A su vez, el reglamento determina que la implementación técnica del software y los aplicativos como los criterios de política adoptada en materia digital quedan delegados al Comité Ejecutivo, permitiendo así una rápida resolución de la tecnología aplicada de acuerdo a los avances que la misma sufre (arts. 7, 9 y 16 del RAND).

C.2.3. Adecuación técnico documental

Por las características propias del documento electrónico y la generación del documento notarial digital dentro de la plataforma, mediante el uso de la firma digital del notario y la firma de proceso del sistema, resulta necesario adecuar el proceso de gestación del documento digital resultante.

El documento en soporte papel puede constar de una o más fojas y la actuación notarial debe estar vinculadas mediante una atestación o referencia y la media firma y sello. Esto permite, desde el punto de vista documental, garantizar la integridad del documento encadenando el documento portante con la actuación notarial. Sin embargo, en el documento electrónico no sucede lo mismo; el estatuto ontológico varia del soporte físico, y puede incluir uno varios archivos (files) o evidencias informáticas, que se visualizan en una o más páginas en un mismo archivo. La generación del documento (en formato PDF) permite adjuntar o embeber varios archivos y la aplicación de la firma digital del notario y el proceso provocan que el documento no pueda ser modificado ni alterado posteriormente, generando la integridad del documento.

En tal sentido el art. 10 del reglamento establece “En las actuaciones notariales realizadas en soporte digital no será necesaria la nota de vinculación entre el documento portante y el folio de actuación, siempre que formen parte de un mismo archivo, estén embebidos o exista otro mecanismo seguro de vinculación. Las constancias previstas por el art. 168 del decreto-ley 9020/78 para las copias no resultan aplicables a la instrumentación en folios de actuación notarial digitales”.

También resulta necesario adecuar el cumplimiento del recaudo de colocar el sello que establece el art. 135 del decreto-ley 9020/78. Así el art. 8 del RAND determina “que la aplicación de la firma digital dentro de la plataforma provista o autorizada por el Colegio, satisface los requisitos de firma y sello”20. La función del sello que permite identificar al notario actuante con los datos profesionales en la generación del documento notarial electrónico queda cubierta por los datos que surgen del certificado de firma digital y por la nota final automática que genera el sistema de la plataforma.

C.2.4. El folio digital

Así como sucede en el soporte papel, en que los colegios notariales proveen las fojas de uso obligatorio a los notarios y que incluyen elementos técnicos21 de seguridad documental con una regularidad y apariencia que permite su circulación efectiva, sucede lo mismo en el soporte digital. En el caso de las certificaciones el folio se trasunta como la corporalidad el documento notarial, permitiendo al receptor el convencimiento de estar frente a un documento de origen notarial.

En las certificaciones de firma, el instrumento privado suscripto por el requirente y ligado al folio, continúa siendo un instrumento privado y el folio de actuación notarial es el documento que asevera la autenticidad de la firma. Este folio, además de cumplir con determinadas características de seguridad instrumental, cuenta con un registro de circulación que permite a cada colegio identificar el notario a quien se le proveyó y la fecha de entrega, permitiendo la consulta y el control de uso.

De acuerdo al art. 7 del RAND: “Excepto disposición en contrario, toda actuación que implique el ejercicio de la función fedataria notarial en soporte digital deberá extenderse en folios de actuación notarial digital adecuados a su destino, con las características que determine el Comité Ejecutivo”. El folio utilizado debe ser seleccionado en forma correcta por el notario, dado que existen distintos tipos de folio y su elección incorrecta invalida la actuación notarial y contiene las mismas características visuales que el folio en soporte papel.

De acuerdo al art. 18 del RAND se exceptúa el uso del folio digital en: “certificados, informes, peticiones rogatorias y comunicaciones que se envíen a entes públicos, otros notarios y al Colegio de Escribanos en soporte digital … utilizando la plataforma a los fines de identificar el carácter de notario en ejercicio, mediante la firma proceso o la herramienta que en el futuro la reemplace”.

El proceso de generación de la actuación notarial incluye el folio digital, seleccionado de acuerdo a su destino, y el documento o los documentos portantes, los cuales quedarán ligados o vinculados de manera electrónica. En la modalidad analógica el o los folios del documento portante quedan unidos o ligados mediante un gancho o cosido al folio de actuación notarial, los que deberán además estar vinculados con la nota de atestación y el sello y firma del notario. En la certificación digital, el documento o los documentos portantes se pueden ligar o vincular al folio digital mediante dos modalidades: 1) embebido o adjunto, lo que provoca la generación de un documento en capas o de un documento dentro de otro documento, sin perder las propiedades originales del documento y los metadatos. En este caso el primer documento visualizado será el folio de actuación notarial y para acceder al documento objeto de la certificación se deberá activar la función que permite su acceso (en Adobe Acrobat se visualiza un clip que refiere a archivos adjuntos) o 2) por anexión, generándose un documento único, donde se visualiza en primer término el documento y posteriormente el folio de actuación, como sucede en el soporte papel. El folio digital no solo contiene visualmente letras y números que lo identifican como sucede en el soporte papel, sino que, además, contiene un código QR22 y un CVS23 que permite su verificación en la página web del Colegio de Escribanos.

-El folio de anotación marginal: el documento notarial digital garantiza su inalterabilidad con el uso de la firma digital del notario y la firma de proceso de la plataforma, impidiendo su modificación. Generado el documento notarial digital no será posible modificar el documento portante original. Sin embargo, es posible modificar el documento notarial digital mediante el llamado folio de anotación marginal, según lo establece el art. 19 del RAND: “Toda anotación al margen de cualquier documento digital notarial deberá extenderse en Folio de Actuación Notarial Digital”. Este folio permitirá subsanar errores solamente en folio digital de actuación notarial, es decir, solo se podrán rectificar, aclarar o complementar las declaraciones del notario.

El proceso de generación del folio de anotación marginal requiere adjuntar el documento digital sujeto a modificación, de tal forma que cuando se solicite su verificación reenviará a la última versión en la que aparece el folio de nota marginal. En definitiva, el folio de anotación marginal reversiona el documento digital original, aunque permitiendo visualizar los dos documentos.

-La vinculación del folio digital con los metadatos y la recuperación del documento: dentro de los datos asociados al documento es necesario establecer la clave fiscal (CUIT, CUIL o CDI) del o los otorgantes o solicitantes del servicio notarial, como elemento vinculante para ingresar, tanto a la bitácora de la actuación en la PAND como así también para obtener el documento notarial digital generado. Si bien el sistema en la actualidad no lo prevé, es necesario proponerlo para una futura actualización, a fin de brindar la posibilidad al requirente del acceso digital en línea a la actuación efectuada.

C.2.5. Automatización y eficiencia

La PAND (Plataforma de Actuación Notarial a Distancia), que permite la actuación a distancia a la que más adelante nos referiremos, suministra al notario el texto del folio de actuación incorporando los datos que surgen del sistema. Esta funcionalidad es un principio de automatización en el proceso de generación del documento notarial electrónico. Dicho texto cumple con los requisitos legales establecido en la normativa de forma. Sin embargo, el notario deberá controlar el contenido del texto del documento notarial electrónico, así como de todo el proceso electrónico aplicado, siendo como se ha dicho anteriormente su responsabilidad el correcto uso de la plataforma como herramienta tecnológica.

En definitiva, la herramienta no reemplaza la función notarial, solo permite acelerar el proceso y facilitarlo, en especial en lo que refiere a la carga de los datos de los requirentes. En la actualidad existe la posibilidad de escanear los documentos incorporando los datos, ya sea a través de la lectura de un código que aparece en el frente o en el dorso o en documento que contiene una tecnología electrónica que permite su captación. Todo ayuda no solo a acelerar el proceso de incorporación de los datos al sistema, sino que también evita errores de tipeo.

En el ámbito procesal, los tribunales superiores de justicia han modificado paulatinamente las practicas procesales introduciendo los cambios que conducen al llamado proceso electrónico. Carlos E. Camps24, después de hacer recuento de los cambios producidos en materia procesal, dice “Se trata de un fenomenal salto cualitativo. Es indudable que el reemplazo es ventajoso. Y, en lo que hace a la relación tecnología-proceso judicial, la época en que este cambio se produce no puede ser más propicia. Hoy se reclama del proceso judicial, además de las genéricas garantías tradicionales –igualdad, defensa en juicio y debido proceso– algo más: la eficacia procesal. Y el derecho procesal electrónico puede aportar eficacia al proceso. Y mucha. Solo que, para ello y como todo instrumento, debe ser bien utilizado”.

No vamos a hablar en este trabajo de Derecho Notarial Electrónico, pero sí diremos que, a las garantías que surgen de la actuación del notario, la dación de fe pública y la seguridad jurídica, es indispensable sumar la “eficiencia notarial”, entendida esta como la idoneidad de la actividad dirigida a un fin determinado, y que, en el ámbito notarial, progresivamente se vincula al uso de la herramienta tecnológica.

C.2.6. Elección del soporte

La actuación en soporte digital genera, como en todos los supuestos de cambio, temores o reticencias tanto de los otorgantes como de los notarios. Sin dejar de lado la obligatoriedad de la prestación del servicio notarial, el reglamento establece la elección del tipo de soporte documental en manos del o los legitimados, otorgantes o requirentes. El art. 12 establece: “La actuación notarial se instrumentará en soporte digital o analógico a criterio del autorizante o a solicitud del o los legitimados para requerirla”.

Entendemos que asiste al requirente la libertad de elegir el tipo de soporte que desee para el acto que pretende otorgar o documento que desea recibir, no impidiendo el notario la actuación en un soporte particular, con excepción de los supuestos en que la generación de uno u otro soporte sea requisito para producir los efectos jurídicos necesarios o indispensables, como es la inscripción registral, como es el supuesto de la inscripción de una transmisión de dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como sucede en la función certificante, los testimonios pueden expedirse en cualquier soporte, y así lo establece el art. 308 del Código Civil y Comercial25.

Entendemos que la libre de elección del soporte es un derecho que asiste al requirente por encima del notario, autoridad gubernamental o institución receptora que deba calificar el instrumento y que simplemente por su posición dominante exija que el documento se presente en un soporte distinto al expedido.

C.2.7. Plataformas. Generación, conservación y verificación de los
documentos notariales digitales

El reglamento establece obligatoriamente, como ya hemos dicho, la utilización de una “plataforma autorizada o provista y controlada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires” (art. 3 inc. a del RAND).

El uso imbricado de los distintos sistemas y plataformas26 configura las herramientas técnicas de uso obligatorio que en la actualidad controla, desarrolla y provee el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

La plataforma debe generar un ambiente protegido que cumpla con las siguientes características:

a- La inalterabilidad e integridad del documento electrónico a suscribirse por el o los otorgantes y el notario, o sea, un documento electrónico intrínsecamente inmodificable.

b- WYSIWYS (What You See Is What You Sign) “lo que ves es lo que firmas”: la plataforma debe generar un ámbito que permita al o los otorgantes reconocer el documento y verificar su contenido, con la misma plasticidad que sucede con el soporte papel.

c- Seguridad y confiabilidad en el entorno informático: se debe garantizar a los otorgantes la confidencialidad y la no intrusión externa en la plataforma de generación del instrumento a suscribir.

d- Garantía de operabilidad: el servicio provisto debe garantizarse de manera permanente, todos los días del año y a toda hora; sin embargo, dado que una plataforma depende de una conexión a la red, es necesario que se defina con una versión de escritorio que garantice la provisión del servicio notarial ante la posibilidad de una falta de conexión por motivos externos o ajenos.

En el desarrollo de los aplicativos de generación, suscripción y conservación del documento se ha optado por el formato PDF27, que es el de uso y circulación aceptado internacionalmente.

La plataforma además debe garantizar la conservación, verificación y recuperación de los documentos notariales digitales28. En este sentido el módulo de verificación de los documentos permite su verificación y recuperación a través de descarga, ya sea mediante la lectura de un código QR o el CVS que se encuentran en el documento, como ya hemos mencionado. Además, el notario podrá ingresar en su bandeja documentos emitidos en el módulo de actuaciones digitales y de acuerdo al tipo de actuación y fecha, y recuperar el archivo.

Un aspecto de la conservación que genera dudas y preocupaciones es el de obsolescencia técnica, es decir la caducidad del soporte digital frente a la evolución de la tecnología en los medios de conservación. Sin perjuicio de que el reglamento no hace mención, es necesario establecer que el servicio, también provisto para las legalizaciones, se efectúa a perpetuidad. Hemos afirmado29 que “Los documentos generados en la Plataforma de Actuación Notarial y las legalizaciones se conservan a perpetuidad, estableciendo, sin embargo, que, debido al rápido avance de la tecnología, se deba adoptar un plan abierto a la innovación. Es importante garantizar la conservación a largo plazo y el acceso, es decir la validez jurídica, de los documentos notariales que han sido generados en el entorno digital durante períodos prolongados, y así garantizar que se pueda validar el documento con independencia de la evolución técnica de las firmas”.

C.2.8. Responsabilidad en el ámbito digital

El art. 6 del RAND determina la responsabilidad del notario en la generación documental digital: “Cada notario es responsable por el uso, guarda, custodia y conservación apropiada del certificado de firma digital de conformidad con la normativa vigente, constituyendo una responsabilidad personal e indelegable”.

Este artículo reproduce el deber de guarda y custodia del certificado de firma digital que establece el art. 25 de la ley 25.506 en cuanto a que es obligación del titular del certificado de firma digital, siendo que es indelegable tanto el dispositivo utilizado (token) como la clave para su uso.

El uso obligatorio de una plataforma creada, provista, gestionada y controlada por el Colegio de Escribanos no exonera ni desliga de responsabilidad al notario sobre los deberes como titular de un certificado digital, como así también de la responsabilidad sobre la idoneidad del medio utilizado, identidad de las partes, etc.

El art. 5 del RAND establece que “Cada notario deberá tomar medidas para garantizar la seguridad de la información, utilizando medidas técnicas y organizativas para el procesamiento de los datos personales y la transmisión de datos a los organismos vinculados en toda actuación notarial”.

A lo fines de garantizar la eficacia del documento notarial digital y en grado de garantizar el contenido del instrumento, el reglamento incorpora el concepto de seguridad de la información, que es un concepto más amplio que abarca la seguridad informática, en relación al medio empleado para la creación del documento notarial digital.

C.3. Certificación de reproducciones digitales

El art. 15 del RAND establece que “Las certificaciones de reproducciones realizadas de acuerdo a lo dispuesto por el inc. 1 del art. 171 del decreto-ley 9020/78 podrán plasmarse en soporte digital”.

El objeto de la certificación será “Las reproducciones literales completas o parciales y los extractos, relaciones o resúmenes de todo documento original o reproducido de carácter privado o público, sea notarial, judicial o administrativo”.

Las reproducciones podrán efectuarse sobre cualquier tipo de documento, sea público o privado, este último se encuentre firmado o no, y de acuerdo a su soporte, incluyen los instrumentos particulares no firmados que determina el art. 287 del CCyC “esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información…” en la medida que los dispositivos y aplicaciones lo permitan.

El documento objeto de la certificación puede ser en soporte físico o digital y estar firmado o no. En el documento electrónico tenemos una gran variedad de formatos, por ejemplo: documentos paginados (PDF, ePub, Word, etc.), hipertextos (HTML, Markdown,) datos estructurados (bases de datos, XML, CSV, JSON, etc.), hojas de cálculo (Excel,…), presentaciones multimedia (PowerPoint,…), imágenes rasterizadas (PNG, TIFF, JPEG, OpenEXR,…), tan solo por citar algunos. Esto nos abriría una gran posibilidad de documentos objeto de la certificación; sin embargo, la Plataforma de Actuaciones Notariales en Soporte Digital solo permite los documentos con formato “.doc, .docx, .rtf y .pdf.”.

A su vez, debemos agregar que se pueden efectuar certificaciones analógicas, es decir, en soporte papel, de documentos digitales (nativos o no).

De estas posibilidades surgen las siguientes categorías de certificados:

a. Certificación de reproducción analógica de documento digital por transcripción literal de su contenido.

b. Certificación de reproducción analógica de documento digital por reproducción o copia de su imagen (impresión del documento visualizado).

c. Certificación de reproducción digital de un documento analógico por digitalización de su contenido (escaneo).

d. Certificación de reproducción digital de documento analógico por transcripción.

e. Certificación de reproducción digital de un documento digital (con una secuencia idéntica o diferente de valores binarios que su original).

En todos los casos el proceso de certificar implica el cotejo entre el documento original y su duplicado o reproducción por captación sensorial del notario, y, además, es necesario aplicar las operaciones de calificación del documento. En el caso de un documento digital dependiendo de si se encuentra firmado digitalmente o tiene un proceso de conservación específico, será necesario también verificar su validez.

La certificación de proceso: dentro de la certificación electrónica de documentos analógicos podemos encontrar también una variante al método tradicional, es decir de la copia por imagen, esta es la certificación del proceso de la reproducción. Así, tenemos dos tipos de certificación: el método tradicional, en que el proceso de la copia o reproducción se limita solo a la adquisición de la imagen y la comparación entre el original y la copia, como sucede en la certificación de fotocopias; y la certificación de proceso, en que la autenticidad, es decir la conformidad entre el original y la copia de asegurar la certeza del resultado obtenido que se encuentra ligada a un proceso determinado y en consecuencia, la confiabilidad del resultado está inseparablemente ligada a la confiabilidad del proceso relacionado.

C.4. Certificación de firma digital

Sobre el acto de certificación de firmas, Lamber señala “que su representación digital importa la representación de la realidad propia del acto notarial…”. La certificación de firma en soporte digital es una especie de función notarial certificante que es competencia exclusiva del notario y comprende la transformación de un flujo de datos en un documento digital que contiene y goza de la función, garantías y el valor probatorio que se asigna a los instrumentos públicos; esto encierra la forma notarial digital.

El art. 16 del RAND establece sobre certificación de firmas que pueden versar sobre tres tipos de firmas aplicadas en un soporte digital en presencia de un notario:

1) Firmas digitales…

2) Firmas ológrafas y otros medios digitales de reconocimiento de autoría que se admitan en el futuro, con las características técnicas que determine el Comité Ejecutivo…

3) Firmas electrónicas, con las características técnicas que determine el Comité Ejecutivo, … (podría tratarse de una firma OTP-1 otorgada por el autorizante).

La firma del documento electrónico ha sido uno de los temas de mayor discusión y debate en el derecho, en especial en el notariado en cuanto a su validez y uso. Distintas fueron las posturas que interpretaron la validez de la firma digital y la firma electrónica legisladas por la ley 25.506 y lo que posteriormente determinó el art. 288 del Código Civil y Comercial-1.

Sin entrar en las definiciones ni un análisis minucioso del concepto firma y suscripción, diremos que en los últimos años ha variado la interpretación de la doctrina y la jurisprudencia en relación a lo que se entiende por firma y exteriorización de la voluntad aplicada a un documento electrónico y en el entorno digital.

Claramente, la ley 25.560 reconoce dos tipos de firma que define: la firma digital y la firma electrónica. Por otro lado, existe la firma digitalizada (on line), también llamada firma biométrica, o como la denominan en Italia: firma grafométrica, o firma ológrafa digitalizada, que es la forma de firma ológrafa u autógrafa que conocemos en el papel, cuyo concepto es replicado mediante una tablilla y un lápiz electrónico.

El mecanismo no solo permite captar la imagen gráfica de la firma que se visualizará en el documento, sino que, además, detecta e incorpora datos biométricos como: la presión, velocidad, ritmo, aceleración e inclinación. Desde el punto de vista del signatario, el proceso es similar a la firma manuscrita en un papel; el dispositivo muestra en la pantalla de una tableta o una computadora el documento escrito y la aposición de la firma en tiempo real, teniendo la posibilidad de cancelar su estampado o aprobarlo. En los hechos, la firma viene registrada y relacionada de manera inmutable al documento visualizado y firmado.

El uso por parte de los ciudadanos de la firma digitalizada a través de distintas plataformas o servicios en línea, como por ejemplo DocuSign, Contractia o Argontech, como así también por distintos organismos de crédito como por ejemplo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, modifica los usos, costumbres y prácticas de los documentos digitales. Ya habíamos dicho que la escasa difusión e implementación de la firma digital está motivada por la compleja infraestructura que adoptó la Ley de Firma Digital-1, a la que no se adecuó la realidad tecnológica.

La última Jornada Notarial Argentina, celebrada en Mar del Plata en 2023-1, resolvió en mayoría que “La firma ológrafa en soporte digital es firma ológrafa”, y además “Es posible la implementación de documentos notariales extraprotocolares donde el notario certifique situaciones de hecho que impliquen una manifestación de voluntad sin necesidad de que el requerimiento quede inserto en el documento”.

Por otro lado, distintos fallos judiciales han cambiado el criterio sobre lo que se entiende por una firma válida en un documento electrónico, a la luz de lo que establece el art. 319-1 del Código Civil y Comercial, adoptando un criterio amplio y diverso del propuesto en la interpretación del art. 288 del Código Civil y Comercial.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en Civil y Comercial de Lomas de Zamora en un fallo-1 del 16 de setiembre de 2022 dijo “… cobra relevancia la postura amplia de interpretación del art. 288 en lo que al término ‘firma digital’ refiere, así lo dispuesto por el art. 1 del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de aplicación de las normas según su finalidad; y además y especialmente, en cuanto determina que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.

En agosto de 2023 la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata-1 determinó en una sentencia la validez de una firma electrónica, señalando el fallo que “a partir del principio de libertad de formas y del principio de libertad para probar los contratos establecidos por el CCyC que se desprenden de los arts. 284, 285, 1015 y 1019 del CCyC, un documento digital que se encuentra suscripto mediante firma electrónica acredita la manifestación de voluntad y perfecciona el acto jurídico en todos aquellos casos en que las normas no exijan formalidad alguna; tal firma resulta válida en tanto no resulte desconocida por su autor ya que en dicho caso quien la invoca deberá acreditar su validez, según lo expuesto supra; pueden utilizarse múltiples vías para la acreditación de la voluntad con amplitud probatoria para su interpretación y ello debe ser apreciado por el juez quien debe ponderar, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen (art. 319 del CCyC)…”. El fallo refuerza lo expuesto con las distintas comunicaciones del BCRA sobre el uso de firma ológrafa en documentos electrónicos y las distintas normas dictadas por el Estado nacional-1, que configuran una “nueva realidad tecnológica”. Otro de los argumentos que menciona el fallo es la redacción original del art. 288 del Código Civil y Comercial, que decía que “el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza un método que asegure razonablemente la autoría e inalterabilidad del instrumento(…)” y posteriormente el legislador incorporó el concepto de “firma digital” pero no de acuerdo al término específico de la Ley de Firma Digital, sino en concepto amplio. Por último, expone un argumento práctico: “la firma electrónica termina siendo la más utilizada por su facilidad en cuanto a su implementación –la firma digital llegó a ser adoptada en gran parte por el sector público y entes estatales, pero no logró adquirir relevancia en el sector privado– su relativamente nulo costo y su llegada al ciudadano común; a ello se agrega que la contratación electrónica y la implementación de los medios electrónicos son parte de la vida diaria y el principal medio seleccionado por casi la mayoría de las personas”.

Por último, podemos mencionar en el mismo sentido el fallo-1 de diciembre de 2023 de la Sala F de la Cámara Nacional que se sustenta en que los cambios sobre la teoría general de los actos jurídicos y la forma no dependen exclusivamente de la recepción legislativa, sino de los hechos sociales. Además, explica que es necesario adoptar una mirada más amplia y flexible en orden a las nuevas realidades de contratación en una sociedad.

Como vemos, todas estas referencias jurisprudenciales establecen un entendimiento más amplio y laxo sobre el mecanismo necesario para determinar la autoría y expresión de la voluntad en los documentos electrónicos, y no lo atan a un tipo de firma en particular. En consecuencia, sobreviene abstracta la controversia suscitada sobre si la firma digital, la firma electrónica o la firma digitalizada (biométrica) deben ser consideradas firmas en los términos legales, dado que todas ellas han sido aceptadas por la jurisprudencia.

En tal sentido, la actual redacción del art. 16 del RAND adopta un criterio amplio y flexible, acorde con el principio de neutralidad tecnológica antes mencionado, e incorpora, además, el concepto de certificación del proceso de representación de voluntad por medios digitales.

C.5. Certificación de firma ológrafa y reproducción digital

El art. 17 del RAND establece que “Podrá ser objeto de certificación conjunta la autenticidad de las firmas puestas en un documento en soporte físico y su reproducción digital. La actuación notarial en soporte digital comprenderá la certificación de autenticidad de la firma del o los requirentes y la reproducción por digitalización del documento. Deberá dejarse constancia en el libro de requerimientos del número de folio utilizado y en el documento en soporte físico deberá incorporarse la correspondiente nota de vinculación, no siendo necesaria la expedición del folio de actuación notarial en soporte físico”.

La certificación a la que se podría denominar hibrida, incluye, por un lado, la certificación de la firma ológrafa en un documento en soporte papel y, por el otro, la certificación de la reproducción del documento original en soporte papel mediante su digitalización, generando un documento desmaterializado.

Este tipo de certificado surgió con el objetivo de dar solución a los contratos sociales de las SAS que debían inscribirse electrónicamente, utilizando una solución ya conocida y que Saucedo denomina “Concurrencia de certificados de distinta naturaleza en un mismo documento”-1.

C.6. La certificación digital en documentos con fuerza ejecutiva

Los conceptos referidos a original y copia en el documento electrónico varían con respecto al concepto tradicional. Requieren de una revisión en relación al concepto tradicional aplicado al soporte físico que utilizamos: el papel. El documento electrónico o informático no se encuentra ligado materialmente al soporte al que accede, dado que técnicamente es una secuencia de bits. Por lo tanto, el documento electrónico subsiste independiente del medio utilizado para su generación, conservación y lectura, con la particularidad de tener la aptitud de circular por canales de comunicación electrónica siendo siempre el mismo. El documento electrónico tiene la capacidad de reproducirse infinitamente, siendo el mismo ejemplar en diferentes archivos. Es decir, conserva su carácter de original. Por lo tanto, sus caracteres ontológicos no varían ni se modifican desde el punto de vista técnico y jurídico. Esto presenta la dificultad de no permitir la equiparación o analogía con el soporte físico (papel) que hace que ciertos documentos sean “únicos”.

La cuestión se complejiza con los documentos que incorporan derechos, como son los títulos de créditos o títulos valor y las copias ejecutivas. La emisión de estos tipos de documentos en soporte digital perdería su esencia de ser únicos, lo que no haría posible su circulación de la forma ya conocida.

El problema de los títulos que incorporan derechos ya había sido advertido por Carnelutti-1 hace más de un siglo. Él decía: “(…) Cuando se prescribe la escritura no solo como requisito de forma y como requisito de prueba del negocio, sino cuando la regulación jurídica de este se encuentre ordenada de tal modo que limite e incluso suprima la reacción de la voluntad y de la causa sobre la eficacia del negocio, la cual gravita así sobre el elemento formal: ello sucede especialmente cuando se trata de los negocios constituidos para la realización mediante la movilización del derecho de crédito que reciben el nombre de título de crédito… la construcción teórica de estos negocios se orienta toda ella hacia la identificación de la declaración con el documento, hasta el punto de conducir los dos términos en la misma denominación del negocio (título de crédito)… En definitiva, el documento es la clave del negocio, sin el cual no funciona; cuando existe, no hace falta otra cosa para hacerlo funcionar, pero la llave no es la casa”.

En este sentido el fallo antes señalado de la Cámara de Mar del Plata dice: “(…) Tradicionalmente se sostiene que todos los presupuestos que dan vida al título ejecutivo deben constar en el título mismo, desde su presentación a juicio; debe bastarse a sí mismo pues nada puede haber fuera de él… Sin embargo, se debe empezar a deslindar qué debe entenderse por autosuficiencia cuando se tata de instrumentos creados y alojados en entornos digitales, la cual no debe asimilarse a la propia de los instrumentos físicos pues ambos presentan aristas totalmente distintas (…) la circunstancia que se trate de un título ejecutivo compuesto o integrado (…) no atenta con el carácter de autosuficiente que debe poseer todo título ejecutivo, siempre que de esos documentos se extraiga toda la información necesaria que configuren los requisitos de validez para darle fuerza ejecutiva al título (conf. Cám. Apel. Civ. y Com., La Matanza, Sala II, ‘Afluenta S.A c/ Celentano Acevedo, Santiago Egidio s/ Cobro ejecutivo’, 8/6/22, La Ley online cita TR LALEY AR/JUR/83872/2022)”.

C.7. Comparecencia en línea en el ámbito de la función certificante.
Actuación a distancia

El Código Civil y Comercial no presupone que la presencia de los otorgantes frente al escribano deba ser física, y tampoco presupone una diferencia ontológica entre el presencia física y presencia en línea. La función notarial con comparecencia en línea es posible siempre que el notario utilice los elementos tecnológicos en modo correcto, o una plataforma tecnológica oportunamente configurada con los requisitos establecidos por la normativa, y bajo su exclusivo control.

La Unión Europea impulsó la actuación a distancia con la directiva 2019/1151-1 dictada por el Parlamento Europeo, determinando la transposición de dicha normativa en los países miembros.

Con la pandemia del Covid-19, el 26 de febrero de 2021 el Consejo de Dirección de la Unión Internacional del Notariado aprobó el Decálogo para las Escrituras Notariales a Distancia y la Universidad Notarial Argentina (UNA) dictó el 26 de febrero de 2021 el “Decálogo para la Actuación Notarial a Distancia”.

Pano-1 expone que mediante resolución 75/2021 del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26 de mayo de 2021, como consecuencia de la pandemia, se puso en marcha un nuevo sistema de régimen de certificación de firmas en el que se incluye la certificación de firma por medios electrónicos para hacerlo de manera remota o a distancia en documentos digitales.

La forma de contratación a distancia o, en general, de las relaciones jurídicas a distancia mediante distintos instrumentos telemáticos o de telepresencia, constituyen ya un fenómeno que no es excepcional.

En el ámbito internacional, la actuación a distancia ha sido implementada en distintos países como Lituania, Italia, Brasil y, recientemente, España, por citar algunos. La disposición 100 del 26 de mayo de 2000 del Consejo Nacional de Justicia de Brasil implementó la práctica de actos notariales electrónicos mediante el sistema E-Notariado, a través del uso de videoconferencia notarial.

Como señala Walter Schmidt-1 sobre la denominación: “En el advenimiento de las plataformas de actuación notarial esta modalidad de actuación tuvo varias denominaciones. Así, se ha denominado a la actuación como actuación remota, actuación a distancia, actuación telemática e incluso actuación virtual”. En la actualidad, el Acuerdo de Guayaquil de la CAAm-1 del 23 de abril de 2023 ha producido un documento que propone los lineamientos generales para la generación del protocolo electrónico a fin de llevar adelante las escrituras con “comparecencia en línea”. Esta última denominación parecería más acertada, en nuestra opinión, dado que refleja que el ámbito de comunicación y presencia está ubicado y tiene lugar “en línea”, a través del canal de internet.

Sin demasiados requisitos, el art. 20 de la RAND establece: “Título II – Actuación notarial a distancia (…) Todo requerimiento que se formule a un notario para que realice alguna de las actuaciones que admiten la modalidad regulada en este título deberá realizarse mediante una plataforma que autorice el Colegio de Escribanos. La actuación notarial podrá desarrollarse en ámbito digital o a distancia sólo en los casos admitidos expresamente por ley o reglamento”.

C.8. Territorialidad en la comparecencia en línea

El tema de la competencia territorial supone un gran desafío a resolver por parte los colegios notariales de nuestro país, dado las características de nuestro sistema federal.

Schmidt-1 señala que “Si bien la jurisdicción territorial en el ámbito digital puede llegar a estar en estudio respecto de la extraterritorialidad de la función notarial, en nuestro país se deben contemplar ciertas realidades provinciales así como ciertos principios constitucionales que podrían verse vulnerados a partir del acceso a estas tecnologías por parte de algunos de los notariados del país en desmedro de otros notariados provinciales, viendo afectados el principio de igualdad, trabajo, acceso a herramientas informáticas, sin perjuicio de la aplicación de los principios de coherencia, razonabilidad y prudencia que deben primar al momento de la interpretación del impacto tecnológico dentro del ordenamiento jurídico y al cual hemos hecho referencia anteriormente”.

El art. 290 del Código Civil y Comercial establece “Son requisitos de validez del instrumento público: a) la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella…”.

A su vez el art. 130 del decreto-ley 9020/78 establece como principio general “I.- Los notarios ejercerán sus funciones dentro de los límites territoriales que correspondan al registro de su actuación” y además establece los supuestos de prórroga y extensión a otros distritos dentro de la provincia-1.

En cuanto a la competencia territorial en la actuación a distancia, el reglamento establece: “Artículo 21. Competencia territorial: De conformidad con el artículo 130 inc. I de la ley 9020, el notario deberá encontrarse dentro de los límites territoriales que correspondan al registro de su actuación. El requirente deberá encontrarse dentro de la Provincia de Buenos Aires o fuera de la República Argentina”. Tanto la normativa de fondo como las leyes orgánicas establecieron los criterios de competencia en un mundo analógico, donde el principio de inmediación se entendía solo de manera física. Este artículo incorpora como elemento determinante de la competencia territorial la ubicación del requirente, que no era necesario determinar para la comparecencia o presencia física.

La tendencia en el derecho comparado en materia de territorialidad establece que el notario se encuentre dentro del espacio geográfico asignado para su actuación profesional y los otorgantes o comparecientes podrán encontrarse en cualquier lugar. Una de las maneras de entender este criterio es reconceptualizar la funcionalidad de la herramienta tecnológica con el servicio notarial, teniendo en cuenta que no tenemos un paralelo exacto con la actuación analógica.

España-1 a partir de noviembre de 2023 incorporó por la trasposición de directivas del Parlamento Europeo la comparecencia en línea, determinando que el notario debe encontrarse en su jurisdicción, con independencia de la ubicación del requirente.

En cambio, Brasil, en el art. 19 de la disposición 100 del Consejo General de Justicia establece como principio general que será competente para intervenir el notario del distrito donde se encuentra ubicado el inmueble o el domicilio del comprador, debiendo redactar la escritura electrónica por videoconferencia y firma digital de las partes de forma exclusiva.

El acuerdo de Guayaquil de la CAam-1 del 23 de abril de 2023, siguiendo el punto 7 del Decálogo de la UINL para las escrituras notariales con “comparecencia en línea”, estableció: “Quinto- Territorialidad… Se debe prever que, aun y cuando la actuación digital notarial tecnológicamente pueda desarrollarse en cualquier lugar del mundo, por un principio de la función notarial, el notario deberá encontrarse al momento de su actuación dentro del ámbito territorial que le haya sido autorizado. La legislación que rija la función notarial deberá establecer, conforme a la organización política de cada país y tomando en cuenta principios de deontología notarial, las reglas, términos y condiciones en los que se realizará el firmado del instrumento notarial por parte de los usuarios de los servicios notariales. El acto o negocio se entenderá celebrado en el lugar de radicación del notario debiéndose incorporar elementos de geolocalización”.

El criterio adoptado por el reglamento y desarrollado informáticamente determina la ubicación del requirente mediante la geolocalización impidiendo la actuación en el supuesto de encontrarse fuera de la provincia de Buenos Aires y dentro de la República Argentina. Solución que entendemos acorde al avance tecnológico actual entre los notariados de las distintas demarcaciones que integran el territorio argentino.

C.9. El libro de requerimientos en la actuación digital

El proceso electrónico en la PAND permite dar solución a la cuestión de la data en el requerimiento de firmas digitales, tal como lo había planteado oportunamente Pliner en la sentencia de Cámara citada por Gattari a la que hicimos referencia.

En la actuación a distancia el sistema por su funcionalidad permite: establecer la data de generación y firma de la actuación notarial, la conservación y recuperación de los documentos presentados por los requirentes y el documento objeto de la certificación de firma, como así también los datos de generación del documento notarial digital. En consecuencia, el registro y los elementos requeridos para la conformación del acta posibilitan su generación automáticamente, dándose así por cumplidos los resguardos legales.

La tendencia es la digitalización de los procesos adecuada a la tecnología; así la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por resolución 921 del 2021 estableció el mecanismo electrónico de registro de sentencias definitivas, resoluciones interlocutorias y de regulación de honorarios, dando claramente un impulso al expediente electrónico.

En este sentido, el art. 18 del Reglamento de Certificación de Firmas e Impresiones Digitales Unificado del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, determina “Las actas de requerimiento serán generadas automáticamente por el sistema y la persona humana y el escribano firmarán el requerimiento en el celular o dispositivo electrónico habilitado y registrado por el escribano con un lápiz óptico o especial a tales fines”.

Como habíamos señalado anteriormente, la tendencia es la adecuación de los sistemas a una automatización que permite la eficiencia del proceso y una despapelización. El libro de requerimientos en formato papel como lo conocemos hasta ahora puede ser reemplazado por el libro de requerimiento digital tanto para la presencia física en la notaría como para la comparecencia en línea. Dicho libro de requerimientos se entiende completado con el registro de las actuaciones que surgen automáticamente en línea con la actuación en la PAND o implementando una aplicación de generación para documentos electrónicos y físicos en el ámbito presencial, como en la actualidad se lo permite la App del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

C.10. Legalizaciones digitales

Como requisito de la circulación del documento notarial electrónico es necesario dotarlo del proceso de legalización en el ámbito digital que ya hemos comentado y con idénticas características.

Así, a poco de transitar la actuación notarial en soporte digital, se implementó la legalización digital de documentos notariales digitales y en el período de pandemia se incluyó una legalización digital híbrida, que consiste en legalizar un documento notarial en soporte papel que ha digitalizado y procesado en el módulo de actuaciones notariales digitales y cuyo documento digital resultante es suscripto por el notario dentro del módulo de firma digital.

En tal sentido el art. 11 de la RAND determina “Los documentos notariales en cualquier soporte podrán legalizarse digitalmente de acuerdo con lo previsto en los arts. 117 y 118 del decreto-ley 9020/78. En el caso de los documentos notariales en soporte físico, su legalización digital solo podrá ser requerida y formalizada por un notario, que tenga a la vista el documento en soporte físico, con la utilización de un folio de digitalización para legalización”.

D. Conclusiones

Señalaba Rubén Lamber: “Lo que fue en otros tiempos una tarea secundaria, se ha convertido hoy en un procedimiento, riguroso, que a la par que afirma su certeza y eficacia, motiva preocupación por el incumplimiento que pudiera resultar por inobservancia de ciertos requisitos”-1. La opinión dada por el maestro hace más de 20 años transmite la importancia y complejidad del tema I propuesto para estas jornadas.

En el transcurso del presente trabajo nos hemos detenido más que en otros puntos, en la cuestión digital, por considerarla más novedosa. Y por esta razón, seguramente, perderá vigencia en poco tiempo y genere al lector más dudas que certezas. El motivo, a nuestro entender, es claro, por un lado, la tecnología evoluciona aceleradamente, y, por otro lado, las interpretaciones jurisprudenciales y la doctrina cambian amoldándose a una sociedad cada día más digital. Sin embargo, nuestra voluntad de producir, aunque falten aptitudes, nos ha motivado y se presenta como un medio de justificación.

Hemos visto en los últimos tiempos otros avances digitales como los contratos inteligentes, las criptomonedas, la tokenización de inmuebles y el metaverso, que para nuestro notariado parecen lejanos. Percibimos que la función notarial se renueva, no solo por los cambios dados en la tecnología, que es solo herramienta tecnológica, sino también en cambios culturales, sociales y políticos. Entendemos que la vitalidad de la función notarial depende de capturar el dinamismo de la sociedad, que excede a la transformación digital, va más allá. Es necesario interpretar a una sociedad que cambia permanentemente, al derecho que se adapta a ese cambio y a las particularidades de cada uno de nuestros requirentes, a fin de cumplir con el objetivo de la función notarial de dar certeza, transparencia y seguridad jurídica a los actos que celebran los particulares, tanto en su contenido como en su forma, para asegurar la perdurabilidad en el tiempo con presunción de autenticidad.

Bibliografía consultada

Gattari, Carlos Nicolás, Práctica Notarial. Certificación de firmas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Depalma, 1988, T 5.

Lamber, Néstor A., Documento Notarial Electrónico. Panorama Actual. Teoría y práctica, 1º edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Di Lalla, 2021.

Latino, Jorge A., Certificaciones notariales. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Aplicaciones prácticas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hammurabi, 2019, vol. 1.

Pano, Santiago Joaquín Enrique, “Instrumentos particulares y privados”, capítulo 11, en Acquarone, María T., Derecho Notarial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Estudio, 2022.

Pelosi, Carlos A., “Los certificados notariales. Las certificaciones de firmas”, capítulo XV, en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, dirigido por Jorge H. Alterini, T II, Buenos Aires, La Ley, 2012.

Saucedo, Ricardo J., “Teoría y práctica de la certificación notarial de firmas e impresiones digitales”, XLI Seminario Teórico-Práctico “Laureano Moreira”, 2001, 17 y 18 de mayo.

Schmidt, Walter César, “Legalizaciones y legalizaciones digitales notariales”, parte general, en Armella, Cristina Noemí (Dir.); Salierno, Karina Vanesa (Coord.), Derecho y tecnología. Aplicaciones notariales, p. 93-120.

Schmidt, Walter César, “Notartech. Tecnologías aplicadas a la función notarial”, 42 Jornada Notarial Bonaerense, desarrollada en San Pedro entre el 16 y el 19 de marzo de 2022. Corresponde al tema 1: “El documento notarial digital y la actuación notarial remota o a distancia”, Revista Notarial 992, 2022, p. 317-367.

Scotti, Sofía Teresa, “Certificados”, capítulo 24, en Acquarone, María T., Derecho Notarial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Estudio, 2022.


    1 Pelosi, Carlos A., “Los certificados notariales”, Derecho Notarial Registral e Inmobiliario, T II, La Ley, p. 827.

    2 Lukaszewics, Sonia, Derecho Notarial, María T. Acquarone (Dir.), Editorial Estudio, p. 242.

    3 Pelosi, Carlos A., “Los certificados notariales”, Derecho Notarial Registral e Inmobiliario, T II, La Ley, p. 852.

    4 Gattari, Carlos Nicolás, Práctica notarial, 1988, T 5, p. 12.

    5 Latino, Jorge A., Certificaciones notariales, V 1, 2019, p. 198.

    6 Gattari, Carlos Nicolás, Práctica notarial, 1988, T 5, p. 14.

    7 Reglamentación del Libro de certificación de firmas e impresiones digitales aprobada por el Consejo Directivo en su sesión de fecha 3 de agosto de 2012.

    8 Saucedo, Ricardo, “Teoría y práctica de la certificación notarial de firmas e impresiones digitales”, XLI Seminario Teórico-Práctico “Laureano Moreira”, 2001, 17 y 18 de mayo, T 1, p. 22.

    9 El art. 1001 del Código Civil establecía “Si alguna de las partes no sabe firmar debe hacerlo a su nombre otra persona que no sea de los testigos del instrumento”.

    10 “La firma es condición esencial en todos los actos extendidos bajo forma privada, con motivo del contrato de trabajo. Se exceptúan aquellos casos en que se demostrara que el trabajador no sabe o no ha podido firmar, en cuyo caso bastará la individualización mediante impresión digital, pero la validez del acto dependerá de los restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva realización del mismo”.

    11 Gattari, Carlos Nicolás, Práctica notarial, 1988, T 5, p. 16.

    12 “a) Inspecciones; b) Razones de seguridad, dando conocimiento al Juzgado Notarial y al Colegio; c) Requerimiento de personas con imposibilidad ambulatoria u otra causa justificada dentro del Distrito, y fuera de él, en el caso del art. 130, inc. II, apartado 5 de la Ley. d) Solicitud de la Delegación”.

    13 Actividad regulada por el Reglamento de funciones legalizantes, publicado BO 1394 30/12/2008. Modificado por resolución 12617 del Comité Ejecutivo de fecha 30/12/2015.

    14 Algunos motivos de rechazo son: la falta firma y/o sello aclaratorio del profesional; no fue extendida en folios de actuación notarial y no se trata de los taxativamente autorizados desde el 01/03/2002, a saber: estudio de títulos o dictámenes escritos, copias simples, precalificación para IGJ, constancia de escritura en trámite de otorgamiento o inscripción o solicitudes presentadas para obtener copias simples o certificadas; la fecha de expedición es anterior a la fecha de compra del folio; la firma y/o sello no concuerda con lo registrado en nuestros ficheros; no consta que la firma fue puesta en presencia del escribano, coetáneamente a la autenticación y por personas de su conocimiento; omitió mencionar folio, número de acta del libro de requerimientos; el documento tiene espacios en blanco o no se dejó constancia de los mismos; el documento contiene cláusulas manifiestamente contrarias a las leyes; documento pretende reemplazar la firma de las partes; documento redactado en lengua extranjera no deja constancia de conocimiento del escribano de la misma; formulario 08; en folio de actuación notarial no menciona marca y/o dominio del vehículo, y/o número del formulario 08 (desde 1/12/2003); no consta lugar y/o fecha de certificación; el notario no actuó en la demarcación asignada a su registro, o dentro de las competencias ampliadas según la ley; el instrumento notarial demuestra signos o existe presunción de falsificación o falsedad o se presume la comisión de un acto contrario a la ley.

    15 Saucedo, Ricardo, “Teoría y práctica de la certificación notarial de firmas e impresiones digitales”, XLI Seminario Teórico-Práctico “Laureano Moreira”, 2001, 17 y 18 de mayo, T 1, p. 22.

    16 Lamber, Néstor Daniel, Documento notarial electrónico. Panorama actual. Teoría y práctica, 2021, p. 33.

    17 Ley 25.506, artículo 6º- Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.

    18 https://www.colescba.org.ar/portal/wp-content/uploads/2024/02/Reglamen-o-de-Actuaciones-Digitales-aprobado-el-23-02-2024.pdf

    19 España. Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, artículo 17 ter 2. El otorgante accederá a la aplicación abierta en la sede electrónica notarial utilizando los sistemas de identificación electrónica previstos en el art. 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicha aplicación deberá garantizar los principios de neutralidad tecnológica e interoperabilidad para todos aquellos que accedan a su uso.

    20 La legislación italiana: el CAD establece: “Art. 24… 2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”.

    21 La filigrana o marca de agua es una imagen formada por diferentes espesores en una hoja de papel, para evitar la falsificación de documentos, aunque también se puedan colocar como forma de identificación del origen o calidad del soporte.

    22 El código QR “Quick Response”, es un código de respuesta rápida. Es la evolución del código de barras y permite, al ser escaneado, ver la información que contiene.

    23 CVS (Concurrent Versions System) es un sistema de control de versiones utilizado para gestionar y controlar los cambios en archivos y proyectos de software.

    24 Camps, Carlos E., “Tecnología, gestión judicial y proceso civil”, p. 31, Sup. Esp. LegalTech 2018 (noviembre), 05/11/2018. Cita online: AR/DOC/2370/2018.

    25 Art. 308 CCyC: “El escribano debe dar copia o testimonio de la escritura a las partes. Ese instrumento puede ser obtenido por cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia indeleble, conforme a las reglamentaciones locales”.

    26 Módulo de Gestión de Actuaciones Notariales; el módulo de Gestión de Firma digital y la Plataforma de Actuación Notarial a Distancia (PAND).

    27 PDF (siglas en inglés de Portable Document Format, “formato de documento portátil”) es un formato de almacenamiento para documentos digitales independientes de plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto).

    28 Dec. 182/2019, Art. 3: … La conservación de documentos, registros o datos en formato electrónico deberá garantizar su integridad, accesibilidad y disponibilidad. Ley 25.506 – Artículo 12- Conservación. La exigencia legal de conservar documentos, registros o datos también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y hora de su generación, envío y/o recepción.

    29 Galletti, Pablo Oscar; Longhi, María Itatí; Manassero Vilar, Luis Eugenio; Molina, Diego Leandro; Sáenz, Carlos Agustín; di Castelnuovo, Franco; Scattolini, Santiago Francisco Oscar y Schmidt, Walter César, en “La actuación notarial en el ámbito virtual: Su aplicación en la Plataforma de Actuación Notarial Virtual de la Provincia de Buenos Aires, Argentina”, presentado en la Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en San Juan de Puerto Rico en octubre de 2021 en el marco del Premio a la Investigación jurídica “Profesora Cándida Rosa Urrutia de Basora”.

    -1 OTP son unas contraseñas numéricas o alfanuméricas que son generadas para un único inicio de sesión o transacción, es decir, pueden ser utilizadas solo una vez.

    -1 Walter C. Schmidt. “La firma manuscrita en dispositivo electrónico: ¿ológrafa?”, La Ley 2022-D: “Con el dictado de la ley 25.506 teníamos instrumentos públicos y privados, firmados ológrafamente, documentos electrónicos firmados con firma digital o con firma electrónica. Un documento electrónico era reconocido como instrumento privado cuando estuviera firmado electrónica o digitalmente… Es importante destacar que, hasta la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, una firma electrónica era considerada firma y un documento firmado electrónicamente era un instrumento privado. Lo mencionamos porque al momento de analizar las posturas que aceptan que una firma manuscrita en un dispositivo electrónico es una firma ológrafa sostienen parcialmente su postura en la aceptación de una firma electrónica como firma, sin advertir que el Código Civil y Comercial de la Nación generó un cambio de criterio”.

    -1 En nuestro ordenamiento, la ley 25.506 adoptó para la firma digital la tecnología PKI (Public Key Infraestructure) de claves asimétricas y se estableció como autoridad de aplicación a un organismo de administración pública: la ONTI, que depende de la jefatura de gabinete, siendo la Autoridad Certificante, quien a su vez delegó en las Autoridad de Registro el otorgamiento de los certificados de firma digital a los ciudadanos que cuenten con los requisitos legales establecidos dentro del escenario de las políticas establecidas por la propia ONTI.

    -1 Las conclusiones del tema II sobre “El documento público digital y digitalización de los registros de bienes y de personas humanas y jurídicas”, sobre la primera ponencia se aprobó por mayoría (por la negativa votaron Córdoba y Mendoza) y la segunda ponencia fue aprobada por unanimidad.

    -1 “El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen”.

    -1 LZ – 1632 – 2022 – “SIFT S.A. C/ M. C. D. S/ Cobro ejecutivo”.

    -1 En autos “Banco de la Provincia de Buenos Aires C/ JLS S/Cobro ejecutivo”, expediente 176660 de la Sala Primera de la Excma., en el tribunal revoca un fallo de primera instancia que por el cual rechazó in limine la presentación de un juicio ejecutivo y ordenó adecuar la demanda a la vía de conocimiento.

    -1 “Sin embargo, debo decir que se está tornando abstracta la discusión sobre la equiparación entre firmas electrónicas y firmas ológrafas a partir de una serie de dictados de normas por parte del Estado Nacional que han ido flexibilizando el requisito de firma en distintos casos concretos, v.gr. el dictado del decreto de necesidad y urgencia 27/18 sobre ‘desburocratización y simplificación’, luego derogado y reemplazado por la ley 27.444, que modificó varias referencias a la firma en distintos contratos muy relevantes como la ley 25.065 (tarjetas de crédito), sustituyéndose el inc. k) de su art. 6º, complementando la referencia a la firma en el contrato de emisión, el decreto-ley 5965/63 (letra de cambio y pagaré), complementando las distintas referencias que esa norma hacía a la firma como requisito de forma para manifestar la voluntad y la ley 24.452 (cheque), con la misma finalidad; en todos los casos citados se complementó las referencias a las firmas para admitir que si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del firmante y la integridad del instrumento…”.

    -1 “HSBC Bank Argentina S.A. c/ Ospina Parrado, Nestor Augusto s/ejecutivo”, CNCOM – Sala F – 19/12/2023 – expediente14463/2023.

    -1 Saucedo dice: “En el ejercicio de la función se plantean casos en los que el notario debe emitir, a partir de un único requerimiento, dos o más atestaciones, en un mismo soporte formal. Por ejemplo, por resolución del directorio de una sociedad anónima, se decide mudar su sede dentro de la misma jurisdicción, es decir, sin cambiar el domicilio social. Si la sede se fijó fuera del estatuto, no será necesario proceder a su reforma, siendo suficiente, en cambio, presentar para su registración, el documento donde se haya resuelto tal medida. Por regla, se tratará de un acta labrada en el libro de actas del directorio de la entidad, debidamente rubricado. Como dicho soporte no puede acceder al ente de control para su registración, se emitirá en su reemplazo, por ejemplo, una copia de la mencionada acta, la que, para justificar su procedencia, deberá ser suscripta, por lo menos, por el presidente del directorio de la entidad. Ahora bien, la firma del representante orgánico deberá estar autenticada notarialmente (primer certificado), consignándose expresamente la personería invocada por el requirente. Sin embargo, como el documento original que contiene la decisión social no se presentará ante la autoridad de superintendencia, resultará también necesario que el notario asevere que el documento que suscribe el requirente es copia fiel del acta original, que obra en el libro en cuestión, que le deberá ser exhibido en el mismo acto (segundo certificado). Así el notario estará atestando firma, cargo y contenido por igual. Todo ello en un mismo documento público, y con los soportes materiales previstos por la reglamentación local para la autenticación de firmas e impresiones digitales, sin tener que acudir en el caso, a los sellos de actuación notarial para certificación de copias”. Seminario Laureano A. Moreira, 2001, mayo, XLI Sem., p. 21.

    -1 Carnelutti, Francesco, La Prueba Civil, 1914.

    -1 La Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, impuso a los estados miembros que incluyan en sus ordenamientos jurídicos la constitución de sociedades de capital sin la necesidad de que los otorgantes comparezcan personalmente ante cualquier autoridad o persona u organismo, habilitando la constitución en línea, incluyendo el otorgamiento de la escritura de constitución y el aporte de capital.

    -1 Pano, Santiago Joaquín Enrique, “Instrumentos particulares y privados”, capítulo 11. En: Acquarone, María T., Derecho Notarial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Estudio, 2022, p. 196-197.

    -1 Schmidt, Walter C., “Notartech. Tecnologías aplicadas a la función notarial”, premio “Delegación San Nicolás” a la excelencia académica otorgado por el jurado en la 42 Jornada Notarial Bonaerense, desarrollada en San Pedro entre el 16 y el 19 de marzo de 2022. Corresponde al tema 1: “El documento notarial digital y la actuación notarial remota o a distancia” https://www.colescba.org.ar/portal/?revista=notartech-tecnologias-aplicadas-a-la-funcionnotarial#footnote-049

    -1 Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado.

    -1 Schmidt, Walter César, “Notartech. Tecnologías aplicadas a la función notarial”, 42 Jornada Notarial Bonaerense, desarrollada en San Pedro entre el 16 y el 19 de marzo de 2022. Corresponde al tema 1: “El documento notarial digital y la actuación notarial remota o a distancia”, Revista Notarial 992, 2022, p. 317-367.

    -1 En la actualidad la prórroga de jurisdicción en los casos del art. 130 inc. II apartado 5 antes señalado se puede obtener mediante una gestión en línea a través de la página del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, que se denomina Sistema de Asignación de Diligencias Notariales (SADIN). Este sistema comenzó a funcionar a mediados del año 2019 y es una herramienta que permite a cualquier ciudadano solicitar la intervención de un notario ya sea fuera de la notaría o fuera del horario habitual de atención y dar respuesta a las imposibilidades en la prestación de un servicio notarial que requiera de la prórroga de jurisdicción. Es una de las primeras implementaciones que realiza el Colegio notarial que permite dar una respuesta eficiente y rápida de manera automática en los supuestos de prórroga de jurisdicción a los partidos vecinos, marcando así, a nuestro criterio, una tendencia sobre la actual forma de interpretar la cuestión territorialidad.

    -1 A partir del 9 de noviembre de 2023 comenzó a regir la ley 11/2023 de trasposición de directivas de la Unión Europea vinculada a la directiva 2019/1151 referida a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho societario, modificando la ley del notariado español del 28 de mayo de 1862. La modificación legislativa incorpora el protocolo electrónico, la actuación a distancia y el libro de registro de operaciones electrónicas a través de un traslado informático del que se deja constancia en matriz papel. Una matriz en papel extraviada o sustraída se reconstituirá mediante un nuevo traslado desde el protocolo electrónico, realizado en papel notarial.

    -1 “Acuerdo para la incorporación del protocolo digital a fin de lograr el otorgamiento de instrumentos notariales con comparecencia en línea” es un documento que contiene los lineamientos acordados por los países miembros de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado de acuerdo a la Asamblea desarrollada en Guayaquil, Ecuador, el 29 de abril de 2023.

    -1 Lamber, Rubén, Cuaderno de Apuntes Notariales N° 24, 1999.

    * Premio “Not. Patricia Elena Trautman” a la excelencia académica otorgado por el jurado en la 43 Jornada Notarial Bonaerense, desarrollada en Mar del Plata entre el 24 y el 27 de abril de 2024. Corresponde al tema 1: “Función certificante. Soporte analógico y digital”.

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