Colegio de Escribanos Provincia de Buenos Aires

La incidencia del derecho de opción en la cesión de herencia

Tomás Augusto Lamber

Sumario: 1. Introducción: El cambio de paradigma. 2. Las herencias deferidas antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. 2.1. Coexistencia de dos ordenamientos diferentes. 2.2. Argumentos a favor de computar el plazo de 10 años para las herencias deferidas antes del 1/8/2015. 2.3. Argumentos a favor de computar el plazo de 20 años para las herencias deferidas antes del 1/8/2015. comentario al fallo “Juarez, marcos ramón. 2.4. El accionar notarial. 3. La nueva normalidad: La observancia del derecho de opción en instancia notarial. 3.1. La incidencia en la cesión de derechos hereditarios. 3.2. La calidad de heredero y la responsabilidad profesional. 3.3. El deber notarial de asesoramiento. 3.4. Técnica notarial. 3.5. Supuestos especiales. 4. El particular impacto sobre la cesión de derechos gananciales. 4.1. Inaplicabilidad del plazo de diez años. 4.2. Alcances de la cesión de derechos gananciales en las sucesiones. 5. El devenimiento en la cesión de derechos litigiosos. 6. conclusiones. Anexos. anexo 1. Anexo 2. ponencias. Referencias. jurisprudencia.

1. Introducción: El cambio de paradigma

A partir del 1° de agosto de 2015, conforme art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, los notarios que autoricen una cesión de herencia bajo cualquiera de las modalidades que la ley admite, deberán tomar un recaudo adicional y evaluar cómo ha operado el derecho de opción.

El derecho de opción en derecho sucesorio consiste en un plazo determinado para que los herederos acepten o repudien la herencia a partir de la muerte del de cujus.

El cambio más contundente lo observamos en la extensión temporal determinado por la ley: el derogado Código Civil establecía un plazo para ejercer el derecho de opción de veinte años1; mientras que, de la mano de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, el legislador ha optado por limitar ese plazo al termino de diez años2. La reducción a la mitad del plazo para ejercer este derecho obedece a una necesidad social de no dejar bienes sin ocupación en cuanto queda configurada implícitamente una disposición más dinámica y rápida del contenido patrimonial de la herencia.

Sin embargo, la consecuencia más gravosa de la reforma legislativa recae sobre los efectos que la ley atribuye al silencio del heredero, es decir, a aquel que no se ha expresado sobre la aceptación de la herencia dentro del plazo previsto, en cuanto el código vigente ha estipulado expresamente la caducidad del derecho de opción y una ficción legal donde se considera al sucesor como renunciante.

El principio plasmado en el art. 2288 CCyC obliga a recontextualizar las prácticas negociales preparatorias para la disposición de los derechos sobre el acervo hereditario en la medida que a partir del próximo año entraremos en una nueva etapa del desarrollo jurídico donde ya no se cuenta con la presunción de que la herencia no ha sido repudiada por la persona que manifiesta su voluntad de disponer los mencionados derechos en los términos que plantea el ordenamiento jurídico nacional, sino ante una nueva normalidad donde puede existir una duda razonable sobre la legitimidad de dicho carácter.

En consecuencia, el presente trabajo propone analizar cuál es el rol del notario ante esta situación –hasta ahora atípica– que deberá incorporar al ejercicio de su profesión y asesoramiento legal, y qué incidencia tendrá sobre las cesiones de herencia y todas sus modalidades, así como las cesiones de derechos hereditarios sobre bienes determinados de la herencia que autorice en su protocolo.

2. Las herencias deferidas antes de la entrada en vigencia del código civil y comercial de la nación

2.1. Coexistencia de dos ordenamientos diferentes

En el derecho sucesorio, la muerte real o presunta de una persona produce la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley; y a partir de este hecho queda constituida una situación jurídica de efectos instantáneos lo que trae por consecuencia que los derechos de los herederos deben ser juzgados por la ley vigente en aquel momento3.

En concordancia, Córdoba y Ferrer dicen que “de acuerdo a lo dispuesto en el art. 3 del Código Civil (art. 7°, Código Civil y Comercial) las nuevas normas sucesorias serán aplicables solo a las sucesiones que se abran con posterioridad a la entrada en vigencia, pero no se aplicaran retroactivamente a las que se hubieran abierto con anterioridad, puesto que los efectos derivados de la muerte ya se han cumplido y no pueden ser alterados retroactivamente”4.

La ley aplicable sobre las herencias deferidas antes del 1° de agosto 2015 es sin duda el Código Civil, el cual contiene disposiciones e interpretaciones doctrinarias más benévolas y favorables hacia los sucesores en lo atinente al derecho de opción.

Recordamos que el mencionado cuerpo normativo dispone que el plazo para aceptar o repudiar la herencia es de veinte años. Asimismo, transcurrido dicho plazo se perdía la capacidad de elegir aceptar o rechazar la herencia.

La cuestión más polémica circunda alrededor de la persona que no se pronuncia sobre la aceptación o repudio de la herencia y guarda silencio: el avenimiento para el plazo, la caducidad del derecho y la exclusión del heredero en la nueva ley5 no encuentra correlato en su antecesor, sino que el efecto que producía el cumplimiento de este plazo era debatido porque no existía una disposición expresa que disponía la caducidad del derecho hereditario sino únicamente sobre el derecho de opción6, lo que derivó en un desarrollo doctrinario y jurisprudencial que tendió hacia la aceptación con distintos matices como la solución menos gravosa.

De esa manera, el controvertido caso del silencio del heredero fue resuelto con soluciones dispares que quedaban supeditadas a la existencia de otros coherederos aceptantes: si la persona que guardaba silencio era el único heredero o concurría junto con otros que no hubieran aceptado la herencia, se lo tenía como aceptante; en cambio, si el primero concurría con otros coherederos que hubieran aceptado la herencia, se lo tenía como renunciante.

A las consideraciones de la aceptación han de sumarse los efectos producidos por la intimación que realizara cualquier interesado judicialmente. En este caso, no nos encontramos ante el mero paso del tiempo, sino ante un requerimiento expreso de pronunciarse sobre la herencia. Nuevamente, el Código Civil no estableció sus efectos, sino que la conclusión de la doctrina prevaleciente fue la de considerarlo aceptante al heredero en la medida que no podía presumirse la renuncia y tal constituiría una sanción muy dura para la omisión de una formalidad7.

El art. 2288 del Código Civil y Comercial impone a las herencias deferidas a partir del 1° de agosto de 2015 que, trascurridos diez años desde su apertura, ante el silencio del heredero no solo caduca su derecho de opción a aceptar la herencia, sino que además es tenido como renunciante. En otros términos, la nueva legislación trae aparejada una autentica caducidad del derecho hereditario.

La consecuencia de ejecutar estas normas en la práctica derivara en un asesoramiento y accionar disímil a la medida del caso particular.

A modo de ejemplo, para demostrar las gravísimas diferencias que produce el silencio en ambos ordenamientos, Flamma propone un caso de laboratorio: si a los nueve años y once meses del fallecimiento del causante se intima a un descendiente para que en el plazo de un mes (previo a la entrada en vigencia del nuevo Código) ejerza su derecho de opción y este guarda silencio, la ley lo va a considerar aceptante, pero si dicha intimación se realiza a los nueve años, once meses y un día (luego de la entrada en vigencia del nuevo Código), el mismo silencio lo tendrá por renunciante por aplicación del plazo del art. 2288 del Código Civil y Comercial8.

Sin embargo, la postura mencionada en el ejemplo deja entrever la existencia de dos posicionamientos contradictorios y es incierto saber qué dirección asumirán los operadores jurídicos argentinos a partir del 1° de agosto del 2025 hasta tanto no se produzca una controversia, quedando soslayados los argumentos que se detallan a continuación al plano de hipótesis y debates doctrinarios.

2.2. Argumentos a favor de computar el plazo de 10 años para las herencias deferidas antes del 1/8/2015

Al analizar la aplicación temporal del nuevo código en relación a las situaciones jurídicas existentes, Kemelmajer de Carlucci realiza un planteo importante: el art. 2537 significa una regulación especial sobre los plazos de prescripción en curso, y en materia de sucesiones, sus disposiciones son aplicables por analogía (fundado en el estudio de las fuentes del Código y el derecho comparado) al plazo de caducidad del art. 22889. Esto significa que los herederos podrán aceptar las sucesiones deferidas con la ley derogada hasta el 1° de agosto de 2025.

La jurista, basándose en una cita a Roubier, explica que la excepción prevista en el art. 253710, es decir, la aplicación del plazo más breve a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley es la mejor solución, más justa, en cuanto respeta el principio de irretroactividad de las leyes y no extingue terminantemente el derecho de opción sobre las sucesiones sobre las que no hubo pronunciamiento durante más de diez años sino que tal circunstancia debe comenzar a computarse a partir del 1° de agosto de 2015 conforme el art. 7 del Código Civil y Comercial.

La consecuencia es la caducidad del derecho de opción, incluso cuando no se hubiera cumplido el cómputo de los veinte años previstos en la legislación derogada.

Sebastián Sabene suscribe a lo expuesto y agrega que esto no será así cuando la aplicación de esta regla conduzca a extender el plazo más allá de los veinte años que contemplaba el régimen anterior. Por ejemplo, si el causante falleciera el 1 de agosto del 2000, no regiría el plazo de diez años computado del modo indicado, puesto que, si así lo hiciéramos, el heredero habrá tenido un plazo de veinticinco años para optar, contando con un tiempo incluso mayor al que le reconocía la ley anterior. Ello importaría una conclusión inadmisible, por lo que debe mantenerse el plazo de veinte años computado desde el fallecimiento del causante11.

La presente tesis postula que el sucesor es titular de un ius delationis, es decir, titular de una situación jurídica que todavía no se ha consolidado ni ha mediado consumo jurídico. Al tratarse de consecuencias jurídicas sobre situaciones pendientes, la aplicación inmediata del nuevo Código importa la incorporación de un nuevo plazo de caducidad del derecho de opción –y el nuevo efecto de tenerlo por renunciante– de diez años a partir de la promulgación de la ley (por aplicación analógica del art. 2537 del Código Civil y Comercial) que se harían extensivas a las sucesiones diferidas con anterioridad al 1° de agosto de 2015.

La reforma es contundente porque trae aparejada la previsión de una consecuencia jurídica que antes no se encontraba expresada por la legislación y cuyos efectos favorables atribuidos al silencio a favor de los herederos operaban por vía pretoriana.

En sus consideraciones sobre la cesión de herencia, Néstor Lamber destaca la particular situación en la que se encuentran los contratantes en estos supuestos: por un lado, se agrega este requisito antes inexistente que determina la caducidad de un derecho a situaciones que todavía no se han consolidado, motivo por el que no equivale a una aplicación retroactiva de la ley sino a la operatividad sobre situaciones vigentes. Por otro lado, la ley vigente es la ley aplicable al momento del fallecimiento del causante (el Código velezano) que admitía un efecto renunciativo ante la omisión de uno o más herederos frente a la aceptación de otros en la interpretación más aceptada, quedando tal plazo limitado ante la no aceptación de ninguno al nuevo termino de caducidad12.

2.3. Argumentos a favor de computar el plazo de 20 años para las herencias deferidas antes del 1/8/2015. Comentario al fallo “Juarez, Marcos Ramón. Sucesión ab intestato”

En sus consideraciones sobre el tema, Jorgelina Guilisasti sintetiza los motivos por debiera abogarse por respetar el plazo de veinte años hasta su término conforme lo previsto en el Código velezano13.

En lo conducente, con la muerte del causante queda constituida una situación jurídica de efectos instantáneos que hace aplicable la ley vigente a ese momento (sin perjuicio de excepciones procesales especiales cuya eficacia opera a partir de su entrada en vigencia), y debiera rechazarse la aplicación del art. 2537 CCyC en cuanto regula únicamente la prescripción, no así la caducidad, motivo por el que corresponde remitirse a las normas generales establecidas en el art. 7º CCyC a título de no atribuir efectos retroactivos a esta clase de relaciones.

Asimismo, destaca un antecedente judicial posterior a la entrada en vigencia del Código unificado donde los hijos y cónyuge del causante iniciaron un juicio sucesorio en el año 2016 (durante la vigencia del nuevo Código) habiendo transcurrido más de veinte años a partir del fallecimiento del causante, y el tribunal de alzada resolvió que debía aplicarse el art. 3313 del Código Civil y, en consecuencia, considerar a los herederos aceptantes14. En ese sentido, el tribunal revoca la sentencia apelada que aplicaba inmediatamente las consecuencias del art. 2288 CCyC y opta por respetar los efectos e interpretaciones concordantes al Código Civil sobre el derecho de opción, solución que compartimos.

Indudablemente, la presente tesis importa una solución más favorable para el derecho de los herederos, y hasta el momento hemos visto jurisprudencia que ha admitido la vocación hereditaria en los términos del Código velezano15.

No obstante, de los fundamentos de la sentencia advertimos que el tribunal no rebate o contradice los argumentos planteados para la aplicación por un plazo más breve.

No se trata de una aplicación plenaria, sino de un criterio interpretativo que circunda alrededor de circunstancias particulares, lo que motiva la siguiente crítica.

Primero, resulta acertada la interpretación del tribunal de aplicar la ley vigente al momento del fallecimiento del causante en cuanto la operatividad del art. 7 CCyC desde su entrada en vigencia y la aplicación del plazo de caducidad de diez años implicaría una solución injusta y una aplicación retroactiva de la ley.

Sin embargo, Roubier y Kemelmajer de Carlucci comparten estos argumentos y en virtud de estas circunstancias proponen que el cómputo de caducidad de diez años debe computarse a partir del 1° de agosto de 2015 y no tenerse por cumplido a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Se trata de una solución draconiana, pero que tiende a una medida justa y homogénea.

Segundo, la deliberación que se da en autos en cuanto a la tensión existente en la aplicación temporal de las normas sucesorias es limitada por el contexto histórico en el que surge.

La resolución de este agravio se dicta el 5 de diciembre de 2017. En la tesis rebatida, la caducidad en las sucesiones deferidas en los términos de la ley anterior comenzaría a tener efecto a partir del 1° de agosto de 2025 (cumplidos los diez años de la entrada en vigencia del código de fondo). Por lo tanto, incluso adhiriendo a la mencionada, la conclusión para el caso particular sería la misma por encontrarse en término para promover el sucesorio.

Asimismo, encontramos que las consideraciones del tribunal son escuetas en cuanto no refieren a la existencia de situaciones jurídicas pendientes o la improcedencia de plazos más breves para justificar su decisión, sino que es suficiente apelar a la ley aplicable para resolver la cuestión en esos términos. En otras palabras, no es de interés explorar el alcance del Código Civil y Comercial y sus normas especiales dado que la naturaleza del caso particular no demanda su análisis.

El estudio de las situaciones jurídicas pendientes a la entrada en vigencia del nuevo Código merece una especial consideración en la medida que observamos que se trata de un asunto que ha tenido consecuencias en distintos ámbitos que incumben a las relaciones patrimoniales del derecho civil16, y, próximamente, dichos fundamentos recaerán sobre las sucesiones.

Tercero, el tribunal no funda su sentencia basándose exclusivamente en la cuestión de si debe admitir el nuevo plazo caducidad, sino que mediante la herramienta de la equidad trae a colación otros elementos, específicamente que los herederos no han visto controvertido su derecho a la posesión de la herencia, ya sea por otros herederos de rango posterior ni por terceros (por ejemplo, el Ministerio Público), facilitando la resolución.

Nuevamente, las circunstancias del caso no merecían un análisis intensivo y tienden a una solución pacífica, pero las consideraciones de las resoluciones judiciales consisten en la interpretación y aplicación de la norma positiva a circunstancias concretas por lo que es menester considerar si la solución podría ser diferente cuando existiera una controversia y debieran tomarse mayores recaudos ante la oposición de las partes, máxime cuando nos encontremos de cara a este nuevo contexto legislativo.

2.4. El accionar notarial

Independiente de los efectos expuestos previamente, la realidad nos obliga a considerar que, durante el intervalo de consolidar un consenso, los notarios continuaran siendo requeridos para celebrar contratos sobre indivisiones hereditarias.

Cuando un notario se encuentra ante un requerimiento sobre la disposición de los derechos hereditarios debe ponderar estas reglas: el ejercicio del derecho de opción, los actos realizados sobre la indivisión hereditaria y la caducidad del derecho con los particulares efectos renunciativos analizados en el presente capítulo.

Corolario a lo expuesto, el silencio en sí mismo no implica necesariamente un evidente desinterés sobre la herencia, sino que existen formas de aceptación tácita cuando el heredero ejecuta un acto jurídico que no podía ejecutar legalmente sino como propietario de la herencia17. Al efecto de la brevedad, es menester mencionar de manera genérica que si la herencia hubiese sido aceptada (expresa o tácitamente), el titular de los derechos hereditarios se encuentra legitimado para celebrar una cesión.

Si bien cualquier análisis se mantiene bajo la órbita de la especulación, en el plano de las cesiones de herencia se podrá ceder hasta el 1° de agosto de 2025 sobre toda sucesión abierta antes de la entrada en vigencia del Código, sin importar la cantidad de años transcurridos entre el fallecimiento del causante y la vigencia de la reforma, salvo: 1) en casos de actualización de vocaciones hereditarias eventuales que se computan desde la resolución de la primera vocación; o 2) que el heredero hubiese perdido el derecho de optar por su silencio ante la aceptación de otro heredero.

Con posterioridad a la mencionada fecha, se recomienda intervenir con precaución conforme las prácticas jurídicas consolidadas y mediante la suscripción de un consentimiento informado en un documento independiente de la escritura pública que haga constar que las partes se notifican de las consecuencias analizadas y celebran el negocio bajo tales condiciones (ver Anexo 2).

3. La nueva normalidad: La observancia del derecho de opción en instancia notarial

3.1. La incidencia en la cesión de derechos hereditarios

El 1° de agosto de 2025 es una fecha que marcará un cambio de paradigma.

Hasta la fecha, cualquier cesionario que hubiese adquirido los derechos hereditarios de una sucesión regulada por el Código Civil y Comercial, contaba con una seguridad adicional: que el carácter de heredero del cedente no había caducado por el mero paso del tiempo y el plazo del derecho de opción no era más que una preocupación lejana. Sin embargo, habiendo transcurrido una década de la sanción del nuevo código nos vemos obligados a repensar la forma de encarar un proceso sucesorio.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que el derecho de aceptar la herencia caduca a los diez años de la apertura de la sucesión, es decir, al momento del fallecimiento del causante –no el inicio del proceso sucesorio– o la fecha presuntiva de fallecimiento que fije la sentencia en los autos de estilo, y que el heredero que no la haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante.

La ley de fondo es contundente al establecer la caducidad de los derechos hereditarios conjuntamente con el derecho de opción en la medida que la renuncia tiene efectos retroactivos al día del fallecimiento del causante.

Asimismo, observamos que el ordenamiento jurídico prevé diferentes formas de aceptación, lo que significa que la ausencia de un documento escrito durante el mencionado periodo no equivale necesariamente a una renuncia de la herencia, sino que pueden existir otros actos a los que la ley atribuye similares efectos que interrumpen el cómputo de ese plazo. A modo de ejemplo, el tipo de aceptación tácita más frecuente es mediante el inicio del juicio sucesorio.

Recordamos que el código hace una enunciación de carácter taxativo de los actos que implican aceptación tácita, a saber:

a. la iniciación del juicio sucesorio del causante o la presentación en un juicio en el cual se pretende la calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad;

b. la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él;

c. la ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condómino después de transcurrido un año del deceso;

d. el hecho de no oponer la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de heredero;

e. la cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito;

f. la renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque sea gratuita;

g. la renuncia de la herencia por un precio, aunque sea en favor de todos sus coherederos18.

En el ámbito notarial, estos efectos tendrán particular incidencia en la celebración de los contratos de cesión de herencia dada su naturaleza jurídica.

La cesión de herencia no es un mero negocio inmobiliario o estrictamente económico, sino que, en los últimos años, se emplaza como un método de planificación familiar y sucesoria ágil y dinámica en la medida que no se encuentra supeditado al inicio de un proceso sucesorio e indirectamente se asimila a un acto de transmisión oneroso o gratuito entre partes19 y, como se ha mencionado anteriormente, su celebración implica un acto de aceptación que allana la vía hacia la disposición y/o eventual adjudicación de los bienes que conforman las indivisiones hereditarias y su oponibilidad frente a terceros20.

Máxime, en un contexto donde una parte significativa de la población nacional está por debajo de la línea de pobreza e indigencia21 cuya diferencia se acrecentó en los últimos años22, el contrato de cesión de herencia aparece como una alternativa precaria pero atractiva para “titularizar” por su inmediatez y menor costo en comparación a la eventual transmisión de bienes que conforman el acervo hereditario o, en su defecto, por brindar una herramienta que posiciona al cesionario como un acreedor de la herencia con determinadas acciones frente a otros coherederos o terceros para defender su cuota alícuota.

En ese sentido, el escribano público, en su calidad de artífice del contrato de cesión de herencia, tiene el deber de realizar un análisis previo fundado en la protección del orden público con mayores requisitos de los que había empleado hasta la fecha.

Al efecto de llevar adelante un buen y debido asesoramiento jurídico que derive en la celebración de un contrato eficaz, atento a las significativas consecuencias que produce la caducidad del derecho, el autorizante deberá efectuar un “doble examen”, en el que debe balancear estos dos aspectos: el cumplimiento de este plazo de diez años y las conductas que ha adoptado el presunto heredero en relación a los bienes que conforman el acervo hereditario, tratando de prevenir en la medida de lo posible que el cedente no haya sido tenido como renunciante en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.

Sin duda alguna, la labor preventiva del notario se acrecentará por la naturaleza del requerimiento, y la extensión de tal prudencia deberá ser razonable y basada en la buena fe y la diligencia conforme a la complejidad del requerimiento.

La aparente caducidad del derecho será causa eficiente para la elaboración de un documento más delicado, cuya eficacia quedará supeditada a la verificación de los supuestos invocados en instancia judicial o configurará un fundamento para rechazar el requerimiento, mas no debe llevarse estas consideraciones a un absoluto que torne abstracta o imposible la celebración del negocio jurídico en cuanto se encuentra expresamente admitido en nuestra legislación nacional: la obsolescencia funcional del contrato no debe ser la norma sino la excepción.

3.2. La calidad de heredero y la responsabilidad profesional

La implementación de recaudos adicionales dentro del rito notarial que culmina en el otorgamiento de un instrumento público obliga a considerar hasta qué punto debe observarse el cumplimiento del derecho de opción, y preguntar: ¿cuál es la responsabilidad del notario? ¿Hasta qué punto debe generar convicción sobre la calidad de heredero del cedente?

La observancia del derecho de opción en instancia notarial se ve atravesada por una dicotomía: la titularidad de los derechos hereditarios consiste en una manifestación de las partes, mas, una vez reconocidos en el juicio sucesorio, producirá todos los efectos que las partes pretenden sobre la herencia deferida.

Es importante comprender que la cesión de herencia tiene una relación intrínseca con el proceso sucesorio en vista de que será el ámbito donde culminará y se concretarán todos los efectos propios que caracterizan al contrato.

El ordenamiento jurídico argentino determina que la instancia judicial sea la única vía por la cual pueda realizarse dicho proceso y como tal, la técnica notarial se apoyará en la práctica procesal judicial, afectando notablemente la estructura del contrato de cesión de herencia. En ese sentido, podría señalarse que no es necesaria la acreditación del fallecimiento del causante o el vínculo filial del causante con el cedente en el instrumento público porque dicha calidad debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos23, reduciendo dicha constancia a una cuestión de buena técnica notarial cuya ausencia no obsta a la validez del contrato.

En otras palabras, es irrelevante que el requirente demuestre su calidad de heredero ante el escribano público ya que no es quien determina directamente esa legitimidad, sino que debe acreditarlo ante la autoridad competente, es decir, el juez.

En corolario a lo expuesto, sería incorrecto afirmar que la imposibilidad de comprobar estos presupuestos ante el escribano público es lo que caracteriza a la cesión de herencia como un contrato aleatorio ya que, como bien señalan Belluscio y Maffia, dentro de ese alea no se encuentra comprendida la calidad de heredero del cedente, quien es responsable por la garantía de evicción24.

El art. 2305 del Código Civil y Comercial establece diferente rigor a la garantía en virtud del carácter oneroso o gratuito de la cesión, pero en general la evicción recae sobre la titularidad del objeto cedido, es decir, la universalidad de bienes o parte alícuota de la que el cedente manifiesta ser titular (mas no la turbación en el derecho de los bienes en particular que integran el acervo hereditario excepto pacto en contrario).

En las cesiones onerosas, el cedente garantiza al cesionario su calidad de heredero y la parte indivisa que le corresponde en la herencia, excepto que sus derechos hayan sido cedidos como litigiosos o dudosos, sin dolo de su parte. En cambio, si la cesión es gratuita, el cedente sólo responde en los casos en que el donante es responsable, es decir, en los casos que se haya obligado o hubiese actuado de mala fe.

Estos dos aspectos, la sustanciación del proceso en instancia judicial y la garantía de evicción en cabeza del cedente, son elementos que evidencian que la obligación de resguardar el derecho de opción no incumbe al notariado, quien ha sido contemplado en el proceso únicamente como un artífice de la constancia documental (mediante la escritura pública) para dar fecha cierta y fuerza ejecutoria a las manifestaciones de las partes que deberán hacerlas valer mediante la vía y medidas pertinentes.

Pero si la intervención del notariado queda tan reducida en esta faceta de la vida jurídica cabe considerar: ¿cuál es entonces la función del notario en estos actos?

3.3. El deber notarial de asesoramiento

Natalio Etchegaray dice que el rol del notariado de tipo latino cuenta con tres ejes primarios de la labor notarial para que se concrete en un documento válido y eficaz reconocidos por la ley: la identificación de los requirentes, el juicio de capacidad de los requirentes de acuerdo al acto instrumentado, y legitimación de los requirentes para intervenir en el acto documentado. A ello, agrega un cuarto eje en cuanto “…la ley 9020 de la Provincia de Buenos Aires como la ley 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ponen, respectivamente, el acento en la labor asesora del notario no sólo en la redacción del documento sino, fundamentalmente, en el asesoramiento sobre las ulterioridades legales previsibles y los alcances y consecuencias del acto instrumentado. Y lo incluyen entre los deberes notariales”25.

El accionar notarial implica agotar los pasos previos de consulta e inquisición sobre el carácter del heredero, resultante en una cesión de derechos hereditarios cuyos requisitos el autorizante ha calificado como suficientes para poder realizar el acto traslativo sin investir de legitimidad el carácter invocado por el cedente.

En esta clase de actos, el escribano no constata hechos, sino que inviste de fe pública las manifestaciones que hacen las partes ante él, mas no las hacen operativas hasta tanto sean receptadas por la autoridad judicial donde pretenda hacerlas valer26.

Por este particular rol que asume el escribano público en el proceso sucesorio, entiendo que no se verán cambios significativos en el plano material o documental, sino en el ámbito privado del desarrollo profesional que lleve adelante cada notario. En ese sentido, la inclusión de una cláusula donde las partes se notifiquen que no ha operado el plazo de caducidad resulta, en nuestra opinión, redundante en la medida que la existencia de la escritura pública conlleva un entendimiento implícito que tal efecto no ha operado, sin perjuicio de la buena técnica notarial y transparencia que el autorizante deseare emplear.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, el escribano es pasible de todas las acciones legales y disciplinarias que correspondan por su accionar doloso o actuación en connivencia con el cedente que conocía carecer de la vocación hereditaria invocada.

3.4. Técnica notarial

La caducidad del derecho de opción obliga a recordar los elementos esenciales del contrato y considerar cómo sus efectos impactarán en la redacción de la escritura pública. La sola cesión importa su ejercicio y aceptación de la herencia, y si bien el escribano público no es quien debe resolver el alcance de estos efectos por los motivos ya expresados, a continuación, se realizan una serie de reflexiones que el autorizante puede reflejar en su ejercicio y elaboración de la escritura pública.

El método más sencillo de comprobar el trascurso del derecho de opción de una herencia que aún no ha sido aceptada será comenzando por requerir a los contratantes la documentación que da cuenta del fallecimiento del causante y evaluando si el cedente se encuentra en término para optar.

En la práctica profesional, existen diversos modos de comprobar el fallecimiento de una persona: la vía por excelencia debiera ser la solicitud de un instrumento público, es decir, la partida o certificado de defunción del causante inscripta en el Registro Público, sin perjuicio que puede recurrirse a diferentes medios para acreditar dicha circunstancia como, por ejemplo, el aviso de fallecimiento que emite el RENAPER o la solicitud de informes a cualquier otra entidad u organismo que al efecto permita conocer o generar convicción sobre el hecho.

La acreditación del fallecimiento en la escritura pública de cesión no es necesaria y su omisión no provoca la nulidad del instrumento. Con respecto a la observancia del derecho de opción, el otorgamiento del acto implica que el notario autorizante ha calificado implícitamente que la cesión como procedente –independientemente de los efectos que el juez le atribuya a esa manifestación posteriormente– bastando el instrumento público por sí mismo, sin perjuicio de que es posible dejar constancia en el mismo que no han transcurrido más de diez años, sea mediante una declaración jurada de las partes (ver Anexo 1) o mediante la relación del certificado de defunción dentro de las constancias notariales al mero efecto utilitario y probatorio de darle publicidad frente a terceros y afianzar un mayor grado de seguridad jurídica.

Alternativamente, en los supuestos donde existe un acto de aceptación previa, es recomendable relacionar dichas causales, en especial, cuando hubiesen transcurrido más de diez años sin haber iniciado el proceso sucesorio, circunstancia que amerita un deber de prevención y actuación más prudente.

En vista que el Código prevé libertad de formas en cuanto a la aceptación27, para aceptar una cesión de herencia podría aceptarse cualquier instrumento privado de procedencia física o digital que asegure, indubitablemente, la identidad de la persona e integridad del documento. Aun así, no es recomendable celebrar un contrato bajo estos términos (incluso si el documento se encontrase certificado por otro escribano o suscripto con la comparecencia de testigos) en la medida que, nuevamente, la admisión y aprobación de este documento queda supeditada a la instancia judicial.

Corolario a lo expuesto, en materia de documentos digitales, la valoración del documento suscripto con firma digital y firma electrónica no puede ser indistinta ya que la última requerirá de un procedimiento más complejo y de difícil producción de prueba para atribuirle los efectos que pretende28, siendo más propensa a dilatar o incluso frustrar la pretensión del cesionario.

Sin embargo, en concordancia con la normativa vigente, los supuestos más frecuentes de aceptación se concretan a través de conductas o actos materiales que realicen los requirentes en relación a los bienes de la herencia y derivan en una sumatoria de elementos complejos para constatar que el derecho de opción no ha caducado.

A priori, la forma más sencilla de acreditar el acto de aceptación tácita es mediante la relación de los autos del juicio sucesorio y demás datos pertinentes, el cual permite comprobar el avenimiento del plazo decenal, la calidad de heredero, e inclusive la existencia de un acuerdo de partición que comprenda todos los bienes de la herencia en la medida que dicha circunstancia tornaría obsoleta la elaboración de la cesión de derechos hereditarios por su naturaleza.

Asimismo, como la cesión de herencia es considerada un acto de aceptación y la calidad de titular de derechos hereditarios no equivale necesariamente a un heredero, sino que también puede serlo un primer cesionario de derechos hereditarios, es recomendable relacionar los datos de la escritura pública que lo inviste en tal carácter.

La cuestión más delicada se producirá en relación a los actos materiales de los incisos b y c del art. 2294 en cuanto a la dificultad sobre la atribución de autoría y la producción de prueba sobre esos hechos. En otras palabras, nos encontramos ante supuestos a los que la ley admite como actos de aceptación que habilitarían a una persona a ceder sus derechos hereditarios, pero cuya legitimación se encuentra rodeada de tal incertidumbre que la eficacia del contrato quedará supeditada a la necesaria comprobación en una instancia posterior. Estos incisos, en caso de fundar la legitimación del cedente de una cesión de derechos hereditarios, deben ser tratados con rigurosa discreción y preferiblemente en casos excepcionales.

En virtud de las carencias que pueda adolecer un requerimiento, es recomendable que en toda cesión de derechos hereditarios sobre sucesiones cuyo juicio sucesorio no haya sido iniciado por más de diez años se acompañe, a la par de la escritura pública, el otorgamiento de un consentimiento informado (o minuta insistida) en un instrumento separado donde las partes presten su conformidad para celebrar el contrato bajo las particulares condiciones del caso (ver Anexo 2).

Alternativamente, no es necesario explicitar las causales de aceptación tácita en el instrumento público, pero se recomienda hacerlo al solo efecto de dejar constancia de la declaración jurada de las partes y los términos en que celebran la cesión.

Otro supuesto consiste en la habitación u ocupación de inmuebles de los que el causante era dueño por más de un año, donde pueden emplearse distintos métodos que no son irrebatibles, pero a modo enunciativo, pueden tratarse de: manifestaciones de las partes, la exhibición del documento nacional de identidad expedido con anterioridad al fallecimiento del causante donde figure como domicilio el bien en cuestión, la declaración del cedente sobre la recepción de determinada correspondencia al inmueble durante ese año, o la comparecencia de testigos al acto escriturario que puedan dar cuenta de dicha circunstancia.

Similares consideraciones podrían hacerse sobre la disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él. No obstante, para cualquier causa que pretenda acreditarse, es recomendable acompañar una declaración jurada que la parte pueda probar con documentación respaldatoria que dé cuenta de esos hechos (que podrá conservarla quien la invoca, el cesionario o el profesional en un sobre cerrado con su firma y sello). Por ejemplo, si el cedente hubiese vallado un terreno de un inmueble del de cujus, sería prudente exigir que se acompañen recibos de pago por la compra de materiales y contratación de servicios.

Es importante señalar que la generación de prueba documental no debe ser la norma o afianzarse como una práctica jurídica generalizada, y mucho menos constituir una incumbencia del notario, sino que debe obedecer a requerimientos que por su complejidad intrínseca lo requieran y devengan en procesos que puedan resultar complicados o litigiosos, inclusive por la naturaleza de estos actos.

En resumen, la modificación del Código impulsa al notario a adoptar un mayor deber de prevención que se concretará en la solicitud de documentación que constate el fallecimiento del causante u otros datos de interés al efecto de brindar un debido asesoramiento en las etapas preparativas del contrato y calificar su procedencia.

En el plano documental, la asunción de mayores solemnidades o rigorismos compete a las diversas técnicas que puede adoptar el autorizante para salvaguardar el orden público y los intereses de las partes, en la medida que toda manifestación o prueba documental no serán autosuficientes y quedarán sujetas a la posterior apreciación en sede judicial.

3.5. Supuestos especiales

A continuación, se mencionan brevemente supuestos excepcionales que el notario deberá tener en cuenta al momento de asesorar a las partes:

a. Intimación del heredero

El art. 2289 dispone que, transcurrido el plazo dispuesto para que un heredero se pronuncie sin haber respondido la intimación, se lo tiene por aceptante. En consecuencia, se trata de una excepción al principio donde el silencio de un heredero equivale a la renuncia del heredero, y la existencia de múltiples personas con vocación hereditaria motiva al escribano público a inquirir sobre las acciones que han adoptado los herederos para delinear someramente los alcances del acto que autoriza.

b. Transmisión del derecho de opción

En principio, si el heredero falleciera sin haberse pronunciado sobre la aceptación o repudio de una herencia o tampoco hubiera renunciado expresamente, el cómputo del plazo de diez años no se reiniciará, sino que seguirá corriendo y sus herederos deben pronunciarse en esos términos ya que los beneficiarios lo recibirán en las mismas condiciones en que podría haberlo ejercido el fallecido. No obstante, es debatible si puede ser aplicado por analogía el art. 2288 in fine, iniciando un nuevo plazo de opción a partir del fallecimiento del transmitente29.

Asimismo, establece una regla para los herederos del prefallecido si no se ponen de acuerdo en aceptar o renunciar la herencia deferida a su causante: los que la aceptan adquieren la totalidad de los derechos y obligaciones que corresponden a este30.

Finalmente, la renuncia de la herencia del causante fallecido sin aceptar ni renunciar una herencia a él deferida, implica también la renuncia a esta.

c. Cómputo del plazo a partir de la sentencia de indignidad

La indignidad es una de las causales que abre el derecho de representación. Sin embargo, se trata de un supuesto particular, porque puede estar antecedida por la aceptación del indigno.

El art. 2288 es contundente cuando establece que el plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente que acepta la herencia y luego es excluido de esta, corre a partir de la exclusión. Por lo tanto, el escribano público deberá tener en consideración a las personas que podrían ocupar el lugar del indigno, es decir, sus descendientes en línea recta sin limitación de grados31, o los colaterales en segundo grado y sus descendientes hasta el cuarto grado32.

4. El particular impacto sobre la cesión de derechos gananciales

La cesión de derechos gananciales no es pasible de ser afectada por el plazo de caducidad del art. 2288 basado en la naturaleza y especificidad de su objeto, aunque su intrínseca relación con la conformación y disposición del caudal relicto puede dar lugar a modos de contratación particulares en la indivisión que se produce por el fallecimiento del causante.

4.1. Inaplicabilidad del plazo de diez años

En la integración de la masa de bienes que conforman el acervo hereditario es frecuente la concurrencia de bienes propios con bienes gananciales, sin embargo, el origen de estas dos indivisiones procede de diferentes causas y, en consecuencia, la ley reconoce a la cesión de derechos gananciales como un contrato autónomo e independiente en relación a los derechos hereditarios.

La indivisión postcomunitaria es el resultado de la extinción del régimen de comunidad en vida, sea por el divorcio o el cambio de régimen patrimonial del matrimonio, o por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges. El Código de fondo señala estos momentos como el umbral para la determinación de los derechos gananciales que podrán ser dispuestos en la medida que subsista el estado de indivisión (incluso si el régimen matrimonial se ha extinto con anterioridad al fallecimiento de uno de los cónyuges).

La aplicación de normas de derecho sucesorio constituye un régimen subsidiario en cuanto el Código Civil y Comercial pondera la autonomía de la voluntad de las partes como asimismo no hace extensivo las normas del Libro Quinto en su totalidad, sino que se limita a hacer extensivas las reglas aplicables al estado de indivisión y determinar el marco de aplicación ante la “ausencia” de uno de los cónyuges33.

Máxime, en la cesión de derechos gananciales, el cedente dispone de los derechos que le corresponde como comunero de la sociedad conyugal34, motivo por el cual el código discrimina en las sucesiones ab intestato la vocación que tiene la persona en relación a la calificación de los bienes y se evidencia en el criterio diferenciado para su atribución cuando concurre con diferentes tipos de herederos.

En ese sentido, la estipulación del art. 2308 que hace aplicables las normas de la cesión de herencia en la trasmisión de derechos gananciales contempla cuestiones operativas para hacer funcional el negocio jurídico encuadrándolo en el contexto de un contrato formal y solemne (que debe ser hecho por escritura pública35) con efectos traslativos entre las partes que debe ser presentado en el proceso sucesorio36.

En consecuencia, cuando la norma legal establece un plazo de caducidad para el derecho de opción, es evidente que se refiere a la vocación hereditaria del sucesor como continuador de la persona del causante en sus relaciones y no estrictamente en su posición de comunero de la sociedad conyugal, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al último por su liquidación.

En resumen, la cesión de derechos gananciales no se ve afectada por la caducidad del derecho de opción por la particularidad e independencia de su objeto, y pueden disponerse en cualquier momento mientras la masa de bienes aun no haya sido partida.

4.2. Alcances de la cesión de derechos gananciales en las sucesiones

En la práctica jurídica, podemos encontrarnos con tres situaciones donde las herencias se encuentren compuestas:

1. Exclusivamente por bienes gananciales.

2. Exclusivamente por bienes propios.

3. Por ambas clases de bienes (propios y gananciales).

La herencia integrada exclusivamente por bienes gananciales amerita la consideración más sencilla en vista que la disposición de los derechos gananciales es admisible, sin importar el trascurso de los diez años establecido en la ley.

Es oportuno recordar en el ámbito de técnica notarial que los tribunales de nuestro país han admitido la cesión de derechos gananciales instrumentada a través de la cesión de herencia cuando el contenido de la herencia deferida solo consiste en bienes gananciales o si, habiendo omitido la expresión de derechos gananciales, del texto del propio contrato puede interpretarse su inclusión fundándose en la buena fe negocial e intención real de las partes37.

Si la herencia estuviese constituida únicamente por bienes propios, el contrato se verá frustrado en la medida en que no existe el objeto que comprende la cesión.

Ahora bien, es importante delimitar el alcance del acto traslativo en los supuestos de coexistencia de bienes propios y gananciales, situación que obligará a emplear un mayor nivel de atención en el asesoramiento al efecto de reflejar la intención real de las partes en un instrumento público.

El caso de laboratorio más interesante en este asunto serán las sucesiones donde concurren ambas masas de bienes en un proceso, y considerar en base a lo expuesto que la celebración de una cesión de gananciales en el marco de una herencia que no ha sido aceptada o repudiada por más de diez años no generará un título observable, sino que deberá tenerse como válida.

Corolario a ello, se advierte que, si esta cesión fuera celebrada conjuntamente con la disposición de derechos hereditarios como comúnmente se observa en la práctica profesional, el contrato será parcialmente eficaz sobre los derechos gananciales, y parcialmente nulo si no se actualiza la vocación hereditaria del primer cedente. Justifica esta interpretación la independencia de los objetos de cada contrato, cuyas disposiciones son separables y deben entenderse válidos conforme a las normas que admiten su validez parcial (art. 389), y los principios de interpretación de los contratos (art. 1061 y concordantes).

Por lo tanto, los contratos donde se ceden bienes de diversa naturaleza no comprenderán los bienes que integran el acervo hereditario por no haber ejercido el derecho de opción en tiempo y forma, mas esta deficiencia no debe significar un impedimento sobre la parte de las cuotas gananciales.

5. El devenimiento en la cesión de derechos litigiosos

Una solución posible para la disposición de los derechos hereditarios aparentemente caducados podría ser la instrumentación mediante la cesión de derechos litigiosos, sea como negocio principal o en conjunto con los derechos hereditarios, sin perjuicio que la celebración de este contrato trae aparejada diferentes consecuencias y efectos.

La cesión de derechos litigiosos implica un cercenamiento de la garantía de evicción en cuanto el objeto de este contrato no son los derechos hereditarios, sino la pretensión a ser titular de la totalidad o partes de la vocación hereditaria de determinado causante, o de la acción a peticionar la herencia, y solo será titular de tal una vez resuelto judicialmente el litigio o cuando se determine la legitimidad o extensión de la vocación hereditaria del cedente38. Por ello, tanto el derogado art. 2161 como el actual art. 2305 establecen que el cedente no responde por evicción en estos casos.

No es recomendable incurrir en esta modalidad en cuanto la frustración de la legitimidad invocada por la cedente queda comprendida dentro de la buena fe negocial y alcances del contrato, y emplaza al cesionario en una posición significativamente más débil. Por lo tanto, ha de ser considerado solo en casos particulares, cuya complejidad amerite la instrumentación por esta vía, por ejemplo, la cesión por parte del heredero testamentario cuya calidad no ha podido acreditar en el sucesorio a favor de los demás herederos legitimarios.

6. Conclusiones

La observancia del derecho de opción es una cuestión que incumbe al asesoramiento profesional y surge de un sentido de justicia preventiva basado en la buena fe diligencia, afianzamiento de seguridad jurídica y protección del orden público en relación al particular rol que ocupa el notariado argentino, pero no se trata de un deber funcional que debe materializarse mediante constancia documental en el contrato entre las partes. Por lo tanto, el escribano público no tiene el deber de asegurar la caducidad del derecho a aceptar o a renunciar a las herencias y a la eventual pérdida de la calidad de heredero.

El accionar del notario debe ser prudente, diligente y acorde a las disposiciones legales especiales aplicables a la medida de cada requerimiento, teniendo en cuenta las vicisitudes que acarrea el ámbito temporal de aplicación de la ley, los particulares efectos renunciativos de cada cuerpo normativo y los alcances de las manifestaciones que hacen los otorgantes ante el funcionario público. Al efecto, su asesoramiento se presume implícito y suficiente con el otorgamiento de la escritura pública, sin perjuicio que pueda recurrir a otros tipos de atestaciones o instrumentos que reflejen esa realidad.

Asimismo, debe tenerse una especial consideración sobre el objeto y la intención real de las partes en la medida que el contenido del contrato puede determinar la inaplicabilidad del plazo de caducidad contemplado en el art. 2288 en relación a los bienes gananciales que forman parte del caudal relicto, o la disminución de la garantía de evicción cuando se instrumentase como una cesión de derechos litigiosos.

Anexos

Anexo 1

Cláusulas varias sobre el derecho de opción

“Las partes declaran bajo juramento que han aceptado oportunamente la herencia y no ha caducado el derecho de opción”.

“Las partes declaran bajo juramento que no ha caducado el derecho de opción para aceptar la herencia”.

“Las partes declaran bajo juramento que han aceptado la herencia en los términos del art. 2287 y concordantes”.

“Las partes declaran bajo juramento que no han transcurrido más de diez años del fallecimiento del causante, que el derecho de opción se encuentra vigente y que aceptan la herencia deferida por este acto en los términos del art. 2294, inc. e, CCyC”.

Anexo 2

Modelo de consentimiento informado o minuta insistida

“En [Lugar y Fecha], por la presente [datos de los requirentes] en relación al requerimiento formulado para celebrar cesión de derechos hereditarios

[genérica/sobre bien determinado] por el fallecimiento de [datos del causante] DECLARO BAJO JURAMENTO que:

a. recibí el debido asesoramiento en cuanto a la trascendencia y alcance del acto a instrumentar o instrumentado;

b. (OPCIONAL) hemos hecho la consulta correspondiente con letrados matriculados de nuestra elección [recomendación de citar abogado/a y datos de la matricula profesional] (es recomendable colocar esta cláusula en la medida que las leyes que regulan el ejercicio de la abogacía contemplan dentro de sus funciones el asesoramiento en que se encuentren involucrados problemas jurídicos);

c. me notifico que la calidad de heredero invocada por el cedente deberá ser acreditada en instancia judicial, y la presente cesión de derechos hereditarios no legitima el mencionado carácter;

d. (OPCIONAL) celebramos el contrato de cesión de derechos hereditarios bajo convención que la herencia se presume aceptada previamente en los términos de [citar norma legal], a saber, por los actos que el cedente manifestó haber realizado [expresión de causa que motiva el otorgamiento de una minuta], y que la vocación del cedente no ha sido actualizada, sin perjuicio que pueda ser decretada la caducidad del derecho de opción y considerar al cedente como renunciante de los derechos que se disponen;

e. es nuestra voluntad otorgar dicho acto en estas condiciones por lo que exonero a el/la notario/a autorizante de toda responsabilidad al respecto.

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para autorizar el acto con los efectos especificados por su naturaleza. Conste”.

Ponencias

1. La observancia en instancia notarial del derecho de opción para aceptar la herencia consiste en un deber de asesoramiento que opera durante la audiencia preliminar y tratativas previas. No es incumbencia del notariado constatar la caducidad del derecho de opción en la cesión de derechos hereditarios y todas sus modalidades, y por lo tanto su responsabilidad recae sobre la información que brinde a los requirentes sobre el alcance de los actos que celebran ante él.

2. La calificación del escribano público se realiza en base a la verosimilitud del derecho y no legitima la vocación hereditaria del cedente. Al efecto de la transmisión de bienes registrables y oponibilidad a terceros, los requirentes deben acreditar toda circunstancia que invoquen ante el autorizante en instancia judicial.

3. La observancia del derecho de opción para aceptar la herencia no es un deber funcional: la ausencia de cláusulas que contemplen su cumplimiento no invalida el acto ni tampoco hace presumir que las partes no han sido debidamente asesoradas. Sin perjuicio de ello, es recomendable el empleo de un consentimiento informado por instrumento separado donde las partes presten su conformidad para celebrar un acto de esta naturaleza cuando el escribano lo considere oportuno.

4. En las herencias deferidas antes del 1/8/2015 deberá tenerse especial atención a las circunstancias particulares del requerimiento, a saber, la actualización de la vocación hereditaria, los especiales efectos de la renuncia a la herencia que disponía el Código Civil, la subsistencia de situaciones jurídicas pendientes y el accionar de los operadores jurídicos.

5. La celebración de la cesión de herencia importa el ejercicio del derecho de opción y aceptación de la herencia. El autor del instrumento notarial podrá decidir si resulta conducente la incorporación de detalles adicionales o declaración jurada de las partes sobre actos que implican la aceptación tácita de la herencia en los términos del Código Civil y Comercial.

6. La cesión de derechos gananciales es reconocida por la ley como un contrato autónomo e independiente en relación a los derechos hereditarios: no es aplicable el plazo de caducidad del art. 2288 del Código Civil y Comercial y pueden cederse los derechos sobre la indivisión postcomunitaria independientemente del plazo transcurrido.

7. Ante la incertidumbre sobre la caducidad del derecho de opción para aceptar una herencia, no es recomendable realizar someramente una cesión de derechos litigiosos excepto cuando las circunstancias particulares del caso justifiquen su instrumentación por esa vía.

Referencias

Cesión de derechos hereditarios, Lamber, Néstor Daniel, 2018, Ed. Astrea, 1ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Código Civil. Ley 340. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Sancionada el 25/9/1869. Publicada el 29/9/1869.

Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. Honorable Congreso de la Nación Argentina. Sancionada el 1/10/2014. Publicada el 8/10/2014.

Codice Civile. Regio Decreto 16/3/1942, n. 262. República Italiana.

“Consentimiento informado del requirente como resguardo de la responsabilidad notarial”, Etchegaray, Natalio, 2024. Revista Notarial Nº 1000, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, p. 17. Vínculo de acceso: https://www.colescba.org.ar/portal/?revista=consentimientoinformado-del-requirente-como-resguardo-de-la-responsabilidad-notarial. Última fecha de consulta: 28/09/2024.

Derecho de Familia, Zannoni, Eduardo, 2012, Ed. Astrea, T I, p. 627, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Derecho sucesorio, Belluscio, Augusto Cesar y Maffia, Jorge Omar, 2020, Ed. Astrea. 1º ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El derecho de opción. Cuestiones a debatir a cinco años de vigencia del CCyCN”, Guilisasti, Jorgelina, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, p. 265. Vínculo de acceso: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/NuevaEpoca/article /view/9600/12863. Última fecha de consulta: 28/09/2024.

“El derecho de opción del heredero en el Código Civil y Comercial de la Nación. Primeras reflexiones”, Sabene, Sebastián E., 2015, La Ley, TR LALEY AR/DOC/5293/2015.

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“Encuesta Permanente de Hogares. Incidencia de la pobreza y de la indigencia. Resultados del primer semestre de 2024”, 2024, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). República Argentina. Informe Técnico Vol. 8, Nº 220. Vínculo de acceso: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_09_241C2 355AD3A.pdf. Última fecha de consulta: 28/09/2024.

La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Kemelmajer de Carlucci, Aída, 2015, Ed. Rubinzal Culzoni, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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“Nota de Divulgación – Deudas Sociales Estructurales en la Sociedad Argentina”. Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina. 2023-2024. Vínculo de acceso: https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/ Presentaciones/2024/Observatorio_CARITAS_presentacion_3-06-2024.pdf. Última fecha de consulta: 28/09/2024.

Práctica del derecho sucesorio, Córdoba, Marcos M. y Ferrer, Francisco A. M., 2016, Ed. Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, Argentina. 2024. Conclusiones de la Comisión N°7 – Derecho de Familia. Tema: “Efectos patrimoniales del matrimonio y de la unión convivencial. Comunidad de ganancias”.

Jurisprudencia

Acciones del cesionario de herencia

“Cantini Tránsito Abel C/ Manzo Anacleto Pilar y otra S. Usucapión S. Incidentes Civil S/ Incidentes (Civil) (Legajo Apelación art. 247 CPCC)”, Cámara de Apelaciones de Entre Ríos, Sala Primera Civil y Comercial.

22/8/2023. Expt. Nº 8011/C. Juzgado Civil y Comercial Nº 1 – Gualeguaychú.

Cesión de derechos gananciales instrumentada a través de la cesión de herencia

“Jaime, Gregorio E. s/sucesión ab intestato”, Cámara Civil y Comercial San Martín, Sala II, 22/3/2010, JUBA, B2003686;

“S., A. y otro c. S., C. J.”, Cámara Civil y Comercial de Junín, 14/4/2011;

“Caimer de Vankruyssen Nélida Carina – Recaratulado Caimer de Vankruyssen Dolores Antonia – Sucesorio ab intestato y su acumulado Vankruyssen Norberto s/ Sucesorio ab intestato”, Cámara de Apelaciones Civil Comercial, Paraná, Entre Ríos, Sala 3, 5/8/2016.

Derecho de opción

“Juarez, Marcos Ramón. Sucesión ab intestato”. 5/12/2017. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dolores, Buenos Aires, Rubinzal Online. Cita: RC J 9918/17.

“M. E. A. s/sucesión ab-intestato”, Cámara Nacional Civil, Sala D – 08/02/2024. Expte. N° 13775/1998 – Citar: elDial.com – AADDF2.

Integración de la firma electrónica en sede
judicial

“HSBC Bank Argentina S.A. c/Ospina Parrado, Néstor Augusto s/ejecutivo”, Cámara Nacional Comercial, Sala F, 19/12/2023;

“Crecer SGR c/RJ Viñedos SA s/Ejecutivo”, Cámara Nacional Comercial Sala B, 14/12/2023;

“SIFT SA c/M. C. D. s/cobro ejecutivo”, Cámara Civil y Comercial Lomas de Zamora, 16/9/2022;

“Banco de la Provincia de Buenos Aires c/J. L. S s/cobro ejecutivo”, Cámara Civil y Comercial Mar del Plata, Sala I, 15/8/2023;

Recompensas en la liquidación de la comunidad

“M., M. P. c. K., D. R. s/separación de bienes”, Cámara de Familia de Mendoza, 26/07/2018. Cita: TR LALEY AR/JUR/42538/2018.

“S., P. L. c. C., A. C. s/ liquidación de régimen de comunidad de bienes”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, 27/12/2019. Cita: TR LALEY AR/JUR/53007/2019.

“G. N. G. c. S. C. G. s/ liquidación de sociedad conyugal”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, 12/05/2020. Cita: TR LALEY AR/JUR/17189/2020.

“S. I. G contra P. V. A s/ordinario – liquidación de sociedad conyugal”, Cámara II de Paraná, Entre Ríos, 2020. TR LA LEY AR/JUR/24801/2020. Confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos el 13/4/2021. Cita: TR LA LEY AR/JUR/11764/2021.


    1 Art. 3313. Código Civil. 1869.

    2 Art. 2288. Código Civil y Comercial. 2015.

    3 Manual de derecho sucesorio, Medina, G. y Rivera, J. C. (Dir.), p. 62.

    4 Practica del derecho sucesorio, Córdoba, M. M. y Ferrer, F. A. M., p. 2; La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Kemelmajer de Carlucci, A., p. 165.

    5 Art. 2288 Código Civil y Comercial. 2015.

    6 Art. 3313. “El derecho de elegir entre la aceptación y renuncia de la herencia se pierde por el transcurso de veinte años, desde que la sucesión se abrió”. Código Civil. 1869.

    7 Nota: sin perjuicio de lo expuesto, es menester aclarar que existen posiciones que entendían que el efecto del silencio era equivalente a la renuncia, en especial en los casos donde se realizaba mediante intimación judicial con apercibimiento de considerar al heredero como renunciante en base a la interpretación de la legislación comparada que inspiró la norma argentina (véase art. 481. Codice Civile de Italia).

    8 El derecho de opción en el Código Civil y Comercial, Flamma, M. C., p. 125.

    9 La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Kemelmajer de Carlucci, A., p. 169.

    10 Artículo 2537.- “Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Se exceptúa de lo prescripto anteriormente las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad”. Código Civil y Comercial. 2015.

    11 “El derecho de opción del heredero en el Código Civil y Comercial de la Nación. Primeras reflexiones”, Sabene, S. E., 2015.

    12 Cesión de derechos hereditarios, Lamber, N., p. 27-30.

    13 El derecho de opción. Cuestiones a debatir a cinco años de vigencia del CCyCN, Guilisasti, J., p. 265.

    14 “Juarez, Marcos Ramón. Sucesión ab intestato” (2017), Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dolores, Buenos Aires, Rubinzal Online. Cita: RC J 9918/17.

    15 “M., E. A. s/ sucesión ab intestato” (2023), Cámara Nacional Civil, sala D, Buenos Aires.

    16 “M., M. P. c. K., D. R. s/separación de bienes” (2018), Cámara de Familia de Mendoza; “S., P. L. c. C., A. C. s/ liquidación de régimen de comunidad de bienes” (2019), Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B; “G. N. G. c. S. C. G. s/ liquidación de sociedad conyugal” (2020), Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K; “S. I. G contra P. V. A s/ordinario – liquidación de sociedad conyugal” (2020), Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná, sala II. Nota: en estos fallos, los tribunales de alzada determinaron que, por tratarse de consecuencias, deben evaluarse acorde los arts. 493 a 495 del Código Civil y Comercial de la Nación en el proceso en trámite en el que se han reclamado y no el derogado Código Civil, aun cuando la sentencia de divorcio se dictara antes del 1 de agosto del año 2015. Este es el criterio que se comparte, en tanto no se trata de situaciones consolidadas, pues están pendientes de definición.

    17 Art. 3319. Código Civil. 1869.

    18 Art. 2293. Código Civil y Comercial. 2015.

    19 Nota: a título de aclaración, el contrato de cesión de herencia no configura un título traslativo del dominio, sino que se trata de contratos aleatorios donde se transmite la vocación sobre una universalidad de bienes (o el resultado de la partición en el caso de la cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados) sujeta a la determinación de los bienes en un proceso sucesorio, la determinación de hijuelas de cada heredero y eventual adjudicación de dichos bienes.

    20 “Cantini, Tránsito Abel C/ Manzo Anacleto Pilar y otra S. Usucapión S. Incidentes Civil S/ Incidentes (Civil) (Legajo Apelación Art. 247 CPCC)” (2023), Cámara de Apelaciones-Sala Primera Civil y Comercial de Entre Ríos. Nota: en la admisión de la medida cautelar, la resolución admitió la legitimación del cesionario de herencia para solicitar una medida de no innovar en un juicio de usucapión.

    21 “Encuesta Permanente de Hogares. Incidencia de la pobreza y de la indigencia. Resultados del primer semestre de 2024”. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nota: el INDEC informó que en el primer semestre de 2024 el 52,9 % de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza y el 18,1 % por debajo de la línea de indigencia.

    22 “Nota de Divulgación – Deudas Sociales Estructurales en la Sociedad Argentina”. 2023. Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Nota: según las proyecciones de este estudio (que utiliza medidas diferentes a las de INDEC), se proyectó que en 2023 el 49,8 % de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y el 13,1 % por debajo de la línea de indigencia, mientras que en 2024 el 55,5 % de la población se encontraría bajo la línea de pobreza y el 17,5 % por debajo de la línea de indigencia.

    23 Art. 2337. Código Civil y Comercial. 2015.

    24 Derecho sucesorio, Belluscio, A. C. y Maffia, J. O., 2020, p.172.

    25 Consentimiento informado del requirente como resguardo de la responsabilidad notarial, Etchegaray, N., 2024, p. 17.

    26 Art. 2337. Código Civil y Comercial. 2015.

    27 Art. 2293. Código Civil y Comercial. 2015.

    28 “HSBC Bank Argentina S. A. c/Ospina Parrado, Néstor Augusto s/ejecutivo” (2023), CNCom, Sala F; “Crecer SGR c/RJ Viñedos SA s/Ejecutivo” (2023), CNCom Sala B; “SIFT SA c/M.C.D. s/cobro ejecutivo” (2022), CCyC Lomas de Zamora; “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/J.L.S s/cobro ejecutivo” (2023), CCyC Mar del Plata, Sala I. Nota: los citados fallos se tratan de resoluciones que buscan “integrar” la firma electrónica, atribuyéndole los mismos efectos que la ley dispone sobre la firma digital valorando la conducta procesal del demandado y su interacción con los ecosistemas digitales que llevaron a la generación del documento. Al efecto, quien pretenda invocar la validez de la firma debe acreditar la autoría por la vía que corresponda.

    29 Derecho sucesorio, Belluscio, A. C. y Maffia, J. O., 2020, p. 96.

    30 Art. 2290. Código Civil y Comercial. 2015.

    31 Art. 2427. Código Civil y Comercial. 2015.

    32 Art. 2439. Código Civil y Comercial. 2015.

    33 Art. 481. Código Civil y Comercial. 2015.

    34 Recordamos que “cada cónyuge participa por mitades en la masa de indivisión, pero ello no se traduce en un condominio sobre cada bien individualmente considerado. En definitiva, se genera una auténtica comunidad de derechos a los efectos de la liquidación y partición de los bienes, pero comunidad exigible entre los esposos para exigirse mutuamente las restituciones, compensaciones, etc. y finalmente y sólo finalmente la partición por mitades de los bienes conforme el art. 1315 del Código Civil” (Zannoni, Eduardo, Derecho de Familia, T I, p. 627).

    35 Art. 1618. Código Civil y Comercial. 2015.

    36 XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, Argentina, 2024. Conclusiones de la Comisión N° 7 – Derecho de Familia.

    37 “Jaime, Gregorio E. s/sucesión ab intestato” (2010), CCivCom San Martín, Sala II; “S., A. y otro c. S., C. J.” (2011), CCivCom Junín; “Caimer de Vankruyssen Nélida Carina – Recaratulado Caimer de Vankruyssen Dolores Antonia – Sucesorio ab intestato y su acumulado Vankruyssen Norberto s/ Sucesorio ab intestato” (2016), Cámara de Apelaciones Civil Comercial, Paraná, Entre Ríos, Sala 3.

    38 Cesión de derechos hereditarios, Lamber, N., p. 123.

    * Primer premio correspondiente al tema 1, “Ejercicio de la función notarial”, otorgado por el jurado del XXXV Encuentro Nacional del Notariado Novel, desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 14 y 15 de noviembre de 2024..

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